Corpus
Modo: Corpus Pro

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PUEDE EJERCER LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL AL GOBIERNO ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DE DICHO ESTADO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2001-SS. · Registro digital (IUS): 16973
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, , Pág. 172.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de noviembre del año dos mil uno.

Vistos para resolver los autos de la posible contradicción de tesis 11/2001-SS entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los tocas de revisión 92/2000 y 236/2000, respectivamente; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día veinte de febrero de dos mil uno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el toca de revisión 92/2000 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el toca de revisión 236/2000; la denuncia se hizo en los siguientes términos:

"Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de treinta y uno de enero del año en curso, acordó denunciar la posible contradicción de los criterios siguientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver en sesión de dieciocho de abril de dos mil el toca de revisión fiscal número 92/2000, interpuesto por la administradora local jurídica de Ingresos de Guadalajara.-El criterio sustentado por este tribunal al resolver la revisión fiscal número 236/2000, en sesión de treinta y uno de enero del presente año.-Lo que comunico para su conocimiento y en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que esa Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo concerniente. Le remito en treinta y tres fojas utilizadas, copia certificada de la resolución dictada en el toca de revisión fiscal número 236/2000, así como el diskette que contiene la información relativa al expediente."

SEGUNDO.-Mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil uno, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la contradicción de tesis 11/2001-SS; asimismo, se solicitó al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito copia certificada de la ejecutoria 92/2000.

Por acuerdo de cuatro de abril de dos mil uno se admitió a trámite la contradicción de tesis, dándose vista al procurador general de la República, quien a la postre no formuló pedimento alguno.

TERCERO.-El veintiséis de abril de dos mil uno se ordenó turnar los autos al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, para la formulación del proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque proviene de criterios emitidos en relación con una cuestión de naturaleza administrativa y, por ende, es del conocimiento de esta Segunda Sala.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito emitió el criterio de la presente contradicción de tesis en el toca de revisión número 92/2000 y en lo que interesa dice:

"IV.-Los agravios son fundados. La Sala, conviniendo con el actor José Aguayo Chávez respecto a la ilegalidad del oficio 013790 de veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho, expedido por el director de Auditoría Fiscal del Estado de Jalisco, antecesor de aquel otro número 0036255/98 que le impuso una multa por la cantidad de $5,888.00 (cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) constitutivo, este último, de la resolución reclamada en el juicio de nulidad, señaló que dicho director carece de facultades delegadas para solicitar datos y documentos, a fin de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes en materia del impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta e impuesto al activo porque, según ella (la Sala), esas facultades de requerimiento corresponden, de acuerdo con el artículo 31, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, originalmente al secretario de Finanzas, sin que esa ley prevea la posibilidad de que éste a su vez delegue tal facultad a otra persona o dependencia, máxime, dijo, que el oficio de requerimiento no cita el acuerdo o circular por el que el titular de la Secretaría de Finanzas haya delegado la citada facultad. Lo anterior es incorrecto, como atinadamente lo señala el recurrente. El director de Auditoría Fiscal del Estado de Jalisco no requiere, para actuar sobre el particular, de delegación de facultades por parte del secretario de Finanzas, porque cuenta con aquéllas (las facultades) expresamente señaladas en la ley para emitir, como en el caso lo hizo, el oficio de requerimiento de datos y documentos; según lo pone de manifiesto el supradicho oficio 013790/98; se citaron como fundamentos de competencia los artículos 1o., 10, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusulas segunda, fracciones I y II, tercera, cuarta, séptima, primer párrafo y octava, fracción III, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco, de fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de noviembre de ese año, y en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis; 1o., 3o., 23, fracción II, 31, fracciones IV, V y VII, segundo y quinto transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1o., 2o., 3o., fracción III, 4o., fracción VII, 12, fracciones I, VI, VII y XIV, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Tesorería General del Estado de Jalisco. El director de Auditoría Fiscal del Estado actuó como autoridad fiscal federal, colaborando en materia fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues según el convenio y como enseguida se verá, se encuentra coordinada para tal efecto. La cláusula cuarta del citado convenio, norma que para el caso y por su contenido destaca de las restantes citadas en el oficio de requerimiento, señala cuáles autoridades estatales pueden actuar con las facultades conferidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa cláusula dice: ‘Cuarta. Las facultades de la secretaría, que conforme a este convenio se confieren al Estado, serán ejercidas por el gobernador de la entidad o por las autoridades que, conforme a las disposiciones legales locales, estén facultadas para administrar contribuciones federales.-A falta de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, las citadas facultades serán ejercidas por las autoridades fiscales del propio Estado, que realicen funciones de igual naturaleza a las mencionadas en el presente convenio, en relación con contribuciones locales.-Mediante pacto expreso con la secretaría, el Estado, por conducto de sus Municipios, podrá ejercer parcial o totalmente las facultades que se le confieren en este convenio.-Para el ejercicio de las facultades conferidas, la secretaría y el Estado convienen en que éste las ejerza, en los términos de la legislación federal aplicable.’. Lo anterior muestra que la secretaría del Estado Federal delegó facultades en materia fiscal federal al gobernador de esta entidad federativa, y también a los funcionarios locales y municipales que conforme a las leyes respectivas tengan facultades para administrar contribuciones. Ello significa que existen funcionarios locales y municipales a quienes si las leyes los invisten de este tipo de atribuciones, podrán actuar como autoridades fiscales federales en coordinación. La cláusula únicamente prescribe como condicionante el que las leyes locales prevean facultades en materia fiscal. Pues bien, los artículos 1o., 3o., 23, fracción II y 31, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado (fundamentos legales, entre otros, del oficio de requerimiento) permiten advertir que a través de esa ley se regula el ejercicio de las facultades y obligaciones correspondientes al Poder Ejecutivo y que para el despacho de los asuntos que competen a ese poder, el gobernador se auxiliará de las secretarías y dependencias, organismos y entidades, entre las cuales (secretarías) está la de Finanzas, encargada de la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del Estado. Eso evidencia que, efectivamente, la Secretaría de Finanzas es la autoridad facultada para administrar las contribuciones aludidas por el supradicho convenio, puesto que en la citada Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, repítese, se contemplan las facultades del secretario de Finanzas para intervenir en la revisión y liquidación de impuestos federales coordinados. Resulta conveniente transcribir los artículos referidos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco: ‘Artículo 1o. La presente ley regula el ejercicio de las facultades y obligaciones que competen al Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la presente ley y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el Estado.’.-‘Artículo 3o. Para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado se auxiliará de las secretarías y dependencias, organismos y entidades que señalen la Constitución Política del Estado, las leyes que de ella emanen, la presente ley, y las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Estado.’.-‘Artículo 23. Las atribuciones que la ley otorga al gobernador de Jalisco, como titular del Poder Ejecutivo, se encomendarán a las siguientes secretarías y dependencias: ... II. Secretaría de Finanzas.’.-‘Artículo 31. La Secretaría de Finanzas es la dependencia encargada de la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del Estado. A ella corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... V. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, con las entidades federativas y los Gobiernos Municipales.’. Ahora bien, el oficio de requerimiento de que se trata también se encuentra fundado en los artículos 1o., 2o., 3o., fracción III, 4o., fracción VII, 12, fracciones I, VI, VII y XIV, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Tesorería General del Estado. Esos artículos literalmente dicen: ‘Artículo 1o. La Tesorería General del Estado, es una dependencia del Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo el despacho de los asuntos del ramo fiscal que le encomienden, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la presente y otras leyes, así como los reglamentos, convenios, decretos, acuerdos y circulares del gobernador del Estado.’.-‘Artículo 2o. La representación de la Tesorería General del Estado y el trámite y, la resolución de los asuntos de su competencia, corresponde originariamente al tesorero general. Estas atribuciones podrán ser ejercidas de igual manera por las dependencias establecidas en el artículo siguiente, en las materias de su competencia.’.-‘Artículo 3o. Para el despacho de los asuntos de la competencia de la Tesorería General, ésta contará con las siguientes dependencias: ... III. Dirección de Auditoría Fiscal.’.-‘Artículo 4o. Son facultades del tesorero general: ... VII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias de auditorías e inspección y realizar los actos tendientes a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.’.-‘Artículo 12. Compete a la Dirección de Auditoría Fiscal: I. Ordenar y practicar visitas domiciliarias y realizar todos los actos tendientes a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, en los términos de los convenios y disposiciones respectivas; ... VI. Requerir de los sujetos pasivos, responsables solidarios o terceros, los datos, informes y documentos necesarios para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes; VII. Exigir, en el domicilio de los contribuyentes o en las oficinas de la propia dirección, la exhibición de los elementos que integren la contabilidad, para proceder a su revisión; ... XIV. En general, lo que las leyes, reglamentos, convenios, acuerdos y otras disposiciones de observancia general le otorguen, o el tesorero general le delegue mediante acuerdo expreso.’.-‘Artículo 32. Las facultades que en esta ley se establecen, serán ejercidas en materia de ingresos estatales y en los casos que resultan aplicables en materia de ingresos federales e ingresos administrados a los municipios, en los términos de los convenios respectivos.’.-‘Artículo 33. El ejercicio de las facultades asignadas en la presente ley, corresponderá a los titulares de las dependencias de la Tesorería General.’. Como se ve, en esa Ley Orgánica de la Tesorería General, se reiteran las facultades del tesorero general (ahora secretario de Finanzas, en virtud de la expedición de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo mediante Decreto 13570) y se crean dependencias de la Secretaría de Finanzas para el despacho de asuntos en el ramo fiscal, con atribuciones propias. Bajo esa tesitura, no se evidencia que la Dirección de Auditoría Fiscal para su actuar requiera de delegación de facultades por parte del secretario de Finanzas, puesto que la Ley Orgánica de la Tesorería General del Estado, en los artículos transcritos, especialmente en el 2o., 3o., fracción III, 12, fracciones I y VI, y 33, le confieren regladas para realizar todos los actos tendientes a comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes, en términos de los convenios, como en el caso, que las tiene para requerir datos y documentos, en razón de que el propio artículo 2o. determina legalmente que esas atribuciones pueden ser ejercidas de igual manera por las dependencias de la Secretaría de Finanzas en materia de la competencia de ésta y no se precisa ni en ese medio ni en otro artículo o legislación, el que la Secretaría de Finanzas deba previamente al actuar de alguna de sus dependencias, entre ellas, la Dirección de Auditoría Fiscal, expedirle un acuerdo delegatorio. Las facultades de la Dirección de Auditoría Fiscal, en este caso, se encuentran perfectamente delimitadas en la Ley Orgánica de la Tesorería General del Estado, es decir, la norma señala las hipótesis para su aplicación, las cuales obligan a la autoridad a cumplir con lo que la ley señala una vez dado el supuesto normativo. Todo ello permite concluir que la Ley Orgánica de la Tesorería General del Estado de Jalisco contiene la facultad reglada para que la Dirección de Auditoría Fiscal realice el requerimiento de datos y documentos a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en términos del convenio de coordinación fiscal, puesto que, repítese, el artículo 12, fracciones I y VI, determinan la conducta específica que debe seguir la Dirección de Auditoría Fiscal ante la actualización de la hipótesis legal. Entonces, contrario a lo sostenido por la Sala, no requiere de delegación de facultades, al menos tratándose de requerimientos para actuar. No pasa inadvertido que la fracción XIV del artículo 12 supradicho, aluda a facultades delegadas a la dirección y supeditadas a un acuerdo expreso del secretario de Finanzas, porque la lectura completa del artículo permite deducir que las únicas facultades respecto de las cuales se requiere delegación son aquellas distintas a las precisadas en las otras trece fracciones, por exclusión todas las que no se encuentren perfectamente delimitadas. En otro contexto, tiene razón el recurrente cuando aduce que la Sala, al pronunciarse sobre la ilegalidad del oficio 0036255/98, impositivo de la multa, desbordó la litis al ponderar una cuestión no planteada en su contra por el actor. La a quo, para evidenciar la ilegalidad de tal oficio, dijo: ‘por ende, el acto administrativo se emitió por una autoridad incompetente, como también ocurre en la resolución en que se impone la multa al actor, en virtud de que no obstante que en ésta se haya citado, aparte de los artículos mencionados, al acuerdo delegatorio expreso de facultades contenido en el oficio SF0165/95, que anexa la autoridad al producir su contestación a la demanda, del análisis que esta juzgadora realiza del texto del mismo, se desprende que el secretario de Finanzas únicamente delega las facultades al titular de la Dirección de Auditoría Fiscal, para firmar oficios de imposición de multas derivadas de infracciones cometidas con motivo de la emisión de requerimientos masivos de información, mas no así para que este último funcionario citado requiera información y documentación, así como para imponer las sanciones que correspondan, potestades que, de origen, le fueron otorgadas al secretario, como se aprecia del texto del artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Tesorería General del Estado de Jalisco, en relación con lo dispuesto por el diverso 4o., fracciones VII y XXV, del citado ordenamiento legal; por ende, se concluye que el director de Auditoría Fiscal del Estado carece de facultad para ejecutar actos en materia de impuestos federales coordinados’. El actor José Aguayo Chávez, en la demanda de nulidad, hace valer como conceptos de anulación contra el oficio impositivo de multa, los siguientes: ‘... 2. La resolución que hoy se impugna deberá anularse toda vez que carece de la debida fundamentación y motivación, violándose lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la autoridad funda la imposición de la multa en el artículo 85, fracción I, del multicitado código, omitiendo señalar de una manera clara y relacionada la hipótesis en la que supuestamente se encuadra la conducta infractora del suscrito, esto en virtud de que dicha fracción I tiene varios supuestos: a) oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal, b) no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales, c) no proporcionar contabilidad o parte de ella, etc. ... En ese orden de ideas queda de manifiesto que la autoridad demandada omitió señalar en cuál de los supuestos del artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se encontró encuadrada la conducta para que diera motivo a la imposición de la multa aplicable, en este caso la del artículo 86, fracción I, del mismo ordenamiento, por lo que en la especie, al constituirse una omisión de requisitos formales, como lo es la falta de la debida fundamentación y motivación, es de concluirse que la resolución debe declararse ilegal de conformidad con el artículo 238, fracción II, del ordenamiento citado, dejándose sin efectos de conformidad con el artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, cabe mencionar que el artículo 85, en su fracción I, del Código Fiscal de la Federación establece como infracción el no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales, hipótesis en la que el suscrito no se encuentra, toda vez que el requerimiento que supuestamente precedió a la resolución que hoy se impugna es ilegal, por lo argumentado por esta parte en el primer agravio de este ocurso. 3. Debe declararse la nulidad de la resolución que hoy se impugna, toda vez que la misma viola en mi perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el 38, fracción III, en razón de que la autoridad demandada en el oficio que contiene la resolución que hoy se impugna, pretende fundamentar su facultad para imponer multas en un acuerdo entre dependencias, mencionando textualmente: «... acuerdo expreso número SF0165/95 de fecha 27 de junio de 1995, en el que el secretario de Finanzas del Estado de Jalisco delega facultades en materia de imposición de multas al director de Auditoría Fiscal del Estado ...» (sic). De lo anterior se desprende una franca violación a los preceptos invocados por esta parte, toda vez que la facultad de imponer multas en materia de impuestos federales corresponde al Poder Ejecutivo del Estado a través de quien tenga facultad para administrar contribuciones de acuerdo a las disposiciones locales, facultad que recae, según lo dispuesto por la ley orgánica del Estado, exclusivamente en el secretario de Finanzas, sin que en esta ley se prevea la posibilidad de que éste a su vez esté en la aptitud legal de delegar tal facultad en otra persona o dependencia, tal y como en la especie sucede en mi perjuicio, ya que al delegar funciones está realizando un acto que en ningún momento está contemplado de manera expresa en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; consecuentemente, está violando el principio de legalidad, por lo que los actos derivados de este acuerdo serán también ilegales, razón por la cual esta Sala deberá declarar la nulidad de la resolución que aquí se combate. ...’ (fojas 5 y 6 del juicio fiscal). Como se observa de las transcripciones, el actor demandante de la anulación del oficio impositivo de multas, en ningún momento planteó como conceptos el que el oficio delegatorio en el que se fundó el de la multa dijera que únicamente facultaba al director de Auditoría Fiscal del Estado de Jalisco, para firmar imposiciones de multa, puesto que se argumentaron en su contra cuestiones totalmente distintas, como son que el oficio de imposición de multa carecía de la debida fundamentación y motivación al omitir señalar el supuesto de infracción (por contener varios) previsto en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, que si bien tal precepto establecía como infracción el no suministrar datos e informes que exijan las autoridades fiscales, no se encontraba en tal hipótesis porque el requerimiento de esos datos e informes era ilegal al ser expedido por una autoridad incompetente, y que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco no prevé el que el secretario de Finanzas pueda delegar facultades al director de Auditoría Fiscal del Estado, en materia de imposición de multas. Estas cuestiones son diversas a la ponderada por la a quo, por eso ésta infringió el principio de congruencia de las sentencias fiscales, previsto en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, pues conforme a ese precepto, la Sala debe examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, lo cual significa ser acorde a lo debatido, sin desbordar la litis, principio, se repite, que aquí se desatendió y, consecuentemente, se dejaron inestudiados los transcritos conceptos de anulación. En virtud de lo anterior no es dable que desde luego se declare la validez de la resolución impositiva de la multa, pues aun cuando se convino con el recurrente en el otro aspecto relativo a que el director de Auditoría Fiscal del Estado de Jalisco sí tiene facultades regladas para requerir la información y documentos, dada la incongruencia en que incurrió la Sala y la imposibilidad de este tribunal, por mandato jurisprudencial, de ocuparse de los aspectos no abordados por la Sala sustituyéndose a las facultades que le son propias, todavía no puede decidirse sobre la correcta o incorrecta postura de la autoridad fiscal al determinar la imposición de la multa, porque será materia del examen atingente y completo, que corresponde hacer a la Sala de los planteamientos de las partes sobre el particular. Y puesto que la contienda es indivisible, no puede, por un lado, en esta ejecutoria declararse la validez del oficio 013790/98 y, por el otro, dejar pendiente de elucidar la legalidad del oficio 0036255 impositivo de la multa, cabe devolver los autos a la Sala Fiscal para que se haga cargo de los planteamientos omitidos. La jurisprudencia que impide a este tribunal de segundo grado hacerse cargo del estudio directo y de primera mano que no abordó la Sala Fiscal a quo, es la número 546, publicada en las páginas trescientos noventa y cinco y trescientos noventa y seis del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice 1917-1995, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.-El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituyen medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, «se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...», ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas.’. Consecuentemente, con apoyo, además, en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, lo que procede es revocar la sentencia que se revisa para el efecto de que la Sala pronuncie otra, en la que se ocupe exactamente de lo planteado por el actor en relación con el oficio impositivo de la multa, cuyas cuestiones, como se dijo líneas precedentes, no abordó; asimismo, debe examinar la defensa que al respecto vertió la autoridad fiscal al contestar la demanda, todo ello sin desbordar la litis, plegándose a lo estrictamente planteado, pero también tendrá que declarar infundados, por las razones en esta ejecutoria ponderadas, los conceptos de anulación hechos valer contra el oficio 013790/98 de veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho, que antecedió a la imposición de la multa, toda vez que las consideraciones que al respecto hizo la Sala declarándolos fundados son insostenibles."

CUARTO.-El criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito deriva de la ejecutoria dictada en el toca de revisión número 236/2000, misma que en lo que interesa dice:

"QUINTO.-Los agravios hechos valer por la parte recurrente son jurídicamente ineficaces para modificar o revocar la sentencia recurrida.-En efecto, el acto impugnado en la demanda de nulidad consistió en el oficio número 11044/99, de fecha 19 de abril de 1999, a través del cual la Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco determina al suscrito un crédito fiscal en cantidad total de $134,576.00. Luego, como ya se vio, de lo transcrito en el considerando tercero de esta ejecutoria, la Sala declaró fundado y suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, lo esgrimido por la parte actora en su tercer concepto de anulación, en el sentido de que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y el segundo párrafo de la cláusula cuarta del convenio de colaboración administrativa celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco, ya que el director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, quien inició el ejercicio de las facultades de comprobación, al llevar a cabo el requerimiento de información y/o documentación, a través del oficio número 36895/97 de veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete, así como al efectuar la revisión de su respectiva contabilidad, y de cuyo procedimiento deriva la resolución impugnada, es incompetente para ejercer dichas facultades en materia de contribuciones federales mismas que, en concepto de la Sala, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirió al gobernador del Estado de Jalisco, a través de aquel convenio, pero que de conformidad con la cláusula cuarta del mismo, dichas facultades se podrán llevar a cabo por las autoridades que, conforme a las disposiciones legales locales, estén facultadas para administrar contribuciones federales, mismas que recaen en el secretario de Finanzas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y que para delegar tales facultades en funcionarios subalternos es necesario que se haga a través del reglamento interior respectivo, sin

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16973-a8549c0e/convenio-de-colaboracion-administrativa-en-materia-fiscal-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.