HECHOS SIN PRUEBA EN CONTRARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 878, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO QUE LOS TIENE POR ADMITIDOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de agosto del año dos mil siete.
VISTO S; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio recibido el veinticuatro de abril de dos mil siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito hicieron del conocimiento de la presidenta de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de criterios entre el sustentado por dicho órgano jurisdiccional al resolver el amparo directo 106/2007 y el emitido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado de esa materia y circuito, al resolver el amparo en revisión 1915/2004.
SEGUNDO. En auto de veintiséis de abril de dos mil siete, se registró la contradicción de tesis correspondiente y se solicitaron a los presidentes de los tribunales contendientes copia certificada de la resolución dictada en cada uno de los asuntos implicados en la divergencia.
TERCERO. En auto de nueve de mayo de dos mil siete, se recibieron las copias certificadas solicitadas; se determinó que la Segunda Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción; se dio vista al procurador general de la República para que por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que designara, dentro del plazo de treinta días, expusiera su parecer si lo estimaba conveniente.
En posterior proveído de catorce de mayo de dos mil siete, se turnó el asunto al Ministro Mariano Azuela Güitrón.
Finalmente, por auto de doce de junio de dos mil siete, se tuvo por presentado el escrito del agente del Ministerio Público designado para intervenir en el asunto, manifestando su opinión en los términos del pedimento que se agregó a los autos.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, aprobado el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia de trabajo de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quienes están facultados para hacerlo en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones que sustentan la resolución emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, denunciante de la presente contradicción, al resolver el amparo directo 106/2007, el ocho de febrero de dos mil siete, determinan, por una parte, que es inoperante el concepto de violación que se encaminó a demostrar la inconstitucionalidad del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que no expresó en qué fase del procedimiento se le aplicó a la quejosa; además, dicho precepto se aplicó a los diversos codemandados Constructora Agecracse, Sociedad Anónima de Capital Variable e Isaac Marrón Muñoz y no a la promovente, por lo que no es procedente su estudio; asimismo, se consideró constitucional el diverso 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, que establece la sanción procesal consistente en tener por acreditados los hechos sin prueba en contrario cuando no se contestan, puesto que de los razonamientos propuestos por la quejosa no se advierte que indique por qué se considera que se violan las garantías de igualdad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 1o., 12, 16 y 17 de la Carta Magna; aunado a ello, no se integra un tribunal especial con dicha regla, pues tiene una vigencia indeterminada, se aplica a todas las personas que se coloquen en la situación de hecho y no está dirigida a un grupo individualmente determinado; sin que se trastoque tampoco la garantía de audiencia, dado que ese precepto no priva a los demandados en los conflictos de naturaleza laboral, de la oportunidad defensiva, ya que se trata de una sanción procesal por no contestar los hechos de la demanda o de su ampliación. Por otra parte, se determinó que eran infundados los conceptos de legalidad que propuso la parte quejosa en cuanto a la aplicación de ese precepto. Finalmente, se indicó que contra esa sanción procesal sólo es procedente el amparo directo y no el indirecto, argumento que es el que importa para este estudio, por lo que sólo se transcribe éste:
"SEXTO. En atención a lo expuesto, este Tribunal Colegiado estima pertinente señalar que el acuerdo a través del cual se le tuvo al demandado por admitidos los hechos de la demanda, sin aceptar prueba en contrario, encuadra en las violaciones procesales que contempla el artículo 159, fracción XI, de la Ley de Amparo, las cuales en todo caso deben de ser impugnadas en amparo directo junto con el laudo que se dicte y no a través del juicio biinstancial, pues se considera que tal acuerdo no afecta de modo irreparable derechos sustantivos del quejoso, ni constituye una violación de carácter procesal que afecte en grado predominante o superior los derechos fundamentales de defensa del inconforme, ya que tal violación podría quedar reparada si el demandado obtiene sentencia favorable, pues no obstante de que se le tengan por admitidos los hechos de la demanda, puede ser el caso que la acción por sí misma resulte improcedente o que el propio actor la destruya, y por tanto, se deba absolver al demandado.
"Por ello, este Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denuncia la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por este órgano y el sustentado por el diverso Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.15o.T.5L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, febrero de 2005, página 1676, que dice: ‘DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE TIENE AL DEMANDADO POR ADMITIDOS LOS HECHOS, SIN ACEPTARLE PRUEBA EN CONTRARIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE PROVOCA UNA AFECTACIÓN EN GRADO EXORBITANTE, PREDOMINANTE O SUPERIOR, POR LO QUE ES COMBATIBLE EN AMPARO INDIRECTO. Si bien el auto por el cual la Junta tiene al demandado por admitidos los hechos de la demanda, sin aceptarle prueba en contrario, en términos del artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, no afecta de modo directo e inmediato alguno de sus derechos sustantivos, sí constituye una violación de carácter procesal que afecta en grado exorbitante, predominante o superior los derechos fundamentales de defensa del demandado, que se torna en un acto de ejecución irreparable y obliga a considerar que debe sujetarse de inmediato al análisis constitucional sin esperar a que se dicte el laudo respectivo, por ser un acto trascendente y relevante para el procedimiento, ya que de esa decisión depende prácticamente todo el juicio, pues impide que la litis se integre debidamente y conduce a que el juicio se desarrolle de manera ociosa o innecesaria, pues en la hipótesis de que tal acto fuese declarado ilegal en el amparo directo que se promoviera en su contra (si tuviera el demandado que combatir hasta entonces la violación procesal precisada), podría conducir a la reposición del procedimiento a partir de la etapa de demanda y excepciones, con los evidentes perjuicios para las partes; consecuentemente, en contra de dicho acto procede el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia.’, toda vez que dicho cuerpo colegiado estima que la vía para impugnar tal acuerdo es el amparo indirecto, criterio que este tribunal no comparte, por las razones expuestas en el párrafo anterior."
CUARTO. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de veintidós de octubre de dos mil cuatro, dictó sentencia en el amparo en revisión (improcedencia) 1915/2004, en el que sostuvo lo siguiente, en su parte conducente:
"CUARTO. ... En cambio, es esencialmente fundado lo argumentado por los recurrentes, en el sentido de que fue inadecuada la decisión de la a quo de desechar la demanda de garantías, dado que la determinación de la Junta responsable consistente en tenerles por admitidos los hechos de la demanda sin la posibilidad de ofrecer pruebas, no es susceptible de interpretarse conforme a la tesis de jurisprudencia del rubro: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’; empero, afecta derechos primordiales de todo gobernado, como lo son las garantías constitucionales de audiencia, de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, y les niega la oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio, además de que es distinto el tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, como lo consideró la Juez de Distrito, a tener por admitidos los hechos (de la demanda), como lo acordaron las autoridades responsables, pues en el primer caso se otorga a las partes afectadas el derecho para ofrecer pruebas en contrario y en la segunda hipótesis no lo tienen, afectándose el derecho fundamental de ser oídos en defensa en juicio, por lo que, concluyen, las violaciones de las cuales se duelen son susceptibles de su análisis y resolución por el Juez de Distrito. Agravios que constituyen razonamientos lógico-jurídicos suficientes para ser analizados en esta instancia, pues expresan con claridad la causa de pedir, señalando cuál es la lesión o agravio que los quejosos -aquí recurrentes- estiman les causa el acto que impugnan y los motivos que originaron ese agravio.
"Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bajo el número 109 fue publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 86, cuyo contenido literal es el siguiente:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro: «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.», en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.’
"Ahora bien, es esencialmente fundado lo expuesto por los inconformes, en virtud de que los actos reclamados por los demandados -aquí recurrentes- en la vía del amparo indirecto, como son los acuerdos de fechas dieciséis, diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil cuatro, aun cuando estrictamente hablando no son de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que habiéndose dictado dentro del procedimiento laboral, no afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos, lo cierto es que al culminar con la determinación de tenerles por admitidos los hechos de la demanda sin admitirles prueba en contrario, sí constituyen posibles violaciones de carácter procesal que afectan en grado predominante o superior los derechos fundamentales de defensa de los aquí recurrentes y, en este sentido, se tornan de ejecución irreparable.
"Esto es así, porque el hecho de que la autoridad responsable no permitiera a los ahora quejosos que continuaran dando contestación a la demanda instaurada en su contra durante la celebración de la audiencia trifásica, en su etapa de demanda y excepciones, iniciada el día dieciséis de agosto del dos mil cuatro y concluida el dieciocho del mismo mes y año, y en cambio, les tuvo por admitidos los hechos de la demanda sin la posibilidad de que rindieran prueba en contrario, son actos que si bien es cierto -como ya se dijo- no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, sí se traducen en una afectación exorbitante dentro del juicio, dada la gran trascendencia que implica tal actuación para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, pues impide que la litis natural se integre debidamente y conlleva la posibilidad de que el juicio se desarrolle de manera ociosa e innecesaria, puesto que si los actos reclamados se dejaran para ser combatidos junto con el laudo, en el caso de que éste fuera adverso a los quejosos y en la hipótesis de que aquéllos fuesen ilegales, podría conducir a la reposición del procedimiento a partir prácticamente de la etapa de demanda y excepciones, con los evidentes perjuicios que ello ocasionaría a las partes.
"Por analogía, encuentra aplicación la jurisprudencia 4/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, del rubro y texto siguientes:
"‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo.’
"Es importante destacar que, en el caso abordado en el criterio anterior, la principal consecuencia de que se desconozca la personalidad del compareciente por la parte demandada, lo es que se le tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa siguiente ofrezca prueba en contrario; y en ese supuesto procede desde luego el amparo indirecto, de modo que la procedencia de éste se da con mayor razón si, como en la especie, la afectación fue más allá, al tener a los demandados por admitidos los hechos de la demanda sin derecho a rendir prueba en contrario.
"Asimismo, tiene aplicación al caso particular, la tesis aislada LVIII/2004, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el treinta de septiembre de dos mil cuatro, de la cual fue remitida copia certificada a este cuerpo colegiado, cuyos rubro y texto son:
"‘VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuando revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una actuación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio.’
"En este orden de ideas, fue incorrecta la determinación de la Juez de Distrito de desechar la demanda de amparo indirecto promovida por los quejosos, aquí recurrentes, pues dada la trascendencia de los actos reclamados, que afectan de manera predominante o superior a la parte demandada, lo procedente era que admitiera a trámite la demanda de garantías para que en su oportunidad legal estudiara los conceptos de violación, sin desdoro de que previa sustanciación del procedimiento respectivo resolviera lo que conforme a derecho procediera.
"En consecuencia, siendo esencialmente fundados los agravios hechos valer, debe revocarse el acuerdo recurrido y ordenar a la Juez de Distrito proveer lo conducente, sobre la admisión de la demanda, sin que pueda desecharla por la causal analizada en esta ejecutoria."
QUINTO. A continuación debe establecerse si efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada.
Si bien la Ley de Amparo establece el procedimiento para que las Salas o, en su caso, el Pleno de este Alto Tribunal decidan qué criterio debe prevalecer, con rango de jurisprudencia, respecto de tesis contradictorias, la propia ley no define cuándo se está en presencia de una contradicción de tesis; sin embargo, esta Sala considera que para ello es presupuesto indispensable que las tesis confrontadas se hayan externado en ejecutorias en las que se examinen situaciones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes, al analizar u omitir analizar los mismos elementos o al interpretar los mismos preceptos legales, ante casos concretos que se encuentren en similar situación jurídica, respecto al tema controvertido.
Apoya la conclusión anterior, el contenido de la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76, que expresa:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Sentado lo anterior, para decidir sobre la existencia o inexistencia de la contradicción denunciada, debe realizarse un extracto de las consideraciones fundamentales en que se apoyan los fallos sujetos a examen.
Los razonamientos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 106/2007, se apoyaron, entre otros argumentos, en la consideración de que el acuerdo a través del cual se le tuvo al demandado por admitidos los hechos de la demanda sin aceptar prueba en contrario, sustentado en el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, encuadra en las violaciones procesales que contempla el artículo 159, fracción XI, de la Ley de Amparo, las que deben combatirse en amparo directo junto con el laudo y no a través del juicio biinstancial, pues ese acuerdo no afecta de modo irreparable derechos sustantivos del quejoso, ni constituye una violación de carácter predominante o superior a los derechos fundamentales de defensa del inconforme, ya que esa violación podría quedar reparada si el demandado obtiene un laudo favorable, pues no obstante que se le tengan por admitidos los hechos de la demanda, puede ser que la acción por sí misma resulte improcedente o que el propio actor la destruya.
Por su parte, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la sentencia emitida en el amparo en revisión 1915/2004, determinó, en la parte que interesa, que fue inadecuada la decisión de la a quo de desechar la demanda de garantías, dado que la determinación de la Junta responsable, consistente en tener por admitidos los hechos de la demanda sin posibilidad de ofrecer pruebas, sustentada en el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, si bien no es susceptible de tenerla como una afectación a un derecho sustantivo, sí como una vulneración a derechos primordiales de los gobernados, al negarles la oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio, por lo que considera procedente el amparo indirecto, al constituir una violación procesal que afecta en grado predominante o superior los derechos fundamentales de defensa de los quejosos, dada la gran trascendencia que implica tal actuación para el procedimiento, de cuya decisión depende toda la suerte del juicio natural, pues impide que la litis se integre debidamente, apoyando su decisión por analogía, en la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de cuestiones de personalidad.
El resumen de los razonamientos expresados por los citados Tribunales Colegiados en las resoluciones correspondientes, evidencia que se colmaron los requisitos de la contradicción de tesis, por lo siguiente:
a) Llegaron a conclusiones discrepantes sobre el mismo tema debatido, ya que uno de ellos sostiene que es improcedente el amparo indirecto tratándose de la aplicación del artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, que impone la obligación para las Juntas de tener como ciertos los hechos sin prueba en contrario cuando se omita contestarlos, puesto que se trata de una afectación procesal que no incide en derechos sustantivos, ni de carácter predominante o superior a los derechos fundamentales de defensa del inconforme, dado que puede obtenerse un laudo favorable; mientras que el otro concluye lo contrario, al estimar que sí es procedente el amparo indirecto, al constituir una violación procesal que afecta en grado predominante o superior los derechos fundamentales de defensa de los quejosos, por la gran trascendencia que implica tal actuación para el procedimiento, de cuya decisión depende toda la suerte del juicio natural, pues impide que la litis se integre debidamente.
b) Dichos criterios fueron plasmados por Tribunales Colegiados diversos, esto es, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, ambos del Primer Circuito.
c) Los criterios diversos provienen del estudio de los mismos elementos, pues ambos tribunales parten de la omisión de respuesta de los hechos contenidos en la demanda, que obligó a la aplicación de la regla contenida en el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal de Trabajo, de donde deriva la sanción procesal que se establece para los demandados que no contestan los hechos, a quienes se les debe tener por acreditados sin prueba en contrario.
En ese contexto, al estimar existente la contradicción de tesis denunciada, esta Sala procede a fijar el criterio que debe prevalecer, esto es, si es procedente o no el juicio de amparo indirecto cuando se presente la aplicación intraprocesal del artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, por parte de las Juntas laborales.
SEXTO. Para determinar si debe proceder o no el juicio de amparo indirecto en contra de los autos en los que se aplique el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, se tiene presente que el artículo 114, fracción lV, de la Ley de Amparo, establece la procedencia de ese medio de defensa extraordinario contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación.
Asimismo, este Alto Tribunal ha determinado que por actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, se deben entender aquellos que afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos.
Sirve de apoyo al anterior argumento, el criterio sustentado en la tesis 244, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 164, que expresa:
"EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20406-7721937a/hechos-sin-prueba-en-contrario-en-terminos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- LITIS ABIERTA EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO OPERA CUANDO EL RECURSO HECHO VALER EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA FU (CONTRADICCIÓN DE TESIS 216/2007-SS)
- TRANSACCIÓN PARA PREVENIR UNA CONTROVERSIA FUTURA EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO. ES EJECUTABLE EN LA VÍA EJECUTIVA, SIN QUE SEA NECESARIA SU HOMOLOGACIÓN CUANDO LAS FIRMAS DE LOS OTO (ACLARACIÓN DE SENTENCIA 72/2007-PS)
- SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LOS ACTOS DE CLAUSURA DE CONSTRUCCIONES, SIN QUE SE REQUIERA TOMAR EN CONSIDERACIÓN SI DE NEGARSE EL AMPARO SE OCASIONARÍAN MAYORES DAÑOS A LA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 226/2007-SS)
- FIANZA MERCANTIL. PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN DE COBRO EN LA VÍA EJECUTIVA, LA AFIANZADORA DEBE ACREDITAR QUE AVISÓ AL FIADO O, EN SU CASO, AL SOLICITANTE, OBLIGADOS SOLIDARIOS O CO (ACLARACIÓN DE SENTENCIA 75/2008-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TESIS, CONTRADICCION DE. NO COMPETE RESOLVERLA AL TRIBUNAL COLEGIADO. (s/clave)
- TESIS O EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO. NO DEBEN CONTRARIARSE POR LAS AUTORIDADES DEL ORDEN COMÚN AL EMITI (XI.2o.35 K)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL TRIBUNAL PLENO TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA CONOCER DE LA DENUNCIA RELATIVA Y RESOLVERLA (P. IV/2012 (10a.))
- CONTRADICCION DE TESIS, IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA DE, SI SON SUSTENTADAS POR EL MISMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. (4a. 3.)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis