PREDIAL. LA REFORMA A LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004, NO DA LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DE ESE ORDENAMIENTO, SI PREVIAMENTE SE CONSINTIÓ SU APLICACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 199/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de febrero del año dos mil cinco.
Vistos; para resolver los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el once de noviembre de dos mil cuatro, el presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denuncia la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por éste y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, al resolver los amparos en revisión números 3677/2004 y 261/2004, respectivamente.
SEGUNDO. Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, el presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente, correspondiéndole el número CT. 199/2004-SS, así como solicitar la remisión de las copias certificadas de las resoluciones dictadas con sus respectivos expedientes.
TERCERO. Por oficio número 148/2004, de ocho de noviembre del año dos mil cuatro, el presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió a la Secretaría de Acuerdos de esta Segunda Sala copia certificada de la ejecutoria dictada en el toca de amparo en revisión 3677/2004.
Asimismo, por oficio I-3499 de treinta de noviembre del mismo año, el secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió a la Secretaría de Acuerdos de esta Segunda Sala copia certificada de la ejecutoria dictada por ese tribunal en el expediente RA. 261/2004.
CUARTO. Recibidas las copias certificadas de las ejecutorias solicitadas, mediante proveído de tres de diciembre de dos mil cuatro, el presidente de esta Segunda Sala declaró competente a este órgano colegiado para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada y ordenó dar a conocer el acuerdo, anexando copia de las constancias relativas al procurador general de la República para que si así lo consideraba pertinente, dentro del plazo de treinta días, expusiera su parecer.
El agente del Ministerio Público Federal designado para tal efecto no formuló pedimento.
Por proveído de diecinueve de enero de dos mil cinco se turnó el presente asunto a la ponencia del Ministro Genaro David Góngora Pimentel para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 4/2002 de fecha ocho de abril de dos mil dos, conforme al cual las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de la competencia originaria del Tribunal Pleno serán vistas en Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima en los términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula una de las partes en el amparo en revisión 3677/2004, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional de donde proviene uno de los criterios que se estiman contradictorios.
TERCERO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 3677/2004, el día uno de septiembre de dos mil cuatro, en síntesis, señaló:
• Mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil cuatro, Alma Guillermina Ignacia Rendón Barrera de Merino, solicitó la protección constitucional en contra de los artículos 149, fracción II, párrafo segundo, 150, 151 y 152 del Código Financiero del Distrito Federal, relativos al sistema que se debe observar para el cálculo y determinación del impuesto predial del Código Financiero, así como los valores unitarios del suelo y construcciones mediante los cuales se establece la mecánica para calcular el valor catastral de un inmueble.
• Con fecha treinta de marzo de dos mil cuatro, el Juez de Distrito "A" en Materia Administrativa dictó sentencia en la que concedió el amparo solicitado.
• Inconforme con la resolución que antecede, la autoridad recurrente interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien con fecha uno de septiembre de dos mil cuatro determinó, en esencia, que son fundados los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, en cuanto señala que la modificación de uno o varios preceptos legales en un mismo ordenamiento sólo autoriza a los particulares a impugnar la constitucionalidad de los que hayan sido objeto del nuevo proceso legislativo, aun cuando se haya quedado en idénticos términos, pero no da derecho a acudir al amparo para reclamar otro precepto no incluido en el decreto de reformas o modificaciones, sólo por formar parte del mismo sistema legal, cuando éste ya había sido aplicado con anterioridad, pues la quejosa al inconformarse en contra de lo dispuesto por los artículos 149, fracción II, segundo párrafo y 152 fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, a partir de que efectuó el pago del tributo, en el tercer bimestre de dos mil dos, consintió el acto.
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 261/2004, el día veintiséis de agosto de dos mil cuatro, en síntesis, señaló:
• Por escrito recibido el veintidós de marzo de dos mil cuatro, Luis Ángel Gallardo Rubio demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los artículos 149, fracción II y 152, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal.
• La Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal dictó sentencia el dieciocho de mayo de dos mil cuatro, que terminó de engrosar el veintiuno de mayo de ese mismo año, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo.
• Inconforme con la resolución anterior, la quejosa recurrente interpuso recurso de revisión al considerar que se violan en su perjuicio los artículos 1o., fracción I, en relación con el diverso 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como los artículos 73, fracción XII y 149 del mismo ordenamiento, toda vez que el pago efectuado el primero de marzo de dos mil cuatro no fue el primer acto concreto de aplicación del artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, y que el agravio causado se hizo consistir en las modificaciones a la tarifa contenida en el artículo 152, fracción I, de dicho código.
• Por razón de turno tocó conocer del recurso de revisión al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien mediante sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil cuatro concluyó, en lo que es materia de la presente contradicción, no sobreseer en el juicio de amparo con respecto al artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, toda vez que la quejosa está legitimada para demandar la constitucionalidad de dicho precepto jurídico.
QUINTO. Atendiendo a los relacionados criterios, debe determinarse, como cuestión previa, si la presente contradicción de tesis denunciada reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia número P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
También cobra aplicación lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita y sirven como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales señalan:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
" ...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieren sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, así como el criterio jurisprudencial antes transcritos, refieren a la figura jurídica de la contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Ese mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho, y que en aras de atender al principio de no contradicción debe resolverse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que deba prevalecer y, dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.
En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia que conjuntamente debe reunir la contradicción de tesis, como son: a) que en las ejecutorias materia de contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes, b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas y c) que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.
Precisa destacar que para la denuncia de la posible contradicción de criterios no es necesario que esa diferencia derive indefectiblemente de jurisprudencias o de tesis publicadas, sino que únicamente se requiere que provenga de las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano jurisdiccional de que se trata, como lo establece la tesis P. L/94 del Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 83, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, página treinta y cinco, del rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."
Asimismo, es aplicable la tesis 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página trescientos diecinueve, con el rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
Conforme a los criterios jurisprudenciales transcritos, procede establecer que para la existencia de una contradicción de tesis se requiere que los criterios relativos se hayan adoptado respecto de una misma cuestión jurídica, suscitada en un mismo plano, y que expresa o implícitamente los tribunales colegiados del conocimiento hayan arribado a conclusiones opuestas sobre esa cuestión, de modo que a fin de determinar si efectivamente existe dicha oposición no basta atender a la conclusión del razonamiento o razonamientos vertidos en las correspondientes resoluciones judiciales, sino que es indispensable tomar en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento al criterio respectivo, ya que esa coincidencia es la que determina que existe una contradicción de tesis cuya resolución dará lugar a un criterio jurisprudencial que, por sus características de generalidad y abstracción, podrá aplicarse en asuntos similares.
En tal virtud, para que se considere existente la contradicción de tesis denunciada será necesario que los criterios opositores hayan derivado de los mismos elementos o supuestos esenciales, es decir, de los que originaron las conclusiones que se estiman divergentes y del examen de cuestiones jurídicas esencialmente iguales.
Con el propósito de conocer los criterios sustentados por los Tribunales Colegiado de Circuito, resulta conveniente transcribir la parte que interesa de las ejecutorias.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo:
"Ahora bien, conforme a los artículos 73, fracción XII y 21 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente en contra de una ley heteroaplicativa cuando no se haya impugnado dentro del término de quince días siguientes al primer acto de aplicación, por operar en tal caso el consentimiento tácito, luego, aun cuando la quejosa no precisa la fecha en que dio en arrendamiento el bien inmueble de su propiedad, objeto del pago del impuesto predial en términos del artículo 149, fracción II, segundo párrafo, se hace notar que en el recibo de pago correspondiente al tercer bimestre de dos mil dos, se aprecia que declaró el total de rentas mensuales y les aplicó el factor a que se refiere el párrafo del artículo invocado (foja 167), incluso en el número nueve de su capítulo de antecedentes ilustra los datos que deben tomarse en cuenta para obtener el valor gravable (foja 14). Por su parte, el artículo 149, fracción II, segundo párrafo, que en especial, se reclama de inconstitucional y en relación al cual la Juez concedió el amparo, no fue objeto de las reformas contenidas en el decreto de 26 de diciembre de 2003, publicado el mismo día en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, como se puede ver de lo precisado por el artículo único de dicho decreto, cuyo texto que a continuación se transcribe (se transcribe). De lo anterior, resulta que le asiste la razón a la recurrente al señalar que la Juez debió tomar en cuenta las documentales que ofreció por oficio SF/PFDF/SC/SA 6713, presentado ante el juzgado el dos de julio de dos mil cuatro, y en atención a su contenido determinar que se acreditó la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que, la quejosa al no inconformarse en contra de lo dispuesto en el artículo 149, fracción II, segundo párrafo, del Código Financiero del Distrito Federal, a partir de que efectuó el pago del tributo en el tercer bimestre de dos mil dos, evidentemente lo consintió, por tanto, con fundamento en la fracción III del artículo 74 del ordenamiento legal invocado procedía sobreseer en el juicio respecto del artículo referido. Resulta improcedente la promoción del juicio de amparo, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, contrariamente a lo sostenido en la sentencia recurrida, la modificación de uno o varios preceptos legales en un mismo ordenamiento, sólo autoriza a los particulares a impugnar la constitucionalidad de los que hayan sido objeto del nuevo proceso legislativo, aun cuando su texto haya quedado en idénticos términos, pero no da derecho a acudir al amparo para reclamar otro precepto no incluido en el decreto de reformas o modificaciones, sólo por formar parte del mismo sistema legal, cuando éste ya había sido aplicado con anterioridad. Es decir, la técnica que rige el juicio de amparo, incluye, en el artículo 73 de la Ley de Amparo, entre otros, la improcedencia del juicio en los casos en que una ley haya sido consentida por el particular, al no haber sido reclamada con motivo de su primer acto de aplicación, lo que ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar los diversos supuestos que se presentan con motivo de la actuación del Legislativo en la modificación y reforma de cuerpos legales."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo:
"QUINTO. En el único agravio hecho valer, estima la parte quejosa-recurrente, que la Juez a quo, viola en su perjuicio, el artículo 1o., fracción I, en relación con el diverso 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como los artículos 73, fracción XII y 149 del mismo ordenamiento legal, porque contrario a lo resuelto en el sentido de que había lugar a sobreseer en el juicio, toda vez que confesó en la demanda de amparo, que el acto reclamado consistente en el pago efectuado el primero de marzo de dos mil cuatro por el primer bimestre de dicho año del impuesto predial, no era el primer acto concreto de aplicación del artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal; desde el escrito inicial de la demanda de amparo, se reclamó la reforma al código referido, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintiséis de diciembre de dos mil tres, que entró en vigor el primero de (sic) dos mil cuatro, así como su relación con las diversas reformas de treinta y uno de diciembre de dos mil uno, publicadas en el mismo órgano de difusión, que entró en vigor el primero de enero de dos mil dos y, la diversa de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, en específico por lo que hace al artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, reforma, la primera, de la que se aprecia que se modificó la tasa o tarifa de contribución del impuesto predial con base en valor catastral calculado en rentas contemplado en el artículo 152, fracción I, del mismo ordenamiento legal, por lo tanto, el acto reclamado, sí es el primer acto concreto de aplicación de las normas reclamadas. Lo anterior, sigue aduciendo, pues lo que le causó agravio, fueron los incrementos que sufrieron las tarifas contempladas en el artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal, tarifas, vigentes en dos mil cuatro, a partir de las cuales, pagó el correspondiente al impuesto referido en el párrafo que antecede, de manera que, si tal como ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis cuyo rubro dice: ‘LEYES TRIBUTARIAS. LA MODIFICACIÓN DE UN RANGO, TASA O CUOTA DE UNA TARIFA APLICABLE PARA LA DETERMINACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO QUE AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DE LOS CONTRIBUYENTES.’, es procedente el juicio de amparo cuando se modifica una tasa aplicable para una contribución; es claro que en el caso, la reforma del artículo 152, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de veintiséis de diciembre de dos mil tres, a través de la cual no sólo se actualizaron los diferentes valores contenidos en la tarifa por efectos de la inflación, sino que se trata de un acto legislativo distinto en el que se da un trato progresivo a los contribuyentes que se ubiquen en el mismo supuesto de ley, es reclamable en amparo, pues se trata de un nuevo tratamiento fiscal, toda vez que resultó de dicha reforma, una nueva tarifa, que al ser parte de los elementos del tributo, trasciende en su esfera jurídica. Robustece sus consideraciones, porque bajo el ‘principio de anualidad’ contemplado en el artículo 122, inciso C, base primera, fracción V, inciso b), de la Constitución Federal, las leyes tributarias tienen, de acuerdo con la doctrina del derecho fiscal, una periodicidad de un año, por tanto, sí era procedente que reclamara en contra del primer acto de aplicación del pago del impuesto predial contemplado en el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal en relación con los diversos 151 y 152 del mismo ordenamiento legal, la contribución que a su juicio, viola en su perjuicio, sus garantías individuales. Pues bien, a juicio de este órgano jurisdiccional, le asiste la razón a la parte quejosa-recurrente, pues es cierto que reclamó las reformas al Código Financiero del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de veintiséis de diciembre de dos mil tres fecha en la que se reformó el artículo 152, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por lo tanto, si el mismo contempla la tarifa aplicable al valor catastral del bien inmueble, ésta es un elemento de las contribuciones, que al constituir un nuevo tratamiento fiscal, que trasciende en su conjunto a la esfera jurídica de los contribuyentes, afecta su esfera jurídica, con independencia del rango en el que se ubiquen una vez calculada la base correspondiente y, por tanto, cuenta con interés jurídico para reclamar el sistema impositivo en su conjunto que contempla el cálculo para el impuesto reclamado."
De los criterios antes transcritos se advierte que sí existe contradicción, toda vez que ambos Tribunales Colegiados, partiendo de los mismos elementos, arriban a conclusiones contrarias.
En efecto, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de manera concreta, señaló que contrariamente a lo sostenido en la sentencia recurrida, la modificación de uno o varios preceptos legales en un mismo ordenamiento, sólo autoriza a los particulares a impugnar la constitucionalidad de los que hayan sido objeto del nuevo proceso legislativo, aun cuando su texto haya quedado en idénticos términos, pero no da derecho a acudir al amparo para reclamar otro precepto no incluido en el decreto de reformas o modificaciones, sólo por formar parte del mismo sistema legal, cuando éste ya había sido aplicado con anterioridad; mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que las reformas al Código Financiero del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de veintiséis de diciembre de dos mil tres, fecha en la que se reformó el artículo 152, fracción I, de dicho ordenamiento legal, al contemplar la tarifa aplicable al valor catastral del bien inmueble, constituye un nuevo tratamiento fiscal que trasciende en su conjunto a la esfera jurídica de los contribuyentes, por lo que este hecho afecta a la esfera jurídica de la quejosa, de ahí que cuente con interés jurídico para reclamar el sistema impositivo en su conjunto que contempla el cálculo para el impuesto reclamado.
En este orden de ideas, el punto de contradicción se circunscribe en determinar si la reforma a la tarifa del impuesto predial contenida en el artículo 152, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para 2004, cuyo objeto fue actualizar los diferentes valores contenidos en dicha tarifa, incide o no de manera ordinaria o esencial en la base de dicho impuesto, a grado tal que se justifique la procedencia del juicio de amparo con respecto a la fracción II del artículo 149 del mismo ordenamiento, que no fue reformado.
A fin de determinar la tesis que al respecto debe imperar, es conveniente acudir a los artículos 149, fracción II y 152, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, que establecen:
El artículo 149, fracción II, primer y segundo párrafos, señalan:
"Artículo 149. La base del impuesto predial será el valor catastral determinado por los contribuyentes conforme a lo siguiente:
"...
"II. Cuando los contribuyentes otorguen el uso o goce temporal de un inmueble, inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad, deberán calcular el impuesto con base en el valor catastral más alto que resulte entre el determinado conforme a la fracción anterior y el que se determine de acuerdo al total de las contraprestaciones por dicho uso o goce temporal. Si las contraprestaciones fueron fijadas en moneda diferente a la nacional, dicho valor se determinará considerando el tipo de cambio promedio de la moneda extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en los días que corresponda al bimestre de que se trate.
"Al efecto, se multiplicará el total de las contraprestaciones que correspondan a un bimestre por el factor 38.47 y el resultado se multiplicará por el factor 10.0, y se aplicará al resultado la tarifa del artículo 152, fracción I de este código.
"La cantidad que resulte conforme al párrafo anterior se multiplicará por el factor 0.42849 cuando el uso del inmueble sea distinto al habitacional y por el factor 0.25454 cuando el uso sea habitacional, y el resultado será el impuesto a pagar. En el caso de inmuebles con usos habitacionales y no habitacionales, se aplicará a la cantidad resultante conforme al párrafo anterior, el factor que corresponda a cada uso, considerando para ello la parte proporcional determinada en base a las contraprestaciones fijadas para cada uno de ellos, las cantidades respectivas se sumarán y el resultado así obtenido será el impuesto a pagar.
"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en ningún caso se pagará por concepto de impuesto predial, una cantidad inferior a la que como cuota fija se establezca en el rango ‘A’ de la tarifa prevista en el artículo 152 de este código.
"Para los efectos de esta fracción los contribuyentes deberán presentar junto con su declaración de valor los contratos vigentes a la fecha de presentación de la misma. Cada vez que éstos sean modificados o se celebren nuevos, deberán presentarse junto con la declaración de valor a que se ref
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18853-e5373a7a/predial-la-reforma-a-la-tarifa-contenida-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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