OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PARA QUE SU RECHAZO POR EL TRABAJADOR INVALIDE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN, ES NECESARIO QUE AQUÉL SEA CALIFICADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 24/2001).
ACLARACIÓN DE SENTENCIA EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de febrero de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el cuatro de mayo de dos mil cinco, Juan Carlos Martínez Robles, en su carácter de apoderado legal de Angélica María Sánchez Martínez, quejosa en el juicio de amparo DT. 2176/2005, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el mencionado tribunal, al resolver los amparos directos DT. 2176/2005 y DT. 12776/2003 y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver los amparos directos DT. 305/2003, DT. 339/2003 y DT. 863/2003.
SEGUNDO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante resolución de doce de agosto de dos mil cinco, determinó:
"PRIMERO. Sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver, respectivamente, los juicios de amparo directo DT. 2176/2005, DT. 12776/2003 y DT. 863/2003.
"SEGUNDO. Se declara que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio establecido por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis que ha quedado redactada en la parte final del último considerando de la presente resolución."
La tesis de jurisprudencia que resultó con motivo de la contradicción de tesis en cuestión es la siguiente:
"OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PARA QUE SU RECHAZO POR EL TRABAJADOR INVALIDE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN, ES NECESARIO QUE AQUÉL SEA CALIFICADO PREVIAMENTE POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 24/2001). El ofrecimiento de trabajo es una figura jurisprudencial cuyos requisitos de procedencia son: 1) que el trabajador ejerza contra el patrón una acción derivada del despido injustificado; 2) que el patrón niegue el despido y ofrezca el trabajo; y, 3) que éste se ofrezca en las mismas o mejores condiciones en que se venía desempeñando. Así, para determinar si las consecuencias jurídicas del rechazo por parte del trabajador que demandó la reinstalación invalidan la acción de cumplimiento de contrato, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 24/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 468, con el rubro: ‘OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU RECHAZO POR EL TRABAJADOR QUE DEMANDÓ LA REINSTALACIÓN, INVALIDA LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR ENTRAÑAR DESINTERÉS EN OBTENER UN LAUDO CONDENATORIO.’, es necesario que la Junta de Conciliación y Arbitraje, antes de requerir al trabajador para ser reinstalado, califique provisionalmente si el ofrecimiento es de buena fe; en caso afirmativo deberá formular el requerimiento indicado y si el trabajador rechaza el ofrecimiento tendrá que determinar si ello obedece a causas justificadas que guarden relación con las condiciones de trabajo cuestionadas, para lo cual dará vista al patrón con lo manifestado por el actor y, si fuera el caso, sustanciará el incidente relativo para calificar en definitiva si hubo o no buena fe en el ofrecimiento del trabajo. Hasta entonces podrá la Junta decidir si el rechazo del trabajador invalida o no la acción de reinstalación."
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver, de oficio, la presente aclaración, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente y por analogía, en relación con los diversos numerales 223 a 226 del propio código, también aplicables supletoriamente en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, en virtud de que en la resolución dictada por este órgano colegiado el doce de agosto de dos mil cinco, en la contradicción de tesis 74/2005-SS, entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, a la que se hizo referencia en el último resultando de esta resolución, se advierten diversos errores que deben ser corregidos.
Para demostrar la procedencia de la presente aclaración de sentencia, resulta pertinente tomar en consideración el contenido de la siguiente jurisprudencia:
"ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo." (Tesis P./J. 94/97, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de 1997, página 6).
De la tesis transcrita se desprenden, en síntesis, las siguientes afirmaciones:
a) La aclaración de sentencias es una institución que tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos que se cometieran al dictar un fallo.
b) La aclaración de sentencias es aplicable en materia de amparo, a pesar de su falta de regulación expresa, en virtud de que el artículo 17 constitucional consagra el derecho de los gobernados a que se les administre justicia de manera pronta, completa e imparcial; además de que al existir discrepancia entre la sentencia entendida como acto jurídico, y la sentencia como documento, es necesario modificar este último para adecuarlo a aquélla.
Las consideraciones que anteceden sustentan el criterio de que la aclaración de sentencia es aplicable en materia de amparo, aun ante su falta de regulación en la ley de la materia, consideraciones que deben hacerse extensivas en este asunto en que se trata de una contradicción de tesis, por mayoría de razón, ya que se trata de un problema de seguridad jurídica que debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando cuál es el criterio jurídico que debe prevalecer para la solución de una controversia.
La importancia de una contradicción de tesis ha sido reconocida incluso en diversas ejecutorias dictadas por este Alto Tribunal, las que dieron origen a la siguiente tesis:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA DENUNCIA RESPECTIVA DEBE RESOLVERSE CON PRIORIDAD POR TRATARSE DE UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD JURÍDICA. La multiplicación de Tribunales Colegiados lógicamente provoca que la contradicción entre tesis sostenidas por unos y otros sea un fenómeno que al presentarse sólo pueda superarse a través de la denuncia respectiva, la que debe resolverse con prioridad a otros asuntos por tratarse de una afectación a la seguridad jurídica." (Tesis 3a. XXIX/91, Octava Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, agosto de 1991, página 85).
En tales condiciones, si la solución de un conflicto de tesis contradictorias entraña un problema de seguridad jurídica, el cual debe ser resuelto con prioridad por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, las consideraciones que dieron origen a la aplicación de la aclaración de sentencia a los juicios de amparo, deben también aplicarse, por mayoría de razón, a las resoluciones pronunciadas en una contradicción de tesis en la que deba realizarse alguno de los supuestos enumerados en la tesis de jurisprudencia citada con antelación, a saber, hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos.
Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis sustentada por esta Segunda Sala, que es del tenor siguiente:
"ACLARACIÓN DE SENTENCIAS. PROCEDE TRATÁNDOSE DE LAS DICTADAS AL RESOLVER UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS. Las consideraciones que sirvieron de apoyo al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar en la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS.’ (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, página seis) deben hacerse extensivas, por mayoría de razón, a los casos en que se trate de hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, que se hayan cometido al resolver una contradicción de tesis, puesto que en tal supuesto se trata de un asunto que entraña la afectación a la seguridad jurídica, ocasionada por la existencia de tesis discrepantes, que debe ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (Tesis 2a. LXXXIII/98, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 1998, página 145).
SEGUNDO. De la resolución pronunciada por esta Segunda Sala el doce de agosto de dos mil cinco, en la contradicción de tesis 74/2005-SS, entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, se advierte lo siguiente:
En la jurisprudencia que se sustentó por esta Segunda Sala, identificada con el número 97/2005, se sostiene que para que proceda la aplicación de la diversa jurisprudencia sustentada por esta misma Sala, que lleva por rubro: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU RECHAZO POR EL TRABAJADOR QUE DEMANDÓ LA REINSTALACIÓN, INVALIDA LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR ENTRAÑAR DESINTERÉS EN OBTENER UN LAUDO CONDENATORIO.", es necesario que la Junta de Conciliación y Arbitraje antes de requerir al trabajador para ser reinstalado, califique provisionalmente si el ofrecimiento es de buena fe; en caso afirmativo, deberá formular el requerimiento indicado y si el trabajador rechaza el ofrecimiento tendrá que determinar si ello obedece a causas justificadas que guarden relación con las condiciones de trabajo cuestionadas, para lo cual dará vista al patrón con lo manifestado por el actor y, si fuera el caso, sustanciará el incidente relativo para calificar en definitiva si hubo o no buena fe en el ofrecimiento del trabajo y que hasta entonces podrá la Junta decidir si el rechazo del trabajador invalida o no la acción de reinstalación, sin embargo, lo así determinado no guarda congruencia con la ejecutoria correspondiente a la referida contradicción de tesis 74/2005-SS, pues en ésta no aparecen consideraciones referentes a la tramitación de un incidente, lo que se estima debe corregirse a efecto de dar la debida congruencia entre la ejecutoria y la jurisprudencia que de ella deriva.
TERCERO. Una vez precisadas las cuestiones que deben ser corregidas oficiosamente, esta Segunda Sala aclara la sentencia de doce de agosto de dos mil cinco, dictada en la contradicción de tesis 74/2005-SS, entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, para determinar que el texto de la sentencia, una vez corregidas las cuestiones que se precisaron con anterioridad, debe ser el siguiente:
"México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día doce de agosto de dos mil cinco.
"VISTOS; Y,
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el cuatro de mayo de dos mil cinco, Juan Carlos Martínez Robles, en su carácter de apoderado legal de Angélica María Sánchez Martínez, quejosa en el juicio de amparo DT. 2176/2005, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el mencionado tribunal, al resolver los amparos directos DT. 2176/2005 y DT. 12776/2003 y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver los amparos directos DT. 305/2003, DT. 339/2003 y DT. 863/2003.
"SEGUNDO. Por acuerdo de once de mayo de dos mil cinco, el presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó que se formara y registrara el expediente. Por proveído de diecisiete de junio del mismo año, determinó que este órgano jurisdiccional es competente para conocer del asunto y ordenó que se diera a conocer dicho acuerdo al procurador general de la República para que expusiera su parecer.
"El veintisiete de junio de dos mil cinco, el secretario de Acuerdos de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de treinta días concedido al procurador general de la República, transcurría del veintisiete de junio al diecinueve de agosto del presente año.
"El Ministerio Público de la Federación formuló el pedimento contenido en el oficio DGC/DCC/792/2005.
"En proveído de veintisiete de junio, se turnaron los autos al Ministro Genaro David Góngora Pimentel para que formulara el proyecto de resolución.
"CONSIDERANDO:
"PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.
"SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima toda vez que fue formulada por Juan Carlos Martínez Robles, quien es apoderado legal de la quejosa Angélica María Sánchez Martínez, en el juicio de amparo directo DT. 2176/2005, que es uno de los asuntos de los que derivan los criterios en posible contradicción y, por ende, está legitimado en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
"TERCERO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó, al resolver el amparo directo DT. 2176/2005, promovido por Angélica María Sánchez Martínez, conceder el amparo solicitado, apoyándose en lo que a la presente contradicción de tesis interesa, en síntesis, en las consideraciones siguientes:
"• Son infundados los conceptos de violación, ya que si bien es cierto que la trabajadora está en aptitud de aceptar o no el empleo que se le ofrece, también lo es que en tratándose de la acción de cumplimiento de contrato, debe existir de manifiesto la voluntad de la trabajadora de reincorporarse de nuevo al servicio; por tanto, el rechazo de la oferta de trabajo que se le hizo, conlleva a declarar que la autoridad responsable está impedida para condenar a la reinstalación contra la voluntad expresa del trabajador, con independencia de la calificación que pretendió hacer la responsable, respecto al ofrecimiento del trabajo, pues al no aceptar la reinstalación que había sido ofrecida por la demandada, la actora demostró falta de interés respecto de la acción principal que había ejercitado, por lo que destruyó la misma y, por ende, la autoridad estuvo en lo correcto al absolver a la demandada de la prestación de reinstalación reclamada, así como de las restantes prestaciones, independientemente de a quién corresponde demostrar el hecho del despido, y haciendo incluso innecesaria la calificación de buena o mala fe del ofrecimiento de trabajo, en relación con la existencia de un juicio previo y la actitud asumida por la parte patronal.
"• La acción de cumplimiento de contrato, queda destruida por la actora cuando se niega a volver al servicio, pues entraña un desinterés de su parte en que la pretensión que pidió se cumpla, aun cuando se acredite que fue víctima de un despido arbitrario, puesto que el interés constituye un elemento esencial de la acción, sin el cual no es posible que se dicte un laudo condenatorio, toda vez que la Junta no está en posibilidad de cambiar oficiosamente la acción ejercitada, esto es, la de cumplimiento de contrato por la de pago de indemnización, pese a que observe que el trabajador ya no desea volver al servicio, y aunque se calificara de mala fe el ofrecimiento de trabajo y se justificara el despido, la Junta estaría impedida a condenar a la reinstalación, atento a la manifestación del obrero de no querer regresar al servicio, con independencia de los argumentos que para ello exponga, apoyando lo anterior en la jurisprudencia 2a./J. 24/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU RECHAZO POR EL TRABAJADOR QUE DEMANDÓ LA REINSTALACIÓN, INVALIDA LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR ENTRAÑAR DESINTERÉS EN OBTENER UN LAUDO CONDENATORIO.’
"• La autoridad laboral estuvo en lo correcto al absolver al demandado de las prestaciones reclamadas en el juicio laboral 598/01, toda vez que al no aceptar la actora la reinstalación a su centro de trabajo, destruyó la acción principal intentada; y, asimismo, al no aceptar la reinstalación ofrecida, ello se tradujo en que la actora no se reintegró a las labores normales de la empresa, por lo que, como acertadamente lo señala la responsable, si no hubo materialmente una reinstalación, es obvio que tampoco pudo existir el despido alegado por la actora en el expediente 290/02.
"Por otra parte, el señalado Tribunal Colegiado, al resolver el diverso juicio de amparo directo DT. 12776/2003, promovido por María Elena Arroyo Bravo, determinó negar el amparo solicitado, apoyándose en las consideraciones esenciales siguientes:
"• Que independientemente de la calificación de buena o mala fe del ofrecimiento de trabajo formulado por la empresa demandada, lo cierto es que la actora invalidó su acción al rechazar el ofrecimiento de trabajo y la continuación de la relación laboral, pues claramente ejercitó la reinstalación en su centro de trabajo, y en la confesional expresamente indica su voluntad de no continuar laborando para la demandada, por lo que se debe considerar que la acción fue invalidada por la propia actora.
"• La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el punto consistente en determinar si el rechazo de la oferta de trabajo efectuada por la parte patronal al trabajador en los mismos términos y condiciones en que se venía llevando a cabo el servicio invalida la acción de reinstalación ejercida, o si únicamente produce como consecuencia que se corten los salarios caídos a la fecha de la negativa del actor a volver al empleo en caso de acreditarse el despido injustificado, en la contradicción de tesis 6/2001, entre las sustentadas por el referido Tribunal Colegiado y el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, determinó que la acción de cumplimiento de contrato mediante la reinstalación de la trabajadora a su centro de trabajo, reclamada en juicio, se invalida cuando ésta rechaza el ofrecimiento de trabajo, lo cual dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 24/2001, de rubro: ‘OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU RECHAZO POR EL TRABAJADOR QUE DEMANDÓ LA REINSTALACIÓN, INVALIDA LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR ENTRAÑAR DESINTERÉS EN OBTENER UN LAUDO CONDENATORIO.’, y que fue el apoyo de la autoridad responsable.
"• Por tanto, como en la especie la actora solicitó la reinstalación y salarios caídos derivado del despido injustificado que alegó en juicio, la empresa demandada le ofreció el trabajo en los mismos términos y condiciones en que indicó que se llevó a cabo la relación y aquélla lo rechazó; entonces, es inconcuso que la responsable estuvo en lo correcto al absolver de dichas prestaciones, con apoyo en la jurisprudencia citada, pues la misma resulta obligatoria tanto para los tribunales de trabajo como para los Tribunales Colegiados, de ahí que la acción de reinstalación ejercitada en juicio, queda invalidada ante el rechazo del ofrecimiento de trabajo, ya que dicha conducta denota una falta de interés en el trabajador de retornar a sus labores, lo cual constituyó el motivo de su acción.
"• Son infundados los conceptos de violación primero a séptimo, ya que el rechazo del ofrecimiento de trabajo por el trabajador que demandó la reinstalación, hace innecesaria la calificación de buena o mala fe de aquél.
"Dicha ejecutoria dio origen a la tesis aislada I.6o.T.217 L, que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, página 1804, de rubro y texto:
"‘OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU RECHAZO POR EL TRABAJADOR QUE DEMANDÓ LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO, HACE INNECESARIA SU CALIFICACIÓN DE BUENA O MALA FE. La jurisprudencia 2a./J. 24/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 468, cuyo rubro es: «OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU RECHAZO POR EL TRABAJADOR QUE DEMANDÓ LA REINSTALACIÓN, INVALIDA LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR ENTRAÑAR DESINTERÉS EN OBTENER UN LAUDO CONDENATORIO.», refiere que si el trabajador ejercita como acción la de reinstalación derivada del despido injustificado, y el patrón ofrece el trabajo, y aquél lo rechaza, la acción de reinstalación ejercitada en el juicio queda invalidada ante el rechazo del ofrecimiento de trabajo, ya que dicha conducta denota una falta de interés en el trabajador de retornar a sus labores, lo cual constituyó el motivo de su acción. Consecuentemente, es factible concluir que el rechazo del ofrecimiento de trabajo por el trabajador que demandó la reinstalación por despido injustificado, hace innecesaria su calificación de buena o mala fe.’
"CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, al resolver los amparos directos DT. 305/2003 y 339/2003, interpuestos por Ferrosur, S.A. de C.V., determinó conceder el amparo, apoyándose en lo conducente, en las siguientes consideraciones:
"• Que la Junta responsable actuó correctamente al estimar como de mala fe el ofrecimiento de trabajo, en tanto que el patrón al contestar la demanda hizo valer como excepción una de las causales de rescisión de la relación laboral prevista por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, lo que implica la falta de voluntad de su parte en la continuación de esa relación, lo que es suficiente para que no opere la reversión de la carga probatoria respecto del despido alegado por el trabajador.
"• Que la jurisprudencia 24/2001 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente opera cuando el ofrecimiento de trabajo se realiza en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando en el servicio y el trabajador lo rechaza, pues de lo contrario implicaría obligar al trabajador a aceptar cualquier oferta de trabajo, a pesar de que se hiciera en condiciones contrarias a la ley, y pudiera dar pauta a que los patrones ofrecieran el trabajo en condiciones adversas para el actor, buscando únicamente su rechazo a fin de ser absueltos de la reinstalación.
"• Que resultó correcto que la Junta condenara al patrón al pago de los salarios caídos hasta la cumplimentación del laudo, pues al no actualizarse la hipótesis alegada, en cuanto al desinterés del actor en reinstalarse, es evidente que dichos salarios no se interrumpieron a partir de la no aceptación de la oferta.
"• La finalidad de la cláusula 28 del contrato colectivo de trabajo consiste en dar oportunidad al trabajador de defenderse de las faltas que se le imputen, de ahí que si fue voluntad de las partes que celebraron el contrato colectivo respectivo, la instauración de la investigación administrativa en cualquier caso de despido, el patrón se encontraba obligado a llevarla a cabo, y al no hacerlo, resultó correcto el proceder de la Junta al estimar que el despido fue injustificado.
"Asimismo, el señalado Tribunal Colegiado al resolver el diverso juicio de amparo directo DT. 863/2003, promovido por Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, María Elena Arroyo Bravo, determinó negar el amparo solicitado, apoyándose en las consideraciones esenciales siguientes:
"• Que el juicio de amparo directo no es la vía idónea para analizar el argumento que hace valer la quejosa, en el sentido de que aun cuando el laudo reclamado fue dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo dictada por el Tribunal Colegiado, lo cierto es que la Junta responsable debía observar los requisitos exigidos por los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, ello en razón de que la Ley de Amparo prevé los medios por los cuales se puede impugnar el cumplimiento que la autoridad responsable dé a una ejecutoria de amparo.
"• Que si bien la Junta responsable determinó que ‘... dando cumplimiento a la ejecutoria dictada se procede a tener por no ofrecido de buena fe el trabajo al actor tomando en consideración que la demandada controvirtió el salario y la jornada de trabajo y, por tanto, no se revierte la carga de la prueba y, en consecuencia, corresponde a la demandada la carga probatoria de acreditar que no despidió al actor de su trabajo ...’, lo cierto es que dicha determinación la hizo en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 163/2003, promovido por el actor Rodolfo Suárez Garcés, por lo que la responsable al calificar el ofrecimiento de trabajo lo hizo sin libertad jurisdiccional, al quedar obligada a sujetarse a los términos establecidos en dicha ejecutoria, por lo que esos aspectos no pueden ser objeto de estudio en un nuevo juicio de garantías.
"• Que si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: ‘OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU RECHAZO POR EL TRABAJADOR QUE DEMANDÓ LA REINSTALACIÓN, INVALIDA LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR ENTRAÑAR DESINTERÉS EN OBTENER UN LAUDO CONDENATORIO.’, ha sostenido que si un trabajador demandó la reinstalación en su empleo y el patrón le ofrece regresar al trabajo, el rechazo de dicha oferta traerá como consecuencia la imposibilidad de la Junta para condenar la reinstalación contra la voluntad expresa del trabajador, porque tal rechazo destruye la pretensión de reinstalación, en virtud de entrañar un desinterés de su parte, aun cuando se acredite que fue víctima de un despido arbitrario, lo cierto es que ello ocurre únicamente cuando el ofrecimiento se realiza en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando, como se advierte de la propia tesis.
"• Que considerar lo contrario implicaría obligar al trabajador que demanda la reinstalación a aceptar cualquier oferta de regresar al trabajo con el fin de no perder su derec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19434-a2b0c0ce/ofrecimiento-de-trabajo-para-que-su-rechazo-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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