JUECES DE DISTRITO. NO COMETEN VIOLACION DE GARANTIAS.
AMPARO EN REVISION 273/93. IGNACIO BENAVENTE TORRES.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Los motivos de inconformidad anteriormente transcritos aun suplidos en sus deficiencias resultan infundados.
En efecto, en primer término cabe precisar, que los Jueces de Distrito, como órganos de control constitucional, no cometen violaciones de garantías susceptibles de impugnarse en revisión, ya que este recurso procede únicamente en los casos previstos por la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción VIII, del artículo 107, constitucional. De ahí que no puede constituir expresión de agravios, lo aseverado por el recurrente, en el sentido de que el criterio sostenido por el Juez Federal "... viola manifiestamente en perjuicio del quejoso los artículos 16 y 19, constitucionales...", pues resulta inadmisible desde el punto de vista jurídico, que sea precisamente el órgano jurisdiccional, quien se encarga de tutelar los derechos subjetivos públicos, mediante el juicio de garantías, quien lleve a cabo la aludida violación. Por tal motivo, su proceder siempre debe ser analizado a través de la Ley de Amparo y, en el caso, la autoridad recurrente no le atribuye al Juez de Distrito haber infringido disposición alguna de dicho ordenamiento.
En otro orden de ideas, y contrariamente a las afirmaciones del inconforme, el Juez Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, estuvo en lo correcto al dictar la sentencia impugnada, en la que sobreseyó por lo que se refiere a los actos que reclamó del jefe o director del Departamento de Prevención Social del Estado, con domicilio en esta ciudad, del director de la cárcel preventiva, del segundo sub-procurador de justicia del Estado, del jefe o comandante del II sector de la Policía Judicial del Estado y del jefe o director de la Policía y Tránsito Municipal, todas estas con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, y negó a Ignacio Benavente Torres, el amparo y protección de la Justicia Federal, en relación al acto reclamado al director General de la Penitenciaría del Estado, en virtud de que dicha resolución está ajustada a derecho, esto es así tomando en consideración que en ella se contienen los razonamientos de carácter jurídico y de orden lógico, para arribar a la conclusión de que en el caso concreto, el desalojo de la celda o carraca que ocupaba el quejoso dentro de la penitenciaría del Estado, es un acto propiamente derivado de la organización interna del centro de readaptación aludido, lo que compete únicamente al director del mismo, además de que las molestias que para tal cambio se le causen deben estimarse como parte de su rehabilitación y no como acto violatorio de garantías; por otra parte, el traslado de la penitenciaría del Estado ubicada en Tijuana, Baja California, a la cárcel pública municipal de esta ciudad, tampoco le irroga perjuicio alguno al peticionario de garantías pues no contraviene el artículo 18 constitucional, según el cual los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones como sucede en el caso concreto, en el que el promovente del amparo, se encuentra a disposición tanto del Primer Tribunal Unitario, como del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, en los respectivos tocas penales 1343/93 y 1156/93, en virtud de haber apelado de las sentencias definitivas condenatorias, quedando bajo la jurisdicción de los citados tribunales durante la tramitación de la alzada, por tanto, la orden de trasladar al quejoso del lugar donde se encontraba recluido por sentencia condenatoria, al de ubicación de los tribunales de alzada que deben conocer sobre las apelaciones hechas valer, no puede decirse que sea violatoria de garantías, pues se encuentra debidamente autorizada por ambos tribunales de segunda instancia según se desprende de las fojas 44, 45 y 46 del expediente que corresponde al juicio de amparo número 1533/93/0, que se revisa.
Sin que sea óbice a lo anterior lo aducido por el inconforme en el sentido de que se contravienen los artículos 274 y 333, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, toda vez que el primero de los mismos se refiere a los requisitos del auto de formal prisión y el segundo de los dispositivos citados, lejos de encontrarse en contravención con lo anteriormente señalado, viene a reforzar tales afirmaciones, pues se refiere a la plena jurisdicción de que goza la Sala al resolver en segunda instancia.
Asimismo, resultan intrascendentes para el efecto deseado, las demás argumentaciones que vierte el recurrente, en cuanto a que "el clima que impera en Mexicali, es sumamente distinto al que impera en esta ciudad de Tijuana o sea que es extremoso y en esta época de calor en los meses de julio y agosto es verdaderamente un infierno que se traduce en una agravación de la pena impuesta de libertad máxime para las personas que como el quejoso no están acostumbrados al clima imperante en Mexicali...", pues constituyen afirmaciones dogmáticas, propiamente subjetivas y carentes de toda técnica jurídica, y por ende, tales manifestaciones quedan al margen de la litis, puesto que ninguna relación guardan con los razonamientos y fundamentos legales en que el Juez recurrido fincó su determinación de negar el amparo solicitado.
Es por ello, que resultan ineficaces los motivos de inconformidad analizados, por lo que se impone confirmar la sentencia sometida a revisión y negar al quejoso la protección constitucional solicitada.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal; 76, 78, 83, 90 y 91, de la Ley de Amparo; 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sometida a revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías número 1833/93/0, promovido por IGNACIO BENAVENTE TORRES, en contra de los actos que reclamó del jefe o director del Departamento de Prevención Social del Estado con domicilio en esta ciudad, del director de la cárcel preventiva, segundo subprocurador de justicia del Estado, jefe o comandante del II sector de la policía del Estado y del jefe o director de la Policía y Tránsito Municipal, todas estas con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a IGNACIO BENAVENTE TORRES, en contra de los actos que reclamó del director general de la penitenciaría del Estado, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro, con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados licenciados Carlos Humberto Trujillo Altamirano, Adán Gilberto Villareal Castro y Sergio Javier Coss Ramos, siendo ponente el mencionado en segundo término, quienes firman en unión del secretario de Acuerdos del mismo, que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1142-48198f81/jueces-de-distrito-no-cometen-violacion-de-garantias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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