TRIBUNALES AGRARIOS. SON AUTORIDADES SUSTITUTAS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO RELACIONADAS CON ACUERDOS DOTATORIOS DE TIERRAS.
INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA 130/93. MARIA DEL ROSARIO CASTAÑEDA DE MAGAÑA.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Esta Tercera Sala estima que en el presente asunto no procede el análisis del fondo del incidente de inejecución sino que debe agotarse el procedimiento previsto por los artículos 104, 105 y demás relativos de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se presenta una situación especial dado que con motivo de una reforma a la Constitución Política, si bien no existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, una de las autoridades responsables obligada a tal cumplimiento ha quedado impedida legalmente para tal efecto, correspondiendo en virtud de dicha reforma, a una autoridad diversa, que no fue parte en el juicio de amparo, la competencia legal para cumplimentar la ejecutoria, y ello justifica que se ordene agotar, respecto de dicha autoridad, el procedimiento establecido por los preceptos legales citados.
En la sentencia de doce de marzo de mil novecientos noventa y tres, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el Estado de Baja California, concedió el amparo a la quejosa en los siguientes términos:
"QUINTO.-Resulta esencialmente fundado el concepto de violación en el que argumenta la parte quejosa se violó su garantía de audiencia prevista en el artículo 14, constitucional, al no ser notificada del procedimiento de ampliación de dotación al poblado 'Profesor Graciano Sánchez', Delegación San Quintín, Ensenada, Baja California, y resolución presidencial relativa, no obstante que acredita tener la propiedad del lote 'D', de la manzana 130, del fraccionamiento del Valle de San Quintín, Delegación de la colonia Vicente Guerrero, Ensenada, Baja California. En efecto, en la resolución presidencial reclamada, misma que modifica el mandamiento del gobernador del Estado de Baja California de fecha primero de julio de mil novecientos setenta y seis, se afecta, entre otros predios a fin de ampliar la dotación de tierras al poblado 'Profesor Graciano Sánchez', el lote 'D', de la manzana 130 (foja setenta y ocho), señalándose que dicha fracción de terreno corresponde a Elena Scontria. La promovente del amparo exhibe testimonio de la escritura pública trece mil trescientos sesenta, deducida del protocolo del notario público Número Dos de Ensenada, Baja California y relativa a la celebración de un contrato de compraventa de una fracción del lote 'D', de la manzana 130, del fraccionamiento del Valle de San Quintín de la colonia Vicente Guerrero, con una superficie de veinticuatro hectáreas, ochenta y ocho áreas, setenta y cinco centiáreas, el cual adquiere de Arnulfo Magaña Aviña, con la autorización de su esposa Juana Aviña Barrios, especificándose en dicho instrumento público las medidas y colindancias del predio en cuestión. Y por otra parte, se hace constar en la escritura pública de mérito, que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Baja California, en Ensenada, en la partida 1608, a fojas 206 y 207, del Tomo Ocho, Sección Civil. Pues bien, con el fin de acreditar que el terreno afectado en la resolución presidencial reclamada es el de su propiedad, la peticionaria de garantías ofrece prueba pericial, la cual se desahogó con los dictámenes emitidos por el perito nombrado de su parte y el designado por el juzgador (fojas ciento veintinueve a ciento treinta y uno, y ciento treinta y cinco a ciento treinta y ocho). De los dictámenes periciales relatados se obtiene, que el lote 'D', de la manzana 130, ubicado en el fraccionamiento Valle de San Quintín, que aparece como propiedad de la impetrante del amparo, corresponde al predio identificado con la misma denominación de lote y manzana en la resolución presidencial reclamada, y teniendo en consideración que el dictamen del perito designado por el juzgador federal, se apoya en documentos públicos que obran en el propio expediente del amparo y dicho dictamen contiene razonamientos y datos que producen convicción, y dado que en el diverso dictamen del perito nombrado por la parte quejosa, llega a igual conclusión, se considera que tales medios de convicción tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 151, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones se obtiene que la titular de la acción constitucional es propietaria de una fracción del multicitado lote 'D', de la manzana 130, del Valle de San Quintín; que dicha propiedad fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, que el predio afectado cuenta con declaratoria de inafectabilidad y que es el mismo que aparece afectado en la resolución presidencial reclamada, en la que se consigna como propietaria a Elena Scontria y no a la promovente del amparo, por consiguiente, al quedar de manifiesto que María del Rosario Castañeda de Magaña no fue notificada en términos de los artículos 275, 299, 304 y 307, de la Ley de la Reforma Agraria abrogada, aplicable al caso conforme lo previene el artículo tercero transitorio de la Ley Agraria vigente, debe estimarse que se conculcó en su perjuicio la garantía de audiencia prevista en el numeral 14, constitucional. Consecuentemente, este órgano colegiado estima procedente conceder a la quejosa el amparo solicitado, para el efecto de que previa satisfacción de la garantía de audiencia a la titular de la acción constitucional, se emita nueva resolución debidamente fundada y motivada en términos de ley. Ahora bien, respecto de las restantes violaciones que aduce la peticionaria de garantías, vista la concesión del amparo, no procede su examen en virtud de que precisamente esas cuestiones serán objeto de la audiencia que la autoridad responsable deberá concederle. Por último, cabe hacer notar que en virtud de no haberse recurrido el sobreseimiento decretado respecto a las autoridades designadas como responsables jefe de la Promotoría Número Seis, de Ensenada, Baja California, Cuerpo Consultivo Agrario y delegado agrario en materia de Procedimientos, Controversias, Organización y Desarrollo Agrario, sitas en Mexicali, Baja California, puesto que no se expresó agravio alguno al respecto, debe confirmarse el mismo en sus términos."
Como se advierte de las anteriores transcripciones, el total cumplimiento de la ejecutoria que concedió el amparo a la quejosa, exige que se deje sin efectos la resolución presidencial de siete de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de enero de mil novecientos ochenta, emitida en el expediente de ampliación del ejido "Profesor Graciano Sánchez", para que previa satisfacción de la garantía de audiencia a la quejosa en el juicio de amparo se dicte una nueva resolución presidencial debidamente fundada y motivada.
Ahora bien, la primera parte del artículo 325, de la abrogada Ley Federal de la Reforma Agraria en su texto vigente en la fecha en que se emitió la sentencia ejecutoria, disponía:
"Si al ejecutarse una resolución presidencial de restitución o dotación, se comprueba que las tierras entregadas son insuficientes para satisfacer íntegramente las necesidades del poblado, se tramitará de oficio el expediente de dotación complementario o ampliación. El procedimiento se sujetará a lo prevenido para la dotación de tierras, en lo que fuere aplicable".
Por su parte, los artículos 272, 292, 293 a 295 y 304 disponen:
"ARTICULO 272. Las solicitudes de restitución, dotación o ampliación de tierras, bosques o aguas, se presentarán en los Estados y territorios en cuya jurisdicción se encuentre el núcleo de población interesado, por escrito y directamente ante los gobernadores. Los interesados deberán entregar copia de solicitud a la Comisión Agraria Mixta. Dentro de las setenta y dos horas siguientes a la presentación de la solicitud, el Ejecutivo Local mandará comprobar si el núcleo de población solicitante reúne los requisitos de procedencia establecidos en los artículos 195 y 196 de esta ley. De no ser así, comunicará a los interesados que no es procedente tramitar la solicitud, haciéndoles saber que la acción podrá intentarse nuevamente, al reunir el núcleo los requisitos de ley. De reunirse los requisitos establecidos, mandará publicar la solicitud en el periódico oficial de la entidad y turnará el original a la Comisión Mixta en un plazo de diez días para que inicie el expediente; en ese lapso expedirá los nombramientos de los miembros del Comité Particular Ejecutivo designado por el núcleo de población solicitante. Si el Ejecutivo Local no realiza estos actos, la Comisión Agraria Mixta, previa investigación de la capacidad del núcleo de población solicitante, iniciará el expediente con la copia que le haya sido entregada, hará de inmediato la publicación correspondiente en uno de los periódicos de mayor circulación de la localidad, la que surtirá idénticos efectos que la realizada en el periódico oficial, expedirá los nombramientos del Comité Particular Ejecutivo y notificará el hecho a la Secretaría de la Reforma Agraria."
"ARTICULO 292. La Comisión Agraria Mixta someterá de inmediato su dictamen a la consideración del Ejecutivo Local, y éste dictará su mandamiento en un plazo que no excederá de quince días. Una vez que el Ejecutivo Local haya dictado su mandamiento, ordenará su ejecución y lo turnará a la Secretaría de la Reforma Agraria para su trámite correspondiente."
"ARTICULO 293. Cuando el Ejecutivo Local no dicte mandamiento dentro del plazo indicado, se considerará desaprobado el dictamen de la Comisión Agraria Mixta, debiendo ésta recoger el expediente dentro de los tres días siguientes, el que turnará a la Secretaría de la Reforma Agraria para su trámite subsecuente."
"ARTICULO 294. Si la Comisión Agraria Mixta no dictamina dentro del plazo legal, el Ejecutivo Local recogerá desde luego el expediente, dictará dentro del término de cinco días el mandamiento que juzgue procedente, ordenará su ejecución y lo turnará a la Secretaría de la Reforma Agraria para su trámite correspondiente."
"ARTICULO 295. Cuando el Ejecutivo Local dicte su mandamiento sin que haya dictamen de la Comisión Agraria Mixta, la Delegación Agraria, en caso necesario, recabará los datos que falten y practicará las diligencias que procedan dentro del plazo de treinta días, formulará un resumen del caso y con su opinión lo enviará junto con el expediente al secretario de la Reforma Agraria en el plazo de tres días, para su resolución."
"ARTICULO 304. Una vez que el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización reciba el expediente que le envíe el delegado, lo revisará, y en el plazo de quince días lo turnará al Cuerpo Consultivo Agrario, el cual, en pleno, emitirá su dictamen o acuerdo para completar el expediente en el plazo de sesenta días. El dictamen no sólo contendrá los considerandos técnicos y los puntos resolutivos que proponga, sino que se referirá a la forma como se desarrolló la primera instancia, al cumplimiento de los plazos y términos señalados en esta ley y a las fallas observadas en el procedimiento. En el caso de que el dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario fuere positivo, con base en él se formulará un proyecto que se elevará a la consideración del presidente de la República; cuando este dictamen sea negativo, se estará a lo dispuesto en el artículo 326 de esta ley. El Cuerpo Consultivo Agrario se cerciorará de que en los expedientes que se le turnen, los propietarios o poseedores de predios presuntamente afectables hayan sido debidamente notificados en los términos de los artículos 275 y 329, y en caso de que se llegare a encontrar alguna omisión a este respecto, lo comunicará al jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, para que éste mande notificarlos, a fin de que en un plazo de 45 días, a partir de la notificación correspondiente, presenten sus pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga."
Se desprende de lo anterior, que el presidente de la República, como autoridad responsable en el juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, entre otras, respecto de los actos de él reclamados, desde la fecha en que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito dictó sentencia hasta el siete de enero de mil novecientos noventa y dos, en que entraron en vigor las reformas al artículo 27 constitucional publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día seis del mes citado, según se razonará con posterioridad, tuvo el carácter de autoridad constitucional y legalmente competente, entre otras, respecto de cuyos actos también se concedió el amparo.
Sentado lo anterior, debe señalarse que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y dos se reformaron, entre otras, la fracción VII, se derogaron las fracciones XII a XIV, y se adicionaron dos párrafos a la fracción XIX, todas del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las fracciones modificadas y los párrafos adicionados antes mencionados en su parte conducente textualmente establecen:
"VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas ..."
"XIX. ... Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el orden de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y ..."
Las fracciones XII a XIV del artículo 27 constitucional que fueron derogadas establecían el procedimiento relativo a las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas, la competencia del presidente de la República para dictar resolución en los asuntos relativos a tales solicitudes y los derechos de los afectados con dichas resoluciones.
Disponen los artículos transitorios del decreto modificatorio del artículo 27 constitucional lo siguiente:
"ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
"ARTICULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de este decreto y en tanto no se modifique la legislación reglamentaria en materia agraria, continuarán aplicándose sus disposiciones, incluidas las relativas a las autoridades e instancias competentes y a la organización interna de los ejidos y comunidades, siempre que no se opongan a lo establecido en este mismo decreto."
"ARTICULO TERCERO. La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las Comisiones Agrarias Mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentren actualmente en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente decreto.
"Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior.
"Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva."
En el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, se publicó la Ley Agraria, que en sus artículos 1o., 9o. y primero a tercero transitorios, establece:
"Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria y de observancia general en toda la República.
"Artículo 9o. Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.
"ARTICULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"ARTICULO SEGUNDO. Se derogan la Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley General de Crédito Rural, la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías y la Ley del Seguro Agropecuario y de Vida Campesino, así como todas las disposiciones que se opongan a las previstas en la presente ley.
"En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, en lo que no se opongan a esta ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente ley.
"ARTICULO TERCERO. La Ley Federal de Reforma Agraria que se deroga se seguirá aplicando respecto de los asuntos que actualmente se encuentran en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales.
"Por lo que hace a los asuntos relativos a las materias mencionadas en el párrafo anterior, cuyo trámite haya terminado por haberse dictado acuerdo de archivo del expediente como asunto concluido o dictamen negativo, así como los asuntos relativos a dichas materias en los que en lo futuro se dicten, se estará a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992.
"Los demás asuntos que corresponda conocer a los tribunales agrarios, se turnarán a éstos por la Comisión Agraria Mixta o el Cuerpo Consultivo Agrario, según corresponda, en el estado en que se encuentren, una vez que aquéllos entren en funciones.
"La autoridad agraria deberá prestar a los tribunales la colaboración que le soliciten para la adecuada sustanciación de los expedientes, a fin de que se encuentren en aptitud de dictar la resolución que corresponda."
Por último, en el Diario Oficial de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, se publicó la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, cuyos artículos 1o., 2o., 9o., fracción VIII, y primero, segundo y cuarto transitorios disponen:
"Artículo 1o. Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional.
"Artículo 2o. Los tribunales agrarios se componen de:
"I. El Tribunal Superior Agrario, y
"II. Los Tribunales Unitarios Agrarios.
"Artículo 9o. El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer ...
"VIII. De los demás asuntos que las leyes expresamente le confieran.
"PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"SEGUNDO. El Tribunal Superior Agrario deberá quedar constituido dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente ley.
"CUARTO. En relación con los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, que se encuentran actualmente en trámite, pendientes de resolución definitiva, se pondrán en estado de resolución y se turnarán los expedientes debidamente integrados al Tribunal Superior Agrario una vez que éste entre en funciones, para que, a su vez:
"I. Turne a los Tribunales Unitarios para su resolución, según su competencia territorial, los asuntos relativos a restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales; o
"II. Resuelva los asuntos relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, así como creación de nuevos centros de población.
"Si a juicio del Tribunal Superior o de los Tribunales Unitarios, en los expedientes que reciban no se ha observado la garantía de audiencia, se subsanará esta deficiencia ante el propio tribunal."
Deriva de los preceptos transcritos que en virtud de las reformas al artículo 27 constitucional, la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria y la vigencia de las Leyes Agraria y Orgánica de los Tribunales Agrarios, si bien no existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo motivo del presente incidente de inejecución, al presidente de la República, autoridades responsables en el juicio de garantías relativo, ya no compete legalmente dar cumplimiento a tal ejecutoria pues las facultades que les asistían conforme a las disposiciones derogadas y modificadas corresponden ahora al Tribunal Superior Agrario.
En efecto, no existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo a María del Rosario Castañeda de Magaña, pues legalmente puede dejarse sin efecto la resolución presidencial de fecha siete de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de enero de mil novecientos ochenta, en cuanto afecta al predio propiedad de la quejosa para ampliar de tierras al poblado "Profesor Graciano Sánchez", el cual posee personalidad jurídica y patrimonio propios según lo dispuesto por la fracción VII del artículo 27 constitucional vigente y 9o. de la Ley Agraria.
Sin embargo, ya no compete al presidente de la República, autoridad responsable en el juicio de garantías en que se dictó la ejecutoria de amparo motivo del presente incidente, dar cumplimiento, después de los estudios, dictámenes y proyectos de acuerdo que deban elaborar las demás autoridades agrarias responsables, a la mencionada ejecutoria, dejando sin efecto el acuerdo presidencial reclamado y otorgando la garantía de audiencia a la quejosa, pues conforme a lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX, constitucional, primero y tercero transitorios del decreto que modificó el precepto antes citado, primero y tercero transitorios de la Ley Agraria, 1o., 9o., fracción VIII, y primero, segundo y cuarto transitorios de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, actualmente compete al Tribunal Superior Agrario resolver en definitiva, una vez que las autoridades agrarias dejen en estado de resolución, todos los asuntos en trámite al entrar en funciones el tribunal mencionado, relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, y de creación de nuevos centros de población. Por tanto, si para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo debe dejarse sin efecto el acuerdo presidencial, corresponde constitucional y legalmente al Tribunal Superior Agrario ejecutar por tratarse de un asunto en trámite al momento de entrar en funciones el tribunal mencionado; lo anterior con independencia de la intervención que a las demás autoridades agrarias responsables respecto de las cuales se concedió el amparo corresponda por lo que toca a los estudios, dictámenes, opiniones y demás trámites que legalmente deban elaborarse a fin de cumplimentarse la ejecutoria.
Debe precisarse que conforme al artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el Tribunal Superior Agrario quedó constituido dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la entrada en vigor de dicha ley, es decir, que actualmente se encuentra en funciones. Es aplicable la tesis número XXVII/93 de esta Tercera Sala, aprobada por unanimidad de votos en sesión de tres de mayo de mil novecientos noventa y tres, al conocer del incidente de inejecución de sentencia 28/92, que dice:
"TRIBUNALES AGRARIOS. SON AUTORIDADES SUSTITUTAS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO RELACIONADAS CON ACUERDOS DOTATORIOS DE TIERRAS.-El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación mencionado, deroga la fracción XIII del artículo 27 constitucional, que establecía la facultad del presidente de la República, como suprema autoridad agraria, para dictar resolución en los expedientes relativos a las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas; asimismo, adiciona la fracción XIX del propio precepto constitucional para instituir tribunales encargados de la administración de justicia agraria, y dispone en su artículo tercero transitorio que los asuntos en trámite al entrar en vigor el decreto, relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, continuarán desahogándose por las autoridades agrarias competentes, y que en aquellos en los que no se haya dictado resolución al entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, los resuelvan en definitiva. Por su parte, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dispone en su artículo cuarto transitorio, que los asuntos anteriores se turnarán al Tribunal Superior Agrario para que a su vez turne a los Tribunales Unitarios Agrarios, según su competencia territorial, para que resuelvan los asuntos relativos a restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, o para que resuelvan los asuntos sobre ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas y creación de nuevos centros de población. Por tanto, a partir de la entrada en funciones del Tribunal Superior Agrario, a éste compete legalmente dejar sin efectos, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, los acuerdos presidenciales dotatorios de tierras a los ejidos, pues el dictado de tal ejecutoria necesariamente implica la no existencia de la resolución definitiva en los expedientes dotatorios respectivos."
Ahora bien, la materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el estudio y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, cuando las mismas ya han sido requeridas en los términos establecidos por los artículos 104, 105 y demás relativos de la Ley de Amparo, a fin de aplicar la sanción prevista por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, ello sin perjuicio de que se haga cumplir la ejecutoria de amparo conforme a lo preceptuado por los artículos 111 y 112 del ordenamiento secundario citado, y de que el artículo 113 del propio cuerpo legal exige que no se archive ningún juicio de amparo hasta que quede enteramente cumplida la sentencia que conceda la protección constitucional al agraviado, salvo que apareciera que ya no hay materia para la ejecución.
Por tanto, cuando la autoridad responsable en un juicio de garantías en que se concedió la protección constitucional al quejoso, en virtud de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación secundaria relativa, queda legalmente impedida para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por no corresponder ya al ámbito de su competencia constitucional y legal la ejecución de los actos de autoridad necesarios para el cumplimiento de tal ejecutoria, sino al ámbito de competencia de otra autoridad que no tuvo el carácter de responsable en el juicio de amparo, no se está en posibilidad de determinar en el incidente de inejecución de sentencia relativo sobre el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y la procedencia de la sanción prevista por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en virtud de que la autoridad que intervino como responsable en el juicio respecto de la cual se concedió el amparo, al estar impedida constitucional y legalmente para cumplimentar la ejecutoria de garantías, ya no tiene responsabilidad alguna, y por lo que toca a la autoridad a quien compete con motivo de las reformas constitucionales y legales el cumplimiento relativo, al no haber intervenido en el juicio, ni haber sido notificada de la existencia de la ejecutoria y requerida, en los términos previstos por la Ley de Amparo, para que le dé cumplimiento, tampoco puede resultar responsable de su incumplimiento.
La situación anterior se presenta en este asunto pues en virtud de las reformas constitucionales y legales examinadas en párrafos precedentes, el presidente de la República, autoridad responsable en el juicio de amparo en que se dictó la ejecutoria materia de este incidente, ha quedado impedido legalmente para darle cumplimiento, y el Tribunal Superior Agrario, a quien compete tal cumplimiento, no fue autoridad responsable en el juicio, ni existe constancia de que haya sido notificado de la ejecutoria y requerido para que le dé cumplimiento.
Debe precisarse en relación a las demás autoridades agrarias responsables respecto de las cuales se concedió el amparo a la quejosa María del Rosario Castañeda de Magaña, que si bien dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deben elaborar los estudios, dictámenes, etcétera, que procedan, y otorgar la garantía de audiencia a la citada quejosa, lo cierto es que para que pueda reponerse el procedimiento es menester dejar sin efectos la resolución presidencial que benefició al ejido "Profesor Graciano Sánchez" y realizar los trámites que por ley les corresponda,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/138-53e88648/tribunales-agrarios-son-autoridades-sustitutas-del-titular-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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