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Modo: Corpus Pro

NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA ANTE LA FALTA DE CONTESTACIÓN, EN UN PLAZO DE TRES MESES, A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FIANZA Y DEL CRÉDITO FISCAL RESPECTIVO FORMULADA A LA AUTORIDAD FISCAL, SIENDO IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2001-SS. · Registro digital (IUS): 16918
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, , Pág. 350.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de noviembre de dos mil uno.

Vistos para resolver los autos de la posible contradicción de tesis 8/2001-SS, entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado y el Tercer Tribunal Colegiado, ambos del Décimo Quinto Circuito, al resolver los juicios de amparo 493/2000-I y 316/2000, respectivamente; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día veintiséis de enero de dos mil uno "Transportes Los Cuates, S.A. de C.V.", por conducto de su representante legal Domingo Fernando López Zazueta, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo directo 493/2000-I y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo directo 316/2000. La denuncia se hizo en los siguientes términos:

"Por medio de este escrito y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197 bis de la Ley de Amparo, vengo a denunciar la contradicción de las tesis sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado y el Tercer Tribunal Colegiado, ambos del Décimo Quinto Circuito, a efecto de que se defina el criterio que debe prevalecer en las mismas, por lo que al efecto me permito manifestar a ustedes los siguientes antecedentes: 1. Con fecha 12 de mayo de 1999, comparecí en mi carácter de representante legal de 'Transportes Los Cuates, S.A. de C.V.', ante la Segunda Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación para demandar la nulidad de las resoluciones de negativa ficta recaídas a tres escritos diversos, todos de fecha 8 de julio de 1998, presentados al administrador local de Auditoría Fiscal de Tijuana, B.C., dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales solicitamos la cancelación de diversas pólizas de fianza otorgadas a favor de la Tesorería de la Federación, así como de diversos créditos generados con motivo de la importación temporal de varios (5) vehículos tipo tractocamión, todos ellos regularizados al amparo del decreto del 31 de enero de 1991.-2. Admitidas que fueron a trámite nuestras demandas se radicaron con los números 309/99, 310/99 y 311/99, ordenándose correr traslado como autoridades demandadas al secretario de Hacienda y Crédito Público y al presidente del Servicio de Administración Tributaria por conducto de la Administración Local Jurídica de Ingresos de esta ciudad, así como a la Administración Local de Auditoría Fiscal No. 2 de Tijuana, estas últimas dos autoridades en mención, dependientes del Servicio de Administración Tributaria, para el efecto de que formularan su contestación de demanda respectiva, situación que aconteció en sendos juicios, teniéndose por contestada la demanda.-3. Seguidas que fueron por sus trámites, con fechas 27 de enero de 2000 y 29 de febrero de 2000, la Segunda Sala Regional del Noroeste dictó sentencia definitiva en los expedientes 309/99-01-02-7 y 311/99-01-02-5, respectivamente, sobreseyendo en ambos casos los juicios intentados, exactamente en los mismos términos, bajo el argumento toral de que 'la instancia planteada ante la autoridad no constituye resolución impugnable ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Dado que las solicitudes de cancelación son emitidas en uso de las facultades discrecionales, por tanto, su negativa no constituye instancia susceptible de impugnarse ante el Tribunal Fiscal de la Federación'.-4. Inconforme con el contenido de esa resolución interpusimos sendas demandas de amparo con fechas 8 de marzo y 5 de abril de 2000, respectivamente, radicándose en el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito el amparo en contra de la sentencia fechada el 8 de marzo de 2000, recaída en el expediente 309/99-01-02-7, y en el Primer Tribunal Colegiado el amparo contra la sentencia de fecha 29 de febrero de 2000, dictada en el juicio 311/99-01-02-5.-5. Admitidas que fueron ambas demandas en los respectivos tribunales y seguidas por todos sus trámites, con fecha 5 de octubre de 2000, el Primer Tribunal Colegiado dictó ejecutoria concediéndonos el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia de fecha 29 de febrero de 2000, dictada en el juicio 311/99-01-02-5, bajo el siguiente criterio (transcribe parte de la ejecutoria).-Asimismo, con fecha 26 de octubre de 2000 el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito emitió su ejecutoria, resolviendo de manera totalmente opuesta, negando el amparo y protección de la Justicia Federal bajo el siguiente razonamiento (transcribe parte de la ejecutoria)."

SEGUNDO.-Mediante auto de doce de febrero de dos mil uno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente número varios 286/2001-PL y toda vez que las resoluciones corresponden a la materia administrativa, se ordenó la remisión del presente asunto a esta Segunda Sala, en la que fue recibido por acuerdo de fecha veinte de febrero de dos mil uno, mismo en el que el presidente de la misma ordenó radicar y formar el expediente de contradicción de tesis 8/2001-SS, asimismo, solicitó al presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito copia certificada de la resolución 493/2000-I y al presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito copia certificada de la resolución 316/2000.

Por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil uno, se admitió a trámite la contradicción de tesis, dándose vista al procurador general de la República, quien a la postre no formuló pedimento alguno.

TERCERO.-El seis de abril de dos mil uno se ordenó turnar los autos al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, para la formulación del proyecto respectivo.

El presente asunto fue retirado en la sesión de doce de julio de dos mil uno de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos de naturaleza administrativa, de la que le incumbe conocer a esta Segunda Sala de este Alto Tribunal.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, pues se realizó por el quejoso en los juicios de amparo de donde derivan las resoluciones materia de la presente contradicción, es decir, el quejoso en los juicios de amparo 493/2000-I y 316/2000, del índice del Primer Tribunal Colegiado y del Tercer Tribunal Colegiado, respectivamente, ambos del Décimo Quinto Circuito.

TERCERO.-Las consideraciones emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al fallar el juicio de amparo 493/2000-I, en lo que interesa, expresan:

"PRIMERO.-Este Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías conforme lo dispuesto por el artículo 107, fracción V y VI, de la Constitución General de la República, 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.-SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado quedó debidamente acreditada con el expediente 311/99-01-02-5, remitido por la autoridad responsable en vía de informe justificado.-TERCERO.-La sentencia impugnada se apoya en las siguientes consideraciones: 'SEGUNDO.-Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, esta Sala procede de oficio al estudio de la procedencia del juicio. A juicio de esta Sala se configura una causal de sobreseimiento; por tanto, se sobresee y es de sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 202, fracción II y 203, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, interpretado a contrario sensu. El artículo 203 del Código Fiscal de la Federación establece una serie de hipótesis por las que procede el sobreseimiento del juicio contencioso. En su fracción II contempla las hipótesis de sobreseimiento por aparecer o sobrevenir alguna causal de improcedencia de las contempladas en el artículo 202 del propio ordenamiento. Así, esta remisión expresa al artículo 202 nos lleva a la fracción II. La fracción II del artículo 202 contempla como causal de improcedencia del juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación cuando la impugnación no corresponda conocer a este tribunal. Es decir, por incompetencia respecto de la contienda planteada. Por su parte, el último párrafo del último precepto en cita nos obliga a estudiar la procedencia de oficio, por ser ésta de orden público. Una vez sentado lo anterior, lo procedente es delimitar la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación. El Tribunal Fiscal de la Federación es un organismo formalmente administrativo, porque depende directamente del Poder Ejecutivo y sus facultades son delegadas por éste, toda vez que al Ejecutivo corresponde, en forma originaria, ejecutar las leyes fiscales y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, atribución que realiza fundamentalmente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como resolver los litigios que tengan lugar por actos de las autoridades administrativas que lesionen los derechos de los particulares, facultad que delega en el Tribunal Fiscal de la Federación. Pero materialmente el Tribunal Fiscal de la Federación es un organismo jurisdiccional, porque su función es dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, sean personas físicas o morales, de orden privado o público, siendo tal jurisdicción delegada, es decir, con poder suficiente e independiente para dictar sus propios fallos. Dentro de las características o peculiaridades de este Tribunal Fiscal encontramos principalmente tres, que son: 1) Es un organismo dotado de plena autonomía, según lo consagra el artículo 1o. de su ley orgánica, esto significa que no está sujeto a ninguna de las demás autoridades que integran el Poder Ejecutivo; 2) Su competencia es limitada, ya que como organismo estatal sus atribuciones son restringidas a la única fuente que es la legislación positiva; y, 3) Su función se reduce a reconocer la legalidad o a declarar la nulidad de los actos que se sometan a su conocimiento sin contar con las facultades propias de un órgano jurisdiccional que puede modificar el acto e incluso pronunciar condena y, por esto mismo, carece de facultades para emitir resoluciones encaminadas a la ejecución de sus fallos. Del artículo 1o. de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se infiere la competencia limitada que tiene el Tribunal Fiscal de la Federación, al señalar que tendrá las atribuciones que esta ley establece, no obstante esto, en la fracción XIV del artículo 11 se amplia su competencia a los casos señalados en las demás leyes como competencia de ese tribunal, debiendo entenderse que tal supuesto debe estar expresamente consignado en la ley. El artículo 11 de la mencionada ley orgánica que nos rige, establece con toda claridad que las Salas Regionales conocerán de los juicios promovidos contra resoluciones definitivas; este es el primer requisito para el conocimiento de un asunto, que se trate de una resolución definitiva, señalando en el penúltimo párrafo de este precepto, que se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativo para el afectado. De esta manera, tratándose de resoluciones definitivas, el Tribunal Fiscal de la Federación podrá conocer de aquellas que versen sobre alguno de los trece supuestos jurídicos que establece en las primeras trece fracciones el artículo 11 en comento, o bien, de alguna otra resolución definitiva cuyo conocimiento se establezca expresamente en la ley a favor de ese tribunal. A continuación nos ocuparemos de los supuestos de competencia del mismo. En primer lugar analizaremos los supuestos de competencia contemplados en las fracciones I, II, IV y IX del artículo 11, y que se refieren eminentemente a materia tributaria federal, que es la que se encuentra enunciada con más amplitud, abarcando en tales supuestos jurídicos, prácticamente, cualquier resolución definitiva que se pudiera emitir en materia tributaria federal; la fracción I se refiere a aquellas que determinen la existencia de una obligación fiscal, que fijen en cantidad líquida una obligación, o bien, que se establezcan las bases para su liquidación. Es pertinente indicar que en esta fracción I se señala que tales resoluciones sean emitidas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos. Respecto a las fracciones II y IV del citado artículo 11, se refieren a aquellas resoluciones definitivas que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido por el Estado y aquellas que en general causen un agravio en materia fiscal. Sin embargo, se limita a resoluciones reguladas en los ordenamientos fiscales federales. De igual manera, la fracción IX del artículo que analizamos, se refiere a la materia fiscal, en relación con aquellas resoluciones definitivas que requieran el pago de garantías de obligaciones fiscales a cargo de terceros, esto evidentemente por incumplimiento de dicha obligación a cargo del contribuyente responsable. Una vez que hemos analizado los supuestos jurídicos de competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, relativos a la materia fiscal, conviene para mejor comprensión aclarar lo que debemos entender por materia fiscal. La materia fiscal comprende, en un sentido amplio, todo lo relacionado con los recursos económicos del Estado, abarcando desde el establecimiento de los tributos, su recaudación, su gestión y administración, hasta el empleo o aplicación de esos medios económicos en la satisfacción de los gastos públicos, así como las relaciones que se originen con ese motivo entre el Estado y sus organismos y los contribuyentes; y en un sentido estricto, la materia fiscal se refiere a lo concerniente a la determinación, liquidación, pago, devolución, exención, prescripción o control de los créditos fiscales originados por contribuciones como impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos (este concepto se apoyó en la tesis de jurisprudencia número 1143 y la relacionada en segundo lugar, visibles en la página 1842 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyos rubros son: «MATERIA FISCAL, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.» y «MATERIA FISCAL. SIGNIFICACIÓN.»). El Tribunal Fiscal de la Federación también es competente para conocer de las resoluciones definitivas que impongan multas por infracciones a normas administrativas federales, las cuales aunque implican ingresos percibidos por el Estado, estrictamente no pueden considerarse como fiscales por no derivar de la aplicación de disposiciones tributarias, por consiguiente, la fracción III del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal, da la base para que ante dicho organismo se impugnen multas en materias tales como el comercio, salubridad, trabajo, etcétera. Las fracciones V y VI del multicitado artículo 11, dan al Tribunal Fiscal competencia en materia de pensiones y prestaciones sociales, tanto en materia de militares como aquellas que sean a cargo del erario federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También en estos casos se trata de resoluciones definitivas, que se dicten en controversias originadas cuando un militar o un trabajador al servicio del Estado, solicitan a sus respectivas instituciones de seguridad social los beneficios a que consideran tener derecho y éstas se los niegan o se los conceden en proporción inferior a la solicitada. Otros casos de competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, establecido expresamente en el artículo 11 que nos ocupa, es el relativo a resoluciones definitivas que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos o en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades, bien sean empleados o funcionarios del Departamento del Distrito Federal, o de los organismos públicos descentralizados de aquéllos, las que nieguen indemnizaciones a los servidores públicos; y las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos; estos supuestos de competencia se encuentran previstos en las fracciones VIII, X y XII del citado numeral y está relacionado con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, debiendo aclararse que esta competencia se da siempre que no se trate de hechos delictivos. También es competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, los que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, de acuerdo al artículo 11, fracción XI, de su ley orgánica. Otras resoluciones definitivas, respecto de las cuales este tribunal tiene competencia, son las que resuelven recursos administrativos en contra de las materias señaladas como competencia en las demás fracciones, así como aquellos a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, la fracción XIII del numeral en estudio habilita la impugnación de los actos de autoridad que resuelvan los recursos administrativos interpuestos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones, e inclusive las reguladas en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ahora bien, por lo que respecta a la fracción XIV del artículo 11 en estudio, como ya mencionamos anteriormente, amplía la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, al disponer que serán competencia de éste, los demás casos que señalen otras leyes; sin embargo, siendo la competencia de este tribunal limitada conforme al artículo 1o. de su ley orgánica, los demás casos de competencia a que se refiere esta fracción, deben estar expresamente establecidos por el legislador, como por ejemplo en el artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se señala que en caso de inconformidad con el requerimiento de una fianza otorgada a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, las instituciones de fianzas demandarán ante el Tribunal Fiscal de la Federación la improcedencia del cobro. En el presente caso, el acto impugnado es la resolución negativa ficta recaída al escrito sin fecha de elaboración, presentado el día 8 de julio de 1998 ante la Administración Local de Auditoría Fiscal de esta ciudad de Tijuana, mediante la cual la actora del juicio solicita la cancelación de las pólizas de fianza números 20-00070-008186; 20-070-008185 y 20-079008094 de fechas, las dos primeras, 25 de enero y la última de 8 de enero de 1990, respectivamente, así como los créditos 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 128, 129, 143 y 144. Ahora bien, el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación ordena a las autoridades fiscales a dar respuesta expresa a las instancias o peticiones que les formulen los particulares, en un plazo que no debe ser mayor a tres meses (naturales); estableciendo que una vez transcurrido dicho plazo sin que se le dé a conocer una resolución expresa al particular en la que se resuelva sobre la petición planteada, se entenderá que la autoridad resolvió negativamente, habilitándose los medios de defensa procedentes. Por su parte, respecto de los requisitos de procedibilidad de la demanda en el juicio contencioso administrativo, el artículo 209 del Código Fiscal de la Federación describe una serie de documentos que el demandante debe adjuntar a su instancia al promover el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Haciendo una clara distinción para aquellos casos en que la resolución impugnada consista en una resolución expresa y una resolución negativa ficta. Específicamente en su fracción III, señala que en estos supuestos se deberá exhibir el documento en el que conste el acto impugnado o, en su defecto, copia de la instancia no resuelta por la autoridad.-Sin embargo, la instancia planteada ante la autoridad no constituye resolución impugnable ante el Tribunal Fiscal de la Federación. En efecto, las cancelaciones que pueda otorgar la autoridad respecto de diversas obligaciones fiscales no se encuentran reguladas en ley como un imperativo a favor de los particulares. En efecto, al no establecer la legislación, taxativamente, la obligación de las autoridades fiscales de cancelar créditos y demás obligaciones de carácter fiscal, nos encontramos en presencia de una facultad discrecional de la autoridad administrativa para actuar dentro del margen que la misma ley le establece. Sin embargo, la decisión de actuar o dejar de hacerlo se encuentra dentro de la voluntad del propio órgano. En este sentido, respecto del tema de facultades discrecionales y regladas, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 165 sustentada por la Sala Superior de este Tribunal Fiscal de la Federación, en el siguiente sentido: «FACULTADES REGLADAS Y FACULTADES DISCRECIONALES. SU DISTINCIÓN.» (la transcribe). Para sustentar nuestro criterio, es importante traer a relucir que en las Leyes de Ingresos de la Federación, se han publicado disposiciones que autorizan a la autoridad hacendaria a cancelar créditos fiscales. Sin embargo, estas facultades se ejercen discrecionalmente, por así establecerlo la propia Ley de Ingresos.-Es en este sentido, donde esta Sala considera que aun y cuando se demuestre que existe una petición formulada sin que se haya resuelto, expresamente, dentro del término previsto en ley, no se habilita su impugnación ante este Tribunal Fiscal de la Federación, en virtud de que su antecedente es una solicitud de cancelación de créditos fiscales y la fianza otorgada para garantizarlos, que no produce instancia. Pues, se esclareció en los párrafos anteriores, se está dentro del catálogo de actos que podrá o no realizar la autoridad fiscal.'.-CUARTO.-Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa dicen lo siguiente: 'Primero. La resolución impugnada es contraria a lo dispuesto en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, mismo que señala: «Las sentencias del Tribunal Fiscal se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. ...». En efecto, contrario a lo estatuido en este numeral en cita, la autoridad responsable es totalmente omisa en examinar cada uno de los puntos controvertidos en el juicio, mismos que en resumen son: a) La extinción de la obligación de pago de las contribuciones causadas con motivo de la importación de los vehículos tipo tractocamión, marca Internacional, modelo 1978, serie No. E2327GHA14155; tractocamión marca Peterbilt, modelo 1974, serie No. 67473P y el tractocamión marca White, modelo 1980, serie No. CA21ZHL1185301, importados de manera temporal mediante pedimento de importación temporal número 0791-0000133 y su posterior cambio de régimen aduanero de temporal a definitivo al amparo del decreto de fecha 31 de enero de 1991. b) La cancelación de las pólizas de fianzas números 20-070-008186, de folio 222914-A, 20-070-008185, de folio 222911, fechados el 25 de enero de 1990 y la póliza de fianza 20-0079-008094, folio 268928-B, de fecha 08 de enero de 1990, todas expedidas por Afianzadora Insurgentes, mediante las cuales se garantizó el pago de las posibles contribuciones y multas que se causaran con motivo de la importación temporal de los vehículos en comento. c) La improcedencia del pago de los créditos fiscales números 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 128, 129, 143 y 144, derivados del supuesto adeudo de las contribuciones causadas con motivo de la importación temporal de los vehículos descritos en la presente. d) La legalidad de la notificación de los créditos fiscales números 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 128, 129, 143 y 144, a efecto de determinar si éstos tienen el carácter de actos consentidos. e) La validez de la constancia de regulación número B03006, serie AB0025662, de fecha 31 de enero de 1994, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se acreditó la legal estancia y tenencia en territorio nacional de los vehículos que se describen en el primer antecedente de este escrito. Como puede observarse, la litis ha versado en todo momento sobre estos puntos, mismos que en concordancia con el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación y acorde al principio de congruencia del cual deben estar revestidas todas las resoluciones, son los únicos puntos que el tribunal debe de analizar a la luz del derecho y, por supuesto, debe de resolver respecto de los mismos, fundándose en derecho; sin embargo, en la especie la Sala responsable soslaya este mandato legal sustituyendo la defensa de las autoridades e invocando como notorio un hecho que en la especie nunca ha sido sujeto a litis y no existe razón alguna para someterlo a estudio, esto es, que el hecho de cancelar los créditos fiscales es una facultad discrecional de la autoridad y, por ende, el tribunal debe de abstenerse del estudio de la demanda, sobreviniendo por ello el sobreseimiento del juicio. Tal afirmación, es por demás aberrante y contraria a derecho en vierta (sic) de las siguientes causas: A) El acto jurídico que nos ocupa, básicamente consiste en determinar si se cumplió o no con la obligación de enterar las contribuciones que se causaron con motivo de la importación definitiva de vehículos tipo tractocamión, marca Internacional, modelo 1978, serie No. E2327GHA14155; tractocamión marca Peterbilt, modelo 1974, serie No. 67473P y el tractocamión marca White, modelo 1980, serie No. CA21ZHL1185301, ya sea porque éstos no se retornaron al extranjero, o bien, porque se regularizaron al amparo del decreto de fecha 31 de enero de 1991, cambiando su estatus legal en el país, es decir, al regularizarse su situación jurídica cambia el régimen de importación de temporal a definitivo; sin embargo, en ambos casos las obligaciones que derivan de cualquiera de las dos situaciones son las mismas, pagar las contribuciones por su importación definitiva.-B) El artículo 1797 del Código Civil del Distrito Federal, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, establece: «La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.». Asimismo, el artículo 1859 del mismo ordenamiento prevé: «Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.». Y finalmente es de traer a cita lo dispuesto en los artículos 2062 y 2095 del ordenamiento en cita, mismos que respectivamente establecen: «Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido.» y «La obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida.». Así, siendo la materia de la litis la extinción de los créditos fiscales y de las garantías de los mismos, tenemos que la «cancelación» de éstos no es una cuestión que de manera discrecional pueda resolver la autoridad, dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2076 del Código Civil en materia federal, mismo que establece: «El pago hecho de buena fe al que estuviese en posesión del crédito, liberará al deudor.», relacionado con el 1797 del ordenamiento prevén las condiciones respecto de las cuales las autoridades fiscales deben de liberar a mi representada de la obligación de pago, por lo que siendo ésta una cuestión debidamente regulada por el derecho, es evidente que la facultad de declarar que se «cancela» o se extingue el crédito fiscal no es una «facultad discrecional», sino una «facultad reglada» dado que la autoridad fiscal no puede actuar cuando lo crea oportuno, ni tampoco obrar a su prudente juicio, dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2088 del precitado código «El deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago ...», por lo que la cuestión de cancelar o no los créditos fiscales y sus garantías, no son cuestiones en las que la autoridad fiscal pueda actuar discrecionalmente, sino que las mismas deben ceñirse a las disposiciones legales que existen y que se encuentran previamente establecidas en las leyes, como lo son las relativas a la extinción de las obligaciones, por lo que de estos razonamientos es evidente que la autoridad señalada como responsable ha dejado de cumplir con la garantía de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, al emitir una sentencia dejando de observar lo dispuesto en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación.-Al efecto resulta aplicable el siguiente precedente: Octava Época. Instancia:

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16918-861f163b/negativa-ficta-se-configura-ante-la-falta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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