CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERES JURIDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCION DE TESIS 8/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-La parte de la sentencia que al caso interesa, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, residente en esta capital, al resolver la improcedencia número R.C.-11/86, el cinco de marzo de mil novecientos ochenta y seis, en lo conducente, sustenta el criterio siguiente:
"TERCERO.-Son infundados los agravios expresados por la recurrente. La inconforme alega que sí tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo porque aun cuando no existe autorización para subarrendar en el contrato de arrendamiento de su subarrendador, ni se obtuvo en el caso especial, del arrendador para su subarriendo (sic), sí se enteró el arrendador de que existió un traspaso, ya que era la recurrente quien cubría las rentas. No le asiste razón a la inconforme pues el subarrendatario no tiene ningún vínculo jurídico con el arrendador cuando éste no autoriza el contrato por el que entró a poseer aquél y el solo hecho de que el subarrendatario pague las rentas en nombre del arrendatario, no permite establecer que por ello se puede concluir que el arrendador ya dio su autorización, pues la misma debe ser expresa, no inferirse o deducirse del hecho de que en alguna ocasión el arrendador haya visto a la subarrendataria en el local arrendado o que haya recibido de la misma el pago de las rentas, pues también debe suponerse que el arrendador desconocía la existencia del subarriendo para el que no se obtuvo su consentimiento. Debe señalarse además que la propia quejosa recurrente manifestó en el tercer concepto de violación que nunca ha tenido trato alguno con el arrendador, lo que implica una confesión en el sentido de que no se recabó la autorización de éste para llevar a cabo el subarriendo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en las jurisprudencias 95 y 96 y tesis relacionada en segundo término con la segunda de ellas, las que a la letra dicen: 'ARRENDAMIENTO. SUBARRENDATARIO.-No existen vínculos jurídicos entre el subarrendatario y el arrendador, si éste no ha aprobado expresamente el subarrendamiento.'. 'ARRENDAMIENTO. SUBARRENDATARIO. ES CAUSAHABIENTE DEL ARRENDATARIO.-El subarrendatario es causahabiente del arrendatario y, por tanto, aquél no puede ser considerado como persona extraña al juicio seguido en contra de éste.'. 'SUBARRENDATARIO, POSESION DEL. CUANDO EL ARRENDADOR NO AUTORIZA EXPRESAMENTE EL SUBARRIENDO.-Si el quejoso entró en posesión del local que le fue subarrendado por el inquilino, en contravención del artículo 2482 del Código Civil del Distrito Federal, pues el subarriendo no fue autorizado expresamente por el arrendador, tal posesión, por ser irregular y contraria a derecho, no puede ser protegida mediante el juicio de amparo.'. En esa virtud se advierte en forma notoria una causal de improcedencia, por lo que fue correcta la estimación del Juez Federal, por la que desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías de la recurrente, razón por la que debe confirmarse la resolución combatida."
De igual forma, el precitado tribunal, al resolver la improcedencia número 825/86, el dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y seis, sostiene lo siguiente:
"TERCERO.-Las anteriores alegaciones son eficaces jurídicamente para que se revoque la resolución recurrida. El agraviado aduce, esencialmente, que el Juez Federal viola en su perjuicio lo establecido por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que desecha su demanda de garantías sin considerar que en sus conceptos de violación dejó bien asentado, por una parte, que el señor Rodolfo Francisco Rosas y Zamorano, tercero perjudicado, estuvo de acuerdo en el traspaso del negocio de lonchería que se encuentra establecido en el local materia de la litis, y que por otra parte también se dejó establecido el hecho de que el quejoso tiene un derecho propio y autónomo respecto de ese inmueble, derivado del contrato verbal de arrendamiento que celebró con el propietario de la multicitada localidad lo que se encuentra corroborado con el actuar del arrendador, que permitió al hoy quejoso realizar diversas mejoras y reparaciones en dicho inmueble, por lo que es inexacta la consideración de la Juez constitucional de catalogar al peticionario de garantías como causahabiente de Guadalupe Rodríguez Huerta arrendataria en los autos del juicio ordinario civil de terminación de contrato de arrendamiento, expediente número 2291/84, seguido por el citado tercero perjudicado ante el Juez Segundo de lo Civil de esta capital y del que emana el acto reclamado de la demanda que se revisa, y apoyado en tal consentimiento y en la celebración del nuevo contrato verbal de arrendamiento al que se ha hecho referencia, considera que la a quo debió concederle la calidad de inquilino y por ende admitir a trámite su inconformidad constitucional, para que dentro del juicio de amparo y entrando al estudio del fondo del negocio investigara la verdad de los hechos expuestos, ya que el Juez de Distrito en acatamiento a la facultad que le otorga el precepto infringido en su contra, tenía la posibilidad de corroborar lo narrado en el escrito de demanda que nos ocupa por cualquier medio de prueba, como son las testimoniales, documentales e inclusive la prueba presuncional, y que en esas condiciones se le debió de reconocer el carácter de tercero extraño con el que se ostenta para el efecto de que se le dé la oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Este colegiado no pasa inadvertido el hecho de que el peticionario de garantías estableció en sus conceptos de violación que el señor Rodolfo Francisco Rosas y Zamorano arrendador, ahora tercero perjudicado, consintió en el contrato de traspaso que celebró con la arrendataria Guadalupe Rodríguez Huerta respecto del local materia de la litis, además, de que aparentemente y sin conceder se creó una nueva situación jurídica como sería la de arrendamiento entre dicho propietario y el hoy agraviado, lo que podría pensarse en razón de lo manifestado al respecto por el mismo inconforme en el sentido de que es titular de un derecho propio y autónomo al de la citada arrendataria. En las relatadas condiciones y siendo manifiesta la necesidad de que se entre al análisis del fondo del negocio para esclarecer la verdad jurídica sobre lo controvertido, así como para que el recurrente pueda ofrecer pruebas en apoyo de sus argumentos, se hace necesario revocar el fallo recurrido y ordenar se admita a trámite la demanda de amparo en cuestión de no haber diversa causa que amerite su desechamiento, ya que de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión; pues lo que se pretende ordenando la admisión de la demanda, es poner de manifiesto que se acepte el derecho de acción, que el estado garantiza a toda persona para que promueva lo que estime conveniente a la defensa de sus derechos, sin que esto implique el reconocimiento de los mismos, pues esto será el resultado de las pruebas que se aporten de los hechos respectivos, ante el Juez Federal cuando decida sobre el fondo del negocio. Sirve de apoyo al anterior razonamiento el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1868, Tomo LXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, que dice: 'La sola presentación de la demanda de amparo, establece la presunción de que es parte agraviada, la que inicia el juicio de garantías, pero esta presunción establecida al admitir la demanda, cede cuando la autoridad señalada como responsable formula una negativa. Ahora bien, la parte quejosa está obligada a presentar por lo menos, un principio de prueba en relación con los bienes respectivos, esto es, debe demostrar si el acto reclamado realmente le perjudica'. En estas condiciones, sólo resta revocar la resolución recurrida y ordenar se admita a trámite la demanda de amparo en cuestión de no haber diversas causas que amerite su desechamiento."
TERCERO.-Por su parte, para resolver el juicio de amparo en revisión número 579/90, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, residente en Guadalajara, Jalisco, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y uno, sostiene:
"TERCERO.-Supliendo sus deficiencias con base en el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, se estima sustancialmente fundado el único agravio que, por su preponderancia, se analizará a continuación y que se hace consistir, en síntesis, en que no debió decretarse el sobreseimiento por no surtirse la causal invocada por el Juez Federal. El sobreseimiento: 'es la resolución judicial por la cual se declara que existe un obstáculo jurídico o de hecho que impide la decisión del fondo de la controversia' (tomado del Diccionario Jurídico Mexicano, elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1988, página 2937). Esa definición la corrobora la jurisprudencia 1804 de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.-No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.'. Con base en lo acabado de expresar, es obvio que si en el caso el Juez de Distrito pensaba sobreseer (como finalmente lo hizo), era porque no iba a estudiar los conceptos de violación. Pero sucede que sí lo hizo según se pasa a demostrar: Como conceptos de violación el quejoso adujo, en síntesis: "La responsable ordenadora viola en mi perjuicio, los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los numerales de derecho indicados en el cuerpo de la presente, por querer desposeerme, es decir por ordenar la desocupación; y su consecuencia en lanzamiento (sic) de una finca de la que soy inquilino, sin que se haya encaminado procedimiento alguno en mi contra, y sin cumplir las formalidades del procedimiento, que es precisamente el que se me venza en un procedimiento, para que pueda privarme de mi posesión, y una vez que se cumpliera con el procedimiento en todas sus fases, pudiera motivarse y fundarse en forma debida la molestia que se me causa, ya desde el hecho de tener que ocurrir a la instancia constitucional, hasta sufrir la desposesión de mis derechos como inquilino'. Luego, si el razonamiento toral que dicho Juez expuso para apoyar el sobreseimiento, consistió en que 'contrario a lo que afirma el quejoso, es subarrendatario de Marcelino Herboso Pérez, demandado en el juicio natural, por lo que ha sido oído en aquel juicio por conducto de su causante, y con ese carácter, pudo intervenir en el juicio de origen haciendo valer los recursos que la ley le concede; por lo que si se le pretende privar de la posesión del inmueble controvertido, no es sino a consecuencia del juicio legalmente seguido en contra de su arrendador', es indudable que sí contestó los aludidos conceptos violatorios, dado que, en efecto, implica dar respuesta a dichos argumentos del amparista el hecho de decirle que, contrario a lo que afirmó, sí había sido oído y vencido a través de su causante. Ahora bien, ese análisis únicamente era posible hacerlo, se reitera, si se hubiera examinado el fondo del asunto. Y si ese estudio sólo se hace cuando no se va a sobreseer, cabe concluir que el Juez Federal en todo caso debió haber negado o concedido la protección federal. Es inexacto, por otra parte, que por ser el quejoso causahabiente del demandado en el juicio natural, los actos que impugna no afecten su interés jurídico, pues éste lo tiene por el simple hecho de haber demostrado ser el poseedor del bien cuyo lanzamiento se combate. Sin que importe el hecho relativo a la falta de autorización, por el arrendador, para subarrendar, habida cuenta que este colegiado no comparte la ejecutoria que sobre el particular cita el juzgador (la de la voz 'DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, PROMOVIDA POR EL CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO.', sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en el Informe de 1986, Tercera Parte, página 169, ya que el hecho de que no existan vínculos jurídicos entre arrendador y subarrendatario cuando el primero no ha dado su consentimiento para subarrendar, ocasiona la negativa del amparo, no su improcedencia, conforme lo establecen expresamente en las dos ejecutorias que inmediatamente se transcriben, visibles en las páginas 440 y 441 de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que respectivamente dicen: 'SUBARRENDATARIO, AMPARO PEDIDO POR EL, CONTRA EL LANZAMIENTO DECRETADO EN EL JUICIO SEGUIDO CONTRA EL ARRENDATARIO.-Si el quejoso reclama el lanzamiento del local que ocupa como subarrendatario, con motivo del juicio seguido por el propietario en contra del inquilino, debe negársele la protección federal, si el propio quejoso no demostró, en primer lugar, la existencia del contrato de subarrendamiento, y en segundo lugar, que ese contrato fue aprobado expresamente por el arrendador. La anterior conclusión se apoya en la jurisprudencia sustentada en el sentido de que no existen vínculos jurídicos entre el subarrendatario y el arrendador, cuando éste no ha aprobado expresamente el subarrendamiento, así como en las disposiciones contenidas en los artículos 2480, 2481 y 2482 del Código Civil vigente en el Distrito y Territorios Federales.', y 'SUBARRENDATARIO, POSESION DEL, CUANDO EL ARRENDADOR NO AUTORIZA EXPRESAMENTE EL SUBARRIENDO.-Si el quejoso entró en posesión del local que le fue subarrendado por el inquilino, en contravención del artículo 2482 del Código Civil del Distrito Federal, pues el subarriendo no fue autorizado expresamente por el arrendador, tal posesión, por ser irregular y contraria a derecho, no puede ser protegida mediante el juicio de amparo.'"
CUARTO.-Por cuestión de orden, conviene determinar previamente, si en el caso a estudio existe contradicción de tesis de entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, residente en esta capital y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al resolver, el primero, las improcedencias números R.C. 11/86 y 825/86; y el segundo al decidir el juicio de amparo en revisión 579/90.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
En otros términos, se da la contradicción anterior, cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia identificada con el número 4a.J.22/92, publicada en las páginas 22 y 23, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 58, octubre de 1992, que a la letra dice: "CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.". La jurisprudencia transcrita fue sustentada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal; sin embargo resulta aplicable al caso por igualdad de razón, porque, aunque en el caso a estudio las tesis que se examinan provienen de asuntos civiles, previamente debe establecerse la naturaleza jurídica de la institución de contradicción de tesis, concepto éste que se fija en forma precisa en la jurisprudencia invocada.
En la especie, en la tesis que sustenta el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, esencialmente se sostiene que si de la demanda de amparo se desprende que quien promueve el juicio de garantías es causahabiente subarrendatario del demandado en el juicio natural, hecho éste que excluye cualquier medio de prueba, no se está en presencia de ningún derecho tutelado por la ley, y en consecuencia el amparo es improcedente dada la falta de interés jurídico del quejoso; es decir, si el arrendador, actor en el juicio natural, no autorizó el subarrendamiento, el subarrendatario, promovente del amparo, será considerado causahabiente del arrendatario demandado en el juicio de origen; y no existiendo vínculo jurídico alguno entre el arrendador (actor en el juicio natural) y el subarrendatario (promovente del amparo), éste último carece de interés jurídico para acudir al juicio de amparo y por ende éste resulta improcedente.
Por el contrario, en el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se adopta el criterio de que, la determinación de que el subarrendatario ya fue oído y vencido por conducto de su causahabiente arrendatario, demandado en el juicio del orden común, se refiere al problema de fondo y posiblemente a la negativa del amparo.
De lo hasta aquí expuesto, válidamente se puede establecer que sí existe contradicción de tesis, porque en los criterios que se confrontan concurren los siguientes elementos: a) Los Tribunales Colegiados parten de un mismo supuesto, como lo es la existencia de un juicio de amparo promovido por el subarrendatario, impugnando el lanzamiento decretado en el juicio natural contra el subarrendador, cuando el arrendador no ha autorizado el subarrendamiento; b) La diferencia de criterios deriva de la manera en que los citados tribunales federales consideran al subarrendatario; y c) Los distintos criterios provienen de que mientras que para el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, el amparo promovido por el subarrendatario es improcedente, pues ya fue oído y vencido en el juicio de origen seguido por el arrendador en contra del arrendatario, considerando al quejoso como causahabiente del demandado, por no haber autorizado el actor el subarrendamiento; para el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito es materia de fondo y posiblemente de negativa del amparo, la determinación de si el subarrendatario, promovente del amparo, ya fue oído y vencido en el juicio natural por conducto de su causante, el arrendatario y demandado en el juicio seguido en contra de éste por el arrendador.
En tales condiciones, al conjuntarse los elementos constitutivos que precisa la tesis invocada al inicio de este considerando, procede entrar al estudio de los criterios que motivaron la denuncia a que se refiere este expediente.
QUINTO.-Debe prevalecer la tesis que sustenta el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades, que, de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 107 constitucional, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. La anterior disposición se reproduce en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que: "El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame ..."
En conexión con lo anterior, el artículo 5o, fracción I del mismo ordenamiento, señala que: "Son partes en el juicio de amparo: I. El agraviado o agraviados".
Vinculados así, aparecen los conceptos de parte y agravio.
El primer concepto, "parte", corresponde a quien ejercita la acción constitucional que activará a los órganos jurisdiccionales federales, con la pretensión de obtener la protección de la Justicia de la Unión.
A través del ejercicio de la acción constitucional, el promovente del amparo pretende que se tutele un derecho público subjetivo, que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto que se reclama.
Mediante el derecho de acción, que es un derecho instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce; pero resulta que tal derecho subjetivo puede o no existir, o puede o no haber sido infringido por la autoridad responsable, no obstante lo cual, el órgano prestador de la función jurisdiccional se activó debido a que el derecho de acción es dinámico.
En otro orden de ideas, quien ejercita la acción de amparo, siempre se ostenta titular de un derecho que se ve amenazado por la actuación de las responsables, y en tal evento tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal; es decir, tiene necesidad de que se respete la garantía individual que le otorga la Constitución Federal y que alega ha sido infringida.
Como ha resentido un perjuicio, un menoscabo, o una ofensa en su esfera jurídica, tiene interés en que la Justicia Federal le ampare.
Se advierte así, que quien solicita la protección de los tribunales federales, se ostenta titular de un derecho que alega ha sido infringido por las autoridades, causándole con ello un perjuicio y un agravio. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, y 4o. de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que quien lo promueve haya resentido un agravio; y sólo quien resiente ese agravio puede acudir al juicio de garantías.
A este respecto, es oportuno transcribir la jurisprudencia emitida por la Sala Auxiliar de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio se comparte, y que se encuentra identificada con el número 1032, publicada en las páginas 1666 y 1667, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Salas y tesis comunes, que a la letra dice: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.-El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona.'. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.". Séptima Epoca, Séptima Parte: Volumen 72, página 24. A.R.7510/65. Cornelio González y coags. Unanimidad de cuatro votos. Volumen 72, página 24. A.R. 2972/62. Alfonso Moreno Carmona. Cinco votos. Volumen 72, página 24. A.R. 1017/59. Inmobiliaria María de Lourdes, S. A. Cinco votos. Volumen 72, página 24. A.R. 5550/57. Inmuebles San Angel, S. A. Unanimidad de cuatro votos. Volumen 72, página 24. A.R. 6608/58. Jacinto González González. Unanimidad de cuatro votos. Esta Tesis apareció publicada, con el NUMERO 10, en el Apéndice 1917- 1985, SEPTIMA PARTE, página 46.
De todo lo que se lleva dicho, puede concluirse sosteniendo que el promovente del juicio de amparo debe ser titular del derecho que alega fue violado, y que derivado de esa violación resultó afectado en sus intereses jurídicos, en su patrimonio o en su persona.
Así pues, el que es titular de un derecho y ve afectado ese derecho, tiene interés jurídico de acudir al juicio de garantías.
Es oportuno recordar que conforme a la teoría procesal, sólo aquél que es titular del derecho que se hace valer en juicio está legitimado en la causa; la titularidad del derecho materia del juicio legitima al que la ostenta.
Trasladados los anteriores conceptos al procedimiento del amparo, es válido afirmar que está legitimado en la causa aquel sujeto que es titular de la garantía individual que se dice infringida y que por ende, le causa el consiguiente agravio.
Pudiera ocurrir (y con frecuencia ocurre), que desde la presentación de la demanda o durante el procedimiento, apareciera demostrado que el tal sujeto no es titular de la garantía individual que alegó fue infringida; no cabe duda que en ese evento, ante la falta de legitimación en el amparo, el juicio sería improcedente por infringirse el artículo 4o. de la Ley de Amparo, que ordena, que el juicio de amparo sólo puede promoverse a instancia de parte agraviada, lo que conduciría necesariamente a sobreseer el juicio con base en el señalado precepto, relacionado con la fracción III del artículo 74 de la ley de la materia. La falta de interés jurídico deriva de la falta de legitimación del sujeto. Empero, ¿por qué se sobresee con base en el artículo 4o. de la Ley de Amparo y no en la fracción V del artículo 73 de la misma ley? La respuesta a tal interrogante consiste en que, por imperativo de orden lógico, antes de analizar si el acto reclamado afecta los intereses jurídicos del quejoso, debe examinarse si éste es titular del derecho que esgrime, ya que si no se tiene ese derecho menos puede hablarse de su afectación, que es lo que genera el interés jurídico. De no aceptarse este criterio, jamás podría darse el evento de la ausencia de legitimación en la causa.
Si el interés jurídico presupone la titularidad de un derecho, ¿cuándo opera la causal prevista en la fracción V del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías? Esto ocurre cuando, habiéndose demostrado en el juicio constitucional que quien lo promueve es titular del derecho que invoca (legitimación), el acto reclamado está orientado a otro sujeto; esto es, el quejoso no es el destinatario del acto autoritario, razón por la cual no puede afectarle su interés jurídicamente protegido.
Con meridiana claridad puede advertirse la diferencia de causales para sobreseer, por falta de legitimación (artículo 4o. en relación con la fracción XVIII del artículo 73, de la Ley de Amparo) o por no afectarse el interés jurídico del quejoso (artículo 73, fracción V de la ley en consulta).
No puede sostenerse en contrario, que la falta de afectación del interés jurídico del quejoso, que ha demostrado ser titular del derecho que invoca, puede propiciar la negativa del amparo y no el sobreseimiento; pues la falta de interés genera la improcedencia, en cambio la negativa del amparo supone la existencia del derecho y la afectación de la esfera jurídica del sujeto, sólo que esa afectación no es violatoria de garantías constitucionales.
Retomando el tema de la contradicción que se examina, se impone precisar que el contrato de arrendamiento es un contrato por medio del cual los contratantes se obligan recíprocamente, uno, a conceder el uso y goce temporal de una cosa, y e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/119-9049c4b7/causahabiente-subarrendatario-falta-de-interes-juridico-para-promover · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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