PODERES. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER, CUANDO LOS OTORGAN LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SUS APODERADOS.
AMPARO DIRECTO 481/2000. MARÍA INÉS LÓPEZ ARROYO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa por conducto de su apoderado.
Expresa la peticionaria de garantías que la sentencia recurrida es violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la Sala realizó una indebida interpretación de los artículos 1o., 6o., 9o., 24 y 90 de la Ley de Instituciones de Crédito; 1o., 3o., 4o. y 12 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 35 y 62 de la Ley del Notariado del Distrito Federal, porque el poder con el que compareció a juicio el apoderado de la parte actora es nulo porque fue celebrado violando normas de interés público, porque la designación o el nombramiento de los apoderados que posteriormente otorgaron el poder, no fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda vez que el notario público que protocolizó el mandato relativo, no se cercioró que el nombramiento de los apoderados hubiere sido aprobado por dicha institución.
Ahora bien, resulta infundado lo expuesto por los quejosos en el sentido de que no se acreditó en autos la personalidad del licenciado Saúl Estrada Balaguer, para promover en nombre de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, la demanda en su contra.
Contrario a lo expuesto por la quejosa, en los poderes que originalmente otorgue una institución bancaria, el testimonio respectivo debe contener, entre otros requisitos, la transcripción de los documentos concernientes a la existencia legal de la misma, así como las cláusulas que demuestren que el otorgante del poder se encuentra facultado por el órgano que tiene competencia para ello para representar a la institución y además, que justifique el carácter con que lo otorga y que tiene facultades expresas para sustituir total o parcialmente el poder conferido, lo que en el presente asunto aconteció, pues se demostró que los licenciados Gonzalo García Velasco y Enrique Lira y Montes de Oca, tienen facultades por parte de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, para otorgar al citado profesionista, poder general para pleitos y cobranzas.
En efecto, de acuerdo a las constancias existentes en el juicio ordinario mercantil número 1594/98, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, residente en esta ciudad, se advierte que los licenciados Gonzalo García Velasco y Enrique Lira y Montes de Oca, se encontraban legitimados para otorgar la representación de la entonces actora, pues de acuerdo a lo previsto por los artículos 2473 del Código Civil del Estado, y su similar numeral 2560 del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, es menester que el mandatario que confiera a otro un poder, así como la atribución de sustituirlo, se encuentre facultado de manera expresa por el mandante para otorgarles a terceros, poderes generales para pleitos y cobranzas, así como la atribución de sustituirlo y como en el caso fue así, resulta indiscutible que el licenciado Saúl Estrada Balaguer, quien se ostenta como apoderado de la actora, en virtud del poder controvertido, tiene personalidad para promover el juicio ordinario mercantil contra la ahora quejosa.
Resulta aplicable al anterior razonamiento, la ejecutoria sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 396, Tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988 del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo tenor literal es el siguiente:
"PODERES. SU SUSTITUCIÓN SÓLO PUEDE HACERSE TENIENDO FACULTADES EXPRESAS PARA ELLO.-Tanto en el caso de los poderes que se otorgan entre personas físicas, como en el caso las facultades de los apoderados o gerentes de las personas morales, es requisito esencial para que pueda hacerse una sustitución de facultades para actuar en nombre de la persona representada, ya sea física o moral, que quien haga esa sustitución de facultades, esté autorizado en forma expresa por quien otorga el mandato o la representación. Así se desprende de lo dispuesto tanto por el Código Civil del Distrito Federal, aplicable en toda la República en asuntos de naturaleza federal, como de diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. No puede desconocerse que el mandato es un acto jurídico contractual que concede a una persona el mandatario facultades para actuar en representación y por cuenta del mandante y así se desprende del texto del artículo 2546 del mencionado Código Civil, sin que exista limitación en la ley para que las facultades que implica el mandato, se otorguen a personas físicas o morales, pero el dispositivo mencionado deja ver terminantemente que la única persona facultada para representar al mandante, es aquella a quien expresamente se designa, es decir, ese dispositivo legal no admite otra interpretación más que aquella que considera al mandatario o apoderado como una persona individualmente determinada y tal interpretación se corrobora y robustece con lo dispuesto en el artículo 2574 de la misma codificación civil, que establece que el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato, si para ello tiene facultades expresas. Por otra parte, de las facultades de un gerente, apoderado o representante legal de cualquier tipo, de una persona moral, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, no derivan automáticamente facultades para transmitir la representación a un tercero, por el hecho de que el apoderado o representante legal, posea un cargo de administración o tenga facultades de representante frente a terceros. Un gerente, apoderado, representante legal o delegado de cualquier clase de persona moral, requiere conforme a la ley, facultades expresas para transmitir a terceros esas facultades de representante, a fin que esos terceros puedan actuar a su vez como representantes de lo estudiado por los artículos 146, 147 y 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles."
El anterior criterio es compartido por este cuerpo colegiado.
Cabe precisar que el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, en su segundo párrafo textualmente indica: "Los poderes que otorguen las instituciones de crédito no requerirán otras inserciones que las relativas al acuerdo del consejo de administración o del consejo directivo, según corresponda, que haya autorizado su otorgamiento, a las facultades que en los estatutos sociales o en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos orgánicos se concedan al mismo consejo y a la comprobación del nombramiento de los consejeros.".
Ahora bien, de la interpretación de la parte relativa del transcrito precepto legal se infiere que únicamente deben reunirse dichos requisitos cuando se trate del primer poder o poder originario que dichas instituciones otorguen directamente y que los segundos o ulteriores poderes que se otorguen, ya no por la institución de crédito (persona moral), sino por la persona física (primer apoderado), en su representación sí deben reunir los requisitos a que se refiere el diverso artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal, es decir, en estos últimos poderes, además de dichos requisitos (los previstos en el artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal), deben aparecer las facultades del poderdante para transmitir tales poderes, o sea, los antecedentes que contengan las facultades del poder que está otorgando, pues sólo así puede determinarse si el último apoderado representa o no legalmente a dicha institución de crédito; por ello, si en el caso a estudio se demostró que a los licenciados Gonzalo García Velasco y Enrique Lira y Montes de Oca, se les concedió expresamente por el consejo de administración o del consejo directivo del banco actor la facultad de encomendar a un tercero el desempeño del mandato; y del poder exhibido con la demanda presentada por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, se advierte que el notario hizo constar que el licenciado Roberto Hernández Ramírez, presidente del consejo de administración de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, otorgó a los licenciados Gonzalo García Velasco y a Enrique Lira y Montes de Oca, poder general para pleitos y cobranzas, pues así se advierte de la copia fotostática certificada de la escritura pública número 30,421, que la parte actora en el juicio natural exhibió con su demanda, que es del tenor literal siguiente: "... (g) Poder para otorgar cualquiera de las facultades antes concedidas ‘y para sustituirlas, conservando su ejercicio’; con la limitación de que los ‘apoderados que ellos designen no contarán con la facultad de otorgamiento y sustitución’ ...".
Indica la quejosa que en el caso a estudio, no se comprobó con los testimonios notariales que el nombramiento de los apoderados que posteriormente otorgaron el poder hubiera sido aprobado por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Son infundados tales argumentos, toda vez que el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito establece, en el párrafo segundo, que los poderes que otorguen las instituciones de crédito no requieren otras inserciones que las relativas al acuerdo del consejo de administración o del consejo directivo, según corresponda, que haya autorizado su otorgamiento, a las facultades que en los estatutos sociales o en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos orgánicos se concedan al mismo consejo y a la comprobación del nombramiento de los consejeros; requisitos que se cumplieron en el presente asunto, según se desprende del poder, por lo que al haberse autorizado expresamente mediante asamblea al órgano colegiado para otorgar y sustituir poderes, resulta obvio que los mandatarios facultados con tal fin, pueden hacer uso de la facultad conferida.
Debe decirse que dadas las múltiples actividades que desarrolla una institución de crédito, las cuales no es posible comprobar por una sola persona o por un grupo de personas, el legislador ha previsto que dichas instituciones tengan necesidad de otorgar un sinnúmero de poderes y, por tanto, ha establecido, tanto para proteger a las propias instituciones como a las personas que contraten con ellas, que sólo en el primer poder que aquéllas otorguen directamente, se inserten los requisitos a que alude el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito y, posteriormente, el o los apoderados, con las facultades contenidas en la escritura relativa o en los estatutos de la propia institución, puedan encomendar a un tercero el desempeño del mandato, en términos de lo dispuesto por el artículo 2574 del Código Civil Federal, con la circunstancia de que en este último, ya no se hace necesaria la inserción de tales requisitos, al no existir la causa que les dio origen; en el caso a estudio, debe decirse que la actuación del licenciado Saúl Estrada Balaguer, se encuentra apegada a derecho, pues el documento con el que compareció a juicio, cumple con las exigencias de la ley, ya que en el mismo se observa que al licenciado Saúl Estrada Balaguer, es decir, quien promovió el juicio como apoderado legal del consejo de administración de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, le confirieron poder quienes estaban facultados para sustituirlo, o sea, los licenciados Gonzalo García Velasco y Enrique Lira y Montes de Oca y que el consejo de administración, representado por su presidente el que designó, entre otros, a los citados profesionistas como apoderados de la institución de crédito poderdante, para representarla y otorgar poderes, consejo que actuó dentro de las facultades conferidas por los estatutos de su representada, por cuyos motivos carece de relevancia jurídica que el consejo de administración del banco no haya otorgado poder al licenciado Saúl Estrada Balaguer, pues el notario público que elaboró el instrumento realizó una relación clara de los datos relativos, desde su creación y, por lo tanto, es inconcuso que con todos los antecedentes que contiene el poder exhibido en el juicio natural por la parte actora, se satisface el requisito del artículo 2574, del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, que establece que el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresas para ello, de ahí que la falta de los requisitos a los que aluden los quejosos en relación con el presente tema, no es suficiente para declarar la falta de personalidad cuestionada.
Además, cabe precisar que en el caso a estudio el presidente del consejo de administración del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, con facultades otorgadas por el propio consejo, sí estaba autorizado para en nombre y representación del banco conceder poder a los licenciados Gonzalo García Velasco y a Enrique Lira y Montes de Oca, éstos a su vez para sustituir el mismo a favor del licenciado Saúl Estrada Balaguer, según se desprende del contenido de las cláusulas respectivas de la escritura pública número 30,421, que son del tenor literal siguiente:
"... El señor licenciado Roberto Hernández Ramírez, presidente del consejo de administración de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, en cumplimiento del acuerdo tomado en la sesión de consejo, celebrada el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, cuya acta en este instrumento se protocoliza, formaliza, otorga y ratifica los acuerdos tomados, en especial: A) Los poderes otorgados a los señores contador público José G. Aguilera Medrano, Alejandro Betancourt Alpirez, y a los licenciados Gonzalo García Velasco ... los cuales ostentarán los que a título enunciativo se detallan a continuación: (a) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554), dos mil quinientos ochenta y dos (2582), dos mil quinientos ochenta y siete (2587) y dos mil quinientos novena y tres (2593) del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, las siguientes facultades: ... (g) Poder para otorgar cualquiera de las facultades antes concedidas y para sustituirlas, conservando su ejercicio; con la limitación de que los apoderados que designen no contarán con la facultad de otorgamiento y sustitución ..."
En tal virtud, si al otorgarse el poder general para pleitos y cobranzas a los licenciados Gonzalo García Velasco y a Enrique Lira y Montes de Oca, se especificó expresamente que se les otorgaba poder para a su vez conceder cualquiera de las facultades concedidas en el mismo y para sustituirlas, es indudable que el poder se confirió para que los citados profesionistas pudieran a la vez otorgar poder a nombre del banco, lo que se confiriera además, porque no se estableció cláusula alguna que tuviera alguna limitación a tan amplísima facultad.
Luego, si en el poder se hizo mención a facultad expresa para que el mandatario encomiende el desempeño del mandato a un tercero, en el presente asunto debe estimarse que este requisito se encuentra satisfecho, porque en el poder amplísimo dado a los licenciados Gonzalo García Velasco y a Enrique Lira y Montes de Oca, está anotada la cláusula especial de sustituir el mandato.
En lo conducente, resulta aplicable la tesis número XVII.2o.20 C, sustentada por este Tribunal Colegiado, visible a foja 964, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que a la letra dice:
"-El artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, en su segundo párrafo textualmente indica: ‘... Los poderes que otorguen las instituciones de crédito no requerirán otras inserciones que las relativas al acuerdo del consejo de administración o del consejo directivo, según corresponda, que haya autorizado su otorgamiento, a las facultades que en los estatutos sociales o en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos orgánicos se concedan al mismo consejo y a la comprobación del nombramiento de los consejeros ...’. Ahora bien, de la interpretación de la parte relativa del pretranscrito precepto legal se infiere que únicamente deben reunirse dichos requisitos cuando se trate del primer poder o poder originario, que dichas instituciones otorguen directamente y que los segundos o ulteriores poderes que se otorguen, ya no por la institución de crédito (persona moral), sino por la persona física (primer apoderado), sí deben reunir los requisitos a que se refiere el diverso artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal, es decir, en esos últimos poderes, además de dichos requisitos (los previstos en el artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal) deben aparecer las facultades del poderdante para transmitir tales poderes, o sea, los antecedentes que contengan las facultades del poder que está otorgando, pues sólo así puede determinarse si el último apoderado representa o no legalmente a dicha institución de crédito."
Cabe indicar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 10, 143, 148 y 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el administrador o miembros del consejo de administración de las sociedades mercantiles tienen la representación de las mismas, de manera que sólo ellos pueden conferir poder en nombre de ellas, si han sido facultados para esto en la asamblea correspondiente, de ello se deduce, contrario a lo que argumentan los quejosos, que el banco sí puede otorgar mandato en nombre de dicha institución en una o más personas físicas, para que celebren en su nombre actos jurídicos autorizados expresamente por el consejo de administración que hubiere acordado nombrar dentro de sus integrantes un delegado o varios, para la realización de los actos.
Es aplicable al anterior razonamiento, la tesis de jurisprudencia número XIV.2o. J/24, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible a foja 919 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Tribunales Colegiados de Circuito y acuerdos, que a la letra dice:
"PODER OTORGADO POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. REQUISITOS.-Conforme a lo dispuesto por el artículo 90 segundo párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, los poderes para pleitos y cobranzas que otorguen las instituciones de crédito no requerirán otras inserciones que las relativas al acuerdo del consejo de administración o del consejo directivo, según corresponda, que haya autorizado su otorgamiento, a las facultades que en estatutos sociales o en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos orgánicos se concedan al consejo y la comprobación del nombramiento de consejeros. Por tal razón, no es indispensable que en el poder que otorgue una persona con facultades expresas para sustituir total o parcialmente el poder conferido, se deba insertar un acuerdo del consejo directivo en forma específica para cada uno de los apoderados, pues basta que quien otorga poder a otro, para representar a la propia institución, justifique el carácter con el que lo otorga y que tiene facultades expresas para sustituir total o parcialmente el poder conferido."
En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar a María Inés López Arroyo, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.
Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 177, 184 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Inés López Arroyo, contra el acto reclamado a la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua; acto que quedó debidamente especificado en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, por unanimidad de votos de los CC. Magistrados Olivia Heiras de Mancisidor, José Luis Gómez Molina y Gerardo Dávila Gaona, siendo ponente la primera de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6958-7e6da83d/poderes-requisitos-que-deben-contener-cuando-los-otorgan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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