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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS EN LA REVISION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 647/92. · Registro digital (IUS): 1285
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DULCE CONSUELO MATEOS CORREA.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1992, , Pág. 189.

Recurso de revisión 647/92. Dulce Consuelo Mateos Correa.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución General de la República; 83, fracción I, y 85, fracción I, de la Ley de Amparo; 44, fracción II, y 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, sobre división de circuitos y fijación de competencia territorial, por impugnarse una resolución pronunciada por un Juez de Distrito en materia civil, residente en este circuito.

SEGUNDO.-La resolución recurrida sustenta las siguientes consideraciones: "México, Distrito Federal, a primero de abril de mil novecientos noventa y dos. Por recibido el oficio 5334 del Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por el que remite la demanda de amparo promovida por Dulce Consuelo Mateos Correa, contra actos del Juez Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, con todo fórmese expediente y regístrese en el libro auxiliar con el número A-213/92. Acúsese recibo de estilo y hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que se acepta la competencia, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Amparo y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y al efecto se provee: Del contexto de la demanda de amparo, se advierte que sustancialmente reclama la resolución que decrete el desahucio y el lanzamiento del inmueble que ocupa, derivado del juicio especial de desahucio seguido por Angela de Jesús viuda de Huesca contra Sergio Zárate Romero, y afirma que compareció al juicio natural alegando lo que a su derecho convino, por escrito de veinticuatro de febrero del año en curso; en tal virtud, el Juez natural por auto de dos de marzo siguiente, no le acordó de conformidad su escrito, por no ser parte (fojas 2 y 3, inciso 5). Por tanto, la quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama cuando menos desde el veinticuatro de febrero del año en curso, sin embargo no fue sino hasta el veinte de marzo último, cuando presentó su demanda de amparo, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, como se advierte del fallo de recibo respectivo, evidentemente fuera del plazo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, dado que el término de quince días que para su promoción establece dicho precepto, transcurrió del veinticinco de febrero al dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y dos. Por lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 52, visible a fojas 88 Segunda Parte Salas y Tesis Comunes, Apéndice de 1917-1988, con rubro: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO.". Por tanto, con fundamento, además, en el artículo 145 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente a la promovente."

TERCERO.-La quejosa expresa los siguientes agravios: "Fuente de agravio: El auto impugnado establece que "... Del contexto de la demanda de amparo se advierte que sustancialmente reclama la resolución que decrete el desahucio y el lanzamiento del inmueble que ocupa, derivado del juicio especial de desahucio seguido por Angela de Jesús viuda de Huesca contra Sergio Zárate Romero, y afirma que compareció al juicio natural alegando lo que a su derecho convino, por escrito de veinticuatro de febrero del año en curso, en tal virtud, el Juez natural por auto de dos de marzo siguiente, no le acordó de conformidad su escrito, por no ser parte (fojas 2 y 3, inciso-5). Por tanto, la quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama cuando menos desde el veinticuatro de febrero del año en curso, sin embargo no fue sino hasta el veinte de marzo último, cuando presentó su demanda de amparo, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito (sic), como se advierte del sello de recibo respectivo, evidentemente fuera del plazo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, dado que el término de quince días que para su promoción establece dicho precepto, transcurrió del veinticinco de febrero al dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y dos. Por lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo ...". Preceptos violados. Se violan los artículos 21, 114, fracción IV, y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo en atención a que el amparo se promovió en los términos de los dos primeros artículos mencionados y el último resulta inaplicable. 1) Conceptos del agravio: El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. En el presente juicio se manifiesta que en fecha de veinticuatro de febrero del presente se hace del conocimiento del Juez "T.-No Vale" (sic) cuarto de arrendamiento que el emplazamiento fue mal efectuado, ya que el demandado no vivía en el lugar donde se pretendía emplazarlo, a lo que, con fecha dos de marzo del presente es dictado un auto en el que se decreta "no ha lugar a tomar en consideración el escrito ...", surtiendo efecto dicha resolución al día siguiente, razón por la cual se recurre al juicio de amparo, por las mismas razones el término para la interposición del mismo debe computarse a partir del día cuatro de marzo y no del veinticuatro de febrero como se asienta en el auto impugnado, y siendo que es a partir del auto dictado con fecha dos de marzo cuando se prevé actos en el juicio que tendrán sobre la quejosa una ejecución de imposible reparación se solicitó la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento se actualiza la siguiente jurisprudencia. "La existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un inicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo aparece realmente la existencia de alguna causa de improcedencia". Apéndice 1975, Pleno y Salas, Tesis 85, p. 143. Apéndice 1985, Pleno y Salas, tesis 125, p. 189. 11.) El Amparo indirecto procede en los términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo contra actos en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En el presente juicio, los acuerdos impugnados se hicieron consistir en el auto y/o sentencia que decrete el desahucio y lanzamiento que se ordenará así como los demás efectos y consecuencias que se derivarán de las órdenes impugnadas, y el desechamiento de la demanda de amparo permite que los actos reclamados sigan su curso, y que ocasionen actos sobre la quejosa de una ejecución de imposible reparación. La violación correspondiente al no oírseme en juicio no es reparable ya en la sentencia definitiva, pues, la sentencia definitiva no se ocuparía de las pruebas, de donde resulta que es un acto dentro del juicio de imposible reparación. 111.) El Amparo es procedente ya que no se apega a lo que nos establece la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo puesto que no existen actos consentidos tácitamente ya que Sí existe promoción de juicio de garantías dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la ley, por las razones ya asentadas y el artículo 218 de la Ley de Amparo no es aplicable ya que el caso que nos ocupa no se refiere a los derechos de ejidatarios ni comuneros."

CUARTO.-Los agravios propuestos por la inconforme, resultan insuficientes para revocar la resolución combatida como a continuación se expresará.

Efectivamente, el Juez del control constitucional desechó la demanda de amparo presentada por la quejosa en base a que ésta afirmó en su escrito correspondiente que había comparecido al juicio natural el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, dando contestación a la demanda, misma que no fue acordada de conformidad por el Juez natural, en proveído de dos de marzo del año citado; y, en esa virtud, el Juez de Distrito consideró que la solicitante del amparo tuvo conocimiento de los actos reclamados cuando menos desde la primera fecha señalada no obstante, fue hasta el veinte de marzo del año en curso, cuando presentó su demanda ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en materia administrativa, tal y como se acreditaba con el sello de recibido; en consecuencia, la autoridad federal estimó que no se había cumplido con lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 del Pacto Federal, dado que el término de quince días a que ese artículo lo alude, transcurrió del veinticinco de febrero al dieciséis de marzo del año que corre; y por ende, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

En torno a las consideraciones sostenidas por el Juez Federal, la recurrente sustancialmente esgrime, que se puso del conocimiento del Juez natural el emplazamiento mal efectuado, puesto que el demandado no vivía en ese lugar y fue precisamente a partir del día siguiente en que surtió sus efectos el auto de dos de marzo de mil novecientos noventa y dos, o sea el día cuatro del mismo mes y año, que debió tomarse el término para la interposición del juicio de garantías y no el veinticuatro de febrero de ese año, como se asienta en el auto recurrido, porque fue hasta esa fecha, cuando se contemplaron actos de ejecución irreparable.

De las premisas anteriores, se pone de manifiesto que la parte recurrente no combate las apreciaciones que tuvo en cuenta el Juez Federal para decretar la improcedencia de la demanda de garantías; ciertamente, en las mismas se dijo que la ahora solicitante del amparo había tenido conocimiento del acto reclamado por lo menos desde el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos y, en esa virtud, la demanda resultaba fuera de tiempo, dado que el término de quince días a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, había transcurrido desde el veinticinco de febrero al dieciséis de marzo del año en curso y la demanda fue presentada hasta el día veinte de marzo del año mencionado; aspectos estos que no son impugnados por la solicitante del amparo, pues sólo indica que debió tenerse en cuenta, como base del cómputo la segunda fecha, pero no desvirtúa la que tuvo conocimiento del acto reclamado, pues nada se aduce al respecto; y, en ese supuesto, si en la resolución recurrida el Juez de Distrito sostiene diversas consideraciones para desechar la demanda de garantías y la revisionista, lejos de combatirlas, se concreta a señalar una serie de razonamientos sin impugnar debidamente los argumentos expuestos por el Juez Federal en apoyo de su resolución, es evidente que los agravios resultan inoperantes. En este mismo sentido se ha pronunciado este tribunal, resolver el amparo en revisión número 1624/90, promovido por Alfonso González Baserat, resuelto por unanimidad de votos el veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno, siendo ponente el señor Magistrado José Refugio Raya Arredondo.

A mayor abundamiento, es necesario indicar que la fecha de inicio del cómputo de los quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de garantías, es aquella en la que se tuvo conocimiento del acto reclamado, y no la que señala el quejoso, estimando que es a partir de ella cuando se le puedan dictar actos de imposible reparación; porque de aceptarse esto último, en realidad se estaría fijando el término respectivo a voluntad de la parte quejosa, lo cual no es posible.

En otro apartado se dice que el desechamiento de la demanda permite que el auto o la sentencia que decrete el desahucio y lanzamiento, ocasione sobre la quejosa una ejecución de imposible reparación, ya que al no oírsele en juicio, no es reparable en la sentencia definitiva, porque ésta no se ocuparía de las pruebas.

Los anteriores motivos de inconformidad, resultan infundados.

Efectivamente, para una mejor comprensión del presente asunto, es pertinente destacar lo señalado por la quejosa en su demanda de garantías esto es, en el hecho primero adujo: "1. La hoy tercera perjudicada Angela de Jesús viuda de Huesca, instauró demanda ante el C. Juez Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario de esta ciudad, en contra del señor Sergio Zárate Romero en juicio Especial de Desahucio."; asimismo, en su punto tercero dijo: "3. Con fecha 18 de febrero de 1992, en el departamento cinco del edificio número 95 de la Calle José Sánchez Trujillo, de la colonia Azcapotzalco, se llevó a cabo la notificación, que fue recibida por la que suscribe, a razón de que la misma manifestó conocer al demandado, por ser su cuñado, pero aclarando que el demandado vivió ahí, mas no que vivía ahí."; además, en el punto quinto, expresó: "5. Es de señalar que la suscrita dio contestación a la demanda en fecha 24 de febrero del presente, en carácter de tercero perjudicado, aludiendo que mi familia y yo tenemos viviendo en el multicitado inmueble a partir del mes de octubre del año próximo pasado, en contrato verbal de arrendamiento y con el pago de rentas al corriente, a lo cual no se me extiende recibo alguno; pero a dicha contestación, en auto de 2 de marzo de 1992, se decreta `no ha lugar a tomar en consideración el escrito de Dulce Consuelo Mateos Correa, recibido el 24 de febrero último por no ser parte de este juicio."

De lo anterior, se colige que la recurrente resulta ser una persona extraña al juicio y, en esas condiciones, la sentencia que se dicte en el juicio de desahucio seguido en contra de Sergio Zárate Romero, no le causa una ejecución de imposible reparación, como pretende hacerlo valer la recurrente, puesto que precisamente por ser ajena a la controversia no le causaría el agravio personal y directo a que se refiere el artículo 4o. de la Ley de Amparo, ya que en todo caso cuando la resolución dictada en el citado juicio pretenda ejecutarse, en perjuicio de sus intereses, está en la posibilidad de promover el amparo correspondiente; de ahí, que resulten infundados los agravios sujetos a examen.

En las relatadas condiciones, al haber resultado los agravios propuestos unos inoperantes y otros infundados, lo que procede es confirmar la resolución recurrida por sus propios y legales fundamentos, ya que además este tribunal no encontró deficiencia alguna en la queja que suplir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 83, fracción I, 85, fracción I, 89, 90 y 184 de la Ley de Amparo; 44, fracción II y 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la resolución recurrida.

SEGUNDO.-Se desecha la demanda de garantías presentada por Dulce Consuelo Mateos Correa, contra los actos que reclamó del Juez Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario de esta ciudad, mismos que han quedado precisados en el resultando primero de esta resolución.

Notifíquese, con testimonio de esta sentencia, vuelvan los autos al lugar de procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por unanimidad de votos, de los señores Magistrados, Enrique Ramón García Vasco, J. Refugio Raya Arredondo y Víctor Hugo Díaz Arellano, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo relator el último de los nombrados. Firman los CC. Magistrados con intervención del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1285-f12a65bc/agravios-en-la-revision-son-inoperantes-si-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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