EMPLAZAMIENTO. FORMALIDAD QUE DEBE REUNIR EL ACTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 121 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SINALOA.
AMPARO EN REVISION 322/95. JOSE SANCHEZ SOLANO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. A criterio de este Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, son fundados los agravios transcritos, los que serán suplidos en su deficiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.
En efecto, contrariamente a lo concluido por el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, encargado del despacho por ministerio de ley, en la sentencia constitucional que se revisa, la diligencia de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 604/93-2, resulta violatoria de garantías.
Como se desprende de las constancias de autos, José Sánchez Solano promovió demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito en turno de Los Mochis, Sinaloa, reclamando la diligencia de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 604/93-2, promovido por Raquel López Zavala, endosataria en procuración de José Luis Rodríguez Montes, en contra de Francisca Luque López y del quejoso, así como las subsecuentes actuaciones (fojas 1 a 5).
El catorce de abril de mil novecientos noventa y tres, el actuario tercero del Juzgado Segundo del Ramo Civil de Los Mochis, Sinaloa, en unión de Raquel López Zavala, se constituyeron en el domicilio de los demandados, ubicado en la calle Santos Degollado número 1795 Sur, entendiendo la diligencia de embargo y emplazamiento con los propios demandados. Al final de dicha diligencia, textualmente se estableció: "Con lo que concluyó la presente diligencia firmando para constancia la presente acta las personas que intervinieron en ella las cuales pudieron, supieron y quisieron hacerlo por ante el suscrito actuario tercero que actúa y da fe.- Doy fe" (foja 13). Observándose que al calce del acta aparecen dos rúbricas, las que según se desprende del informe justificado que obra a foja 112 y de la hoja 4 del escrito de demanda que obra a foja 10, corresponden al actuario tercero y a la accionante.
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa: "Será notificado personalmente en el domicilio señalado por los litigantes: I. El emplazamiento del demandado y del reconvenido y la primera notificación aunque sean diligencias preparatorias"; por su parte, el artículo 121 del citado ordenamiento establece lo siguiente: "Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hagan. Si éstas no quisieren o no supieren firmar, lo hará el secretario o quien haga sus veces, haciendo constar esta circunstancia."
La interpretación del segundo de los preceptos legales transcritos, permite establecer que es obligación del notificador asentar en forma pormenorizada si el demandado firmó o no el acta, y en este último supuesto, la causa de esa negativa, siendo la anterior obligación una de tantas formalidades de las que se encuentra investida legalmente la diligencia de emplazamiento, la que debe ser satisfecha, pues de lo contrario, la diligencia queda afectada de ilegalidad, siendo por lo tanto, violatoria de garantías.
Así pues, en el presente caso, el actuario que practicó el emplazamiento asentó en el acta, al concluir la diligencia, que firmaban "las personas que intervinieron en ellas las cuales pudieron, supieron y quisieron hacerlo", no constando en tal actuación la firma de los demandados, entre ellos el quejoso, ni las razones por las cuales, en su caso, se negó a firmar, a pesar de que se afirmó haber entendido con él la diligencia.
Por lo anterior, es evidente que la diligencia de emplazamiento así practicada no satisface las exigencias legales, y así debió considerarlo el Juez del amparo, por lo que debe revocarse la sentencia recurrida en su parte impugnada y conceder la protección constitucional solicitada.
Son aplicables al caso, las tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visibles, la primera en la pagina 567 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo XIII-junio, y la segunda en la página 430, del Semanario y Epoca indicados, Tomo XII-agosto, que este Tribunal Colegiado comparte y que establecen:
"EMPLAZAMIENTO. PARA SU VALIDEZ, DEBEN SATISFACERSE INTEGRAMENTE LAS FORMALIDADES LEGALES. El artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, establece que deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hacen, y que si éstas no supieren o no quisieren firmar, lo hará el secretario notificador o quienes hagan sus veces, haciendo constar esta circunstancia; de manera que, si en el caso, el actuario que practicó el emplazamiento asentó en el acta, al concluir la diligencia que firmaban 'los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo', no constando en tal actuación la firma del demandado, quejoso en el juicio de amparo, ni las razones por las cuales, en su caso, se negó a firmar, a pesar de que se afirmó haber entendido con él la diligencia, evidentemente que la misma no satisface las exigencias legales, estándose en presencia de un emplazamiento defectuoso, lo que por sí mismo obliga a la concesión de la protección constitucional impetrada; lo antes considerado no se altera por la circunstancia de que en los conceptos de violación no se haya hecho especial referencia al precitado artículo, dado que, en términos genéricos, se impugnó la convalidación del emplazamiento, alegándose que no cumplió con todas las formalidades que la ley exige."
"EMPLAZAMIENTO. RAZON DEL DILIGENCIARIO RESPECTO DE LAS FIRMAS DEL ACTA (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). Del artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla se desprende: que si el demandado no supiere, no quisiere o no pudiere firmar el acta de emplazamiento, el diligenciario debe asentarlo así al calce de la misma. Ahora bien, si en una razón asienta 'levantándose la presente acta, para constancia, que se firma por los que en ella intervienen, pueden, saben y no se negaron a hacerlo. Doy fe'; tal forma de proceder del diligenciario es violatoria del invocado precepto, en virtud de que era su obligación asentar en forma pormenorizada si el demandado firmó o no el acta y en este último supuesto, la causa de esa negativa. Esta es la correcta interpretación que debe darse a la susodicha disposición."
Se sostiene lo anterior, no obstante que en los conceptos de violación no se haya hecho especial referencia al citado artículo 121 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, y que los agravios aducidos en esta instancia sean simples afirmaciones que no combaten las consideraciones de la sentencia que se revisa, toda vez que el secretario encargado del despacho por ministerio de ley, debió suplir la deficiencia de la queja en los términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que ahora se hace.
Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número 23, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 117 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VIII-octubre, que este Tribunal Colegiado comparte y que establece:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA CIVIL, POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. De conformidad con el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de garantías, están facultadas para suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, en cualquier materia, aun la civil, cuando se advierte que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa y entre tales violaciones es obvio que se encuentra la falta o el ilegal emplazamiento por ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, de ahí que si el Juez de Distrito, al analizar las actuaciones del juicio de origen, suple la deficiencia de los conceptos de violación, al advertir que el emplazamiento a la sucesión demandada fue hecho en contravención a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, no viola el principio de estricto derecho."
En estas condiciones, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa en su parte impugnada y conceder al quejoso el amparo que solicitó, para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora deje insubsistente la diligencia de emplazamiento estudiada y todas y cada una de las subsecuentes actuaciones y ordene emplazar nuevamente a juicio al quejoso.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 83, fracción IV, 91 y 184 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO. Se revoca la sentencia que se revisa en su parte impugnada.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Sánchez Solano, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, integrado por los Magistrados Luis Francisco González Torres, Filiberto Méndez Gutiérrez y Enrique Luis Barraza Uribe, secretario de tribunal, autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Magistrado, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4126-4e22f5ca/emplazamiento-formalidad-que-debe-reunir-el-acta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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