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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR RAZON DE TERRITORIO. ES VALIDA AUNQUE EL ACTO JURIDICO QUE DIO ORIGEN AL JUICIO Y EN EL QUE FUE PACTADA SEA CONTRARIO A UNA DISPOSICION DE ORDEN PUBLICO DE LA ENTIDAD EN QUE SE OTORGO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/92. · Registro digital (IUS): 86
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Noviembre de 1993, , Pág. 114.

CONTRADICCION DE TESIS 10/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. La parte de la sentencia que al caso interesa, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, residente en esta ciudad, al resolver el amparo directo número 1523/92, el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y dos, en lo conducente, sustenta el criterio siguiente:

"QUINTO. Es infundado el primer concepto de violación, a través del cual se plantean transgresiones de tipo procesal, por las siguientes razones: ...

"En lo concerniente a los razonamientos vertidos por la Sala responsable, respecto al pretendido sometimiento por la quejosa al haber contestado la demanda sin hacer reserva alguna en su criterio, si bien es cierto que el Código de Procedimientos Civiles no establece la necesidad que se haga una reserva, y que por tanto basta que en la contestación se plantee la excepción de incompetencia, para que este aspecto no pueda resultar improcedente; ello no es causa eficiente para provocar la concesión del amparo solicitado. En efecto ciertamente en el juicio de terminación de contrato se opuso la excepción de mérito, sin importar que no se haya hecho la reserva correspondiente; empero, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que la inconforme promovió las acciones de nulidad parcial del contrato y de prórroga, a través de diversa demanda de la que inicialmente conoció el Juez Cuadragésimo del Arrendamiento Inmobiliario; de acuerdo con lo anterior se puede obtener como conclusión que el alegato vertido en el sentido de que la prórroga de jurisdicción no era procedente, queda desvirtuado con el hecho de que la promovente del amparo al instaurar esa demanda se sometió expresamente a la competencia de los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 153, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de tal forma que, es intrascendente que en el juicio de terminación se haya planteado la incompetencia sin necesidad de reserva alguna, ya que, a través de la demanda que ella instauró se sometió directamente a los Jueces del Distrito Federal. En este orden de ideas, y teniendo en consideración que el Juez natural estaba obligado solamente a aplicar las normas sustantivas y procesales de las legislaciones del Distrito Federal, según lo previsto en la fracción I del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no era factible que el Juez de la causa aplicara las leyes del Estado de México, a pesar de que el contrato se hubiera celebrado en esa entidad federativa.

"Por lo que atañe al pretendido conflicto competencial de leyes, no resulta acertado, toda vez que el artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, tiene similitud con el precepto 141 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en tanto permiten la renuncia a la competencia del Juez de domicilio, por tratarse de un fuero renunciable; de tal forma que ambas legislaciones guardan coincidencia en ese aspecto y por ende no se surte conflicto de leyes en el espacio, lo que hace prorrogable la jurisdicción para que el Juez responsable conozca de la controversia que se examina.

"Por lo que respecta a la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cabe señalar que este Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, no comparte ese criterio, en razón de que atento al contenido de la fracción III del artículo 121 de la Carta Magna, la renuncia a la jurisdicción por razón de territorio, debe estimarse válida, siempre y cuando sus legislaciones procesales de los Estados correspondientes no tengan impedimento para esa prórroga y, en el caso a estudio, según ha quedado asentado con anterioridad, no se advierte conflicto alguno entre las normas adjetivas de los Códigos de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y del Estado de México, pues ambas permiten el sometimiento al Juez de diversa entidad ello sin que obste que pudiera haber divergencia respecto de las normas sustantivas que tengan que ver con el acto jurídico que haya dado origen al juicio respectivo, pues esta situación no está prevista, ni en la Constitución General de la República, ni en normas secundarias adjetivas que impidan la renuncia para estos casos, aun en el caso hipotético de que se pretendiera alguna burla a la ley. La tesis en comento, sólo examina parcialmente el artículo 121 de la Carta Magna, ya que deja de examinar la posibilidad de la prórroga de jurisdicción que prevé la fracción III del propio precepto. Lo anterior queda más aclarado con lo que establece el artículo 32 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala que cuando las leyes de los Estados tengan una misma disposición, en esa forma se decidirá la competencia y, en esta tesitura, se tiene que al haber la misma disposición en ambos ordenamientos la jurisdicción era válidamente renunciable, sin importar la divergencia en cuanto al tratamiento que al acto jurídico puedan dar las normas sustantivas.

"En tales condiciones, resulta que aun cuando la localidad arrendada se encuentre en territorio del Estado de México, ello no es causa eficiente para conceder la competencia al Juez del domicilio de la demandada, ya que, tanto en el contrato fundatorio de la acción así como con el hecho de presentar su demanda de nulidad y de prórroga de contrato, se sometió expresamente a la jurisdicción de los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital.

"El concepto de violación que se vierte en torno a la sentencia definitiva, resulta infundado, en razón de que aun cuando la Sala responsable no fue demasiado exhaustiva en el estudio de los agravios formulados en la alzada, ello no es motivo para considerar incorrecto el sentido que tiene esa resolución.

"En efecto, la excepción de nulidad de contrato, así como la acción instaurada en el diverso contradictorio, resultaban carentes de consistencia jurídica, si se considera que el representante legal de la quejosa renunció expresamente al fuero de la jurisdicción del Estado de México, sometiéndose a la competencia de los Tribunales del Distrito Federal. Sobre estas bases se puede establecer que si el competente para conocer de la controversia, lo fue el Juez natural, sólo tenía obligación de aplicar las normas del Código Civil para el Distrito Federal y no el precepto 2265 del Código Civil para el Estado de México, pues ello implicaría dar extraterritorialidad a esa norma, en contravención a la fracción I del artículo 121 de la Carta Magna.

"Pertinente resulta dejar destacado que por lo que atañe a la renuncia a las normas relacionadas por la tácita reconducción, es intrascendente, ya que ésta opera por ministerio de ley, con la tolerancia del arrendador a que una vez vencido el plazo forzoso continúe el inquilino en el uso y goce de la localidad arrendada, por lo que es intrascendente dicha renuncia.

"Por lo que atañe a la renuncia al derecho de prórroga en el caso a estudio también es una cuestión inocua, si se tiene en cuenta que se trata de un derecho extinguido para la quejosa, en tanto que el contrato fundatorio de la acción se venció en su plazo forzoso el día treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y la demanda de prórroga se presentó hasta el día primero de agosto del citado año, esto es ya vencido el plazo fijo y por ende ya no podía prorrogarse lo que había dejado de ser y, tratándose de una pretensión inalcanzable, la nulidad pretendida, basada en la norma que cita, es desestimable, por lo que la cláusula octava de cualquier forma no produjo ningún efecto jurídico entre las partes.

"La fracción II del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, carece de aplicación al caso, en virtud de que en primer lugar no se trata de una acción real, sino personal derivada de un contrato de arrendamiento, por lo que el fuero no se rige por la ubicación del bien; en segundo lugar porque en la especie tanto en el contrato fundatorio, así como por el hecho de instaurar su demanda de prórroga, la quejosa se sometió a la competencia de los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, y en tercer lugar, porque atento al contenido de la fracción III del precepto constitucional en cita, la prórroga de jurisdicción es válida cuando no hay conflicto entre las normas adjetivas de los Estados correspondientes, lo que se confirma con lo previsto en el artículo 32 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamientos que evidentemente facultan al Juez al que se sometieron las partes para ordenar la ejecución de la sentencia en diversa entidad federativa, por no haber conflicto procesal alguno, sin importar la divergencia en cuanto al tratamiento que al acto jurídico den los códigos sustantivos respectivos, máxime si se trata de beneficios que ya no pudieron ser alcanzados por quien los aduce y arguye evasión de aplicación de normas en su beneficio.

"Por último es pertinente dejar destacado que no se está en presencia de renuncia al fuero por razón de materia, ya que tanto los Jueces de lo Civil del Estado de México, así como los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, pueden conocer de las controversias que se susciten con motivo de actos de esta misma naturaleza, por lo que en este evento sólo se trata de una prórroga de jurisdicción por razón de territorio.

"Para finalizar, cabe dejar asentado que el punto ejemplificativo que formula la quejosa, es inatendible si se considera que se refiere a una cuestión meramente hipotética y no a las situaciones conocidas y decididas en el juicio natural.

"En virtud de las anteriores consideraciones, al no haber quedado acreditado que los actos reclamados de la Sala responsable resulten violatorios en perjuicio de la quejosa de los artículos 14 y 16 constitucionales, procede negarle la protección federal que solicita."

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al resolver el recurso de revisión número 63/88, promovido por la tercera perjudicada Mirino, Sociedad Anónima, el dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, sostuvo el siguiente criterio:

"Tercero. Es sustancialmente fundado el agravio, preponderante por cierto, único que se estudiará a continuación ... para mejor entendimiento del problema, éste se genera cuando el actor demandó la nulidad de diversas cláusulas del contrato de arrendamiento, para obtener reducción en el precio mensual de renta, la devolución de excedentes liquidados y los intereses que las cantidades erogadas indebidamente produjeron, fundamentando su petición en el artículo 2370 del Código Civil de Jalisco, lo que motivó que su contraparte promoviera incompetencia (alegando acuerdo previo de prórroga de jurisdicción) que fue desestimada y acudió en demanda de garantías que se le concedió.

"Sin embargo, no estuvo en lo correcto el Juez Federal cuando determinó que la competencia para conocer del juicio natural recae en los tribunales de la ciudad de Uruapan, Michoacán, por lo que asiste la razón al revisionista cuando afirma que las partes no pueden convenir válidamente en la inaplicación del Código Civil del Estado de Jalisco en inmuebles ubicados en esta entidad, porque según lo dice la responsable y nadie lo controvierte, no existe similitud de preceptos en el ordenamiento correspondiente al Estado de Michoacán.

"Ahora bien, contra la interpretación que hizo el Juez de garantías y bien lo explica la Sala responsable, el problema no radica en la competencia, pues es incuestionable que la jurisdicción por razón de territorio es la única que se puede prorrogar, por así permitirlo el artículo 154 de la ley adjetiva civil del Estado de Jalisco, pero tal precepto queda restringido según lo prevén los artículos 4, 6 y 12 de la ley sustantiva de la entidad, en relación con los numerales 40 y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien es cierto que la voluntad de los particulares debe regir en los pactos en que intervengan, ésta no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla, pues sólo pueden abandonarse los derechos privados que no afecten directamente el interés público y siempre que tal abandono no perjudique a terceros, dado que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de beneficio público serán nulos y como en el caso se trata de un inmueble ubicado en Jalisco las controversias que se susciten con relación a éste, deben decidirse conforme las disposiciones locales, porque el artículo 13 del ordenamiento civil así lo establece y porque tiene preponderante aplicación el repetido artículo 121 constitucional en cuanto dispone: que las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser aplicadas fuera de él; que los bienes inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación; y que las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo disponen sus propias leyes; disposiciones que se complementan con las contenidas en el artículo 32 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se refieren a las competencias entre los tribunales de dos o más Estados, disponiendo que 'Cuando las leyes de los Estados cuyos Jueces compitan tengan la misma disposición respecto del punto judicial controvertido, conforme a ellos se decidirá la competencia'; en tanto que el artículo 33 establece que 'En caso de que aquellas leyes estén en conflicto las competencias que promuevan los Jueces de un Estado a los de otro, se decidirán con arreglo a la sección segunda de este capítulo', rigiéndose entonces por el artículo 24, fracción II, que define la competencia por el tribunal del lugar de ubicación de la cosa, tratándose de acciones reales sobre inmuebles o de controversias derivadas del contrato de arrendamiento; preceptos de los que, a la única conclusión que puede arribarse, es a la de que si en el Estado de Michoacán no existe una disposición igual o similar a la contenida en el artículo 2370 del Código Civil de Jalisco, son los tribunales de este Estado los únicos que pueden resolver sobre conflictos en los que se invoque dicho artículo. En concordancia con lo anterior, puede citarse la tesis publicada en el Informe de 1987 rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Sala, página 308 que tiene aplicación a contrario sensu: 'COMPETENCIA EN UN JUICIO CIVIL, CUANDO LAS PARTES SE HUBIEREN SOMETIDO A UN JUEZ, A EL CORRESPONDE. Si en la escritura en que se funda una acción, se dice que para todos los efectos jurídicos y extrajurídicos del contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de determinada ciudad con renuncia expresa del beneficio del domicilio, presente o futuro, y teniendo los códigos de los Estados cuyos Jueces compiten la misma disposición en el sentido de que es Juez competente aquél al que los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente, cuando se trate de fuero renunciable, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que expresa que cuando las leyes en los Estados cuyos Jueces compitan, tengan la misma disposición respecto del punto jurisdiccional controvertido, conforme a ellas se decidirá la competencia, debe decidirse la controversia a favor del Juez al que las partes se sometieron expresamente en la escritura constitutiva y el contrato en que se fundó la acción.'. Por tanto, la prórroga y sumisión pactadas, evidencian un fraude a la ley, lo que de ninguna manera es permisible, conclusión a la que se llega porque las cuestiones materia del juicio no pueden fallarse conforme a las normas de Michoacán por no ser simetricas en los puntos litigiosos, ni tampoco en los juzgados de Uruapan pueden aplicarse leyes ajenas, porque se les daría extraterritorialidad (lo que no se autoriza ya que los Estados son libres y soberanos para que sus tribunales se sujeten a las normas vigentes que ahí se legislen y publiquen) y así las cosas lo que procede es revocar la sentencia recurrida y negar la protección federal.

"En virtud de la procedencia de lo alegado en el agravio se hace innecesario el estudio de los demás.

"Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 90 de la Ley de Amparo, se resuelve:

"PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.

"SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a SOCORRO AMEZCUA RODRIGUEZ, contra el acto que reclama de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mismo que quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

"Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese este toca.

"Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados María de los Angeles Eduwiges Chavira Martínez y Carlos Hidalgo Riestra, contra el voto del Magistrado Jorge Figueroa Cacho, quien lo emitió en los siguientes términos:

"No estoy de acuerdo con la determinación de la mayoría. Para mí debía haberse confirmado la sentencia recurrida con base en el siguiente estudio.

"Es ineficaz el primero de los agravios, en el que se expone la falta de análisis de los alegatos, porque el problema lo soluciona la tesis de jurisprudencia 42 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, la cual por su claridad no amerita mayores comentarios, que dice: 'ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El Juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo.'.

"Tampoco tiene razón el revisionista al asegurar tanto que se someterá 'a los bienes inmuebles del Estado de Jalisco a otra legislación totalmente diversa pugnando con lo previsto por los mencionados artículos 4o., 6o. y 12 del Código Civil del Estado de Jalisco y con el 121 fracción II', como que 'estaríamos dejando sin efecto lo dispuesto por el artículo 2370 del Código Civil de Jalisco, ya que los tribunales de Uruapan no están facultados para aplicar el Código Civil de Jalisco, porque, en primer lugar, también las cuestiones de que se trata ya fueron decididas por el Pleno de la Suprema Corte, según puede observarse en la diversa ejecutoria visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Primera Parte, Volumen XCII, página 30, que dice: 'COMPETENCIA POR SUMISION, ARRENDAMIENTO. Si al celebrarse un contrato de arrendamiento de un predio ubicado en cierta ciudad, hubo sumisión de los otorgantes a los tribunales de distinta ciudad y se precisó que el arrendatario pagaría la renta en esta última, debe estimarse que es competente para conocer del juicio, el Juez de esta población, ya que la sumisión del demandado a la jurisdicción de esos tribunales, no implica una renuncia prohibida por la ley o violatoria del artículo 121 constitucional, puesto que dicho precepto establece, en su fracción III, que las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales a bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste cuando así lo dispongan sus propias leyes, y que las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente, o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció. En tales condiciones, si el demandado se sometió expresamente a la jurisdicción de los tribunales de una ciudad, la sentencia que éstos dicten en el juicio, podrá constitucionalmente ejecutarse en el Estado donde está ubicado el inmueble, sin que, por lo demás, se dé extraterritorialidad a una ley local, si ambos códigos tienen la misma disposición respecto del punto controvertido.'. Y en segundo término, por las razones siguientes: no debe acarrear confusión la última parte de lo acabado de transcribir (que es justo el criterio que ha venido sosteniendo la revisionista), referente a 'si ambos códigos tienen la misma disposición respecto del punto controvertido', toda vez que si por prórroga de jurisdicción se entiende 'el acto tácito o expreso de las partes, por virtud del cual hacen competente a un Juez, que conforme a las reglas generales de competencia, no lo es para conocer del juicio sino cuando aquéllas se someten a su jurisdicción' (tomado de la obra intitulada 'Diccionario de Derecho Procesal Civil' del licenciado Eduardo Pallares, Cuarta edición, 1963, página 643), es obvio que el Juez al que las partes se someten lo único que debe examinar al tener el negocio, es si efectivamente es por razón de territorio la jurisdicción prorrogada, no más. Si las partes ya renunciaron al fuero de su domicilio, es indudable que dieron su consentimiento para ello. Pretender que al decidirse la incompetencia por declinatoria se tomen en cuenta los problemas a que se enfrentará el Juez respecto de quien hubo sometimiento, significa obviamente atender a problemas propios de fondo, de estudio en la sentencia; se resolvería en el caso la cuestión principal si ahora se determinara que el asunto debe quedarse en Guadalajara, porque como se demandó entre otras cosas, la declaración de nulidad de la cláusula que contiene la sumisión, ya se estaría fallando al respecto si se dijera que el competente es el Juez de esta capital; tan es así que de seguir las cosas como están es indudable que cuando el Juez natural dicte sentencia, al analizar el tema que se comenta (que es un problema de fondo, se reitera), tendrá que utilizar los mismos argumentos en que descansa la resolución reclamada (diría, en efecto, que la cláusula es nula porque las partes no podrían prorrogar por lo antes dicho), lo que viene a corroborar que se están tomando en cuenta desde ahora situaciones de fondo para decidir una simple excepción dilatoria, siendo que lo único que debe estudiarse es, en todo caso, si los preceptos de las dos entidades contienen la procedencia de la prórroga de jurisdicción; así lo estableció inclusive el Pleno de la Suprema Corte al integrar la jurisprudencia 14, consultable en la Novena Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que señala: COMPETENCIA CIVIL POR SUMISION. PRORROGA DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL AUTORIZADA POR LA LEY. Si la demandada se sometió a los tribunales de una ciudad para el caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en una escritura de hipoteca, esta circunstancia basta para establecer la competencia si las legislaciones de los Estados cuyos Jueces compiten reconocen el principio de que 'es Juez competente aquél al que los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente cuando se trate de fuero renunciable', principio que tiene aplicación, si hubo prórroga de competencia territorial autorizada por la ley. Además, la recurrente se está inconformando antes de tiempo, pues todavía no sabe siquiera cómo va a solucionar el problema el Juez de Uruapan.

Sobre el mismo tema que se comenta pueden consultarse las ejecutorias publicadas en las páginas 27 y 163, respectivamente de la Parte y Apéndice mencionados en el párrafo anterior y del Informe de 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, cuyas voces rezan, en su orden, 'PRORROGA DE JURISDICCION, COMPETENCIA. EN CASO DE.' y 'COMPETENCIA EN UN JUICIO DE RESCISION DE UN CONTRATO DE EJECUCION PARCIAL DE FIDEICOMISO, CORRESPONDE AL JUEZ AL QUE LAS PARTES SE SOMETIERON EN UNA CLAUSULA DEL CONTRATO.'.

"Finalmente, debe hacerse notar que los artículos 154, 156 y 157 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, que previenen, en síntesis, que sólo la jurisdicción territorial es prorrogable; que la competencia radica en el Juez al que los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente, tratándose de fuero renunciable, y que hay sumisión expresa cuando el interesado renuncia al fuero que la ley le concede y designa con precisión al Juez al que se somete, se encuentran reproducidos en el Código de la misma clase del Estado de Michoacán, en los preceptos 156, 158 y 159."

CUARTO. Por cuestión de orden, conviene determinar previamente, si en el caso a estudio existe contradicción de tesis de entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, residente en esta ciudad y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al resolver, el primero, el juicio de amparo directo civil número 1523/92, y, al decidir, el segundo de dichos tribunales federales, el juicio de amparo en revisión número 63/88.

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierte la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicos vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, se da la contradicción anterior, cuando concurren los siguientes supuestos: a). Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b). Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c). Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia identificada con el número 4a./J.22/92, publicada en las páginas 22 y 23, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, Octubre de 1992, que a la letra dice: "CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a). Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b). Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c). Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.". La jurisprudencia transcrita fue sustentada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal; sin embargo resulta aplicable al caso por igualdad de razón, porque, aunque en el caso a estudio las tesis que se examinan provienen de asuntos civiles, previamente debe establecerse la naturaleza jurídica de la institución de contradicción de tesis, concepto éste que se fija en forma precisa en la jurisprudencia invocada.

En la especie, en la tesis que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, esencialmente se sostiene que es procedente la prórroga de jurisdicción, con la sola circunstancia de que exista coincidencia entre las disposiciones procesales de las entidades federativas, sin que importen las diferencias entre las normas sustantivas que regulan el negocio jurídico objeto del debate. Por el contrario, en el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito se adopta el criterio opuesto, al establecer que la prórroga de jurisdicción resulta ilícita cuando no existe similitud entre las normas que regulan la materia del debate.

Al respecto, debe resaltarse que, según se desprende de la lectura de los resultandos segundo y tercero de este fallo, las resoluciones que originaron las tesis que se confrontan, se pronunciaron en juicios que tienen causas de pedir distintas.

El juicio que dio origen al amparo directo civil número 1523/92, se suscitó con motivo de la demanda que formuló Sara Guinzberg Chiyie en contra de la empresa denominada Imcisa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que se reclamó la declaración de terminación del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes respecto del inmueble que se precisa, y como consecuencia de la terminación del citado contrato de arrendamiento, la desocupación y entrega de la localidad arrendada, además del pago de rentas adeudadas y que se continúe adeudando hasta la entrega del bien litigioso. Lo anterior revela que la causa de pedir en este juicio fue el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes.

El Tribunal Colegiado del Primer Circuito sostiene en su fallo que no existe conflicto competencial de leyes, toda vez que el artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México tiene similitud con el precepto 141 de la ley adjetiva civil para el Distrito Federal, en tanto que permiten la renuncia a la competencia del Juez del domicilio, por tratarse de fuero renunciable

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/86-a2352f56/competencia-por-razon-de-territorio-es-valida-aunque · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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