COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA ACCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES QUE INTEGRAN EL FONDO MUTUALISTA PREVISTO EN LAS CLÁUSULAS 68 Y 71 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, VIGENTE HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1990, SE ENCUENTRA SUJETA AL TÉRMINO PRESCRIPTIVO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de agosto de dos mil cuatro.
Visto, para resolver el expediente relativo a la contradicción de tesis identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Abimael Palacios y diversos quejosos de los juicios de amparo de donde deriva el presente asunto, por conducto de Eduardo Estrada Hernández, en su carácter de apoderado, denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito en contra del emitido por los Tribunales Colegiados Primero, Séptimo, Noveno y Décimo Primero de la propia materia y circuito.
El escrito de mérito textualmente dice:
"Con la personalidad que se me tiene reconocida en los juicios de donde dimanan los actos que se reclamaron en los treinta y tres amparos mencionados, en los que intervinieron estos quejosos y se sustentaron tesis contradictorias, en las que se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adoptaron posiciones y criterios jurídicos discrepantes; diferencias de criterios que se presentaron en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas, provenientes del examen de los mismos elementos de conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, vengo a denunciar en nombre de mis poderdantes la contradicción de tesis existente entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto y los Colegiados Primero, Séptimo, Noveno y Undécimo, para el efecto de que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria su decisión o pronunciamiento para establecer el criterio prevaleciente con el carácter de tesis de jurisprudencia. La oposición de criterios jurídicos en los que se controvierte la misma cuestión, se refiere a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas en las partes considerativas de las ejecutorias que se acompañan en copias certificadas y simples. En las que se debe dilucidar si prevalece el criterio de los Tribunales Colegiados que han determinado que el derecho de los quejosos a reclamar la devolución del Fondo Mutualista del SUTERM es imprescriptible, porque dicha pretensión no encuadra dentro de ninguno de los supuestos jurídicos que al efecto regulan los artículos 516 a 519 de la Ley Federal del Trabajo, por ser una prestación extralegal, o si dicha pretensión se encuentra prescrita por haber operado la prescripción a que aluden los numerales 516 a 519 de la ley en cita. Aclarando en esta denuncia que el Séptimo Tribunal Colegiado dictó en el amparo directo DT. 7947/97, expediente laboral 178/94, quince resoluciones idénticas en quince amparos que se encuentran descritos en el anexo de esta denuncia, porque se trata de juicios que se acumularon a este juicio laboral principal, por determinación de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y, por tanto, se trata de un solo criterio. En relación con la resolución que se exhibe y fue dictada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en el amparo DT. 27091/2000 expediente laboral 521/95 que forma parte de la contradicción, se encuentra acumulado el laboral 244/96 y, por tanto, se trata también de un solo criterio, como se acredita con la copia simple de esta resolución. La relación de las ejecutorias que negaron el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos que intervinieron en estos juicios y la relación de las ejecutorias que se los concedieron se encuentran apuntadas y relacionadas en el anexo de esta denuncia a la que también se acompañan las copias certificadas y simples que acreditan la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierte la misma cuestión."
A la promoción que ha quedado transcrita, se acompañó copia certificada de las resoluciones emitidas en los juicios de amparo directo que se estimaron pertinentes.
SEGUNDO. Por auto de trece de diciembre de dos mil dos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó se remitiera el escrito antes precisado y sus anexos a esta Segunda Sala para los efectos legales conducentes, toda vez que las resoluciones que emitieron los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito corresponden a la materia laboral.
TERCERO. Por proveído de cuatro de febrero del año dos mil tres, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó se formara y registrara el expediente de contradicción de tesis número 3/2003-SS, asimismo, de manera oficiosa ordenó que la presente contradicción se integrara además con la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo 863/88, que dio origen a la tesis aislada con el rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. FONDO MUTUALISTA, DERECHO DE LOS TRABAJADORES DE BASE AL PAGO DEL.", y solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados Primero, Octavo, Noveno y Décimo Primero, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, enviaran a la Segunda Sala copia certificada de las resoluciones pronunciadas en los expedientes de sus índices, así como los disquetes que debían contener los archivos respectivos; por lo que se refiere a los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto y Décimo Tercero en Materia de Trabajo del Primer Circuito, solicitó a los presidentes de dichos órganos remitir copia certificada de las resoluciones en los amparos directos 863/88, 5564/2000 y 1293/2002, respectivamente, con los disquetes correspondientes y por cuanto hace a los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos de la materia y circuito ya señalados, únicamente les solicitó remitieran los disquetes que debían contener las resoluciones relativas a los expedientes de sus índices.
CUARTO. Previo desahogo del requerimiento antes precisado, por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil tres, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la Sala que preside es competente para conocer de la posible contradicción de tesis suscitada entre el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito que a continuación se citan, al resolver los siguientes juicios de amparo directo: Tercero, DT. 7383/2002. Cuarto, DT. 5564/2000, DT. 3904/1999, DT. 10934/2000, DT. 15924/2000 y DT. 16284/2002. Quinto, DT. 9485/2002. Octavo, DT. 468/99 y DT. 701/2000. Décimo Tercero, DT. 14353/2002, DT. 4633/2002, DT. 5533/2002 y DT. 1293/2002. Décimo Cuarto, DT. 7214/2002, y Décimo Quinto, DT. 18195/2002, en contra del criterio emitido por los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito que a continuación se indican, al resolver los siguientes juicios de amparo directo: Primero, DT. 15401/2000. Tercero, DT. 863/88. Séptimo, DT. 7947/97. Noveno, DT. 529/2002 y DT. 89/2002; y Décimo Primero, DT. 27091/2000; ordenó dar vista al procurador general de la República, a fin de que en el plazo de treinta días expusiera su parecer por conducto del agente del Ministerio Público de la Federación que designare; y por diverso auto de veinte de marzo de dos mil tres, determinó turnar los autos para su estudio al señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.
El agente del Ministerio Público de la Federación se abstuvo de formular pedimento.
QUINTO. Por proveído de fecha dos de marzo de dos mil cuatro, el presente asunto se returnó a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para su resolución, en sustitución del Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, por haber concluido su nombramiento.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de donde emanan los posibles criterios opositores, corresponden a la materia laboral, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.
SEGUNDO. La presente contradicción de tesis la denuncia Abimael Palacios Pérez y otros, por conducto de su apoderado a quien se le reconoció personalidad en el juicio de amparo directo 7214/2002, donde los denunciantes figuran como parte quejosa, por lo que están legitimados en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo para denunciar la contradicción de tesis.
TERCERO. El procurador general de la República, por conducto del agente del Ministerio Público de la Federación, no formuló pedimento dentro del plazo legal, por lo que se entiende que no estimó pertinente intervenir en este asunto, luego procede dictar la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 76/2001, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de 2001, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA. El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que posibilita dictar la resolución que corresponda."
CUARTO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados en materia de trabajo.
Para no incurrir en repeticiones por cuanto hace a los antecedentes que originaron los juicios de amparo directo materia de esta contradicción de tesis, a continuación se relacionan las ejecutorias dictadas por los órganos colegiados que tuvieron como base elementos en común para resolver, con excepción de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Primero en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 863/88 y 27091/2000, por contener distintos elementos, de los cuales más adelante se harán referencia.
Ver tabla
De los juicios de amparo directo antes relacionados, derivan como antecedentes en común, que ante la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, diversos extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad demandaron del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) el pago y devolución de sus aportaciones económicas al fondo mutualista, desde la fecha de ingreso a la Comisión Federal de Electricidad hasta mil novecientos noventa; asimismo, demandaron de este organismo, el reconocimiento de haber aportado, por cada uno de los actores, al sindicato mencionado, las cantidades de dinero que por concepto de fondo mutualista establecía la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo correspondiente al bienio 1988-1990 (mil novecientos ochenta y ocho-mil novecientos noventa), y las correlativas consignadas en los contratos bianuales correspondientes a las décadas de mil novecientos sesenta a mil novecientos noventa, y el reconocimiento de haber descontado del salario de cada accionante, la cuota designada como fondo mutualista y haber entregado dicho descuento sindical al administrador de dicho fondo por conducto del secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
Como hechos expusieron que durante el tiempo en que prestaron servicios y hasta el bienio de mil novecientos ochenta y ocho-mil novecientos noventa, se les descontó catorcenalmente de su salario la cuota de fondo mutualista y demandaron el pago y devolución de los alcances de dinero aportados, porque a la fecha en que presentaron la demanda no se había liquidado oficialmente el aludido fondo, a pesar de que desde el siete de enero de mil novecientos ochenta y siete, el sindicato, por conducto de su secretario general, comunicó a los trabajadores de base, confianza y jubilados haber contratado un seguro de vida colectivo con la Aseguradora Obrera, Sociedad Anónima y de haber aportado seiscientos millones de pesos a dicha aseguradora como continuidad del fondo mutualista en reclamo y con vigencia hasta el dos mil siete.
El Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana negó derecho a los actores para reclamar lo pretendido, pues adujo que el fondo mutualista se pagaba por la muerte de un trabajador de base; asimismo, opuso la excepción de prescripción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, a partir de las siguientes fechas:
1. Del primero de mayo de mil novecientos noventa en que desapareció y se derogó el fondo mutualista al entrar en vigor el contrato colectivo de trabajo del bienio mil novecientos noventa-mil novecientos noventa y dos.
2. Del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa, porque según el dicho de los actores, los descuentos se dejaron de realizar en mil novecientos noventa.
3. En su caso, de las distintas fechas en que los actores se retiraron, jubilaron o fueron liquidados del servicio de la Comisión Federal de Electricidad.
De un año de antelación a la fecha de la presentación de la demanda, en virtud de que cualquier acción exigible con anterioridad estaba prescrita.
La Comisión Federal de Electricidad negó derecho a los actores e indicó que las cuotas y aportaciones que estaba obligada a retener, se le entregaron al administrador del fondo mutualista; por otra parte, opuso la excepción de prescripción con fundamento en lo dispuesto por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo en similares términos a los expuestos por el sindicato.
La Junta responsable dictó laudo en cada uno de los juicios laborales declarando procedente la excepción de prescripción opuesta por considerarse que de la fecha de jubilación, del retiro de los actores y, en otro caso, de la extinción del fondo mutualista a la de presentación de la demanda, transcurrió con exceso el término de un año a que se refiere el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.
Inconforme con el laudo emitido en cada procedimiento, la parte actora, a quien perjudicó la decisión adoptada por la Junta, promovió juicio de amparo, correspondiendo conocer a los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyos criterios se denuncian.
QUINTO. Previo a transcribir las ejecutorias que se dictaron en los juicios de amparo directo relacionados con anterioridad, resulta necesario destacar que la denuncia de la contradicción de tesis se hizo con el propósito de que se resuelva el criterio que debe prevalecer en torno a la prescriptibilidad de la devolución del concepto de fondo de mutualidad que se demandó al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, y que estuvo contemplado en las cláusulas 68 y 71 de los contratos colectivos de trabajo de las décadas de mil novecientos sesenta a mil novecientos noventa en el contrato colectivo de trabajo, y que fue examinada por los Tribunales Colegiados cuyos criterios se denuncian.
En este orden de ideas, no podría participar de la presente contradicción, el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 863/88, ya que el problema jurídico abordado por dicho órgano tuvo origen en distintos elementos jurídicos a los antes expuestos y, por ende, analizó diversa cuestión jurídica a la abordada por los demás Tribunales Colegiados, pues ante dicho órgano fue el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana el que reclamó el laudo que derivó del juicio laboral promovido por los beneficiarios de un trabajador que falleció estando vigente el concepto de fondo mutualista en el contrato colectivo de trabajo, en cuyo laudo se condenó al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana al pago del aludido fondo a los beneficiarios del extinto trabajador y el Tribunal Colegiado se pronunció en el sentido de que fue correcta dicha condena, por lo que a diferencia de estos elementos, los demás Tribunales Colegiados analizaron el laudo reclamado que derivó de juicios laborales, en el que extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, así como beneficiarios de extintos trabajadores, demandaron del sindicado de dicha empresa, el fondo mutualista cuando dicho concepto ya no estaba regulado en el pacto contractual, y respecto de dicho reclamo se opuso la excepción de prescripción.
Por tanto, si el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 863/88, resuelve un problema jurídico distinto al de la prescriptibilidad del fondo mutualista, no puede participar en la contradicción de tesis planteada.
Tampoco puede participar en la contradicción de tesis el criterio emitido por los Tribunales Colegiados Cuarto, Octavo y Décimo Cuarto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 3904/99, 468/99, 701/2000 y 7214/2002, ya que la denuncia de contradicción de tesis se hizo con la finalidad de que se dilucidara el problema jurídico en torno a la prescriptibilidad respecto de la devolución de las cantidades que por concepto de fondo mutualista demandaron extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad al sindicato de dicha empresa, y si bien es cierto que en los juicios naturales de donde derivan las ejecutorias que emitieron dichos órganos colegiados se demandó la devolución de las aportaciones del fondo mutualista y se opuso por parte de los demandados la prescripción de la acción, y que en el laudo cuyo acto reclamado conocieron dichos órganos colegiados, la autoridad responsable declaró procedente la excepción opuesta, también lo es que dicha figura jurídica no fue materia de estudio de fondo por parte de los Tribunales Colegiados Cuarto, Octavo y Décimo Cuarto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, ya que otorgaron el amparo por diversos motivos.
En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 3904/99, consideró que la responsable, de manera dogmática, declaró procedente la excepción de prescripción opuesta por los demandados y violó en detrimento de los quejosos la garantía prevista en el artículo 16 constitucional, en el sentido de que las autoridades deben motivar las resoluciones que pronuncien, señalando con precisión las circunstancias particulares o causas inmediatas que hayan tenido en consideración para apoyar su determinación.
En el amparo directo 701/2000, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, otorgó el amparo para que la autoridad responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y dictara uno nuevo en el que fundada y motivadamente resolviera sobre la excepción de prescripción opuesta, ya que al resolver no expresó los razonamientos lógico-jurídicos en que se hubiese apoyado para su análisis.
El mismo Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 468/99, consideró que la autoridad no se ajustó a la litis y estimación de pruebas y que había emitido un laudo incongruente al resolver la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada en torno al fondo mutualista, porque no analizó individualmente la fecha de inicio y conclusión de todos y cada uno de los demandantes que señalaron como aquella en que fueron jubilados o liquidados, por lo que otorgó el amparo para el efecto de que la Junta responsable emitiera un nuevo laudo y con libertad de jurisdicción resolviera sobre todo lo reclamado, tomando en cuenta los términos en que se planteó la litis respecto de todos y cada uno de los actores y analizara el material aportado al juicio.
Por otra parte, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 7214/2002, determinó que existió violación al procedimiento y ordenó que se repusiera para que la Junta admitiera y desahogara la prueba confesional a cargo del sindicato demandado, así como las inspecciones ofrecidas por los actores y, posteriormente, resolviera con plenitud de jurisdicción.
En esos términos, no obstante que ante los Tribunales Colegiados Cuarto, Octavo y Décimo Cuarto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se reclamó el laudo dictado en los distintos juicios laborales en los cuales se abordó por parte de la Junta el tema relativo a la excepción de prescripción de la acción relativa al otorgamiento del fondo mutualista, dichos órganos colegiados no examinaron la referida figura jurídica, ya que los Tribunales Colegiados Cuarto y Octavo otorgaron el amparo por haberse dado vicios de forma, y el Décimo Cuarto Tribunal por existir violación al procedimiento, es decir, que los citados Tribunales Colegiados examinaron un tema distinto al abordado por la Junta, por tanto, no se pronunciaron en cuanto a la figura jurídica de prescripción, y lo sostenido por ellos no puede tomarse en cuenta para integrar la contradicción de tesis del presente asunto.
Consecuentemente y dados los efectos para los cuales se otorgó el amparo solicitado por los Tribunales Colegiados, resulta innecesario transcribir las consideraciones que sustentan sus ejecutorias, ya que no resultan útiles para efecto de dilucidar la contradicción de tesis que se denuncia.
SEXTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resolvió en sesión celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil, el amparo directo 15401/2000, promovido por Eduardo Pérez Soriano y otros, y negó el amparo solicitado, considerando que el laudo se encuentra ajustado a derecho al haber declarado la responsable prescrita la acción derivada del hecho de que si los actores afirmaron que a partir del año de mil novecientos noventa se les dejó de descontar el fondo mutualista, no requerían prueba alguna de tal hecho y a la fecha en que presentaron la demanda transcurrió el término de un año a que se refiere el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.
Las consideraciones que rigieron la ejecutoria son del tenor siguiente:
"TERCERO. El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente: Se alega que la Junta responsable infringió los artículos 840 a 842 de la Ley Federal del Trabajo, porque indebidamente consideró que como la demanda laboral fue presentada el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y siete y la fecha en que supuestamente se consideró exigible el derecho que los actores aducen para reclamar la devolución del fondo mutualista es a partir del uno de mayo de mil novecientos noventa, transcurrió con exceso el término de un año que establece el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, sin precisar en qué funda su consideración de que a partir del citado día uno de mayo de mil novecientos noventa, corre a favor del sindicato codemandado el término prescriptivo, a pesar de que ni éste ni la Comisión Federal de Electricidad acreditaron con documento alguno la liquidación o terminación del fondo mutualista reclamado, bastándole únicamente la simple afirmación de dicho sindicato en el sentido de que desapareció el aludido fondo, para aceptarlo como un hecho cierto sin tener prueba alguna para corroborarlo; que la excepción de prescripción opera por disposición de la ley y, por ello, al hacerse valer debe señalarse en relación con qué acción se opone, además de precisar las fechas de inicio y la en que se consumó el término prescriptivo. Que la autoridad laboral declaró procedente la excepción de prescripción, sin hacer el estudio de todas y cada una de las pruebas ofrecidas por los ahora quejosos, tales como las aclaraciones y precisiones hechas en la etapa respectiva, así como las documentales consistentes en los contratos colectivos de trabajo exhibidos por ambas partes y el reconocimiento de la propia Comisión Federal de Electricidad de haber aportado y retenido las cantidades que por concepto de fondo mutualista entregó al sindicato de electricistas, así como el de ser ajena a su manejo; que con base en lo ya señalado, en el laudo impugnado se concluyó que era inútil y ocioso entrar al fondo del asunto y, por ende, que procedía absolver de todas las prestaciones reclamadas. Lo anterior, debe desestimarse porque la resolución de la autoridad responsable se encuentra ajustada a derecho, teniendo en cuenta que tal como lo consideró en el laudo impugnado, la parte demandada hizo valer la excepción de prescripción derivada del hecho de que si los actores reconocen que a partir del año de 1990 se les dejó de descontar el fondo mutualista, ya que en 1986 el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana había contratado un seguro de vida, era evidente que del citado año de mil novecientos noventa al veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho, fecha en que interpusieron la demanda laboral, transcurrió con exceso el término de un año a que se refiere el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que las acciones intentadas se encuentran prescritas. Lo determinado por la autoridad laboral, encuentra sustento en el criterio jurisprudencial de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236 del Tomo V del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1995, cuyo texto es como sigue: ‘PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS TRABAJADORES. La lectura de los artículos 329 y 330 de la Ley Federal del Trabajo, indica, sin dejar lugar a dudas, que la prescripción corre desde el momento en que la parte interesada puede acudir a los tribunales, deduciendo la acción correspondiente.’. Nota: Los artículos 516 a 519 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, regulan la prescripción de las acciones en materia de trabajo. También tiene acomodo al caso la tesis jurisprudencial de la citada Cuarta Sala, visible en la página 237 del tomo y Apéndice invocados que enseguida se transcribe: ‘PRESCRIPCIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE PRUEBAS DE FONDO. Cuando una Junta de Conciliación y Arbitraje considere operante la excepción de prescripción alegada con respecto a determinada acción, resulta innecesario el estudio de las pruebas relativas al fondo del asunto en cuanto a esa acción se refiere.’. En las condiciones señaladas, carece de relevancia lo argumentado en el sentido de que en el caso no se probó la liquidación o terminación del fondo mutualista y que la excepción de prescripción se hizo valer en forma deficiente, ya que no se precisó sobre qué acción debía operar ni se señalaron las fechas de inicio y de conclusión del periodo respectivo. A la conclusión que antecede, se llega teniendo en cuenta que, en primer lugar, debe señalarse que ante la afirmación de los demandantes contenida en el hecho tres del escrito inicial de que hasta el año de mil novecientos noventa se les descontó el fondo mutualista, es evidente que no se requería de prueba alguna, siguiendo el aforismo jurídico de que ante confesión de parte relevo de prueba. Además de que tal afirmación constituye una confesión expresa, por así establecerlo el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo. En segundo lugar, cabe precisar que de la lectura de los escritos de contestación a la demanda por parte de los ahora terceros perjudicados que aparecen a fojas de la 61 a la 75 del expediente laboral, se advierte que sí fueron precisados tanto la acción sobre la que se hacía valer la multicitada excepción de prescripción como los datos de inicio y conclusión de la misma, puesto que se señaló que se oponía en relación con la acción principal ejercida, consistente en la devolución de los alcances de dinero aportados por concepto de fondo mutualista y además se precisó que debía contarse a partir de la manifestación de los propios actores, de que los descuentos por el aludido concepto dejaron de efectuarse en el año de 1990, por lo que tomando en cuenta como día de inicio el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa al veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho en que presentaron la demanda laboral, había transcurrido con exceso el término de un año a que se refiere el artículo 516 de la ley de la materia. En consecuencia, encontrándose que el laudo reclamado se dictó conforme a lo dispuesto por los artículos 841 y 84
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18413-b4509471/comision-federal-de-electricidad-la-accion-de-devolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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