REVISIÓN AGRARIA. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA, CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS AL RESOLVER CONTROVERSIAS DONDE SE DEMANDE PRINCIPALMENTE LA NULIDAD DE UN ACTA O RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE UN NÚCLEO DE POBLACIÓN Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, LA NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN RESPECTIVA ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 109/99, 2a./J. 24/2000, 2a./J. 33/2001 Y 2a./J. 34/2001.
AMPARO DIRECTO 441/2000. MARÍA JOVITA LÓPEZ CID.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Antes de realizar el pronunciamiento correspondiente, este tribunal estima necesario precisar lo siguiente:
El artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria establece la procedencia del recurso de revisión, contra sentencias que resuelvan en primera instancia sobre la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.
Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en la jurisprudencia 2a./J. 109/99, cuyo rubro es: "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS.", que el concepto del término "resoluciones" debe entenderse en sentido amplio, como aquellas que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación.
Particularmente, respecto de los actos del Registro Agrario Nacional, la propia Segunda Sala de ese Alto Tribunal emitió la jurisprudencia 2a./J. 24/2000, con el rubro: "DERECHOS AGRARIOS. RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECIDEN SOBRE LA NULIDAD DEL REGISTRO DE TRASLADO DE DOMINIO ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. AMPARO IMPROCEDENTE, SI NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA.", en la que consideró que en contra de la sentencia dictada por un tribunal agrario que resuelve sobre la nulidad del registro de traslado de dominio de derechos agrarios por sucesión, ante el Registro Agrario Nacional, procede el recurso de revisión.
Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 34/2001, que la procedencia del recurso de revisión se encuentra condicionada a que la sentencia de que se trate haya sido emitida en un juicio tramitado bajo el supuesto previsto en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Además, en cuanto al concepto de "autoridades agrarias" de la jurisprudencia 2a./J. 33/2001, se advierte que el precitado recurso ordinario es improcedente contra sentencias que resuelvan conflictos suscitados entre la asamblea general y los miembros del núcleo de población en las que se tilde de nula un acta o resolución del citado órgano, porque se trata de un supuesto de procedencia del juicio agrario diverso al contenido en la fracción IV del referido artículo 18, es decir, que la asamblea general no se encuentra comprendida dentro del término "autoridades agrarias" a que alude dicha fracción IV, pues al ser la asamblea uno de los órganos del núcleo de población, la hipótesis de procedencia del juicio agrario ya no se rige por la multicitada fracción IV, sino por la establecida en la diversa fracción VI del propio numeral 18.
Ahora bien, debe decirse que la quejosa María Jovita López Cid, impugnó el acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, efectuada el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en el ejido Todos Santos Xochitlán, Municipio de Xochitlán Todos Santos, Estado de Puebla, con motivo del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), únicamente por cuanto se refiere a la asignación de las parcelas identificadas con los números 182, 414 y 462, realizada a favor de Carmen León Hernández. De igual forma, también reclamó la nulidad y cancelación de los certificados parcelarios respectivos, expedidos por el Registro Agrario Nacional.
Por consiguiente, tomando en consideración la naturaleza de la acción ejercida en contra de la asamblea general de ejidatarios, es inconcuso que, en el caso, resulta procedente el juicio de amparo directo sin necesidad de agotar previamente a su promoción el recurso de revisión previsto en el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, atendiendo a que la controversia del juicio de origen no encuadra en la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, sino en la fracción VI del mismo precepto, aun cuando también se reclame en forma accesoria la nulidad de un acto emanado de una autoridad que tiene el carácter de "autoridad agraria", como lo es el Registro Agrario Nacional, toda vez que, en la especie, prevalecen las características y naturaleza de la acción principal, orientada a combatir los actos de la asamblea general, es decir, el acta de delimitación, destino y asignación de tierras, aunado a que de esa manera tampoco se divide la continencia de la causa; razones por las que se cumple el principio de definitividad que hace procedente el presente juicio de amparo.
Son esencialmente fundados el primero y segundo conceptos de violación, mismos que se estudian en conjunto por encontrarse estrechamente vinculados, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
La quejosa afirma ser la sucesora preferente de la titular de los derechos agrarios de las parcelas en litis, y argumenta que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues la Magistrada responsable estimó de manera ilegal que la acción intentada en el juicio agrario de origen había prescrito, lo anterior basándose en meras presunciones, tomando como fecha en la que tuvo conocimiento la actora de la asamblea, aquella en que se llevó a cabo la misma o, en su caso, cuando la actora regresó al poblado con motivo de la inhumación de su madre, titular de los derechos agrarios en disputa; sin embargo, afirma la quejosa, de la propia demanda no se advierte una fecha cierta en la que la actora, ahora quejosa, se haya hecho sabedora del resultado de la asamblea de ejidatarios de referencia, por ende, aduce que la responsable ilegalmente presupone datos que no pueden ser corroborados con otros medios de prueba.
Le asiste razón a la quejosa.
En efecto, en el expediente agrario número 310/98, no existe prueba alguna con la que se acredite fehacientemente que la ahora quejosa tuvo conocimiento de la asamblea de ejidatarios celebrada el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en el momento en que tuvo verificativo ésta o, en su caso, el tres de junio de mil novecientos noventa y seis, fecha en la que fue inhumado el cadáver de la madre de la quejosa, como infundadamente lo sostiene la responsable en la sentencia reclamada pues, partiendo de ambas fechas, el tribunal agrario estima que, en el caso, ha prescrito la acción intentada por la actora.
La anterior afirmación tiene sustento en las siguientes consideraciones:
Del expediente de origen, en lo conducente, destacan las siguientes constancias:
1. Escrito presentado el veintidós de junio de mil novecientos noventa y ocho, por el que María Jovita López Cid demandó en la vía de controversia agraria de Carmen León Hernández, las siguientes prestaciones:
"1. La nulidad de los certificados de derechos parcelarios expedidos a favor de la C. Carmen León Hernández por el C. Lic. Jorge Mario Blancarte Montaño, delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, respecto a los derechos parcelarios o de usufructo sobre las unidades individuales de dotación (parcelas) identificadas con los números cuatrocientos catorce, cuatrocientos setenta y dos, ciento ochenta y dos, así como también de las tierras de uso común del plano de parcelamiento interno del ejido Todos Santos Xochitlán, Municipio de su mismo nombre, Estado de Puebla.-2. La reivindicación y entrega material con todos sus usos, costumbres y accesiones de las fracciones de parcelas identificadas con los números 182, 414 y 462 que hacen un total de 7-21-84.16 ha.; más las tierras de uso común del plano de parcelamiento interno del ejido.-3. El pago de gastos y costas que se originen por la tramitación del presente juicio." (foja 2 del juicio agrario).
Al referido escrito inicial, la actora anexó los siguientes medios de prueba:
a) Copia de la constancia de registro de fecha once de abril de mil novecientos noventa y cinco, expedida por el jefe del Departamento del Registro de Derechos, adscrito al Registro Agrario Nacional, respecto de la ejidataria María Guadalupe Cid (madre de la quejosa) (foja 10).
b) Copia certificada del acta de defunción de la mencionada María Guadalupe Cid Aguirre, de la que no se advierte fecha cierta en la que aconteció su fallecimiento, ya que de dicho documento se desprenden diversas fechas, tales como el tres de junio de mil novecientos noventa y seis, en la cual se inscribió ante el Registro del Estado Civil del Municipio de Xochitlán Todos Santos el fallecimiento, y en el anverso del documento aparece el treinta de mayo como fecha de registro (foja 11).
c) Copia de la constancia expedida por la Delegación del Registro Agrario Nacional en este Estado, en la que se hizo constar que la ejidataria María Guadalupe Cid Aguirre, con fecha primero de junio de mil novecientos noventa y cinco, depositó lista de sucesores, nombrando como sucesora preferente a Jovita López Cid (foja 11, sic).
d) Copia certificada de las actas levantadas el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, fecha en que tuvo verificación la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, materia de la litis de origen (fojas 12 a 52).
2. En audiencia de ley celebrada el ocho de diciembre del citado año, la demandada Carmen León Hernández contestó la demanda que dio origen al juicio agrario de que se trata, oponiendo la excepción de prescripción, argumentando que han transcurrido más de los noventa días que establece la Ley Agraria para impugnar las asignaciones cuando se afecten sus derechos.
3. En cumplimiento al requerimiento del tribunal responsable de fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en donde se acordó llamar a juicio a la asamblea general de ejidatarios del ejido de Xochitlán Todos Santos, Municipio del mismo nombre, los integrantes del comisariado ejidal del ejido aludido, mediante escrito presentado el dos de agosto del año precitado, en lo conducente, expresaron:
"... manifestamos que esta honorable asamblea no tiene obstáculo alguno en relación a que se declare la nulidad de los certificados parcelarios que fueron expedidos indebidamente a la señora Carmen León Hernández y al fallecido Herculano López Cid, ya que fueron expedidos en forma ilegal, ya que la asamblea general jamás ha reconocido a las citadas personas, dado que dicho reconocimiento se realizó a espaldas de la señora María Jovita López Cid, sucesora de la titular María Guadalupe Cid Aguirre, además de que en dicha asamblea hubo muchas irregularidades ..." (fojas 147 y 148).
4. Seguido el trámite correspondiente, el veintiséis de enero del año dos mil, el Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Séptimo Distrito dictó sentencia, la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías.
De las constancias antes relacionadas, se advierte que la madre de la actora era ejidataria y que ésta nombró a la ahora quejosa como sucesora preferente de los derechos ejidales que en vida le pertenecieron.
De igual forma, en la demanda de origen, la actora efectivamente no precisó fecha en la que tuvo conocimiento de la asamblea de delimitación, destino y asignación que se verificó el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y cinco; de la totalidad de las constancias que integran el expediente de origen tampoco se advierte fecha cierta en que la quejosa haya tenido conocimiento de la celebración de la asamblea, tampoco existe fecha en la que ésta se haya ostentado sabedora de la misma.
El segundo párrafo del artículo 61 de la Ley Agraria, establece:
"Artículo 61. ... La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva."
El citado precepto legal establece que para impugnar la asignación de tierras, el inconforme tendrá un término de noventa días naturales, de lo contrario tal determinación será firme.
El aludido numeral legal dispone que el inicio del cómputo del plazo para impugnar una resolución de la asamblea por la que se asignen tierras, es aplicable a quien se crea afectado con la decisión; sin embargo, esta disposición debe entenderse que se refiere a los ejidatarios, comuneros y posesionarios regulares, quienes de conformidad con el artículo 22 de la Ley Agraria tienen derecho a asistir a la asamblea, y tienen voz y voto dentro de la misma; en el caso, la quejosa, en su calidad de aspirante, no goza de los mismos derechos de quienes ostentan cualquiera de las tres calidades aludidas, por lo que no puede ser considerada en forma igualitaria a los demás sujetos de derechos agrarios individuales, quienes sí están facultados para intervenir en las asambleas para ejercer los derechos referidos.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 189 de la Ley Agraria, las sentencias de los tribunales de la materia deben dictarse a verdad sabida, apreciando los hechos y documentos según lo estimen en conciencia, fundándolas y motivándolas; por tanto, en el caso, no debe entenderse que el plazo para impugnar la resolución de la asamblea de que se trata, inicia a partir del día siguiente al en que tuvo verificativo o deducirse con base en presunciones, sino que debe entenderse que empieza a transcurrir a partir de la fecha en que la actora tuvo conocimiento o se hizo sabedora de ella, al no ser ejidataria reconocida, comunera o posesionaria regular, por lo que no representa para ella una obligación ipso jure el comparecer a la asamblea y, en consecuencia, no puede obligársele a tener conocimiento de ésta en la misma fecha de su celebración.
Se cita en apoyo de lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 133/98, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Sexto Circuito, registrado en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 50/2000, visible en la página 197, Tomo XI, mayo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "POSESIONARIOS IRREGULARES DE PARCELAS EJIDALES. EL PLAZO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS SOBRE ASIGNACIÓN DE TIERRAS SE INICIA DESDE QUE LAS CONOCIERON O SE HICIERON SABEDORES DE ELLAS.-De conformidad con lo que disponen los artículos 12, 14, 15, 16, 20, 48, 71, 79, 80 y 101 de la Ley Agraria; 30, 34, 37, 38, 40, 52 y 53 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, el ejidatario, los posesionarios regulares y los irregulares de parcela, son sujetos de derechos agrarios individuales; sin embargo, mientras los dos primeros pueden asistir y participar con voz y voto en las asambleas sobre asignación de tierras, los posesionarios irregulares no tienen oportunidad de intervenir en ellas; en tal virtud, cabe decir que para el ejidatario y los posesionarios regulares, el cómputo del plazo de noventa días para impugnar la resolución de la asamblea sobre asignación de tierras a que se refiere el artículo 61 de la Ley Agraria, inicia a partir del día siguiente de la fecha de la misma, a diferencia de los posesionarios irregulares para quienes el cómputo de dicho plazo, no debe iniciar, necesariamente a partir de esa fecha, sino desde que conocieron o se hicieron sabedores de la resolución, en razón de que por su carácter, no son citados ni tienen obligación de comparecer a la asamblea.".
De igual forma, carece de sustento legal la afirmación de la responsable en el sentido de que la actora, ahora quejosa, tuvo conocimiento del acta de asamblea impugnada el tres de junio de mil novecientos noventa y seis, tan sólo porque regresó al poblado mencionado a la inhumación del cadáver de su madre, pues tal hecho no permite deducir que la quejosa hubiera tenido conocimiento de lo acordado por la asamblea general de ejidatarios el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, sin que de autos exista prueba alguna para demostrar la presunción legal a que llega la responsable.
En consecuencia, al no advertirse fecha cierta en que la actora haya tenido conocimiento de la asamblea, es ilegal la sentencia reclamada al haber tomado en cuenta el plazo que establece el artículo 61 de la Ley Agraria, para el ejercicio de la acción de nulidad respectiva y declarar procedente la excepción hecha valer por la demandada, declarando, por ende, absueltos a Carmen León Hernández y al delegado en el Estado de Puebla del Registro Agrario Nacional; en consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el tribunal deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que declare infundada la excepción analizada, y con libertad de jurisdicción, sin prejuzgar sobre la legitimación o no de la parte actora en el juicio de origen, resuelva lo que en derecho corresponda.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 77, 78, 80, 190 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a María Jovita López Cid, contra el acto del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuadragésimo Séptimo, consistente en la sentencia de fecha veintiséis de enero de dos mil, dictada en el juicio agrario número 310/98, para los efectos precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al tribunal de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Señores Magistrados Francisco Javier Cárdenas Ramírez y Jorge Higuera Corona, así como el licenciado José Alberto Arriaga Farías, secretario en funciones de Magistrado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el dieciséis de enero de dos mil uno, en términos de la fracción XXII del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17173-45c532e8/revision-agraria-improcedencia-del-recurso-previsto-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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