RENTA. LA LEY VIGENTE CUANDO SE PRODUJO LA PÉRDIDA FISCAL ES LA QUE RIGE LOS PERIODOS EN QUE PUEDE DISMINUIRSE DE LA UTILIDAD FISCAL, Y NO LA VIGENTE CUANDO SE EFECTÚE LA DECLARACIÓN O PAGO DEL IMPUESTO (ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, REFORMADO Y QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 1o. DE ENERO DE 1996).
ACLARACIÓN DE SENTENCIA EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN CONTRA DE LA SOSTENIDA POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de agosto del año dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día doce de diciembre de dos mil dos, el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de otras autoridades, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer y Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito.
SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veintisiete de enero de dos mil tres, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia respectiva, y seguida por sus trámites respectivos, en sesión de seis de junio de dos mil tres, se resolvió al tenor de los siguientes puntos resolutivos.
"PRIMERO. Existe la contradicción de tesis denunciada.
"SEGUNDO. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual deberá quedar redactado conforme a la tesis de jurisprudencia inserta en la parte final del último considerando de la presente resolución."
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver oficiosamente la presente aclaración de sentencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente y por analogía, en relación con los diversos numerales 223 a 226 del mismo ordenamiento, también aplicables supletoriamente en términos de lo previsto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, en virtud de que en la sentencia que resolvió la contradicción de tesis afin a este asunto, existe una imprecisión.
Conviene agregar que la aclaración de sentencia procede oficiosamente en aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y aun cuando en la Ley de Amparo no se establezca tal institución ésta es congruente con la normatividad del juicio de garantías e indispensable porque no puede dejarse sin aclaración una resolución respecto de la cual se advierte un error.
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia ha considerado que la suplencia del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo procede no sólo respecto de instituciones en ella contempladas que no se encuentran reglamentadas o que lo están insuficientemente, sino también en el caso de instituciones no establecidas en esa ley, siempre y cuando sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto planteado, y que la institución aplicada en forma supletoria no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios que rigen el amparo; al efecto se emitió la tesis que a continuación se transcribe con sus datos de publicación.
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: III, mayo de 1996
"Tesis: P. LXXXI/96
"Página: 43
"ACLARACIÓN OFICIOSA DE SENTENCIA EN MATERIA DE AMPARO. PROCEDE EN APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SIEMPRE QUE NO SE ALTERE LA SUSTANCIA DE LO DECIDIDO. Las sentencias dictadas por los tribunales federales en materia de amparo pueden ser aclaradas oficiosamente por éstos, por aplicación supletoria y analógica del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que otorga a los tribunales la facultad para subsanar las omisiones que noten, así como de los numerales 223 a 226 de tal ordenamiento, que regulan la institución de la aclaración de sentencia. La supletoriedad opera de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Amparo, aun cuando tal institución no se encuentre prevista en ésta, siempre que sea indispensable aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión o bien corregir algún error o defecto de la sentencia, sin alterar la sustancia de lo decidido pues dicha aclaración no contradice los principios del proceso de amparo; por lo contrario, es congruente con éstos y los complementa."
SEGUNDO. Señalado lo anterior, a continuación se procede a destacar la imprecisión que amerita corrección oficiosa.
En efecto a fojas 86 a 88 y 94 a 97 de la ejecutoria que resuelve la contradicción en comento, se puntualizó, en la parte que interesa, lo siguiente:
"Una vez determinado que el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es una norma de carácter sustantivo, debe entonces precisarse que el derecho a deducir las pérdidas sufridas en un ejercicio determinado y el periodo en que dicho derecho se puede hacer efectivo quedan establecidos por la ley aplicable en el momento en que suceden los hechos (ejercicio fiscal); así, las pérdidas fiscales que hubieran resultado bajo la vigencia de la Ley del Impuesto sobre la Renta de mil novecientos noventa y cinco, podían disminuirse del ejercicio inmediato anterior y de la utilidad fiscal de los cinco ejercicios siguientes, tal como se desprende del transcrito artículo 55 de dicha ley.
"Ahora bien, el hecho de que este precepto haya sido reformado en mil novecientos noventa y seis, no significa que la manera o lapso en que las pérdidas sufridas en mil novecientos noventa y cinco pueden deducirse hayan variado, pues es evidente que la intención del legislador y la naturaleza propia de las disposiciones fiscales hacen que las reglas específicas para determinar contribuciones en cada ejercicio se establezcan año con año, sin que la legislación emitida en años posteriores tenga por propósito modificar los derechos previamente concedidos al particular, sino establecer las reglas correspondientes que regirán hacia el futuro.
"Por otra parte, de no ser así se provocarían innumerables confusiones y se crearía una situación de inseguridad jurídica para el contribuyente. En ese orden de ideas, el texto del artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a mil novecientos noventa y seis, está destinado a regir las pérdidas fiscales que pudieran sufrirse durante su vigencia, hacia el futuro, al establecer, en su segundo y tercer párrafos, que: ‘Artículo 55. ... La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los diez ejercicios siguientes. Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de otros ejercicios, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado.’
"En consecuencia, es claro que la disposición transcrita no es aplicable a las pérdidas ocurridas en mil novecientos noventa y cinco, pues de sostenerse lo contrario se estaría pretendiendo darle efectos retroactivos a la ley.
"Es decir, la modificación de las condiciones para el ejercicio de un derecho sustantivo de carácter fiscal, como el que se examina, debe sujetarse, necesariamente, a la determinación de las leyes que deben regular acontecimientos o estados producidos después de que entran en vigor y no retrotraerse para modificar o suprimir una situación jurídica ya definida por la ley vigente en el momento en que ésta se verificó.
"...
"Lo anterior, en atención a que el supuesto que establecía el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, anterior a la reforma precitada, consistente en los ejercicios por lo que se podía amortizar la pérdida fiscal (cinco), se actualizó cuando se generó la pérdida, es decir, en mil novecientos noventa y cinco, o sea, antes de la fecha en que dicho precepto fue modificado en el año de mil novecientos noventa y seis, en vigor el primero de enero de ese año; y aunque durante la vigencia de la primera norma citada no se ejecutaron las consecuencias jurídicas consistentes en la disminución de tales pérdidas, fue porque el propio precepto establecía la posibilidad de que esta operación fiscal fuese realizada en los cinco periodos posteriores.
"En este orden de ideas, los contribuyentes que hubiesen sufrido pérdidas fiscales antes de que entrara en vigor la reforma citada, estuvieron en posibilidad de disminuirlas en los términos que establecía la Ley del Impuesto sobre la Renta antes de la modificación aludida, esto es, de la utilidad fiscal ajustada de los cinco ejercicios fiscales siguientes a cada uno de aquellos ejercicios en que sufrió pérdidas, de tal modo que la modificación a la referida ley que entró en vigor cuando los contribuyentes estaban en condiciones de disminuir las mencionadas pérdidas, no puede obrar sobre la disminución de las pérdidas fiscales en el número de periodos (diez) en que se autorizó a los contribuyentes respectivos, sino que sólo regula la situación jurídica de quienes sufrieron una pérdida fiscal después del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, al permitir el legislador que en esta hipótesis específica los causantes que se coloquen en ella podrían disminuirla de la utilidad fiscal en los diez ejercicios fiscales siguientes al en que dicha pérdida aconteció.
"En efecto, un derecho se adquiere cuando entra en la esfera jurídica de una persona, ya sea por un acto concreto o por mandato de la ley, de manera que si un contribuyente adquirió el derecho a deducir sus pérdidas fiscales al amparo y en los términos precisos señalados en el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta anterior a la reforma multicitada, es claro que una disposición posterior no puede afectar ni el derecho mismo ni las condiciones bajo las cuales se ejecutaría ese derecho, entre las que se encuentra la consistente en los periodos de deducción en que dicha pérdida fiscal puede disminuirse.
"El criterio que se sustenta en la presente contradicción, además de que se encuentra apegado a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Federal acata, como ya se dijo, lo establecido en el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, primer párrafo, en la parte que señala que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, lo que se respeta si se siguen las reglas de aplicación expuestas en los párrafos precedentes.
"La Ley del Impuesto sobre la Renta, antes de la modificación que entró en vigor en mil novecientos noventa y seis, señalaba como supuesto de la disminución prevista en su artículo 55 el incurrir en una pérdida fiscal, y la consecuencia jurídica de deducirla de las utilidades del resultado del ejercicio inmediato anterior y de la utilidad fiscal ajustada de los cinco ejercicios siguientes, esto es, cuando un contribuyente sufría una pérdida fiscal estaba autorizado para deducirla, aunque el ejercicio de esa deducción quedara suspendido hasta que el contribuyente tuviera utilidad fiscal ajustada en los cinco ejercicios siguientes. Ahora bien, los contribuyentes que se colocaron en la hipótesis prevista en la norma anterior, en su momento tuvieron una pérdida y optaron por deducirla contra la utilidad fiscal que se generara en los cinco ejercicios siguientes; así, al entrar en vigor la reforma al precepto legal de mérito, la modificación relativa a la ampliación del periodo de deducción trajo como consecuencia que la pérdida fiscal causada en un ejercicio pudiera disminuirse dentro de los diez ejercicios siguientes, pero sólo cuando la pérdida fiscal ocurrió a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, en que entró en vigor la reforma al artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"Cabe precisar que, como ha quedado analizado, tratándose del impuesto sobre la renta, de conformidad con lo señalado en el artículo 10, fracciones I y II, de la ley de que rige dicho tributo, la determinación del resultado fiscal de un contribuyente, base del impuesto, requiere disminuir de los ingresos acumulables logrados en el ejercicio, las deducciones legalmente autorizadas, lo que trae como resultado la utilidad fiscal, a la cual se pueden disminuir las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios. A pesar de constituir lo anterior un acto jurídico complejo de naturaleza tributaria, es fácil advertir que la pérdida fiscal y los periodos en que es posible disminuir ésta pueden distinguirse con nitidez, como se explicó en los párrafos precedentes, sin que exista confusión alguna en lo tocante a la sujeción de las pérdidas fiscales, pues basta localizar el momento en que surgió la pérdida para establecer cuál es el periodo de ejercicios en que puede disminuirse de la utilidad fiscal, esto es, si la pérdida sucedió antes de la reforma de mil novecientos noventa y seis al artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o después de tal reforma, como antes se explicó."
En esos términos se aprobó la ejecutoria que resolvió la contradicción de mérito, sin embargo, no pasa inadvertido para esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en el decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en su artículo séptimo transitorio, fracción IV, se establece lo siguiente:
"Artículo séptimo. ...
"IV. Para los efectos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 55 y la fracción I del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1o. de enero de 1996, las pérdidas fiscales que podrán disminuirse de la utilidad fiscal de los diez ejercicios siguientes a aquel en que ocurrieron, en los términos de las disposiciones fiscales señaladas, serán las ocurridas a partir del ejercicio de 1991."
Por consiguiente, no obstante que el tema de contradicción únicamente se constreñía a determinar si el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en mil novecientos noventa y cinco, y mil novecientos noventa y seis (número de ejercicios por los que podrían disminuirse pérdidas de la utilidad fiscal) era de naturaleza adjetiva o sustantiva, y en el segundo de los ejercicios cómo debía aplicarse sin que los Tribunales Colegiados contendientes se hubieran pronunciado sobre algún otro aspecto, se estima importante que al advertir la existencia del artículo transitorio inserto (que resuelve el problema de aplicación, aunque no la naturaleza del precepto), se realice la aclaración de sentencia cuyo considerando octavo deberá quedar redactado de la siguiente forma:
OCTAVO. Determinado el punto de contradicción, se estima importante, en primer término, precisar qué se entiende por norma sustantiva y por norma de procedimiento, en materia fiscal, pues a la luz de ello se estará en posibilidad de determinar el carácter que tiene el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cinco.
Al respecto, el tratadista Hugo Carrasco Iriarte en su libro "Derecho Fiscal", primera parte, volumen 2, editado por Oxford University Press, segunda edición, México, 2002, define los siguientes conceptos:
Derecho fiscal sustantivo. Conjunto de normas jurídicas relativas a los elementos fundamentales de las contribuciones, es decir, las contribuciones en particular.
Derecho fiscal formal. Conjunto de normas jurídicas que se refieren a los procedimientos y formalidades aplicables para hacer efectiva la obligación fiscal principal.
Derecho procesal fiscal. Se refiere a las normas jurídicas en lo contencioso administrativo fiscal, recurso, demanda, contestación, alegatos, sentencias, etcétera.
En similar sentido se pronuncia el doctrinario Miguel Valdés Villarreal, en la obra "Principios Tributarios Constitucionales", coedición del Tribunal Fiscal de la Federación (México), Universidad de Salamanca (España) y el Instituto Cultural Domecq (México), 1989, al señalar que las leyes de los tributos conforman un sistema legal cuando contienen de manera sustancial el conjunto de elementos subjetivos y objetivos que caracterizan al tributo para identificarlo y distinguirlo de otros ingresos fiscales, la entidad política que lo impone, el contribuyente, el hecho o situación que lo causa o da origen, el criterio para cuantificar la significación económica de los bienes relativos al hecho o de hecho o de la situación para conocer la base gravable y la tasa, cuota o tarifa del gravamen, que dan como resultado saber quién está obligado y el impuesto a pagar; asimismo, existen las normas que establecen una serie de obligaciones formales o instrumentales del contribuyente para poder hacer factible y conocer la forma de cumplimiento o insatisfacción del tributo.
Ahora bien, es importante precisar que el punto de contradicción debe establecer el carácter de norma sustantiva o adjetiva del artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de determinar si para actualizar las pérdidas pendientes de amortizar respecto del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cinco, debe aplicarse dicho precepto vigente en ese año, o bien, si el aplicable resulta ser el de mil novecientos noventa y seis por tratarse del año en que se presenta la respectiva declaración.
Lo anterior, obedece a que en el punto fundamental de la contradicción el problema jurídico no se centra sobre lo que debe entenderse por pérdida fiscal o amortización de ésta, sino sobre cuál de los citados preceptos es el aplicable para determinar el número de ejercicios en que la pérdida fiscal puede amortizarse y disminuir con ello la utilidad fiscal que se declara. Esto, porque antes de la reforma introducida en mil novecientos noventa y seis al artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que hubiesen sufrido pérdida fiscal podían disminuirla de la utilidad fiscal durante los cinco ejercicios siguientes al en que ocurrió tal pérdida, a diferencia de la hipótesis establecida en dicho artículo a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, en que se autorizó por el legislador que si la pérdida fiscal había ocurrido en un ejercicio, el contribuyente podía disminuirla de la utilidad fiscal en los diez ejercicios siguientes.
Por lo así puntualizado, se estima importante transcribir dicho numeral en la vigencia de ambos ejercicios.
Ley del Impuesto sobre la Renta (vigente en 1995).
"Artículo 55. La pérdida fiscal será la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los ingresos.
"La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los cinco ejercicios siguientes.
"En los casos en que, al término del periodo a que se refiere el párrafo anterior, no se hubiere agotado la pérdida y en el ejercicio en que se generó la misma se hubiera determinado pérdida contable, el contribuyente podrá disminuir el remanente de la pérdida fiscal en los cinco ejercicios posteriores hasta agotarlo. El remanente que se disminuirá en los términos de este párrafo, no podrá ser mayor del que se tendría, de haber disminuido la pérdida contable mencionada en lugar de la fiscal.
"Para los efectos del párrafo anterior, la pérdida contable será la que resulte de aumentar al monto de la misma, el importe de la deducción inmediata de los activos fijos que se hubiere efectuado en el ejercicio, en los términos del artículo 51 de esta ley, de disminuir a la cantidad que se obtenga el importe de la depreciación de los activos mencionados que se haya tomado para calcular dicha pérdida contable.
"Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de otros ejercicios, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado.
"Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió, hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquel en que se aplicará.
"...
"El derecho a disminuir pérdidas es personal del contribuyente que las sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión. En el caso de escisión, las pérdidas fiscales pendientes de disminuirse de utilidades fiscales, se podrá dividir entre las sociedades escindente y las escindidas en la proporción en que se dividan el capital con motivo de la escisión."
El mismo artículo, en su texto vigente a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y seis, es del tenor siguiente:
"Artículo 55. La pérdida fiscal será la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los ingresos.
"La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los diez ejercicios siguientes.
"Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de otros ejercicios, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado.
"Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió, hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquel en que se aplicará. Adicionalmente, se podrá actualizar por el periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. ..."
A fin de un mejor entendimiento del asunto, es necesario insertar el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en mil novecientos noventa y cinco, que dice:
"Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 34%.
"El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:
"I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título.
"II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios.
"El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal."
De los preceptos transcritos se advierte que la pérdida fiscal no es sino la diferencia entre los ingresos acumulables en un ejercicio y las deducciones autorizadas por la ley, cuando el monto de éstas es mayor que el de los ingresos.
En este contexto, una vez realizados los cálculos correspondientes y si el resultado obtenido arroja pérdidas, la misma ley señala en qué lapso y bajo qué condiciones puede efectuarse la deducción de éstas.
Así, con anterioridad al primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, el contribuyente que sufría pérdidas estaba en posibilidad de disminuirlas de la utilidad fiscal durante los cinco ejercicios siguientes.
Sin embargo, después de la reforma al artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en vigor desde el primero de enero de mil novecientos noventa y seis), se amplió el periodo para que los contribuyentes que reportaran pérdida fiscal en un ejercicio, pudiesen disminuirla de la utilidad durante los diez ejercicios posteriores.
En consecuencia, los contribuyentes que hubiesen sufrido pérdida fiscal en mil novecientos noventa y cinco, podían deducirla de la utilidad fiscal en los cinco ejercicios siguientes, mientras que los causantes que se ubicaran en ese mismo supuesto, en mil novecientos noventa y seis, podían deducirla de la utilidad en los diez ejercicios siguientes, atento que, en un caso y en otro, la situación jurídica respecto de dichas pérdidas se dio cuando se encontraba en vigor el texto legal que establecía los periodos precisos en que se podía efectuar la deducción de las pérdidas fiscales acontecidas.
Asimismo, debe tenerse presente lo que establecen los artículos 5o. y 6o. del Código Fiscal de la Federación.
Código Fiscal de la Federación.
"Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
"Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal."
"Artículo 6o. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.
"Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.
"Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación.
Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica ..."
Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que en materia fiscal rige el principio de anualidad de las leyes tributarias respecto a su vigencia y aplicación, tal como se advierte del criterio sostenido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, que a continuación se transcribe con sus datos de publicación.
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988
"Página: 20
"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE ANUALIDAD DE LOS MISMOS. Ni del texto del artículo 74, fracción IV, constitucional, ni de ningún otro, se puede desprender que las Leyes de Ingresos no puedan ser modificadas sino de año en año. Luego entonces, esto no es posible obtenerse de una interpretación literal del precepto. Ahora bien, en un afán teleológico de interpretación, debe decirse que la finalidad que tuvo el legislador al establecer una disposición de esta naturaleza, consiste en la necesidad de controlar, evaluar y vigilar el ejercicio del gasto público por parte de la soberanía popular, de los representantes populares, de la Cámara de Diputados, derivada de la circunstancia de que es al pueblo, a través de sus representantes, a quien corresponde decidir, a propuesta del Ejecutivo, a qué renglones deben aplicarse los recursos aportados por el propio pueblo para sufragar el gasto público, lo cual hace al aprobar el presupuesto de egresos, así como vigilar el que dichos recursos se apliquen precisamente a los fines autorizados por la representación popular al aprobar ese presupuesto de egresos, lo cual realiza cuando en el año siguiente revisa la cuenta pública del ejercicio anterior, a raíz de la cual conocerá los resultados de la gestión financiera, comprobará si el Ejecutivo se ajustó a los criterios señalados en el presupuesto y si se dio cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas. Hasta aquí se ha hablado de gasto público, de autorización de presupuesto de egresos, de control, de evaluación, de vigilancia de ese gasto público, actividades y facultades que corresponden a la representación popular de manera exclusiva, sin intervención de la otra Cámara y que constituyen actos que sólo son formalmente legislativos, a diferencia de las Leyes de Ingresos, actos que son formal y materialmente legislativos, y que no son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, sino del Congreso de la Unión, del que ésta sólo es una parte, por más que en tratándose de leyes tributarias tenga forzosamente que funcionar como Cámara de Origen y su colegisladora, la de Senadores, como Cámara Revisora. Luego entonces, puede decirse que no se advierte razón jurídica alguna para regular, entre facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, una que no lo e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17775-657fb395/renta-la-ley-vigente-cuando-se-produjo-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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