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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DEL REGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/92. · Registro digital (IUS): 144
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Cuarta Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, , Pág. 695.

CONTRADICCION DE TESIS 48/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-A fin de estar en aptitud de resolver la contradicción de tesis planteada, la cual, por cierto, fue denunciada por parte legítima, en términos de lo establecido por los dos primeros preceptos antes invocados, es preciso tener presentes los criterios sostenidos por los aludidos órganos colegiados que motivaron dicha denuncia, y que a continuación se transcriben:

El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, contenido en la resolución de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, dictada en el juicio de amparo directo número 294/92, promovido por el apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social, contra actos de la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo León, consistentes en el laudo pronunciado en el juicio laboral número 494/91, es el siguiente: "CUARTO.-Son infundados los conceptos de violación que anteceden, por las razones siguientes: El promovente del amparo, en síntesis, aduce que el laudo reclamado es violatorio de garantías porque condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a que aumente en un veinte por ciento la pensión jubilatoria de Héctor M. Carmona Cantú, Boney H. Collins Treviño, Rodolfo Posadas Maldonado y Félix G. Contreras Saldaña, más el pago de ciento veinte mil pesos mensuales para gastos de libros, revistas y material didáctico, con efectos retroactivos a partir del dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y uno, apoyándose para ello en el convenio de retabulación de sueldos de la rama médica, del tres de octubre de mil novecientos noventa, celebrado entre el instituto quejoso y el sindicato nacional de trabajadores del mismo, siendo que el artículo 24 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, establece que cuando se incrementen en forma general los salarios y prestaciones de los trabajadores en activo, también se aumentarán en las mismas fechas y en los mismos porcentajes o cantidades las jubilaciones y pensiones, y que como no se da dicha generalidad, pues solamente se retabuló el sueldo de la rama médica, se debió de declarar improcedente la acción intentada. Además, que el hecho de que también se hubiera retabulado la rama de enfermería que no quiere decir que se actualice tal supuesto. Como se ve, la controversia a dilucidar estriba en que se califique si es correcta o no la interpretación que hizo la Junta responsable del artículo 24 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la luz de ello, determinar si el laudo reclamado es o no violatorio de garantías. Para una mejor comprensión del tema, se transcribe el contenido de dicho numeral: '24. Las jubilaciones y pensiones, serán aumentadas en las mismas fechas y en los mismos porcentajes o cantidades en que por cualquier motivo se incrementen en forma general los salarios y prestaciones de los trabajadores en activo, en la forma y términos precisados en el artículo 5 del presente régimen'. Una recta interpretación de lo anterior, permite establecer que, aun y cuando se alude al incremento en forma general de los salarios y prestaciones de los trabajadores en activo, ello no se debe tratar de comprender en forma letrista, sino que debemos de buscar su concordancia con las demás disposiciones de ese régimen, al igual que las que forman el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores, correspondiente a los años de mil novecientos ochenta y nueve a mil novecientos noventa y uno, pues el artículo 29 del primer ordenamiento señala que el mismo forma parte integrante del contrato colectivo en cita, actividad que pone de relieve, en primer término, que la connotación '... por cualquier motivo ...', que precede al punto toral objeto de la interpretación, significa que los aumentos de salarios a que ahí se aluden pueden ser resultado de la revisión anual o bien de algún acuerdo previo de las partes, por lo que no existe impedimento para que la Junta responsable apoye su determinación en un convenio que no emana precisamente de una revisión anual. Ahora bien, si la medida que servirá para aumentar las jubilaciones y pensiones, en el incremento de los salarios y prestaciones de los trabajadores en activo, que surtirá efectos a partir de la misma fecha, entonces, contrariamente al parecer del apoderado jurídico del instituto quejoso, no tiene explicación lógica que un médico jubilado tenga que esperar que se aumenten los sueldos de choferes, laboratoristas, enfermeras, mecánicos, etcétera, pues esto de ninguna manera influirá en el monto de sus percepciones, cosa contraria sucede con los trabajadores de su misma rama más en activo, pues correrá la misma suerte de éstos. En cambio, aunque es discutible, si los incrementos de salario se hubieran limitado a la revisión anual del contrato colectivo, hipótesis en la que se revisarán todas y cada una de las diversas ramas de los trabajadores del instituto quejoso, pudiera ser que tuviera cabida la interpretación a que alude el promovente del amparo, pues entonces sí estaría latente la posibilidad de que se presentare un incremento en forma general de los salarios de los trabajadores en activo, aunque la pregunta que se antoja es la siguiente: ¿qué pasaría si alguna rama de trabajadores no percibe un incremento de sus salarios y prestaciones, qué acaso ya no se daría la 'generalidad'? Los detractores de dicha interpretación pudieran sostener que, al fin y al cabo los incrementos a las pensiones y jubilaciones se harán retroactivos a las fechas en que se hayan autorizado para los trabajadores activos, sin embargo, por razón de humanidad y justicia laboral, aunado a que es de todos conocido el incremento de la vida, no tendría ningún sentido práctico que los jubilados no pudieran disfrutar a tiempo de un derecho adquirido. Máxime, que como se dijo con antelación, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, forma parte integrante del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones entre dicho instituto y sus trabajadores y si la cláusula 135 de este último dice que los ahí contratantes al aplicar el contenido de ese documento, en caso de duda, se estará a lo más favorable al trabajador, por tanto, en atención a los motivos apuntados debe prevalecer la interpretación que la Junta responsable hizo del precitado artículo 24, pues ello se traduce en un incremento real y efectivo de los ingresos económicos de los pensionados y jubilados. Por último, no es trascendente el hecho de que la autoridad de trabajo también apoyara su decisión en la circunstancia de que la rama de enfermería también fue motivo de incremento en su salario, pues en todo caso, lo que verdaderamente importa es que los accionantes en la reclamación laboral son médicos jubilados que trabajaron para el Instituto Mexicano del Seguro Social y que si sus homólogos, más en activo, recibieron aumento de su sueldo y otras prestaciones, ellos también deben percibir dichos beneficios, de ahí que el laudo reclamado no viola garantía alguna, pues se ajusta al contenido del artículo 24 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que es procedente negar a dicho instituto el amparo solicitado".

Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al dictar la resolución de nueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos, en el juicio de amparo directo número 414/92, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su representante, contra actos de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, consistentes en el laudo pronunciado en el juicio laboral número 361/91, sostuvo el siguiente criterio: "TERCERO.-Lo que se alega en el segundo concepto de violación que se hace valer, se estima apto y suficiente para conducir al otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal instado. Como en él se afirma, del texto del artículo 24 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones relativo (foja 118), se desprende que las jubilaciones y pensiones serán aumentadas en las fechas y en los porcentajes o cantidades en que por cualquier motivo se incrementen en forma general los salarios y prestaciones de los trabajadores en activo; es decir, el derecho a percibir aumentos en las jubilaciones y pensiones se actualiza al existir un incremento general de los salarios y prestaciones de la totalidad de los trabajadores en activo; lo que, como bien se alega, normalmente acontece cuando conforme a lo previsto en el artículo 399 de la ley laboral, el contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones obrero patronales entre el organismo demandado y sus subordinados es revisado; hipótesis que no acontece en el caso particular de los actores, ya que se trata de trabajadores jubilados o pensionados que pertenecieron, al encontrarse en servicio activo, a una determinada rama de trabajo, llámese médica o administrativa y que por ello pretenden que se retabulen o cuantifiquen las jubilaciones o pensiones y demás prestaciones relativas de que gozan, en repercusión de los incrementos salariales surgidos por los convenios de retabulación que se citan, por la simple y sencilla razón de que trabajadores pertenecientes a las ramas de trabajo en que prestaron sus servicios, gozan de aumentos en sus salarios y otras prestaciones; sin embargo, es el caso de que del contenido de los artículos 24 y 25 del régimen prealudido, así como de los convenios ya mencionados, no se desprende la obligación de la institución de otorgar las prestaciones exigidas por los demandantes, por cuanto que es inconcuso que en los convenios de reestructuración de la rama médica y administrativa en que pretendieron fundar su derecho los actores (folios 36 al 80), entre otras cosas, se pone de relieve que el aumento a los salarios y prestaciones se pactó para trabajadores en activo pertenecientes a esas ramas, sin que en los mismos, se estipulara que de esos aumentos también gozarían trabajadores jubilados o pensionados; por tanto, lo anterior permite considerar, que las prerrogativas de que se trata, no repercuten en favor de los demandantes laborales, ya que en la fecha en que se suscribieron esos convenios, ellos habían reunido la calidad, unos de jubilados y otros de pensionados, según se desprende de la demanda laboral, entre otras actuaciones que integran el juicio laboral. En las relatadas condiciones, como de los convenios de que se trata, del contenido de los artículos 24 y 25 del régimen citado, así como de las demás constancias del procedimiento natural, no se contempla que la jubilación o pensión de que se trata, deba aumentarse en la forma pretendida por los actores, esto es, que deba incrementarse de acuerdo con aumentos de salario que se hagan a algunos de los trabajadores que pertenecen a la rama a la que los actores integraron cuando prestaron sus servicios hasta antes de ser jubilados o pensionados; por tanto, es evidente que la Junta del conocimiento al estimar que a los reclamantes les asiste derecho al pago de lo pretendido, porque la demandada no comprobó haber satisfecho esas exigencias, es claro que obró incorrectamente y con ello, violó en perjuicio del peticionario las garantías individuales de que se duele".

TERCERO.-En el presente caso sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados aludidos con anterioridad, habida cuenta de que los mismos son divergentes al tratar cuestiones jurídicas esencialmente iguales, como se verá enseguida.

De lo transcrito en el considerando inmediato anterior se advierte que las ejecutorias de amparo versaron sobre cuestiones idénticas, ya que en ambas se estableció la interpretación del artículo 24 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigente a partir del dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.

También se advierte de tal transcripción que la discrepancia de los criterios sostenidos por los mencionados órganos colegiados gira en torno a precisar el alcance de dicha disposición contractual, pues mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito estimó que la misma debía interpretarse en el sentido de que si se incrementaban los salarios o prestaciones de determinada rama de trabajadores en activo del referido instituto, se tendrían que aumentar las jubilaciones y pensiones de los trabajadores que habían pertenecido a esa rama; el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito consideró que la interpretación correcta de la repetida disposición era en el sentido de que este aumento, o sea, el de las jubilaciones y pensiones, sólo procedía cuando fueran incrementados los salarios o prestaciones de la totalidad de los trabajadores en activo, y no cuando este incremento repercutiera únicamente en una de las ramas de estos trabajadores.

Lo expuesto en los párrafos precedentes revela la existencia de la contradicción de tesis que se denuncia, ya que los Tribunales Colegiados de referencia, al abordar en sus sentencias problemas similares, sostuvieron criterios distintos respecto a ellos.

CUARTO.-Habiendo quedado configurada la aludida contradicción de tesis en los términos antes apuntados, procede determinar el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente:

En primer lugar, y con la finalidad de establecer la premisa que como argumento toral servirá para determinar el alcance del referido artículo 24 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, conviene tener presentes ciertas cuestiones relativas a los contratos colectivos de trabajo, y que a continuación se precisan:

Los mencionados contratos colectivos, de conformidad con el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo, tienen por objeto "establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos".

Las condiciones de trabajo que se establezcan en dichos contratos deben contener, por lo menos, las mismas prestaciones que otorga la citada legislación laboral en favor de los trabajadores, pues de ser inferiores éstas, esas condiciones de trabajo no producirían efecto legal alguno y serían sustituidas por las que estipula la legislación en comento, pues así lo dispone ésta en el primer párrafo de su artículo 3o. transitorio, que dice: "Los contratos de trabajo individuales o colectivos que establezcan derechos, beneficios y prerrogativas en favor de los trabajadores, inferiores a los que les concede esta ley no producirán en lo sucesivo efecto legal, entendiéndose sustituidas las cláusulas respectivas por las que establece esta ley".

Conforme al segundo párrafo del invocado artículo transitorio (que establece que: "Los contratos de trabajo individuales o colectivos o los convenios que establezcan derechos, beneficios o prerrogativas en favor de los trabajadores, superiores a los que esta ley les concede, continuarán surtiendo efectos."), si las condiciones de trabajo consignadas en los contratos colectivos contienen, en beneficio de los trabajadores, prestaciones superiores a las contempladas en el ordenamiento legal de referencia, tales condiciones, y no las de este cuerpo normativo, deben regir la relación laboral correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 63, que aparece publicada en las páginas sesenta y uno y siguiente de la Quinta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, cuya sinopsis es: "CONTRATOS, ESTIPULACIONES EN LOS. DEBEN APLICARSE SI SUS BENEFICIOS SON SUPERIORES A LOS QUE LA LEY CONCEDE.-Si la contratación supera lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo de 1970, misma que establece el mínimo de derechos de que goza todo trabajador, debe estimarse aplicable la disposición del contrato que supere ese nivel mínimo establecido por la legislación laboral, en los términos de lo dispuesto por su artículo 3o. transitorio, párrafo final.".

Como corolario de lo expuesto con antelación, debe decirse que las prestaciones acabadas de aludir, o sea, aquellas que superan a las establecidas en la ley laboral, consideradas como extralegales, porque no derivan de ésta sino del contrato colectivo de trabajo, y a las que se les ha llamado "conquistas obrero contractuales", son exigibles en los términos pactados por las partes, es decir, están sujetas a lo que en forma expresa se convino por éstas, precisamente por superar a las legales. Ilustra lo anterior, la tesis que puede consultarse en la página doscientos cuarenta y ocho de la compilación denominada "CUARTA SALA PRECEDENTES QUE NO HAN INTEGRADO JURISPRUDENCIA 1969-1986", que es del tenor siguiente: "FERROCARRILEROS. JUBILACION DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA.-Esta Cuarta Sala ha sostenido el criterio jurisprudencial de que la jubilación no es una obligación legal sino una conquista obrero contractual, que se rige exclusivamente por los términos que se hayan estipulado en el contrato colectivo de trabajo, sea que se trate de empleados de confianza o de trabajadores de planta, pues a los primeros, en todo caso, se les hace extensivo el beneficio de la jubilación pactado en favor de los segundos, de modo que, si en la contratación colectiva se estipula que las pensiones jubilatorias no podrán exceder de determinada cantidad, es claro que el trabajador de confianza que sea jubilado no tiene derecho a exigir más de lo expresamente pactado en el contrato, y en aquellos casos en que la empresa jubila a un trabajador de confianza otorgándole una pensión superior al máximo previsto en el contrato, ello debe considerarse como una concesión graciosa del patrón, sin que el trabajador tenga derecho alguno para exigir todavía más.".

Por otra parte, es preciso señalar que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente a partir del dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, forma parte del contrato colectivo de trabajo celebrado entre esta dependencia y el sindicato nacional de sus trabajadores, de acuerdo con el artículo 29 de aquel estatuto, que a la letra dice: "Artículo 29. El presente Régimen de Jubilaciones y Pensiones forma parte integrante del Contrato Colectivo de Trabajo y será revisado de acuerdo a lo pactado en la cláusula relativa del propio contrato".

Cabe mencionar, que el aludido régimen de jubilaciones y pensiones consigna en favor de los trabajadores del referido instituto prestaciones extralegales, esto es, que no derivan de la ley sino de la contratación colectiva, según se puede advertir de sus artículos 1o. y 3o., que textualmente rezan:

"Artículo 1o. El Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto es un estatuto que crea una protección más amplia y que complementa al plan de pensiones determinado por la Ley del Seguro Social, en los seguros de invalidez, vejez, edad avanzada y muerte y en el de riesgos de trabajo. Las jubilaciones o pensiones que se otorguen conforme al presente régimen comprenden, respecto de los trabajadores, su doble carácter de asegurado y de trabajador del instituto."

"Artículo 3o. El complemento a que se refiere el artículo 1o., estará constituido por la diferencia entre el alcance que corresponda conforme a la Ley del Seguro Social, considerando asignaciones familiares y/o ayudas asistenciales y el que otorga el presente régimen."

Finalmente, resulta pertinente transcribir el artículo 24 del repetido régimen de jubilaciones y pensiones, cuya interpretación dio origen a esta contradicción de tesis, el cual estipula lo siguiente: "Artículo 24. Las jubilaciones y pensiones, serán aumentadas en las mismas fechas y en los mismos porcentajes y cantidades en que por cualquier motivo se incrementen en forma general los salarios y prestaciones de los trabajadores en activo, en la forma y términos precisados en el artículo 5 del presente régimen".

Es oportuno agregar que la prestación contenida en el precepto antes transcrito, tuvo su origen en el citado contrato colectivo de trabajo, vigente en los años "87-89", pues el punto noveno de su cláusula 10a. transitoria disponía: "10a. Instituto y Sindicato, con el propósito de conservar en el tiempo el valor de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores con respecto a las percepciones netas de los trabajadores en activo de la misma categoría y años de servicio, convienen en lo siguiente: ... Noveno: La pensión o jubilación se incrementará en las mismas fechas y en los mismos porcentajes en que por cualquier motivo se incrementen en forma general los sueldos y prestaciones de los trabajadores en activo, en los términos que se pacten en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones".

Ahora bien, si el artículo 24 del citado régimen de jubilaciones y pensiones, que forma parte integrante del contrato colectivo de trabajo antes mencionado, concede en favor de los jubilados y pensionados una prestación extralegal -porque no deriva de la ley, sino de la contratación colectiva-, es incuestionable que dicha prestación es exigible en los términos pactados por las partes, es decir, está sujeta a lo expresamente convenido por éstas; en tal virtud, la disposición contractual de referencia, cuyo contenido es categórico y no deja duda sobre la intención de los contratantes, según se advierte de los términos claros que fueron empleados en su redacción, debe interpretarse de acuerdo al sentido literal de lo estipulado en la misma, o sea, que es necesario que se incrementen en forma general, por cualquier motivo, los salarios y prestaciones de los trabajadores en activo, esto es, de la totalidad de ellos, para que proceda el aumento de las jubilaciones y pensiones en los términos previstos en la repetida disposición contractual.

Fijar una interpretación de ese precepto distinta a la apuntada, con la intención de beneficiar a los jubilados y pensionados, no es justificable, aunque con ello pretendiera alcanzarse tan loable propósito, porque sería otorgarle un alcance que va más allá de la voluntad expresa y clara de las partes que le dieron origen, lo cual no es permitido, pues no debe perderse de vista que en los contratos la ley suprema es la voluntad de los contratantes, tal y como fue externada, que en el caso es fácilmente advertible de la simple lectura de dicho precepto, como ya se dijo anteriormente.

Cabe hacer notar, por último, que las jubilaciones y pensiones de que se ha venido hablando, además de ser aumentadas en los términos antes fijados, o sea, de acuerdo con la interpretación establecida líneas atrás, también son aumentadas periódicamente, pues así lo dispone el segundo párrafo de la cláusula 110 del contrato colectivo de trabajo aludido con antelación, que en lo que aquí interesa dice: "Cláusula 110. ... Las jubilaciones y pensiones otorgadas en los términos del régimen de jubilaciones y pensiones, se revisarán e incrementarán en el mes de enero de cada año, en base a la capacidad económica del instituto y con apoyo en los estudios económicos y actuariales que las partes realicen ...".

En ese orden de ideas, es de concluirse que debe prevalecer el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, ya que este tribunal sostuvo, al establecer la interpretación del precepto contractual de que se trata, que: "... el derecho a percibir aumentos en las jubilaciones y pensiones se actualiza al existir un incremento general de los salarios y prestaciones de la totalidad de los trabajadores en activo ...".

Lo razonado a lo largo de este considerando, da lugar a la siguiente tesis, que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, constituye jurisprudencia.

SEGURO SOCIAL. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DEL REGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL.-El artículo 24 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigente a partir del dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, que forma parte integrante del contrato colectivo de trabajo celebrado entre este organismo y el sindicato nacional de sus trabajadores, dispone lo siguiente: "Las jubilaciones y pensiones, serán aumentadas en las mismas fechas y en los mismos porcentajes y cantidades en que por cualquier motivo se incrementen en forma general los salarios y prestaciones de los trabajadores en activo, en la forma y términos precisados en el artículo 5 del presente régimen". Ahora bien, si la aludida disposición contractual concede en favor de los jubilados y pensionados del mencionado instituto una prestación extralegal -porque no deriva de la ley, sino de la contratación colectiva-, es incuestionable que dicha prestación es exigible en los términos pactados por las partes, es decir, está sujeta a lo expresamente convenido por éstas; en tal virtud, la disposición de referencia, cuyo contenido es categórico y no deja duda sobre la intención de los contratantes, según se advierte de los términos claros que fueron empleados en su redacción, debe interpretarse de acuerdo al sentido literal de lo estipulado en la misma, o sea, que es necesario que se incrementen en forma general, por cualquier motivo, los salarios y prestaciones de los trabajadores en activo, esto es, de la totalidad de ellos, para que proceda el aumento de las jubilaciones y pensiones en los términos previstos en la repetida disposición contractual.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 197-A de la ley de la materia, se resuelve:

UNICO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver el juicio de amparo directo número 414/92.

Notifíquese; remítase la tesis de jurisprudencia aprobada al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en esta contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta para su publicación; a su vez, remítanse testimonios de esta resolución a los órganos colegiados de los que derivó dicha contradicción y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros presidente Carlos García Vázquez, Felipe López Contreras, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte, lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue ponente el Ministro mencionado en último término.

Firman los Ministros integrantes de la Sala, con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/144-a242d27f/seguro-social-interpretacion-del-articulo-24-del-regimen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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