AGRAVIOS EN LA REVISION FISCAL, EN QUE SE PROPONEN ARGUMENTOS NUEVOS. * * * AGRAVIOS EN LA REVISION FISCAL. * * * CONCEPTOS DE ANULACION. EXAMEN QUE DE ELLOS DEBE HACER LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. - - -
Revisión fiscal 7/92, Comisión Federal de Electricidad.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- La sentencia recurrida establece lo siguiente: "La actora aduce sustancialmente como único agravio, a fojas 2 a la 6, primer párrafo de su libelo, que la ayuda para renta que otorga a sus trabajadores a través del Sindicato respectivo equivale a las cuotas que para el mismo efecto deben otorgarse, de conformidad con el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo y que por ello deben considerarse exentas de integrar el salario base de cotización para efectos de la Ley del Seguro Social, por lo que el 20% por concepto de ayuda de renta otorgada a sus trabajadores sobre el salario base de cotización de las cuotas obrero- patronales que cubre al Instituto Mexicano del Seguro Social, que dicho criterio es avalado por las ejecutorias dictadas en el amparo directo 972/88 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en materia administrativa, así como en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación en el expediente 970/83, ejecutorias que fueron acatadas por acuerdo 0223/90 de fecha 24 de enero de 1990, emitida por el Consejo Consultivo de la Delegación Noreste del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por su parte, las demandadas al momento de producir su contestación a la demanda, sostienen la legalidad de la resolución impugnada. Esta Sala estima fundado el presente agravio, toda vez que en términos del artículo 32 inciso c) de la Ley del Seguro Social, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuenta diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios; no se tomarán en cuenta, dada su naturaleza, los siguientes conceptos: `...c).- Las aportaciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas'. En virtud de lo anterior, esta juzgadora llega a la conclusión de que la prestación económica concedida por la parte actora a sus empleados para ayuda de renta, es equivalente a las aportaciones del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que establece el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo; consecuentemente, no debe formar parte del salario base de cotización para efectos del pago de cuotas obrero patronales, conforme lo dispone el precepto legal invocado en primer término. Fortalece el anterior criterio lo dispuesto por el artículo 3o. Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972, por el cual, se adicionan los artículos 97, 110, 136 al 151 inclusive y 782 de la Ley Federal del Trabajo y que a la letra dice: `ART. TERCERO.- Las empresas que con anterioridad a esta Ley estén otorgando cualquier prestación en materia de habitación, la seguirán dando a sus trabajadores si el monto de las mismas es igual o superior al porcentaje consignado en el artículo 136 y no pagarán la aportación a que dicho artículo se refiere. Si por el contrario, el valor de las prestaciones fuere inferior al porcentaje de aportación, las empresas pagarán al Fondo Nacional de la Vivienda la diferencia correspondiente. En cualquier momento los trabajadores beneficiarios a que se refiere este artículo podrán optar por prescindir de la prestación y que la empresa entregue la aportación completa al Fondo Nacional de la Vivienda. Si hubiere controversia sobre el valor de las prestaciones, el problema será resuelto por el organismo tripartita responsable de la administración del fondo'. A mayor abundamiento, el criterio ha sido reconocido por el Poder Judicial Federal y por la Sala Superior de este tribunal a través de las ejecutorias que han citado, además de que el propio Instituto demandado así lo acató mediante su acuerdo 0223/90 de fecha 24 de enero de 1990. En las consideraciones anteriores, es procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada emita otra en la que resuelva en el sentido que este fallo señala".
SEGUNDO.- En vía de agravios, textualmente se expresa: "La sentencia que se combate infringe al dispositivo 14 del Pacto Federal por indebida aplicación de los diversos 237 del código tributario federal y 32 de la Ley del Seguro Social por incorrecta interpretación, así como los dispositivos 3o. Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de abril de 1972 que adicionó los artículos 97, 110, 136 al 151 inclusive y 182 de la Ley Federal del Trabajo por indebida aplicación. En efecto, la a quo para concluir en la nulidad de la resolución combatida, sostuvo sustancialmente el que no debe integrarse al salario base de cotización la ayuda de renta en un 20% que sobre los salarios tabulados otorga la actora a sus trabajadores a través del sindicato por considerar que se encuentran dentro del caso de excepción del inciso c) del artículo 32 de la Ley del Seguro Social pues esa ayuda equivale a las aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores que establece el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo y conforme al artículo 3o. Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que adicionó diversos artículos de la referida ley obrera. A la conclusión a que arribó la juzgadora necesariamente incurrió en defectos de interpretación, particularmente del artículo 32 de la Ley del Seguro Social, pues para ello consideró que la ayuda de renta del 20% que la demandante otorga a sus trabajadores es el equivalente a las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo que en principio una cosa ni la otra son equivalentes ni iguales, pues respecto a la ayuda de renta, ésta tiene su origen en el contrato colectivo de trabajo como una conquista de los trabajadores, que su destino es fortalecer el sueldo de los operarios para sufragar sus gastos, inclusive en aquellos casos en que algunos de éstos tengan la necesidad de contratar inmuebles mediante arrendamientos para establecer su casa habitación, el importe del 20% sobre los salarios tabulados no necesariamente el trabajador lo debe destinar a cubrir la renta del inmueble que ocupe como casa, ya que puede ocurrir que la habite a título de propietario o bajo otro título distinto al arrendamiento o que el importe de ese 20% no corresponda realmente al importe de la renta que deba cubrir el trabajador; otra distinción, es que esa prestación la recibe el trabajador a través del sindicato; sin embargo, las aportaciones al Fondo Nacional tienen como características, en primer lugar, que son contribuciones a favor de un organismo público, que su destino es incrementar o formar un fondo para la construcción de casas habitación para los trabajadores inscritos en ese organismo, que su existencia deviene de un acto legislativo y no particular de patrón y trabajador; consecuentemente es evidente que la prestación de ayuda de renta no es equivalente a las aportaciones del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Por otro lado, tampoco puede servir de apoyo el pluricitado artículo 3o. Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972 para sostener que la ayuda de renta es el equivalente a las aportaciones en favor del Infonavit, pues si bien de su texto se desprende que los empleadores que proporcionen a sus trabajadores prestaciones en materia de habitación podrán seguirla otorgando bajo ciertas condiciones, también lo es que ni por ficción de lo estatuido en este precepto transitorio, se advierte que la ayuda de renta es equiparable a las aportaciones al Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, pues en ninguna parte de ese artículo transitorio establece la desnaturalización de la prestación denominada ayuda de renta, pues en ningún momento, con motivo de la expedición de esa norma jurídica varió su esencia o contenido, sino sencillamente el legislador estableció que las empresas continúen otorgando las prestaciones en materia de habitación bajo ciertos lineamientos y los que no lo hayan realizado entreguen las aportaciones al organismo administrador del fondo. Consecuente con la exposición anterior, se concluye que la ayuda de renta que el actor proporciona a sus trabajadores sí debe integrar el salario base de cotización en virtud de que por las características de esa prestación y de las aportaciones en favor del Infonavit y de acuerdo al análisis e interpretación del artículo transitorio citado, ambos preceptos no son equivalentes sino completamente distintos, en su origen, esencia y destino. En otro orden de ideas, la a quo realiza una incorrecta interpretación del artículo 32 de la Ley del Seguro Social, pues si bien como lo sostiene, con base en el inciso c) de ese precepto, las aportaciones en materia de habitación no integran el salario base de cotización, la Ley del Seguro Social no hace distingo alguno si las prestaciones en materia de habitación deban considerarse también por similitud a las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y con base en el criterio reiteradamente sostenido por este Poder Judicial de la Federación, que reza que donde la ley no distingue no debe hacer distingo alguno el juzgador; lo anterior se robustece si se trata de descubrir la esencia de las aportaciones en materia de habitación, las cuales, como se ha mencionado, las cantidades que se otorgan bajo este concepto no ingresan al patrimonio del trabajador sino en favor de un organismo público encargado de fomentar la habitación a los obreros, que de ninguna manera la aportación que otorga el patrón al Infonavit constituye una ventaja económica presente en favor de los obreros y por estas dos características obedece la razón del porqué el legislador de la Ley del Seguro Social no consideró que debía integrarse al salario base de cotización las aportaciones al Infonavit, aunque a futuro pudiera, de ser así, una ventaja al trabajador al proporcionarle el organismo casa habitación, y si no constituye esta aportación un aporte más al salario del trabajador, resultaría injusto gravar el ingreso obrero sobre una aportación que no recibió directamente el trabajador y por ende tampoco sería posible gravar más el egreso del patrón por concepto de pago de salarios, si la cantidad que cubra como aportación fiscal no se destina al trabajador sino al organismo público, sin embargo, por el contrario, la ayuda de renta, que encuadra dentro de las hipótesis del primer párrafo del artículo 32 de la referida ley, es procedente gravar esta prestación, ya que constituye un concepto que incrementa el salario que recibe el trabajador, constituyendo una ventaja económica y presente, por esta razón el legislador consideró que la ayuda de renta sí debe integrarse al salario base de cotización. Asimismo, robustece los razonamientos anteriores, en el sentido de que la ayuda de renta no es equiparable a las aportaciones al Infonavit, el texto de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, páginas 142 y 143, Primera Parte, del Informe de Labores rendido por su Presidente al terminar el año de 1981, que lleva como rubro: `PREVISION SOCIAL, GASTO DE. NO LO ES LA AYUDA PARA RENTA DE CASA A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD'. Igualmente hago valer en mi favor el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, contenido en la sentencia del 25 de octubre de 1991, dictado con motivo de la revisión fiscal 29/91, relativa al juicio de nulidad 177/91, a ese efecto adjunto no como medio de prueba sino para facilitar la búsqueda del criterio, copia de la ejecutoria en mérito".
TERCERO.- Los agravios antes transcritos son inoperantes.
Para así estimarlo, conviene precisar que la actora en el juicio contencioso-administrativo expresó los siguientes conceptos de anulación: "En primer lugar cabe señalar que de la lectura y análisis de lo señalado en las hojas 3, párrafo segundo y siguientes 4, 5 y 6 de la resolución impugnada, dichas consideraciones son notoriamente ilegales por lo siguiente: La resolución que se combate viola flagrantemente los artículos 21 y 22 del Reglamento del artículo 274 de la Ley del Seguro Social, 32 inciso c) y 278, aplicado a contrario sensu, de la Ley del Seguro Social, 238 fracción II y IV, del Código Fiscal de la Federación, 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 14 y 16 constitucionales como en seguida se demostrará. El conjunto de incongruencias vertidas por la autoridad en las hojas 3, párrafos segundo y siguientes, y 4, primeros 3 párrafos de la resolución combatida, en que se contradice respecto a si la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, el 7 de marzo de 1989, en el expediente del juicio de revisión fiscal 970/83 (en la que se estableció que la `ayuda de renta' que mi poderdante otorga a sus trabajadores es equivalente a las aportaciones que las empresas entregan al INFONAVIT, y por lo mismo, como éstas no integran el salario de cotización por disposición expresa del inciso c) del artículo 32 de la Ley del Seguro Social), es o no impugnable, al sostener: `...Sin embargo el instituto se vio imposibilitado para recurrir tal determinación, atento a que dicha resolución se emitió en el año de 1989, y de conformidad con el decreto por el que reformó, adicionó y derogó disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Fianzas, publicado en el Diario Oficial (sic) del 5 de enero de 1988, la disposición transitoria cuarta establece que contra las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación que continúe con el trámite del recurso de revisión, sus sentencias son impugnables a través del recurso de revisión fiscal, conforme a lo ordenado por el Código Fiscal de la Federación en las disposiciones que por virtud de ese decreto se reforman, el cual debe ser resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito conforme al procedimiento previsto para la revisión en amparo'. En seguida vuelve a enredarse con el artículo 250 derogado del Código Fiscal de la Federación (párrafos tercero, cuarto y quinto de la hoja 3 de la resolución y finalmente concluye: `En el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, reformado, claramente se establece la posibilidad de agotar el recurso de revisión fiscal ante los Tribunales Colegiados de Circuito cuando el asunto verse sobre conceptos que integran la base de cotización como es el caso que nos ocupa, por lo tanto lo resuelto por la Sala Superior sólo tiene eficacia jurídica para situaciones que ocurrieron hasta el 15 de enero de 1988'. Al margen de las incongruencias manifiestas y de la oscuridad patente en que incurre la demanda en esa parte de la resolución, determina ilegalmente darle un alcance en el tiempo a la sentencia dictada por la Sala Superior, que es hasta el 15 de enero de 1988, así porque sí, sin ninguna explicación legal, resultando ello absurdo y antijurídico. Ciertamente, si la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación del 7 de marzo de 1989 fue recurrible, como lo sostiene la autoridad, debió demostrar que no ha causado estado, que la recurrió y que obtuvo sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito que la revocó; pero no, únicamente se concreta a realizar una serie de elucubraciones inútiles e intrascendentes en los párrafos segundo y tercero de la hoja 4, sin ningún sentido legal, pretendiendo en esa forma restarle eficacia jurídica a la misma. Más sin embargo, tan tuvo y tiene plena vigencia y aplicación, que en cumplimiento de tal resolución, se dictó el acuerdo resolutivo No. 0223/90, del 24 de enero de 1990, por el Consejo Consultivo de la Delegación 1 Noroeste del Distrito Federal, en el expediente C.C. VM 50052/82, que acata la sentencia del 7 de marzo de 1989 de la Sala Superior. Igualmente, el I.M.S.S. trató de anular dicha resolución de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación e interpuso ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, recurso de queja, mismo que resultó infundado, según sentencia dictada el 11 de mayo de 1990, en el expediente QA 212/90. Asimismo, el Instituto procedió en contra del acuerdo 0223/90, del 24 de enero de 1990, emitido por la Delegación I Noroeste del Distrito Federal, mediante demanda de nulidad que interpuso ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, que resolvió infundada la demanda y reconoció la validez y legalidad de la resolución, según sentencia del 24 de agosto de 1990, dictada en el expediente del juicio fiscal 4273/90. De lo hasta ahora expuesto se concluye que la autoridad demanda no estudió la litis a debate planteada por mi parte en su recurso de inconformidad, ni apreció las pruebas ofrecidas en éste. En efecto, no se ocupa de estudiar aquéllas en su totalidad, ni hace referencia a las pruebas ofrecidas en los incisos a), b) y c), por lo tanto viola los artículos 21 y 22 del Reglamento del artículo 274 de la Ley del Seguro Social y 238 fracciones II y IV, del Código Fiscal de la Federación, al haber emitido una resolución indebidamente motivada y fundada, en la que realiza una apreciación equívoca y distinta de lo dicho por mi mandante. Ocupándonos de las hojas 4, párrafo cuarto a sexto, y 5 de la resolución, se colige que la autoridad realiza una serie de consideraciones de carácter ilegal que carecen de efectos jurídicos reales, pues éstos no tienen valía jurídica ante el hecho de que la litis a debate ha sido precisamente materia de estudio por parte de las autoridades, como ha quedado demostrado líneas arriba, ante la propia ejecutoria, en la cosa juzgada, que constituyen, por una parte la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dictada el 6 de diciembre de 1988, en el expediente de amparo directo D.A. 972/88, que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a mi representada, y por la otra, en la resolución de la Sala Superior del Tribunal Fiscal del 7 de marzo de 1989, en el expediente de revisión fiscal 970/83 y en la resolución 0223/90, de 24 de enero de 1990, emitida por el Consejo Consultivo de la Delegación No. 1 Noroeste del Distrito Federal, en el expediente C.C. VM50052/82, siendo todas ellas verdad legal y contra ésta no se admite recurso ni prueba de ninguna clase -pues ya se interpusieron sin ningún resultado- , tal y como lo disponen los artículos 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles y por eso mismo su contenido no puede volverse a estudiar salvo violación flagrante de la ley y del estado de derecho en que vivimos. Por todo ello, el que la autoridad demandada intente que se estudie nuevamente si la `ayuda de renta' que mi mandante otorga a sus trabajadores, por disposición del Contrato Colectivo de Trabajo, es equivalente a las aportaciones al INFONAVIT, ya ha sido estudiada y resuelta en el sentido de que no debe formar parte del salario para efectos del pago de cuotas obrero patronales conforme al artículo 32, inciso c), de la Ley del Seguro Social, es violatoria de las disposiciones indicadas y del propio artículo 32 inciso c), al pretender ignorar la excepción en él contenida y del artículo 278, aplicado a contrario sensu, que ordena sólo cubrir las cuotas que procedan legalmente y no exigir su pago improcedente por parte de la autoridad al confirmar la validez de la emisión del crédito impugnado. Al margen de lo anterior, mi parte niega lisa y llanamente, con fundamento en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, que representante legal alguno de mi apoderada haya suscrito el acuerdo tomado en la reunión celebrada el 4 de abril de 1990 y que la autoridad señala vía motivación y fundamentación de la emisión de la cédula impugnada, por lo que también niega lisa y llanamente conocerlo en base a la disposición citada. Qué infantil, ridículo e insulso resulta el simplemente pensar, que mi parte litigó durante 10 años una sentencia que le favoreciera y en una reunión, así sin más, a nivel local, `sus representantes' la desconocen y aprueban lo contrario. No más comentarios. Por todo lo expuesto y con fundamento en el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación procede se declare la nulidad de la resolución combatida para el efecto de que no se vuelva a emitir el crédito de marras".
Por su parte, el Jefe de los Servicios Jurídicos y Seguridad en el Trabajo de la Delegación Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de representante del Consejo Consultivo de la misma Delegación, al contestar la demanda, manifestó: `Es infundado el agravio que precisa el actor, en virtud de que no existe violación a los distintos dispositivos legales a que alude, como lo demostraré. Pues en efecto, en ninguna parte de la resolución combatida existe contradicción, más aún se encuentran debidamente motivadas y fundamentadas en los términos de los artículos 16 constitucional y se ajusta al diverso 22 del Reglamento de Inconformidades y se insiste que conforme al 248 del Código Tributario Federal, reformado, cabe la interposición del recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito en contra de las sentencias de la Sala Superior, asimismo el acuerdo 0223/90 dictado en el expediente administrativo CC. V.M. 50052/82 del 24 de enero de 1990, tampoco puede considerarse como la documental idónea para probar que le asiste la razón a la enjuiciante, pues precisamente ese acuerdo fue recurrido por el Instituto ante la Tercera Sala Regional Metropolitana en el expediente 4273/90, por el que se demandó su nulidad al haber considerado que se dictó el acuerdo en contravención a las disposiciones legales ya que el concepto de ayuda de renta sí debe integrarse al salario base de cotización, en razón de que conforme a los artículos 5o. del Código Fiscal de la Federación, 32 de la Ley del Seguro Social y 3o. Transitorio del Decreto que reformó la Ley Federal del Trabajo, por las razones que se apuntaron en la resolución que ahora se controvierte, que hago mías, debe considerarse elemento del salario base de cotización. En otro orden de ideas, conforme al artículo 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala que las sentencias se ocuparán exclusivamente de las personas, cosas, acciones, y excepciones que hayan sido materia del juicio, asimismo, el diverso 237 del Código Tributario Federal señala que las sentencias del Tribunal Fiscal se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, desprendiéndose que en ellos se encierra el principio de relatividad de la sentencia, esto es, que las resoluciones no tienen efectos erga omnes, es decir, generales, sino que deben limitarse a las cosas, a las acciones y excepciones que participaron en el juicio, por ende, el contenido tanto de la sentencia adversa a los intereses del Instituto dictada por la Sala Superior de este tribunal como del acuerdo de resolución emitido en el expediente de inconformidad puntualizado, no pueden tener efectos generales sobre las ahora liquidaciones de cuotas obrero-patronales que reclamó ante esta Delegación, pues se trata de causas que originaron la emisión de créditos distintos, aunque las partes son las mismas pero las excepciones y defensas distintas, en el remoto caso el criterio de la Sala Superior podrá tomarse en consideración, sin embargo, dados los motivos y fundamentos que se virtieron en la resolución que ahora se controvierte, mismos que no se hicieron valer en aquel juicio de nulidad, necesariamente esta Sala Regional llegará a la conclusión que la ayuda de renta sí debe integrarse al salario. Por otro lado, en ningún momento se mejoró la motivación y fundamentación de las liquidaciones que reclamó mediante la resolución que se impugna, pues si bien en aquéllas no se citó el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación sino sólo en la resolución, fue con el único fin de aclarar y resolver sobre su agravio hecho valer en la inconformidad en el sentido de que no puede considerarse la sentencia de la Sala Superior como el último acto de impugnación sino que es recurrible ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Por cuanto a que manifiesta que las cédulas se fundan en una reunión celebrada el 4 de abril de 1990 en la ciudad de Puebla, Pue., tal circunstancia no invalida las cédulas, habida cuenta que en las mismas se sostienen con claridad las causas y motivos de su formulación al sostener, entre otras que excluyó indebidamente como parte integrante del salario la ayuda de renta de casa del 20%, que le establece la cláusula 64 del Contrato Colectivo de Trabajo, lo anterior constituye la esencia de la motivación de los créditos y si bien también se pronunció en las liquidaciones que se emitían con base en la reunión precitada, ello no lo invalida pues el abundar no acarrea su nulidad no así la ausencia o deficiencia de la motivación; por otra parte, en todo caso el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo Consultivo de la Delegación Noroeste del Distrito Federal y de la Sala Superior de ese tribunal, que solicita el actor, sólo es posible que comprenda las cosas, acciones y excepciones ocupadas en ambas resoluciones, mas no puede extender sus efectos a situaciones distintas aunque las partes sean las mismas, ya que se reitera, la defensa y los fundamentos de la resolución que ahora se reclama son distintos a los que se virtieron en aquel recurso y juicio de nulidad".
De lo antes transcrito, claramente se desprende que lo relativo a que si la ayuda para renta que otorga a sus trabajadores la actora a través del sindicato respectivo equivale o no a las cuotas que deben enterarse al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y por ende deben considerarse parte integrante o no del salario base de cotización para efectos de la Ley del Seguro Social, no fue un punto controvertido en el juicio de nulidad del que deriva la presente revisión; por ello, si la recurrente hace valer como agravios en el presente recurso fiscal cuestiones no planteadas ante la sala a quo, es inconcuso que dichas argumentaciones y todas las demás que en torno a las mismas formula, son ajenas a la litis del juicio natural y por ello tales cuestiones no pueden ser materia de la presente instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 107, visible en la página 180, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que dice: "AGRAVIOS EN LA REVISION FISCAL.- Si las autoridades hacen valer como agravios en la revisión fiscal cuestiones que no fueron planteadas ante el Pleno, responsable, como violaciones cometidas por la Sala Fiscal del conocimiento, y que son por ello ajenas a la litis de la revisión intentada ante dicho Tribunal en Pleno, tales cuestiones no pueden ser materia de la revisión fiscal". Nota: La función jurisdiccional del Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación actualmente la efectúa la Sala Superior.
En efecto, lo que sustancialmente alegó la Comisión Federal de Electricidad en los conceptos de anulación que hizo valer en el escrito inicial de demanda, fue lo siguiente: a).- Que en lo relativo al concepto de ayuda de renta que otorga a sus trabajadores existe cosa juzgada, dados los alcances de los efectos de las sentencias anteriores, pronunciadas tanto por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, como por la dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; b).- Que la autoridad demandada al resolver el recurso de inconformidad no examinó la litis en los términos planteados; c).- Que es absurdo que la demandada intente a través de las liquidaciones de cuotas obrero-patronales impugnadas, que se estudie nuevamente si el concepto de "ayuda de renta" que otorga a sus trabajadores forma parte del salario para efectos de cotización; y, d).- Que nunca suscribió acuerdo alguno con la demandada, por lo que no puede servir como motivación un supuesto acuerdo tomado en la reunión de cuatro de abril de mil novecientos noventa.
La demandada a su vez, al dar contestación a la demanda, sustancialmente adujo: a).- Que los efectos de las sentencias anteriores, deben limitarse únicamente a las liquidaciones de cuotas obrero-patronales que fueron materia de esos juicios, sin poder abarcar posteriores liquidaciones; b).- Que al resolverse el recurso de inconformidad sí se resolvió la cuestión controvertida, ya que sostuvo que los efectos de las sentencias anteriores fueron relativos; c).- Que dichas sentencias anteriores no las pudo impugnar a través del recurso de revisión fiscal, pero que ahora a partir de las reformas que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, conforme al artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, se establece la posibilidad de que pueda acudir ante los Tribunales Colegiados a hacer valer el recurso de revisión fiscal; y, d).- El hecho de que en las cédulas combatidas se haga referencia a una reunión celebrada el cuatro de abril de mil novecientos noventa en la ciudad de Puebla, no invalida las mismas, ya que en éstas se sostienen con claridad las causas y motivos para su formulación, además de que el hecho de haber abundado en la motivación no puede acarrear su nulidad, pues ésta sólo se da ante la ausencia o deficiencia de la motivación.
Un análisis comparativo de los puntos controvertidos en el juicio contencioso-administrativo con los agravios que ahora expresa la recurrente, los cuales han quedado debidamente transcritos en el considerando segundo de esta ejecutoria, que giran en torno a que es ilegal la sentencia recurrida dado que la Sala a quo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1224-acde31b9/agravios-en-la-revision-fiscal-en-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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