SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LOS ACTOS DE CLAUSURA DE CONSTRUCCIONES, SIN QUE SE REQUIERA TOMAR EN CONSIDERACIÓN SI DE NEGARSE EL AMPARO SE OCASIONARÍAN MAYORES DAÑOS A LA PARTE DEMANDANTE CON LA DEMOLICIÓN DE AQUÉLLAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 226/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de enero del año dos mil ocho.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio recibido el ocho de octubre de dos mil siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, hizo del conocimiento de la presidenta de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de criterios entre el sustentado por dicho órgano jurisdiccional al resolver el incidente en revisión 120/2007 y el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la queja 57/2001.
SEGUNDO. Por auto de nueve de octubre de dos mil siete, se registró la contradicción de tesis correspondiente y se solicitó a los presidentes de los tribunales contendientes copia certificada de la resolución dictada en cada uno de los asuntos implicados en la divergencia.
TERCERO. En proveído de dieciocho de octubre de dos mil siete, se recibieron las copias certificadas solicitadas; se determinó que la Segunda Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción; se dio vista al procurador general de la República para que por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que designara, dentro del plazo de treinta días, expusiera su parecer si lo estimaba conveniente.
En posterior proveído de veintitrés de octubre de dos mil siete, se turnó el asunto al Ministro Mariano Azuela Güitrón.
Finalmente, por auto de treinta de noviembre de dos mil siete, se tuvo por presentado el escrito del agente del Ministerio Público designado para intervenir en el asunto, manifestando su opinión en el sentido de que al dictarse la resolución que corresponda se declare que es inexistente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, aprobado el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien está facultado para hacerlo en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones que sustentan la resolución emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciante de la presente contradicción, al resolver la revisión incidental 120/2007, el trece septiembre de dos mil siete, en la parte que interesa, son las siguientes:
"TERCERO. Los agravios son ineficaces en parte y fundados en otra, tal como se verá a continuación.
"La parte recurrente adujo que de los razonamientos del juzgador no se aprecia cuáles fueron los elementos de modo, tiempo y lugar para formar su criterio y calificar los actos reclamados de consumados, con lo cual se deja a la quejosa en indefensión porque con dichos actos se violan los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, además de propiciar condiciones para que las autoridades desplieguen los actos en comento, cuyos efectos sí son susceptibles de ser paralizados y al no conceder la medida, expone a la inconforme a su ejecución y (sic) entonces sí se consumen, razón por la cual debería esperar el dictado de la sentencia definitiva y ser restituido en sus derechos, lo que no ha acontecido.
"Destacó la inconforme que la suspensión versa sobre actos positivos los cuales todavía tienen verificativo al continuar la ejecución, razón por la cual se debe conceder la medida por ser actos que no son consumados, cuyos efectos serán paralizar el actuar de las responsables y evitar la consumación.
"Es cierto lo aducido por la parte recurrente en cuanto a que de la resolución impugnada no se aprecian cuáles fueron los elementos de modo, tiempo y lugar para calificar los actos de (sic) consumados; sin embargo, si el reclamo calificado de esa manera consiste en la orden verbal de clausura; ejecución de dicha orden dada a conocer a uno de los abogados de la quejosa; y, la orden emitida sin juicio relativa a revocar o dejar sin efectos el dictamen de factibilidad de uso de suelo, bitácora, juego de planos, entonces era innecesario pormenorizar los requisitos señalados, toda vez que su propia naturaleza evidencia su consumación.
"Esto es, los actos consumados para efectos de la suspensión, son aquellos que producen sus consecuencias desde su concepción, sea desde una apreciación abstracta o material, según el caso, los cuales si bien pueden ser distinguidos en irreparables o reversibles, ello será materia del estudio de fondo del asunto al momento de dictar la sentencia definitiva.
"En ese contexto, si los actos calificados de consumados consisten en la emisión de dos órdenes y su ejecución dada a conocer a un abogado de la inconforme, entonces, dichos actos por sí mismos evidencian su consumación porque ya fueron emitidos y uno de ellos se hizo del conocimiento de la parte interesada, pues de acuerdo a lo expuesto por la quejosa, la ejecución de la orden verbal señalada tiene el alcance de tener como reclamo que ésta se hizo saber a la peticionaria de garantías y no su ejecución en sí misma, según lo asentó la propia peticionaria en su demanda en cuya parte conducente asentó:
"‘... Se les reclama la ejecución de la orden verbal dada de la inminente clausura respecto de las obras de construcción de remodelación y ampliación del uso turístico hotelero densidad mínima (motel), que se realizan en la calle Manuel López Cotilla número 2178, denominado Motel California Courts, S.A., realizada a uno de los abogados de mis abogados (sic) de mis representados el día 8 de marzo de 2007, en la oficina de la dependencia de Obras Públicas Municipales. ... 4. En efecto, el día 08 de marzo del 2007, el presidente municipal de el (sic) Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, convocó a una reunión de trabajo de las autoridades que se señalaron como responsables, y a las que les atribuye el carácter de ordenadoras, en su caso, como ejecutoras, con el ánimo de establecer dentro del procedimiento administrativo de obtención de la licencia mayor, con número de folio 8582, bajo número 37344 y con un número de control M-0468-2006, las deficiencias, o en su caso, la existencia de irregularidades que le permitieran ejecutar la orden verbal de clausura, de la construcción de obras de remodelación y ampliación del proyecto turístico hotelero densidad mínima (motel) denominado «Motel California Courts», S.A. ... Se hace valer el presente amparo, en virtud de que, ya han manifestado las responsables que van a clausurar la obra y revocar los permisos, y le han ordenado a mis representados que suspendan la construcción de las obras de remodelación y ampliación del proyecto turístico hotelero densidad mínima (motel) denominado «Motel California Courts», S.A., porque ya le han manifestado su intención, por lo que estamos ante la presencia de un acto de carácter privativo e inminente en perjuicio de la quejosa. ...’ (folios 4, 5, 8 y 11 del expediente).
"Razón por la cual si la suspensión tiene por objeto la conservación de un derecho incorporado en la esfera jurídica de la peticionaria de garantías, entonces dicha medida no tendrá el alcance de evitar o impedir la generación de esas órdenes o que se dé a conocer a una persona determinada, pues esto por haber acontecido implica restitución de derechos violados, lo cual es materia de fondo del asunto.
"Por eso, si dichos actos ya acontecieron, entonces no se puede retrotraer el tiempo para impedir su generación, motivo por el cual, contrario a lo esgrimido por la recurrente, en ese supuesto, sí es necesario esperar el estudio de su (sic) constitucionalidad del acto al momento de dictar sentencia definitiva, en cuyo caso, de lograr fallo favorable, la parte quejosa podrá ser restituida en sus derechos violados, de ahí lo innecesario en pormenorizar los aludidos elementos de modo, tiempo y lugar para justificar la consumación de los actos, pues basta su realización en los términos descritos para ser correcta la calificación de consumados.
"Aunado a ello, si no es necesario explicar esos elementos de modo, tiempo y lugar, por vía de consecuencia tampoco se deja en indefensión a la quejosa al calificar de consumados dichos actos, pues, según se asentó, ello obedece a su propia naturaleza jurídica, los cuales si llegaren a ser transgresores de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, así serán calificados al momento de fallar en definitiva en el expediente principal del cual derivó la incidencia a estudio.
"Asimismo, la negativa a otorgar el beneficio de la suspensión definitiva, por las razones expuestas de ser calificados dichos actos de consumados, no propicia que las responsables desplieguen los actos en comento, pues ello dependerá, en su caso, de las razones que las autoridades tengan para actuar como consideren es apegado a sus facultades legales, pues mediante la suspensión no se pueden coartar sus atribuciones y ante una eventual transgresión a la normatividad a la cual se sujeta la construcción, máxime porque la medida en comento se concede o no en función de la naturaleza del acto reclamado y sus consecuencias; de ahí que, según se indicó, si tales actos ya fueron generados entonces, en la suspensión, no hay materia de retrotraerlos de tal manera que no hubiesen sido emitidos y dado (sic) a conocer.
"Ahora, si bien es verdad que mediante la suspensión se pueden paralizar las consecuencias o efectos generados por los actos reclamados, ello no es así en relación con los descritos con anterioridad, porque dichos actos se concretan a la emisión de dos órdenes y haber dado a conocer una de éstas, razón por la cual ese proceder equivaldría a retrotraer las cosas al estado como se encontraban antes de su emisión, lo cual es propio de la sentencia de fondo y no de la medida suspensional, de ahí que no se exponga a la quejosa a su ejecución y consumación, porque esto se dio por su propia naturaleza jurídica.
"En relación a que los actos son positivos y todavía tienen verificativo, por lo cual no son consumados y es viable la suspensión, constituye un argumento ineficaz porque si los actos antes aludidos ya acontecieron en los términos descritos, entonces la medida suspensional no puede obrar hacia el pasado, ya que ésta se proyecta al futuro con la finalidad de conservar los derechos de la quejosa, razón por la cual de otorgar dicha suspensión el efecto sería restitutorio de derechos, con lo que se desnaturalizaría la institución referida, de ahí la ineficacia de sus argumentos.
"Es aplicable, cuyo criterio se comparte, la tesis de jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el tomo (sic) 60, diciembre de 1992, página 51, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis establece:
"‘ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo.’
"Otro argumento de los recurrentes consiste en que la obra se está ejecutando de acuerdo con la licencia expedida para tal efecto, por eso se tiene un derecho tutelado por la ley y vigente, aunado a que se acreditó el interés jurídico y se reunieron las exigencias del numeral 124 de la Ley de Amparo, particularidades precisadas por el juzgador; por eso, se debe conceder la suspensión para continuar con la construcción y no clausuren a fin de paralizar los actos de las responsables, pues al tener un derecho tutelado y no conceder la medida expone a la quejosa a la ejecución de dichos actos y su consumación.
"El anterior argumento, suplido en su deficiencia de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, es fundado.
"A fin de justificar lo anterior, es menester traer a colación el artículo 124 de la Ley de Amparo, cuyo texto dispone:
"‘Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión: a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares; f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional. III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.’
"De acuerdo con el numeral en consulta, para conceder el beneficio de la suspensión se debe acreditar:
"I) Que sea solicitada por el agraviado.
"II) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"III) La ejecución del acto debe causar daños y perjuicios de difícil reparación.
"Además de los anteriores requisitos, con la finalidad de preservar el derecho debatido y la eficaz ejecución de la sentencia definitiva por dictar, más allá de lo dispuesto de forma expresa en la ley, se ha establecido la necesidad de realizar un análisis de la apariencia del buen derecho alegado y el peligro en la demora; la primera consiste en la verosimilitud del derecho -con apariencia de verdadero, creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad- consistente en la probabilidad de su existencia y, por ende, no se requiere de prueba plena y de un examen de certeza irrefutable; la segunda, tiende a evitar que la determinación en la cual se reconozca el derecho debatido llegue demasiado tarde e impida cumplir el mandato judicial, esto es, la tardanza implicará la frustración de los derechos en virtud del dictado inoficioso o de imposible realización.
"Es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 16/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo III, abril de 1996, página 36, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:
"‘SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO. El artículo 107, fracción X de la Constitución General de la República, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, el Juez de Distrito puede analizar esos elementos en presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será interrumpir el estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la ‘apariencia del buen derecho sea equivocada, la autoridad pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Lo expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del dispositivo constitucional citado, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado.’
"En el caso a estudio, los anteriores requisitos para conceder la suspensión se acreditaron de la forma siguiente:
"1) La suspensión fue solicitada por la parte a (sic) quien se ostentó perjudicada con los actos reclamados.
"Lo cual se corrobora con la licencia de construcción, en cuya parte conducente establece:
"‘... Ubicación de la obra: Domicilio: C. López Cotilla, Manuel No. 2178. Colonia: Arcos Vallarta. Zona: 2 Minerva. Entre la calle: C. Castelar, Emilio. Y la calle: C. Duque de Rivas. Datos de la obra. Uso destino: Hotelero. Tipo de licencia: Licencia mayor de construcción (55) Guadalajara, Jal. Tipo de inmueble: Turístico. ...’ (folio 33 del expediente).
"2) Otorgar la medida suspensional no genera transgresión al interés social ni a disposiciones de orden público.
"3) En caso de no concederse dicha suspensión, los daños y perjuicios causados a la quejosa serían de difícil reparación, en virtud de que la inconforme estaría impedida (sic) de continuar con la construcción y dicho inmueble no podría generar ningún beneficio durante el tiempo que dure paralizada la obra, lo cual no podría ser restituido aun cuando obtuviese sentencia favorable. Además, es notorio que la inversión que se hiciere para ello quizá tendría que ser mayor si se pospone la obra.
"Aunado a ello, la peticionaria de garantías acreditó, al menos de forma indiciaria, el derecho de construir por contar con la licencia respectiva, pago del impuesto predial, bitácora oficial y dictamen de trazo, usos y destinos específicos, razón por la cual, salvo prueba en contrario y lo que se fuese a resolver en definitiva en relación con esas prerrogativas, éstas se incorporaron en la esfera jurídica de la inconforme, las cuales pretende proteger mediante la suspensión de los actos.
"Asimismo, relacionado con el tercero de los requisitos antes señalados, el peligro en la demora consistente en no conceder la suspensión de los actos reclamados, podría tener por consecuencia que éstos se realizaran en el sentido de impedir la continuación de la obra y en contravención a un derecho incorporado en el patrimonio jurídico de la quejosa, lo cual no podría ser resarcido a pesar de obtener fallo favorable, toda vez que en virtud de la realización de dichos actos se frustraría la obra, los contratos relativos a la misma, se impediría continuar con la relación laboral derivada de ésta, aunado al deterioro normal que sufriría por el propio transcurso del tiempo, particularidades respecto de las cuales el fallo aludido no se ocuparía y no podrían ser resarcidas, sin haber causa justificada con la cual se evidenciare la necesidad de impedir dicha continuación, dado que como ya se vio, derivan los actos reclamados de órdenes verbales.
"Es aplicable la tesis aislada IV.3o.A.13 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable en el Tomo XX, julio de 2004, página 1817, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:
"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN CONTRA DE UNA CLAUSURA TEMPORAL. PARA SU CONCESIÓN DEBE VERIFICARSE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO Y DEMOSTRARSE LOS PRESUPUESTOS JURÍDICOS Y FÁCTICOS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. Tratándose de una clausura temporal y su ejecución, dada la trascendencia y consecuencias que conlleva en vinculación con el bien jurídico tutelado precautoriamente, es dable que para el ejercicio de un correcto arbitrio en materia de suspensión, después de verificarse el debido cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, observar los presupuestos contenidos en la jurisprudencia P./J. 15/96, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de la nación, que se titula: «SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.», como son, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Ello si se toma en cuenta, como principio de prueba, además de las manifestaciones hechas por el quejoso bajo protesta de decir verdad y los conceptos de violación, una apreciación preventiva de tales argumentaciones jurídicas con vista en la documental exhibida, en la que consta la orden y ejecución de la clausura temporal, pero se omite destacar los datos que revelen la instauración de procedimiento administrativo alguno que precediera al dictado de la propia resolución y a las supuestas visitas de inspección que, según aquélla, constituyen el motivo del acto de autoridad, y que presupuestarían el otorgamiento de la garantía de audiencia. Así, resulta necesario el asomo anticipado a la constitucionalidad del acto, sólo para efectos de la suspensión, puesto que de permitirse la consecución de la clausura, podría dejarse sin materia la litis constitucional y permitirse la actuación arbitraria de las autoridades fuera de procedimiento legal, aspecto en el que, evidentemente, está interesada la sociedad a fin de preservar el Estado de derecho en el país.’
"De igual forma es aplicable la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XLV, página 5050, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone:
"‘CONSTRUCCIONES, SUSPENSIÓN CONTRA LA ORDEN DE IMPEDIRLAS. Si se reclama en amparo la orden de la autoridad administrativa, para que el quejoso suspenda la construcción de obras en predios urbanos, y se ignoran las razones que tiene aquélla, para dictar el acto reclamado, la suspensión debe concederse, puesto que los propietarios de los terrenos resienten perjuicio de difícil reparación, si suspenden sus construcciones, porque ningún uso podrán dar a edificios a medio construir, y no existiendo tercero perjudicado, no debe exigirse requisito alguno para la suspensión.’
"Bajo ese orden de ideas, contrario a lo considerado en la resolución recurrida, basta con que el quejoso acredite los requisitos del numeral 124 de la Ley de Amparo, así como la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora para obtener el beneficio de la suspensión del acto, sin que, en el caso a estudio, se requiera realizar una apreciación hipotética de las posibles consecuencias derivadas de la emisión de una sentencia definitiva en la cual se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, pues basta contar con elementos que permiten evidenciar la posible transgresión a los derechos de la peticionaria de garantías, toda vez que ésta aportó los medios de convicción a través de los cuales le fue permitido desarrollar la construcción cuestionada y reclamó actos de autoridad mediante los que, adujo, se pretende coartar esa prerrogativa y éstos se presumieron ciertos dada la falta de informe previo de los entes respectivos, sin prueba o dato diverso que permitiere apreciar la legalidad de los mismos.
"Además, las consecuencias negativas de una posible sentencia de amparo desfavorable, como lo sería que se demoliera la finca, ello sólo es responsabilidad del quejoso; esto es, al solicitar la suspensión, él sabe que a su elección quedará si continúa o no con la construcción y si lo hace y se le niega el amparo, también sabe las consecuencias, respecto a que tendría que demoler lo construido. Así las cosas, si como en el caso el quejoso pide la suspensión y reúne los requisitos legales, debe concedérsele la misma, dado que con tal elección prefiere evitar los posibles daños y perjuicios que con la ejecución del acto sufriría, con independencia de las consecuencias que generara una negativa del amparo.
"No es obstáculo a lo anterior, la tesis aislada VI.3o.A.47 A, en la que se apoya la resolución impugnada, la cual fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XIV, septiembre de 2001, página 1297, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:
"‘CLAUSURA DE UNA CONSTRUCCIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN SU CONTRA, PORQUE ELLO PROVOCARÍA MAYORES DAÑOS Y PERJUICIOS AL QUEJOSO QUE LOS QUE PRETENDE EVITAR. En términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo la suspensión del acto reclamado tiene por objeto evitar que se causen al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, por lo que si el acto reclamado se hace consistir en la clausura de una construcción realizada por la promovente del amparo, de otorgarse la suspensión solicitada para el efecto de que se continuara con la construcción y se llegara a negar el amparo solicitado, se provocaría un efecto contrario al que se pretende con la solicitud de la medida cautelar, esto es, se causarían mayores daños y perjuicios al quejoso que los que pretende evitar, ya que continuaría realizando la construcción que le fue clausurada y tendría que demoler lo construido; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, no es posible jurídicamente conceder la suspensión que se solicita.’
"Criterio el anterior que no se comparte, por las razones ya dadas, de ahí que proceda hacer la denuncia de la posible contradicción de criterios respectiva y enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por ende, se instruye a la Secretaría de Tesis de este órgano jurisdiccional para que realice los trámites conducentes.
"De ahí la necesidad de atender al caso particular para determinar si se debe o no conceder la suspensión del acto, pues la posible negativa del am
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20830-56ffaa39/suspension-procede-otorgarla-contra-los-actos-de-clausura · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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