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COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DE LAS ACTAS DE SESIÓN, DICTÁMENES, OPINIONES, INFORMES Y ESTUDIOS ELABORADOS POR SUS DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A RECABAR ACTAS DE SESIÓN, DICTÁMENES, OPINIONES, INFORMES Y ESTUDIOS ELABORADOS POR SUS DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS, CUANDO CAREZCAN DE IDONEIDAD PARA EL FIN PROPUESTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2003-PL. · Registro digital (IUS): 17772
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE ESA MATERIA Y CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, , Pág. 299.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE ESA MATERIA Y CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de agosto de dos mil tres.

Vistos para resolver la contradicción de tesis 23/2003-PL, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 92/2002, el cual se apoya en la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado de la materia y circuito citados, al resolver los amparos en revisión 943/1988, 1443/1988, 2083/1988, 1213/1989 y 1763/1989, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el recurso de queja 126/2002; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil tres, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Fernando Sánchez Ugarte y Luis A. Prado Robles, presidente y secretario ejecutivo, respectivamente, de la Comisión Federal de Competencia Económica, en su carácter de autoridad responsable en los recursos de queja 126/2002 y 92/2002 de los índices del Primer y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción en el criterio sustentado por esos Tribunales Colegiados al resolver los citados recursos.

En ese escrito expresaron:

"Fernando Sánchez Ugarte y Luis A. Prado Robles, presidente y secretario ejecutivo de esta Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante CFC o comisión), respectivamente, autoridades responsables en los juicios de amparo a que se hace referencia más adelante, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, venimos a denunciar la contradicción de las tesis emitidas por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito que más adelante se citan, a efecto de que esa H. Suprema Corte determine el criterio que debe prevalecer. Consideramos que se presenta una contradicción entre las tesis emitidas por los H. Tribunales Colegiados Primero y Noveno de Distrito en Materia Administrativa en este Primer Circuito, toda vez que al examinar un mismo problema jurídico sostuvieron criterios contrarios, de suerte tal que uno afirmó lo que el otro negó, por ende, existe una oposición de criterios entre dos órganos jurisdiccionales que examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron posiciones o criterios discrepantes, esta diferencia de criterios (como más adelante se verá) se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas y la contradicción deriva del análisis realizado respecto de los mismos elementos. Apoya lo anterior: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’ (cita su texto). En el caso concreto la C. Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito Judicial en este Distrito Federal, mediante acuerdos de 27 de noviembre de 2002 señaló con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo que ciertos documentos (de carácter interno de esta CFC) que fueron ofrecidos como prueba en sus respectivos juicios de amparo, no formaban parte de la litis constitucional, amparos que se encuentran relacionados. Dichos acuerdos fueron recurridos mediante el recurso de queja y existen criterios discordantes entre lo resuelto por dos Tribunales Colegiados. El H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió en sesión celebrada el 31 de enero de 2003, infundado el recurso de queja interpuesto por Grupo Continental, S.A., en el toca QA. 126/2002-1097 del índice de ese H. Tribunal, mientras que el H. Noveno Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó en sesión celebrada el 12 de febrero de 2003 fundado el recurso de queja interpuesto por Coordinación Industrial Mexicana, S.A., en el toca QA. 0092/2002-1099 del índice de ese H. Tribunal. Resulta de trascendental importancia el pronunciamiento que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación haga, ya que al momento de la presentación de la denuncia que nos ocupa aún quedan pendientes de resolver diversos recursos de queja ante distintos Tribunales Colegiados del Primer Circuito derivados de lo resuelto por el Juzgado Primero del mismo circuito. La contradicción señalada se actualiza toda vez que, en la especie, se colman los supuestos indicados en la jurisprudencia que antecede ya que los H. Tribunales Colegiados examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron posiciones discrepantes que provienen del análisis de los mismos elementos y se evidencian en las consideraciones de derecho de sus respectivas sentencias. El artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone que si se sustentan tesis contradictorias por los Tribunales Colegiados de Circuito las partes que intervinieron en los juicios, entre otros, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, acto que se traduce en la facultad de nuestro más Alto Tribunal de integrar jurisprudencia, preservando la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional. Por lo que hace al H. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, declaró fundado el recurso de queja (toca QA. 0092/2002-1099) interpuesto por Coordinación Industrial Mexicana, S.A., señalando en el cuarto considerando de su sentencia, entre otros, lo siguiente: (lo cita). Por su parte, el H. Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa declaró infundado el recurso de queja (toca QA. 126/2002-1097) interpuesto por Grupo Continental, S.A., señalando en el quinto considerando de su sentencia lo siguiente: (lo cita). Consideramos que lo sustentado por el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el toca QA. 126/2002-1097 es el criterio que debe prevalecer, ya que el artículo 78 de la Ley de Amparo no faculta a la quejosa para solicitar cuanto documento existe, además de que la constitucionalidad de los actos o leyes deriva del propio acto reclamado, jamás de otro documento. Por las razones expuestas, atentamente solicitamos a ese Máximo Tribunal determine cuál tesis o criterio debe prevalecer de los dictados por los Tribunales Colegiados del Primer Circuito en Materia Administrativa, entre los que existe contradicción." (fojas 1 a 4).

SEGUNDO. Por auto de ocho de abril de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 23/2003-PL, y toda vez que el tema planteado corresponde a la materia común, ordenó la radicación del asunto en el Tribunal Pleno; asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 10, fracción VIII y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ordenó la integración del expediente de contradicción requiriendo, para tal efecto, a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes, el envío de las ejecutorias en las que se pronunciaron los criterios posiblemente discordantes.

En posterior acuerdo de siete de mayo de dos mil tres, se dio vista por el plazo de treinta días al procurador general de la República, el cual transcurrió del trece de mayo al veintitrés de junio de dos mil tres.

Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil tres, se ordenó turnar el asunto al señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel, para la formulación del proyecto de resolución.

El procurador general de la República no formuló opinión en el plazo que le fue concedido.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de veintinueve de junio de dos mil uno.

Las disposiciones citadas establecen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

Ley de Amparo.

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

"...

"VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:

"...

"V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. ..."

Acuerdo 5/2001.

"PRIMERO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionará además de en Pleno, en dos Salas especializadas.

"SEGUNDO. Ambas Salas ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la siguiente manera:

"...

"La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.

"TERCERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia conservará para su resolución:

"...

"VI. Las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas o las que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se refieran a la materia común; y las que se produzcan entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos del párrafo quinto del artículo 99 constitucional.

"...

"CUARTO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito."

Ahora bien, como en el caso la denuncia de posible contradicción de tesis se presenta entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, en la que si bien se involucran los artículos 78, 150 y 152 de la Ley de Amparo, no se está en el caso de considerar que corresponde a la materia común, porque el diferendo emana de la naturaleza de diversos documentos previstos en la Ley Federal de Competencia Económica, en su reglamento y en el Reglamento Interior de la Comisión de Competencia, ordenamientos propios de la materia administrativa, por lo que la fijación del criterio que debe prevalecer no incidirá en las otras materias, de donde se surte la competencia de esta Segunda Sala para resolverla.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica, en su carácter de autoridad responsable en los juicios de amparo indirecto de los que derivan los recursos de queja de que se trata, por conducto de su presidente.

Para corroborar lo anterior, conviene citar lo dispuesto por los artículos 5o., fracción II y 197-A de la Ley de Amparo, en lo conducente:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"II. La autoridad o autoridades responsables."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia ..."

De las copias certificadas de la resolución pronunciada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el recurso de queja 92/2002, así como de la emitida por el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito en el recurso de queja 126/2002, remitidas a este Alto Tribunal, se desprende que la Comisión Federal de Competencia tiene el carácter de autoridad responsable en los juicios de amparo indirecto de los que derivan los recursos de queja materia de esta contradicción, por lo que al ser una de las partes en esos juicios y como tal presentó la denuncia de contradicción de tesis, por conducto de su presidente quien tiene la representación legal de ese instituto en términos del artículo 28, fracción V, de la Ley Federal de Competencia Económica, procede concluir que se reunió el requisito de legitimación exigido por el citado artículo 197-A.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 943/1988, 1443/1988, 2083/1988, 1213/1989 y 1763/1989 sostuvo, en lo conducente:

1. En el amparo en revisión 943/1988, resuelto en sesión del diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y ocho:

"CUARTO. No ha lugar a estudiar los agravios hechos valer, toda vez que este tribunal observa que se han violado en contra del particular recurrente las normas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo. El a quo, en la sentencia que se revisa, manifestó: ‘Empero, debe decirse que en la especie procede negar a la parte quejosa el amparo y la protección de la justicia que solicita, en atención a que fue omisa en ofrecer como prueba el expediente formado con motivo del recurso promovido, dentro del cual se encuentran tanto las alegaciones hechas ante la autoridad responsable como las pruebas ofrecidas, ni tampoco obra en autos la resolución que se combate por esta vía, con objeto de que este tribunal federal se encontrase en aptitud de analizar tanto unas como otras, determinando si existen o no las violaciones procesales que aduce. Aún más, tampoco obra en el expediente en que se resuelve el escrito por medio del cual se promovió el recurso de revocación a que se ha hecho mención, motivos por los cuales procede afirmar que el suscrito se encuentra impedido para analizar el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, a la luz de los conceptos de violación externados en la demanda de garantías.’. De lo anterior se conoce que el juzgador negó el amparo solicitado en virtud de que no obraban en autos diversas probanzas, razón por la que no se encontraba en aptitud de analizarlas y determinar si existían o no las violaciones procesales aducidas por la entonces quejosa. El anterior proceder es violatorio de las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, porque conforme al artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, el juzgador debió recabar las probanzas que no obraban en el expediente y que consideró necesarias para determinar si existen o no las violaciones aducidas por la quejosa, mas no negar el amparo solicitado con base en la falta de dichas pruebas. En efecto, el artículo 78, en su último párrafo, de la ley citada establece: ‘El Juez de amparo podrá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.’. Así las cosas si el a quo reconoció que no obraban en autos ‘el expediente formado con motivo del recurso promovido’ y demás probanzas debió en cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, recabar oficiosamente las mismas ante la responsable, dado que eran necesarias para la resolución del asunto. No es óbice para la conclusión anterior el que en el último párrafo del numeral en cita se establezca que el ‘Juez de amparo podrá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos’, toda vez que el término ‘podrá’ no implica una facultad potestativa del juzgador sino, una vez ubicado en la hipótesis de que se trata, la obligación plena de recabar las probanzas mencionadas. En efecto, el término ‘podrá’, que es una inflexión del verbo ‘poder’, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su décimo novena edición, significa ‘tener expedita la facultad de hacer una cosa. Tener facilidad, tiempo o lugar al hacer una cosa’ (página 1042, primera columna), aseveraciones que en modo alguno dan al término ‘podrá’ el significado de hacer algo o dejarlo de hacer, potestativamente, sino el de poder hacerlo porque no existe traba u obstáculo que impida su realización, como en el caso que nos ocupa sería el que las probanzas de referencia no hubiesen sido rendidas ante la responsable o no fuesen necesarias para la resolución del asunto. En este sentido, si por un lado las pruebas consistentes en el escrito por el cual el quejoso interpuso el recurso de revocación así como la resolución recaída al mismo, se encuentra en el expediente formado por la responsable ya que tales probanzas dieron origen al acto reclamado, y por otro si el juzgador consideró necesarias para la resolución del asunto las pruebas consistentes en ‘el expediente formado con motivo del recurso promovido’, ‘la resolución que se combate por esta vía’, así como el escrito por medio del cual ‘se promovió el recurso de revocación’, a tal punto que manifestó que se encontraba ‘impedido para analizar el acto reclamado’, es inconcuso que tenía expedita la facultad de recabar las mencionadas probanzas, cuestión que no hizo, siendo que estaba obligado a ello, atento que se encontraba en la hipótesis establecida en el artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, extremo que le imponía tal obligación. A mayor abundamiento, la función propia del juzgador de amparo lo obliga no sólo a no interpretar en forma estricta el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, sino a aplicarlo en forma tal que permita el cabal cumplimiento de la elevada función constitucional que tiene encomendada." (fojas 128 a 131 del cuaderno).

2. En el amparo en revisión 1443/1988, resuelto en sesión del dos de agosto de mil novecientos ochenta y ocho:

"CUARTO. No ha lugar a examinar los agravios propuestos en esta instancia, pues con arreglo a lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, este tribunal estima procedente decretar la reposición del procedimiento para el efecto de que se subsanen diversas violaciones cometidas a las normas reguladoras del mismo. De conformidad con lo preceptuado por el artículo 78 de la ley de la materia, en su tercer párrafo, ‘El Juez de amparo podrá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.’. Tal prescripción ha sido interpretada por este tribunal, al conocer del amparo en revisión número 943/88 promovido por Ambrosio Luna Villafaña en sesión del día diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, en el sentido de que en virtud de la misma el Juez de amparo no sólo se haya facultado para recabar las probanzas que, habiendo estado en poder de la autoridad responsable, sean necesarias para resolver la cuestión propuesta, sino que inclusive está obligado a proceder de esta manera siempre que las circunstancias del caso lo exijan, atento el imperativo constitucional de impartir justicia y vistas las razones expuestas en el sumario transcrito a continuación: (lo cita). En la especie, las circunstancias del caso eran tales que ciertamente exigían al juzgador allegarse de todas y cada una de las constancias agregadas a los expedientes puestos a la vista de la responsable al momento de dictar los actos reclamados. En efecto, la litis constitucional se planteó en relación con dos resoluciones dictadas por el subsecretario de Fomento Industrial de la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, con motivo de una controversia existente entre la quejosa Utility, S.A. y el tercero perjudicado Daniel García Díaz, en torno al alcance y validez de una patente de modelo registrada a favor del segundo. Tratándose del alcance de la patente y la consecuente invasión de la misma por parte de la quejosa, el Juez de amparo resolvió que procedía decretar la caducidad de la instancia en el procedimiento contradictorio instruido ante la responsable, por efecto de la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles a la materia de propiedad industrial. Respecto de la validez de la patente, el Juez de Distrito estimó fundada la pretensión de anulación deducida por la quejosa en vista de la falta de novedad del modelo amparado por dicha patente. Como es fácil advertir, la decisión de ambas cuestiones, es decir, de la legalidad de las resoluciones emanadas de los procedimientos administrativos de invasión de patente (registrado con el número DC. 74/118) y de nulidad de patente (tramitado en el expediente Pat. de Mod. No. 11978), exigía naturalmente que el a quo se impusiera de todas y cada una de las constancias de los mismos, pues sólo así podía determinar si se había producido la inactividad de las partes alegada como origen de la caducidad de la instancia, y si la patente amparaba un modelo carente de novedad, vicio este último invocado como causa de nulidad. Pese a lo anterior, del examen del cuaderno de amparo se desprende que en el juicio de garantías se exhibieron sólo algunas constancias de los expedientes citados, pero no la totalidad de las mismas, especialmente las relativas al cierre de instrucción y al examen extraordinario de novedad de la patente; propiamente, las únicas constancias ofrecidas como pruebas por la quejosa se hacen consistir en la contestación a la demanda de invasión de derechos, la reconvención donde se solicita la nulidad de la patente y el escrito de alegatos de aquélla (fojas treinta y nueve a sesenta y dos), así como el escrito de la contrademandante en donde desahoga una prevención, el auto recaído al mismo, el traslado al tercero perjudicado con la reconvención, su escrito de contestación y por último su solicitud de patente (fojas ciento treinta y cinco a ciento cincuenta y ocho). En este orden de ideas, basta considerar que las actuaciones faltantes son de especial relevancia en el cómputo de la caducidad estimada por el a quo y en la determinación de la novedad de la patente, para llegar a la conclusión de que el a quo no tuvo a su alcance los elementos de convicción apropiados para resolver con toda plenitud la litis constitucional planteada, en agravio, desde luego, de las partes, por lo cual se impone decretar la reposición del procedimiento para que el a quo, al tenor del artículo 78, párrafo tercero, de la ley, requiera a la responsable la remisión de los expedientes administrativos de donde emanaron los actos reclamados, y en vista de ellos decida la litis constitucional." (fojas 149 a 151).

3. En el amparo en revisión 2083/1988, resuelto en sesión del diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y ocho:

"CUARTO. No ha lugar a examinar los agravios hechos valer toda vez que este tribunal observa que se han violado en contra del particular recurrente las normas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo. El a quo en la sentencia que se revisa manifestó: ‘QUINTO. Aduce el quejoso en el capítulo de conceptos de violación que la resolución que se reclama es violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 27 de la Constitución, porque se le privó del inmueble de su propiedad sin habérsele brindado la oportunidad de defenderse. Son ineficaces, pues no exhibió copia certificada de la resolución que se combate y en esas condiciones el suscrito se encuentra impedido para justipreciar dicho acto por lo que debe concluirse que, en la especie, no se demostraron las supuestas violaciones que manifiesta el quejoso y, por tanto, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Es aplicable la tesis jurisprudencial número ciento sesenta y cinco (quinta relacionada), visible en la página doscientos setenta y seis de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: «INFORME JUSTIFICADO, DEBEN APORTARSE PRUEBAS PARA DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO QUE SE RECLAME, AUNQUE FALTE EL.».’-De la anterior transcripción se conoce que el juzgador negó el amparo solicitado en virtud de que el quejoso ‘no exhibió copia certificada de la resolución que se combate’, razón por la que señaló que ‘el suscrito se encuentra impedido para justipreciar dicho acto’. El anterior proceder es violatorio de las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, toda vez que conforme al artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, el juzgador debió recabar la probanza que no obraba en el expediente, consistente en ‘la copia certificada de la resolución que se combate’ y que consideró necesaria para determinar la existencia de las violaciones aducidas por el quejoso. En efecto, el artículo 78, en su último párrafo, de la Ley de Amparo establece: ‘El Juez de amparo podrá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.’. Así las cosas, si el a quo conoció que no obraba en autos la ‘copia certificada de la resolución que se combate’, ya que no fue exhibida por el particular, debió en cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo recabar oficiosamente la misma ante la responsable, dado que era necesaria para la resolución del asunto. No es óbice para la conclusión anterior el que en el último párrafo del numeral en cita se establezca que el Juez de amparo podrá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos, toda vez que el término ‘podrá’ no implica una facultad potestativa del juzgador, sino una vez ubicado en la hipótesis de que se trata, la obligación plena de recabar las probanzas mencionadas. En efecto, el término ‘podrá’, que es una inflexión del verbo ‘poder’, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su décimo novena edición, significa: ‘tener expedita la facultad de hacer una cosa. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer una cosa’ (página 1042, primera columna), aseveraciones que, en modo alguno dan al término ‘podrá’ el significado de hacer algo o dejarlo de hacer, potestativamente, sino el de poder hacerlo porque no existe traba u obstáculo que impida su realización, como en el caso que nos ocupa sería el que las probanzas de referencia no hubiesen sido rendidas ante la responsable o no fuesen necesarias para la resolución del asunto. En este sentido, si por un lado la prueba consistente en la resolución combatida, esto es, aquella mediante la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el particular ante el jefe del Departamento del Distrito Federal, se encuentra en el expediente formado por la responsable con motivo de la interposición del recurso, ya que tal probanza fue el corolario del procedimiento administrativo, y por otro, si el juzgador la consideró necesaria para la resolución del asunto a tal punto que manifestó que ‘se encuentra impedido para justipreciar dicho acto’, es inconcuso que tenía expedita la facultad de recabar la mencionada probanza, cuestión que no hizo, siendo que estaba obligado a ello, atento que se encontraba en la hipótesis establecida en el artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, extremo que le imponía tal obligación. A mayor abundamiento, la función propia del juzgador de amparo lo obliga no sólo a no interpretar en forma estricta el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, si

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17772-576cb158/comision-federal-de-competencia-economica-caracteristicas-y-alcances · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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