JURISPRUDENCIA QUE DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE APLICARLA PARA DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.
AMPARO DIRECTO 5821/2000. FLORENCIA ARELLANO ORDUÑA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. La parte quejosa en su demanda expresó los conceptos de violación que consideró necesarios.
SEXTO. Es importante hacer referencia a los antecedentes del asunto para su mejor comprensión, que se desprenden de lo expuesto por la parte quejosa y de las constancias que obran en el expediente.
A. Florencia Arellano Orduña, hoy quejosa, manifiesta que con fecha dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y cinco ingresó a trabajar para el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Con fecha veintitrés de junio de mil novecientos noventa y tres, la quejosa sustenta haber obtenido de su patrón un préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de un bien inmueble.
En cumplimiento a los artículos 78-A y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la citada institución de banca de desarrollo retiene del sueldo de la hoy quejosa el impuesto derivado de ingresos que obtiene por servicios del mencionado préstamo. A fojas 59 a 85 del expediente obran los comprobantes de los recibos de pago de la parte quejosa, de fechas, inclusive, del treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, de donde se advierte la retención del impuesto por ese concepto.
B. Con fecha trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, Florencia Arellano Orduña presentó consulta en la Administración Local Jurídica de Ingresos del Sur del Distrito Federal, con el objeto último de lograr que las autoridades fiscales determinen que no debe aplicarse en perjuicio de la contribuyente el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en atención a que, por un lado, considera que viola el artículo 31, fracción IV, constitucional, por gravar ingresos ficticios; por otro, porque conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte publicada en mil novecientos noventa y nueve, transgrede el principio de legalidad tributaria.
El seis de enero de dos mil la consulta fue resuelta por el administrador de la citada dependencia, quien resolvió no admitir la interpretación formulada por el particular, estimando, en esencia, que el legislador fue claro en establecer la obligación a cargo de los patrones de retener el impuesto de mérito por concepto de ingresos en servicios por préstamos obtenidos por sus trabajadores que presten un servicio personal subordinado.
Dicha resolución constituye el acto objeto del juicio de nulidad 2820/00-11-05-1 del que emana la sentencia reclamada.
La Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación declaró la validez de la resolución impugnada, al estimar, en esencia, que:
1) Se encuentra acreditado que la parte quejosa obtuvo de su patrón, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., un préstamo por cierta cantidad, por lo que en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los ingresos en servicios respectivos deben acumularse a los que normalmente obtiene por concepto de salario.
2) La Sala está impedida para pronunciarse sobre los planteamientos de inconstitucionalidad formulados por la quejosa "ya que la facultad de analizar argumentos en los que se hacen valer aspectos de inconstitucionalidad de leyes, corresponde a los tribunales del Poder Judicial de la Federación ... y, en segundo lugar, es preciso señalar que en el presente caso no se está controvirtiendo un crédito fiscal en materia de impuesto sobre la renta, sino lo que se encuentra a debate es un acto administrativo que resuelve una consulta planteada por la hoy accionante.".
En su primer concepto de violación, la parte quejosa aduce que la sentencia reclamada transgrede el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, porque la Sala no examinó el planteamiento de nulidad referente a que no está formulando una cuestión de constitucionalidad de leyes, sino de ilegalidad de la resolución combatida, aun cuando haya hecho referencia a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, AL REMITIR A LOS CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES) PARA CALCULAR UN COMPONENTE DE LA BASE DEL TRIBUTO.".
Es infundado que la Sala no se haya pronunciado sobre dicha cuestión, ya que en la parte final de la sentencia reclamada consideró que a su juicio la propuesta de la actora expresada en sus conceptos de nulidad es una cuestión de constitucionalidad de leyes; por tanto, independientemente de que dicha consideración haya sido correcta o no (cuestión que será analizada más adelante), lo cierto es que la Sala responsable no transgredió el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que únicamente la obliga a emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos planteados en la demanda de nulidad.
En su segundo concepto de violación, la demandante aduce que la Sala responsable no se percató de la litis planteada, ya que debió analizar los conceptos de nulidad consistentes en que el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta no debe aplicarse en razón de que es inequitativo y desproporcional por aplicar "al importe de préstamos obtenidos, una tasa equivalente a la diferencia entre la tasa pactada por dichos préstamos obtenidos y la tasa promedio diaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación", por lo que el fallo no se encuentra debidamente fundado y motivado.
Es infundado que la Sala responsable haya tenido que analizar si el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta es inequitativo y desproporcional, ya que un procedimiento de esa naturaleza se encuentra fuera de su competencia, porque es un planteamiento en materia de constitucionalidad de leyes, en virtud de que en él se trata de demostrar que dicho precepto es contrario al texto del artículo 31, fracción IV, constitucional, cuestión de la que sólo pueden conocer los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en términos de los artículos 103 y 107 constitucionales, en relación con el sistema competencial previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley de Amparo.
En su tercer y cuarto conceptos de violación, la impetrante de amparo manifiesta que, contrariamente a lo estimado por la Sala responsable, su planteamiento de nulidad referente a la aplicación o no del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta "es de legalidad y no de constitucionalidad", máxime que las Salas deben acatar las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y un criterio de esta naturaleza no "es otra cosa más que la interpretación reiterada y obligatoria de la ley", conforme a lo previsto en los artículos 16 y 94 constitucionales, 192 y 193 de la Ley de Amparo.
La quejosa sostiene, en esencia, que la Sala se encontraba obligada a aplicar la jurisprudencia de inconstitucionalidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Es decir, la promovente aduce que si la propia ley obliga a la Sala a aplicar la jurisprudencia de inconstitucionalidad debió haberlo hecho, sin que ello implique un juicio en materia de constitucionalidad de leyes, sino la mera observancia del artículo 192 de la Ley de Amparo.
Antes de analizar si la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede aplicar una jurisprudencia de inconstitucionalidad de leyes con todos los efectos que ello conlleva, examinaremos si un criterio de ese tipo es una norma jurídica autónoma.
El problema de determinar si la jurisprudencia es o no una norma general, es una cuestión que ya fue resuelta por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que las opiniones y criterios aislados o jurisprudenciales anteriores, contrarios a tal decisión, son intrascendentes para la resolución del presente asunto.
Como regla general, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la interpretación o integración de una o varias normas de nuestro ordenamiento jurídico que le da sentido válido a las disposiciones respectivas, fundiéndose con la actuación del legislador, formando una unidad.
El derecho que nace de la labor de nuestro Tribunal Constitucional no nace ex novo, es un derecho que nace a partir del derecho, a partir de un orden jurídico que le es previo, sin que por ello se niegue la labor creativa de los órganos jurisdiccionales al interpretar el ordenamiento jurídico.
La jurisprudencia de inconstitucionalidad de leyes significa la interpretación de la norma derivada y del Texto Básico más el elemento lógico que lleva al Tribunal Máximo a determinar la contradicción de la primera con la segunda. No hay, por tanto, una resolución o declaración emanada de la Suprema Corte autónoma, que se sitúe por encima de la ley condicionando su eficacia, lo cual es más claro en nuestro orden jurídico constitucional, en razón al principio de relatividad de las sentencias de amparo que impide la expulsión o derogación, erga omnes, de una ley declarada inconstitucional.
Al resolver la contradicción de tesis 5/97, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la jurisprudencia no es una norma general, estableciendo la siguiente tesis obligatoria para este tribunal:
"JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta 'conformación o integración judicial' no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional."
En la ejecutoria correspondiente nuestro Tribunal Constitucional determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:
"Como puede concluirse, la jurisprudencia que emite el Poder Judicial de la Federación se encuentra limitada por la propia ley y su integración debe ser coherente con la misma.
"La jurisprudencia no es una norma general, toda vez que en cuanto a su contenido, forma de creación y aplicación, se encuentra limitada por la ley, y sólo la podrán aplicar los órganos jurisdiccionales a casos concretos y de manera excepcional.
"...
"a) La jurisprudencia no crea una norma nueva, sólo interpreta la existente.
"b) La jurisprudencia obliga al momento de resolver la controversia, no obstante que al momento de realizarse los hechos del caso concreto exista otro criterio.
"c) La jurisprudencia, por ser interpretación de la ley, no puede dar lugar a la aplicación retroactiva de ésta.
"...
"Como corolario de todo lo anterior, se pueden establecer de manera precisa las diferencias entre jurisprudencia y ley:
"a) La jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales, y la ley del órgano legislativo.
"b) La jurisprudencia no es una norma general, ya que sólo se aplica a los casos particulares mediante la vía del proceso.
"c) La jurisprudencia sólo es obligatoria respecto de los órganos jurisdiccionales que deben aplicarla.
"d) La jurisprudencia es la interpretación que los tribunales hacen de la ley.
"La Primera Sala de este Alto Tribunal sostuvo en las dos tesis que adelante se invocan, que la jurisprudencia no es ley, sino interpretación de la ley:
"'JURISPRUDENCIA, NO ES LEY SINO INTERPRETACIÓN DE LA LEY. La jurisprudencia no es ley en sentido estricto, sino que constituye la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia desde el punto de vista gramatical, lógico e histórico al través de cinco decisiones ininterrumpidas y pronunciadas en casos concretos con relación a sujetos de derecho determinados, integrada así la nueva jurisprudencia; pero si razonamientos posteriores sustentan otro nuevo criterio de interpretación de la ley, descartan la anterior jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 194 de la Ley de Amparo, ello no implica retroactividad de nueva jurisprudencia y por lo tanto no conculca garantías.'
"(Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo LII, Segunda Parte, Primera Sala, página 53).
"'JURISPRUDENCIA. La jurisprudencia no es una ley, sino la interpretación de ella, judicialmente adoptada.'
"(Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo XLIX, Segunda Parte, Primera Sala, página 60).
"e) La ley es estática, requiere de su modificación o derogación mediante el proceso legislativo. La jurisprudencia es dinámica, ya que puede cambiar la interpretación respecto de una misma ley con determinados requisitos, pero sin las formalidades que la propia ley requiere.
"f) La jurisprudencia encuentra sustento en decisiones jurisdiccionales que han sido dictadas en casos específicos anteriores, la ley no, ya que es única y rige para el futuro.
"g) La interpretación e integración que realiza el Juez tiene su apoyo en la propia ley (artículo 14 constitucional, último párrafo).
"h) La creación de normas individuales para colmar las lagunas de la ley mediante principios generales de derecho, es un caso de excepción previsto en el referido artículo 14 constitucional y, por tanto, la labor del órgano jurisdiccional se encuentra constreñida en la mayoría de los casos al derecho positivo.
"...
"En efecto, la jurisprudencia no es ley en sentido formal, ya que no nace del órgano legislativo.
"La jurisprudencia no es una norma general, ya que se aplica a los casos particulares mediante la vía del proceso.
"La obligatoriedad de la jurisprudencia es limitada, toda vez que sólo tienen la obligación de acatarla los órganos jurisdiccionales a quienes corresponde aplicarla.
"La jurisprudencia es la interpretación que los tribunales hacen de la ley.
"La integración de la ley se encuentra limitada por la norma constitucional, por tanto, la jurisprudencia en cuanto a su contenido, forma de creación y aplicación, también se encuentra restringida por la propia ley.
"Por tales motivos la jurisprudencia no puede transgredir el contenido de la garantía de irretroactividad previsto en el artículo 14 constitucional, ya que la jurisprudencia no constituye legislación: sigue a la legislación, fija en la mayoría de los casos el contenido de una ley y, en casos excepcionales, la integra; y esta integración tiene que ser conforme a la voluntad del legislador ..."
Una vez establecido lo anterior, lo que procede es analizar si la Sala puede aplicar una jurisprudencia de inconstitucionalidad de leyes emitida por la Suprema Corte, subrayando que el efecto que produciría dicha aplicación se traduce en la inobservancia del precepto materia de la jurisprudencia por el órgano jurisdiccional administrativo, en tanto que una declaratoria de nulidad del acto en donde se aplicó el dispositivo legal, por motivo de la existencia y aplicación de un criterio de esa índole, produce, en este caso específico, finalmente, que se declare nulo el acto que confirma la obligación del promovente de pagar el impuesto previsto en el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cual tiene como consecuencia última que la Sala Fiscal no atienda la voluntad del legislador plasmada en dicho numeral de "que se pague dicho tributo", y constriña a la autoridad administrativa a que tampoco lo haga.
Por tanto, este órgano colegiado debe resolver si el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está facultado: 1) para declarar la nulidad de un acto por el motivo de fundarse en una ley declarada inconstitucional mediante jurisprudencia de la Suprema Corte y, consiguientemente, 2) para inobservar y constreñir a la demandada a que no haga efectiva la obligación establecida en el precepto objeto de dicha declaratoria, es decir, para desatender la voluntad del legislador.
La competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es limitada, ya que se circunscribe al control de legalidad de los actos administrativos enunciados en el artículo 11 de su ley orgánica, es decir, tiene competencia para verificar si un acto se encuentra dentro de los parámetros de la ley o leyes que lo regulan, si bien ello finalmente incide en la salvaguarda del principio constitucional previsto en el artículo 16 de nuestra Norma Fundamental.
La jurisdicción de la Sala no comprende la emisión de un juicio sobre la compatibilidad de una ley con la Constitución, lo cual equivale a decir que, si bien lógicamente dicho órgano jurisdiccional se encuentra vinculado tanto por la Constitución como por las normas legales y, por ende, puede aplicar directamente la Constitución, no puede decidir si la actuación del Poder Legislativo se apega al Ordenamiento Fundamental, ya que el propio Constituyente reservó esa actividad por su trascendencia al Poder Judicial de la Federación, según se desprende del artículo 103 del Texto Básico, en relación con la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El sistema constitucional de competencias, fundado en el principio de división de poderes, no prevé como atribución del Poder Ejecutivo, en este caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el control constitucional de las leyes que, a juicio de este órgano colegiado, comprende no sólo la actividad de enjuiciar la función legislativa a través de la interpretación de la norma secundaria y del Texto Básico, sino también la propia actividad de rechazo o inaplicación de la ley en el caso concreto (que, como ya vimos, es el efecto que produce la aplicación de la jurisprudencia de inconstitucionalidad referida), por un lado, porque dicho tribunal administrativo, dada su naturaleza jurídica, aunque materialmente jurisdiccional, únicamente está facultado para ejercer un control de legalidad de la actuación del propio Poder Ejecutivo, como una competencia delegada a dicho tribunal de autocorrección de sus actos; por otro lado, porque no fue voluntad del Constituyente relativizar la observancia de la ley al grado que cualquier autoridad jurisdiccional esté en posibilidad de inaplicarla, según es posible advertir del sistema de control constitucional de leyes de tipo concentrado (aunque con rasgos de control difuso, porque todos los órganos formalmente jurisdiccionales del Poder Judicial Federal pueden ejercerlo) que dicho Poder Originario previó, con autoridad del soberano, en la Norma Suprema de nuestro país.
Es necesario subrayar que la promovente, desde la consulta que elevó y los conceptos de nulidad que propuso en su demanda, pretende entrar en el ámbito de protección que implica la jurisprudencia de inconstitucionalidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aunque a través de la impugnación de la sentencia de un tribunal administrativo en la que, a su vez, controvierte la legalidad de una resolución de consulta.
La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de leyes, constituye un criterio conformado por razonamientos lógico-jurídicos que concluyen que una norma jurídica (reglamento, ley o tratado internacional) es contraria a ciertos principios constitucionales. Empero, a pesar de la obligatoriedad del criterio en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, no trae como efecto la expulsión de una norma de nuestro ordenamiento jurídico, en virtud del principio de relatividad de la sentencias de amparo previsto en el artículo 107, fracción II, del Texto Básico, es decir, no tiene la virtud o fuerza de derogarla, porque la inconstitucionalidad que declara no es erga omnes.
La Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tendría la obligación de aplicar la jurisprudencia de inconstitucionalidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, si tuviera facultades para resolver una cuestión de constitucionalidad de leyes, esto es, si el Constituyente le hubiera otorgado facultades para enjuiciar y dejar sin efectos la actividad del Poder Legislativo, lo cual únicamente puede realizar un Juez Federal investido como juzgador constitucional.
Ahora bien, es cierto que la Sala no tendría en este caso, por carecer además de competencia originaria para ello, que emitir un juicio sobre la afinidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta con la Norma Fundamental, tomando en cuenta que ello ya fue realizado por la Suprema Corte en las sentencias cuyas tesis integraron la jurisprudencia; sin embargo, en virtud del principio de relatividad de las sentencias de amparo, como norma que también obliga a la Sala Fiscal directamente y con mayor fuerza que una norma legal, concretamente el artículo 192 de la Ley de Amparo (por razón de su fuente de origen), por estar contemplado de manera expresa en el artículo 107, fracción II, de la Constitución, la Sala se encuentra impedida para no atender la voluntad del legislador prevista en el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se encuentra vigente y obliga al promovente, tomando en consideración que la protección que involucra la declaración de inconstitucionalidad de tal numeral, por virtud del mencionado principio, no alcanzó su esfera jurídica.
Esto es así porque no fue voluntad del Constituyente, según se desprende del alcance limitativo del artículo 103 del Ordenamiento Supremo, que la sentencia de un órgano jurisdiccional del Poder Ejecutivo deje sin efectos un acto del Poder Legislativo, concretamente, una ley federal, porque tal facultad se la otorgó privativamente a los tribunales federales del Poder Judicial, según se desprende de dicho numeral, relacionado con las previsiones competenciales previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En otras palabras, es verdad que el artículo 192 de la Ley de Amparo obliga a la Sala Fiscal a aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tal obligatoriedad debe entenderse en su respectivo ámbito de competencia, en virtud de que el criterio obligatorio de inconstitucionalidad no produjo la derogación, con efectos generales, del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, por ende, para el promovente continúa siendo aplicable, en atención a que no fue uno de los agraviados en los juicios de amparo en que se emitió el criterio que integró la jurisprudencia que hubiera resultado beneficiado con alguna de las sentencias en que se sustentó la tesis relativa.
En este contexto, parece existir un conflicto de aplicación de normas de la misma jerarquía, concretamente entre el artículo 192 de la Ley de Amparo y el 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta; sin embargo, como enseguida se expondrá, no hay tal.
Es verdad que ambas leyes obligan a la Sala, sobre todo porque el artículo de la ley tributaria, como ya quedó expuesto, continúa estando en vigor.
A juicio de este tribunal, la Sala responsable tiene la obligación de aplicar el artículo 78-A mencionado, porque el supuesto previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo no se cumple en la especie. Es decir, la Sala tendría que observar lo dispuesto en este último numeral si tuviera competencia para aplicar la jurisprudencia de inconstitucionalidad y, por ende, le fuera obligatoria, lo cual acontecería si tuviera competencia para enjuiciar la función legislativa y, en su caso, dejarla sin efectos en el caso concreto, es decir, para resolver un asunto de constitucionalidad de leyes.
En este caso, la Sala no tiene por qué aplicar el numeral de la Ley de Amparo, dado que no existe un criterio obligatorio que, dentro de su jurisdicción y competencia, la vincule.
Ahora bien, es cierto que ocurre un traslado de los vicios de inconstitucionalidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta destacados por la Suprema Corte al acto en que se aplica, en este caso, a la resolución de consulta impugnada; sin embargo, la Sala está imposibilitada para declarar la nulidad de dicho acto por vicios propios de la ley, porque ello equivaldría a la inaplicación de un precepto legal vigente que obliga tanto a dicho órgano jurisdiccional como al contribuyente y a la autoridad fiscal respectiva.
La tesis de jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, atendiendo la naturaleza jurídica de la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico, contiene el elemento lógico que el Supremo Tribunal tomó en consideración para concluir que el citado numeral contraviene principios constitucionales.
Por tanto, la aplicación de la tesis jurisprudencial en la sentencia de nulidad traslada la declaratoria de inconstitucionalidad al caso concreto y, en este supuesto, la nulidad del acto administrativo impugnado tendría su fundamento en los vicios intrínsecos de la ley aplicada (artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta) y no en vicios de legalidad, como sería la correcta o inexacta aplicación de dicha disposición.
Entonces, conforme a lo ya dicho, la Sala responsable, de propia autoridad, no estaba obligada a aplicar la jurisprudencia de inconstitucionalidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tomando en cuenta que ello provocaría dejar sin efectos la voluntad del legislador vigente y obligatoria y, en consecuencia, rebasar su competencia legal prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica del hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que no dispone a su cargo tal facultad por ser exclusiva de los tribunales federales del Poder Judicial, según se desprende del artículo 103 constitucional, en relación con la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de transgredir directamente la fracción II del artículo 107 constitucional.
Finalmente, es importante subrayar que la aplicación de una jurisprudencia de inconstitucionalidad de leyes por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa rompe con el sistema de control constitucional previsto en la Norma Suprema y, dentro de éste, con las reglas de impugnación de leyes, porque la aplicación de una jurisprudencia de ese tipo requiere el análisis previo de procedencia de la impugnación de la ley respectiva, según lo ha interpretado la propia Suprema Corte en una jurisprudencia que posteriormente transcribiremos, y dicha cuestión de procedibilidad no podría analizarse por el tribunal administrativo, en atención a que el estudio de tal aspecto ya forma parte de la facultad exclusiva de los tribunales del Poder Judicial Federal.
De este modo, una negativa de amparo en contra de la ley, mediante sentencia firme (cosa juzgada), o el consentimiento de la ley, previo al juicio de nulidad, podrían ser inobservados por el tribunal administrativo con la aplicación de la jurisprudencia de inconstitucionalidad de leyes en favor del actor (que perdió el amparo en contra de la ley o la consintió), ya que dicha aplicación, como ya vimos, produce como efecto, finalmente, la inaplicación de la norma derivada, que es una consecuencia exclusiva de la sentencia de amparo pronunciada por un juzgador investido como Juez constitucional.
En efecto, a través de la consulta planteada por el gobernado (en el sentido de si le es aplicable un precepto legal que ha sido declarado inconstitucional, que previamente consintió) y su solicitud posterior a la Sala para que aplique la jurisprudencia respectiva (aduciendo que ello es una mera cuestión de legalidad), éste pretende entrar en el beneficio que irroga un amparo contra leyes, burlando el sistema de impugnación previsto para ello.
En resumen:
La jurisprudencia de inconstitucionalidad de leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contiene la interpretación o integración de la norma secundaria confrontada con el Texto Básico, y la determinación del alcance de la propia Norma Constitucional respectiva, que tras dicha actividad definidora adquieren su sentido jurídico, fundiéndose con la actuación del creador de la norma para formar la unidad vinculante en el orden jurídico. Sin negar la labor creativa del intérprete supremo cuando desarrolla dicha actividad, dado el elemento lógico que aporta para exponer la contradicción concluida, no es posible afirmar que el criterio que surge dé nacimiento a una norma autónoma que se sitúe por encima de la norma derivada condicionando su eficacia, tomando en cuenta que un criterio de ese carácter, en nuestro particular sistema jurídico, solamente produce como efecto la inaplicación de la ley en el caso concreto, evitando posteriores aplicaciones en único beneficio del amparado, retrotrayendo las cosas hasta antes de la violación perpetrada, sin derogar la norma derivada con efectos generales. Bajo esa premisa, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede aplicar una jurisprudencia de inconstitucionalidad de leyes para fundar la declaratoria de nulidad del acto combatido, dado que ello produce como efecto la inobservancia del precepto declarado inconstitucional, porque la nulidad del acto de individualización o subsunción de la norma con base en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16905-6cb783f0/jurisprudencia-que-determina-la-inconstitucionalidad-de-leyes-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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