CORREDORES PÚBLICOS. ESTÁN FACULTADOS PARA DAR FE DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LAS FACULTADES DE QUE ESTÉN INVESTIDOS (REPRESENTACIÓN ORGÁNICA), CUANDO SE OTORGUEN EN LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE AQUÉLLAS. CORREDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD PARA DAR FE DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LAS FACULTADES DE QUE ESTÁN INVESTIDOS, NO EXCLUYE A LOS NOTARIOS PÚBLICOS DE ESA FUNCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS, POR UNA PARTE, POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA DE TRABAJO Y NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO Y, POR OTRA, POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día tres de agosto de dos mil cinco.
Vistos, para resolver, los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, Rubén Villa Lever, en calidad de quejoso en los juicios de amparo directo 134/97 y 217/98, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por ese tribunal y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien en lo conducente manifestó:
"Por medio del presente vengo a hacer denuncia de una contradicción de tesis que en mi concepto, y según detallo a continuación, se dio entre una ejecutoria dictada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y otras dos diversas ejecutorias que fueron dictadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante las cuales se resolvieron en definitiva sendos juicios de amparo directo en los cuales intervine como parte por mi propio derecho. A continuación, hago las precisiones del caso: 1. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dictó la siguiente tesis: ‘PÓLIZAS EMITIDAS POR CORREDOR PÚBLICO, SON EQUIPARABLES A LOS TESTIMONIOS NOTARIALES, PARA EFECTOS DE ACREDITAR PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL, CUANDO SE TRATA DE SOCIEDADES MERCANTILES.’ (se transcribe). 2. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito dictó dos ejecutorias que resolvieron sendos juicios de amparo directo que promovió el suscrito, los cuales identifico a continuación: a) amparo directo tramitado bajo el expediente 134/97 del mencionado Tribunal Colegiado, sobre el cual se interpuso recurso de revisión, habiendo quedado radicado bajo el expediente 1685/98 en la Segunda Sala de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como recurso de reclamación que se radicó bajo el expediente 160/98, también de esa H. Suprema Corte, recursos ambos que ya fueron resueltos en definitiva. b) Amparo directo tramitado bajo el expediente 217/98 del mencionado Tribunal Colegiado, sobre el cual se admitió recurso de revisión que quedó radicado bajo el expediente 3073/98 en la Segunda Sala de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, recurso que ya fue resuelto en definitiva. 3. Es el caso, por una parte, que en la ejecutoria que menciono en primer término, el Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito aceptó como legalmente válida en un juicio laboral, una póliza de corredor público en la que se hicieron constar las facultades de representación otorgadas por una sociedad mercantil en base a lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública y 54 de su reglamento, por estimar que el corredor está facultado para intervenir como fedatario en todos los actos de las personas morales de carácter mercantil, inclusive en aquellos en que se haga constar la designación y facultades de sus representantes (sin excepción alguna); y también es el caso, por otra parte, que en las dos ejecutorias dictadas por el Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, éste negó toda validez legal, para efectos de inscribirla en el Registro de Comercio, a una póliza fedatada por mí en mi carácter de corredor público, en la que también una sociedad mercantil otorgó facultades de representación, al estimar, contradiciéndose incluso a sí mismo, tanto que el artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública interpretado en base a la intención del legislador, contiene una ‘prohibición implícita’ para que los corredores intervengan como fedatarios en materia de poderes, por tratarse de actos ‘esencialmente civiles’; como también que dichos poderes no pueden ser válidamente otorgados ante corredor ‘en actos diversos a los de constitución, modificación, fusión, escisión, liquidación o extinción de sociedades mercantiles’, lo que implica que a pesar de la supuesta esencia civil del acto, en algunos casos sí es válido dicho otorgamiento, como por ejemplo y según expresamente afirma el colegiado, ¡cuando se está extinguiendo o liquidando una sociedad mercantil!" (fojas 1 y 2 del expediente relativo a la contradicción de tesis de mérito).
SEGUNDO. Por acuerdo de trece de enero de dos mil, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente provisional de varios 86/2000-PL, y requerir al presidente de cada uno de los Tribunales Colegiados copia certificada de las sentencias dictadas en los juicios de amparo directo 134/97, 217/98, así como del amparo en revisión 1099/98 (foja 7).
Una vez recibidas las copias certificadas de las indicadas sentencias, por acuerdo de dos de febrero del año dos mil, ordenó formar y registrar el expediente correspondiente a la posible contradicción de tesis, con el número 11/2000-PL, y dar de baja el expediente provisional de varios 86/2000-PL, e hizo notar que correspondía al Tribunal Pleno de este Alto Tribunal conocer del problema planteado. En el propio proveído ordenó dar vista de la denuncia de la posible contradicción propuesta, por el plazo de treinta días, al procurador general de la República.
En proveído de nueve de febrero de dos mil, el presidente de este Alto Tribunal dispuso que pasara la denuncia de la posible contradicción de tesis, para estudio, al señor Ministro Juan N. Silva Meza (foja 152).
El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento.
Posteriormente, los presentes autos fueron remitidos a la Primera Sala por la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, y en acuerdo de doce de abril de dos mil dos, con fundamento en el punto tercero del Acuerdo General Plenario 4/2002, de ocho de abril del propio año, esta Sala se abocó al conocimiento del presente asunto y se registró con el número 33/2002-PS (foja 207 del cuaderno correspondiente).
TERCERO. Previo dictamen del Ministro ponente, por auto de veinticinco de septiembre de dos mil dos, para estar en aptitud de determinar sobre la existencia de la posible contradicción de tesis, se ordenó requerir al presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, para que por su conducto fueren recabados: 1. El expediente del amparo en revisión número RT. 1099/98 del índice del citado tribunal; 2. El expediente del juicio de amparo número P. 1176/98, promovido por Leticia Fabiola Espinoza Peñaloza y María Patricia López, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, del que derivó el citado con el número 1; 3. El expediente del juicio laboral número 553/98, promovido por las referidas quejosas en el punto dos anterior, del índice de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje que dio origen al juicio de amparo citado (foja 215).
Mediante oficio número 176 de cuatro de octubre de dos mil dos, el presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, remitió copias fotostáticas certificadas de las sentencias dictadas en los referidos puntos uno y dos, y respecto del tercero informó que acompañaba el oficio respectivo donde el presidente de la mencionada Junta Especial manifestaba su imposibilidad física como jurídica para remitir el expediente laboral 553/98 por haber sido depurado. Oficio que fue acordado mediante proveído de nueve de octubre de dos mil dos (fojas 217 a 235).
CUARTO. Por acuerdo del entonces presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal de seis de diciembre de dos mil dos, se tuvo por ampliada la contradicción de tesis, pues en dicho proveído se determinó que para sustentar un criterio definido que permitiera establecer un principio de certidumbre jurídica en relación con el tema de la contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del diverso 2o. de la Ley de Amparo, se ordenó enviar oficio a los presidentes de los Tribunales Colegiados de todos los circuitos, para que aquellos que hubiesen pronunciado ejecutorias relacionadas con la temática denunciada, remitieran copias certificadas de dichas resoluciones y tesis, así como el disquete que las contenga y, en su caso, copia certificada de la póliza de corredor público que tuvieron a la vista y sobre la cual se hayan pronunciado, o bien, hicieran saber que no sustentaron criterio sobre el tema en cuestión (fojas 238 a 403 del cuaderno respectivo).
En cumplimiento al requerimiento señalado, todos los Tribunales Colegiados informaron al respecto, remitiendo copias certificadas de las respectivas resoluciones sobre el tema de la posible contradicción, los siguientes:
1. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión número 1596/98.
2. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los amparos en revisión números 229/2002 y 317/2002.
3. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo número 146/2002 y en el amparo en revisión número 374/2002.
4. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión número 94/2002.
5. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión número 69/2002.
6. Duodécimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo número 1732/2001.
7. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo en revisión número 2146/97 y en el amparo directo número 1786/2000.
8. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo directo número 7967/99 (expediente original).
9. Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los amparos directos números 3/2002, 33/2002 y 252/2002.
10. Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo en revisión número 420/2001.
11. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el amparo directo número 102/98.
12. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el incidente en revisión número 211/2001.
13. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el amparo en revisión número 379/2002.
14. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el amparo directo número 13/2001.
15. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en el amparo en revisión número 4/2000.
16. Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en el amparo en revisión número 76/2002.
17. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, en el amparo en revisión número 323/98.
18. Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en el amparo en revisión laboral número 778/2002.
19. Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en los amparos en revisión números 167/2002 y 303/2002.
Las anteriores resoluciones obran glosadas en los dos cuadernos del expediente de la presente contradicción.
QUINTO. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil tres, se tuvo por cumplido el diverso proveído de la presidencia de la Primera Sala de seis de diciembre del año anterior, al advertirse que se habían recabado la totalidad de los informes solicitados a los ciento sesenta y cinco Tribunales Colegiados de los veintinueve circuitos que integran la República Mexicana.
Asimismo, se determinó que al estar debidamente integrada en su totalidad la denuncia de probable contradicción de tesis de la temática denunciada en relación con las facultades de los corredores públicos en el otorgamiento de poderes, para efectos de representación, se ordenó dar vista al procurador general de la República con copia certificada de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que remitieron antecedentes, a fin de que expusiera su parecer por el término de treinta días y a fin de que, si lo estimaba conveniente, manifestara lo que a su representación conviniera (fojas 857 y 858, tomo II).
Por auto del entonces presidente de la Primera Sala de treinta de mayo de dos mil tres, se tuvo por precluido el derecho del citado servidor público al no haber formulado pedimento alguno dentro del plazo concedido para ello y se ordenó devolver los autos al señor Ministro Juan N. Silva Meza, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente (foja 909, tomo II).
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis a que se refiere este expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se trata de una denuncia sobre posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, y el presente asunto fue enviado a la Primera Sala con fundamento en el punto tercero del Acuerdo General Plenario 4/2002, para su resolución.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis es procedente, ya que fue hecha por Rubén Villa Lever, quien participó en calidad de parte en los juicios de amparo directo números 134/97 y 217/98, de los que derivó uno de los criterios materia de la contradicción y por esa razón está facultado para hacer la denuncia, tal como lo establece el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
De manera que si en el presente caso la posible contradicción de tesis es denunciada por el mencionado Rubén Villa Lever, con el carácter de parte en los juicios de amparo directo 134/97 y 217/98, según se observa de las copias certificadas de las ejecutorias pronunciadas en esos juicios, que se localizan en las fojas 27 a 91 y 100 a 144, se confirma que está legitimado para formular la denuncia de que se trata.
TERCERO. Es procedente que esta Primera Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun cuando el procurador general de la República haya dejado de emitir su opinión, no obstante que oportunamente se le dio vista, tanto de la denuncia como de la ampliación de la posible contradicción de tesis, pues en este caso debe estimarse que le precluyó el derecho para hacerlo.
La anterior apreciación la confirma la tesis jurisprudencial que enseguida se reproduce:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, diciembre de 2001
"Tesis: 1a./J. 107/2001
"Página: 8
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA NO EMITE SU OPINIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 197-A DE LA LEY DE AMPARO, PRECLUYE SU DERECHO PARA HACERLO. El artículo 197-A de la Ley de Amparo establece expresamente una facultad potestativa a favor del procurador general de la República, para que por sí o por conducto del agente que al efecto designe, exponga su parecer en relación con las contradicciones de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de un plazo de treinta días. Ahora bien, si el referido funcionario no ejerce esa facultad en dicho término, debe concluirse que su derecho para hacerlo precluye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo."
CUARTO. Las consideraciones sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la ejecutoria de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el toca RT. 1099/98, relativo al recurso de revisión interpuesto por Leticia Fabiola Espinoza Peñaloza y María Patricia López, en contra de la sentencia pronunciada el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, al resolver el juicio de amparo indirecto 1176/98, en la parte que interesa, son del siguiente tenor:
"CUARTO. Son fundados pero inoperantes los agravios que se hacen valer. Asiste razón a las peticionarias de garantías, cuando afirman que indebidamente el Juez de Distrito del conocimiento desestimó los argumentos que hicieron valer, en relación a que con la póliza exhibida por la empresa demandada, no podían acreditar su personalidad en el juicio laboral origen de este (sic) de garantías, porque los corredores públicos carecen de facultades para emitir testimonios notariales a que se refiere la fracción II del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo; lo anterior en razón de que estos argumentos no se hicieron valer al momento en que las quejosas objetaron la personalidad en el juicio laboral. Efectivamente, tal como lo sostienen las peticionarias de garantías, el Juez de Distrito del conocimiento actuó con desacierto al tener por inoperantes los conceptos de violación relacionados en el párrafo próximo anterior, habida cuenta de que las cuestiones de personalidad son de orden público y, por ende, tanto la autoridad del conocimiento como la autoridad de amparo deben analizarla de oficio, supliendo en su caso la queja de los peticionarios de garantías cuando se trate de trabajadores, pues basta que un trabajador objete la personalidad de la parte demandada para que la Junta responsable oficiosamente analice detalladamente los documentos con los cuales la parte patronal pretende acreditar la misma. Lo anterior, debido a que la personalidad es un presupuesto procesal que debe ser analizado pormenorizadamente por la autoridad jurisdiccional, ya que al dejar de hacerlo, se llegaría al extremo de aceptar como parte en el juicio a cualesquiera que se ostentara como tal, sin necesidad de acreditarlo, lo cual constituye un grave perjuicio para la seguridad procesal. Sin embargo, los conceptos de violación que se hicieron valer ante el Juez de Distrito resultan injustificados, por lo cual, su decisión de negar el amparo solicitado por las quejosas, debe prevalecer. Así es, no es exacto, como lo sostienen las peticionarias de amparo ahora recurrentes, que la póliza emitida por diverso corredor público, con la cual la empresa demandada Grupo Harco, Sociedad Anónima de Capital Variable, intentó acreditar su personalidad en el juicio laboral origen de este (sic) de garantías, no tenga validez, toda vez que no es correcta la interpretación que pretenden dar a la fracción II del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la misma no puede considerarse en forma aislada, sino en conjunto con todo el texto del referido numeral. Ciertamente el artículo 692, establece lo siguiente: ‘Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas: I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial y carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta. II. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite. III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; y IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva del sindicato.’. Lo antes transcrito, pone de manifiesto que para comparecer a un juicio laboral como representante legal de una persona moral cualquiera, es menester que la persona designada exhiba el poder notarial que así lo acredite; sin embargo, no se debe dar una interpretación gramatical al término ‘testimonio notarial’, ya que existen diversos tipos de personas morales cuya vida jurídica se regula por diversas leyes y, en su caso, reglamentos, como por ejemplo las sociedades mercantiles, que son reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles; las sociedades cooperativas que se encuentran reglamentadas por la Ley General de Sociedades Cooperativas, y en las cuales se establece en forma clara la forma de cómo se deben regular y quiénes son sus representantes, motivo por el cual para llevar un registro correcto a fin de dar seguridad jurídica de quiénes son sus representantes, se establecen los requisitos legales para su designación, así como ante quién deben registrarse para dar validez a dichos actos. Así, tenemos que la Ley Federal de Correduría Pública establece la figura de corredor público como fedatario, para intervenir en todos los actos de las personas morales de tipo sociedades mercantiles, pues al efecto la fracción VI del artículo 6o. de la referida ley, establece lo siguiente: ‘Artículo 6o. Al corredor público corresponde: ... VI. Actuar como fedatario en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles y en los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles.’. Asimismo, el Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública establece en su artículo sexto lo que a continuación se transcribe: ‘Artículo 6o. Para efectos de las fracciones V, VI y VII del artículo 6o. de la ley, cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a notario o fedatario público, escritura, protocolo y protocolización, se entenderá que se refiere a corredor público, a la póliza expedida por corredor, a cualquier libro de registro del corredor y al hecho de asentar algún acto en los libros de registro del corredor, respectivamente.’. Como puede apreciarse de lo antes relacionado, las sociedades de carácter mercantil están sujetas a un régimen jurídico diferente a las entidades morales de naturaleza civil, a través de la Ley General de Sociedades Mercantiles, derivada del Código de Comercio, la Ley Federal de Correduría Pública y su reglamento, en los que se establece de modo particular a un fedatario público denominado ‘corredor público’ diverso al notario surgido de la legislación civil. Al corredor público, la Ley Federal de Correduría Pública y su reglamento, lo facultan para intervenir como fedatario en todos los actos de las personas morales de tipo mercantil inclusive en aquellos en que se haga constar la designación y facultades de representación en las sociedades mercantiles, de conformidad con la ley de la materia, tal como lo establece el artículo 54 del referido reglamento de correduría pública, cuyo texto es del tenor siguiente: ‘Artículo 54. Las pólizas y actas expedidas por el corredor en el ejercicio de sus funciones, inclusive en aquellas en que se haga constar la designación y facultades de representación en las sociedades mercantiles de conformidad con la ley de la materia, se deberá admitir para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, siempre que dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales.’. En esas condiciones, contrario a lo que estiman las quejosas ahora recurrentes, no se debe interpretar el contenido del artículo 692, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los representantes legales de las entidades morales deben acreditar su personalidad con el correspondiente ‘testimonio notarial’, de manera literal o rigorista, supuesto que como ya se razonó, no sólo los notarios pueden dar fe de los actos realizados por las entidades morales en general, pues en materia mercantil también pueden hacerlo los corredores públicos, y en este caso, la empresa codemandada denominada Grupo Harco, Sociedad Anónima de Capital Variable, es una empresa de carácter mercantil, conformada de acuerdo con las disposiciones del marco legal comercial. Además, debe tenerse en cuenta que cuando se publicó la Ley Federal del Trabajo, el primero de abril de mil novecientos setenta y nueve, no existía la Ley Federal de Correduría Pública, publicada el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, motivo por el cual la figura del corredor público no existía con esas facultades, circunstancia por la cual la ley citada en primer término no podía prever los actos que éstos realizaran ni su ámbito de validez, prueba de ello fue la necesidad que tuvo el legislador para que en el invocado artículo 6o. del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, estableciera claramente que ‘... cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a notarías o «notario público», «escritura», «protocolo» y «protocolización», se entenderá que se refiere a «corredor público».’. Por tanto, si de acuerdo con el marco jurídico mercantil actual, los corredores públicos, mediante la emisión de sus pólizas pueden intervenir como fedatarios en el ejercicio de sus funciones, hacer constar la designación y facultades de representación en las sociedades mercantiles, es indudable que los documentos en cuestión deben tomarse en cuenta para acreditar la personalidad de este tipo de entes jurídicos en los juicios del orden laboral, equiparando las pólizas respectivas con los testimonios notariales a que se refiere la fracción II del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, aun cuando el Juez Federal del conocimiento omitió entrar al estudio de los argumentos en cuestión, su decisión de negar el amparo debe prevalecer, pues son infundados los conceptos de violación que se formularon según se aprecia de este estudio, de ahí que los agravios que en esta vía de revisión se hacen valer resulten fundados pero inoperantes." (fojas 17 a 21).
QUINTO. Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 134/97, promovido por Rubén Villar Lever, por derecho propio y como apoderado de Arquitectura y Paisaje de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable, en ejecutoria de treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, sostuvo, en su parte conducente, lo que a continuación se transcribe:
"CUARTO. Los conceptos de violación son infundados. En efecto, el documento cuestionado del que el director del Registro Público de Comercio en esta ciudad negó su registro, en su resolución de dos de octubre de mil novecientos noventa y cinco, impugnada en el juicio de nulidad, cuya sentencia es materia de este amparo directo, dice: ‘Póliza número 1 uno. Libro de sociedades. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 25 veinticinco días del mes de septiembre de 1995 mil novecientos noventa y cinco, compareció ante mi, licenciado Rubén Villa Lever, corredor público número 27 veintisiete en la plaza del Estado de Jalisco, el señor arquitecto José Luis Macías Romano, en su carácter de gerente y apoderado de la sociedad denominada Arquitectura y Paisaje de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable, y dijo: Que a nombre y en representación de la citada sociedad mercantil viene a otorgar en favor de María Isabel Macías Romano, poder general judicial para pleitos y cobranzas y para actos de administración, en términos de los dos primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil vigente en el Distrito Federal en Materia Común y en toda la República en Materia Federal; y del artículo 2475 del Código Civil de Jalisco, confiriéndole en consecuencia, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: Facultades: I. Para representar a la sociedad ante toda clase de personas físicas y morales y ante las autoridades judiciales, administrativas y del trabajo, ya sean de la Federación, de los Estados o de los Municipios. II. Para hacer sumisión expresa o tácita. III. Para desistirse de toda clase de acciones y recursos, aun del juicio de amparo. IV. Para transigir. V. Para comprometer en árbitros. VI. Para absolver y articular posiciones. VII. Para recusar. VIII. Para recibir pagos. IX. Para presentar querellas penales y para desistirse de las mismas. X. Para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público. XI. Para comparecer ante todas las autoridades en materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Infonavit, Instituto Mexicano del Seguro Social y Fonacot, a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de cualquier conflicto individual o colectivo que se genere en contra de la sociedad, a los que comparecerá con el carácter de representante de la misma, en términos del artículo 11 once de la Ley Federal del Trabajo que determina: «Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración, representan al patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.». XII. Para administrar los bienes de la sociedad, comparecer a toda clase de concursos de obra pública o privada, ya sea ante la Federación, los Estados o los Municipios, firmando los contratos respectivos. XIII. Los mandatarios no podrán otorgar poderes generales ni especiales. Personalidad ... Insertos. El artículo 2475 dos mil cuatrocientos setenta y cinco del Códig
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19429-815d40c9/corredores-publicos-estan-facultados-para-dar-fe-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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