REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DICTADAS EN TÉRMINOS DE UNA NORMA FEDERAL DIVERSA A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 168/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de noviembre del año dos mil cinco.
VISTOS; para resolver los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doce de septiembre de dos mil cinco, los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado de la propia materia y circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 251/2004, en contra del emitido por el Tribunal Colegido denunciante, al fallar el recurso de revisión fiscal 201/2005.
SEGUNDO. Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó remitir el expediente de contradicción de tesis respectivo a esta Segunda Sala, para los efectos legales correspondientes.
TERCERO. Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil cinco, el presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente, correspondiéndole el número 168/2005-SS, solicitó al presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la remisión de la copia certificada de la ejecutoria dictada en la revisión fiscal 251/2004.
Por oficio número 241/2005, de veintinueve de septiembre de dos mil cinco, la Secretaria de Acuerdos del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió a la Secretaría de Acuerdos de esta Segunda Sala copia certificada de la ejecutoria dictada en la revisión fiscal 251/2004, dictada por ese tribunal.
CUARTO. Recibidas las copias certificadas de las ejecutorias solicitadas, mediante proveído de diez de octubre de dos mil cinco, el presidente de esta Segunda Sala declaró competente a este órgano colegiado para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada y ordenó dar a conocer el acuerdo, anexando copia de las constancias relativas, al procurador general de la República, para que si así lo consideraba pertinente, dentro del término de treinta días, expusiera su parecer. El plazo mencionado transcurrió del veinticuatro de octubre al seis de diciembre de dos mil cinco.
Por proveído de fecha veinticinco de octubre de dos mil cinco, se turnó el presente asunto a la ponencia del Ministro Genaro David Góngora Pimentel para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 4/2002 de fecha ocho de abril de dos mil dos, conforme al cual las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de la competencia originaria del Tribunal Pleno serán vistas en Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima en los términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula una de las partes en la revisión fiscal 201/2005, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional de donde proviene uno de los criterios que se estiman contradictorios.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos jurisdiccionales involucrados en las respectivas ejecutorias.
I. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 201/2005 de diecinueve de agosto de dos mil cinco, determinó, esencialmente, lo siguiente:
I. La parte quejosa demandó la nulidad de la resolución de veintinueve de febrero de dos mil tres, en el procedimiento administrativo de remoción número CZB/013/02, emitido por Comité de Zona B, del Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación.
II. El conocimiento de la demanda correspondió a la Décima Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien declaró la nulidad de la resolución impugnada.
III. Inconforme con dicha resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión fiscal, a quien por razón de turno correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien determinó que era improcedente el recurso, por no surtirse los requisitos de la fracción IV del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, aun cuando se tratara de un servidor público, toda vez que en el procedimiento administrativo se le aplicó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y no la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que si la procedencia del recurso es estricta, no es dable aplicarla por analogía.
II. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 251/2004-3443, el día catorce de octubre de dos mil cuatro, en síntesis, señaló:
I. La parte quejosa demandó la nulidad de la resolución de veintitrés de junio de dos mil tres, en el procedimiento administrativo número CSCCP/PA/201/2003, emitido por la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial de la Policía Federal Preventiva.
II. El conocimiento de la demanda correspondió a la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien declaró la nulidad de la resolución impugnada.
III. Inconforme con dicha resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión fiscal, a quien por razón de turno correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien determinó que era procedente el recurso interpuesto, en términos del artículo 248, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que se trata de servidores públicos, como son los miembros de un cuerpo de seguridad pública, por tanto, la competencia para conocer de los conflictos derivados de la prestación de dichos servicios, cualquiera que sea la causa, así como el ordenamiento legal en que se hubiere sustentado, se determina a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dado que a éste corresponde el conocimiento de las controversias administrativas relativas al régimen de las responsabilidades de los servidores públicos federales, y que ello fija la procedencia del juicio de nulidad para impugnar las resoluciones definitivas que establezcan sanciones a dichos sujetos por responsabilidad administrativa.
CUARTO. Atendiendo a los relacionados criterios, debe determinarse, como cuestión previa, si la presente contradicción de tesis denunciada reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia número P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
También cobra aplicación lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, que sirve como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales señalan:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieren sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubieren dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, así como el criterio jurisprudencial antes transcritos, refieren a la figura jurídica de la contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Ese mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho, y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y, dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.
En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia que conjuntamente debe reunir la contradicción de tesis, como son:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del análisis de los mismos elementos.
En esta tesitura, en relación con los supuestos necesarios que se requieren para determinar la existencia de la contradicción de tesis sustentada por los Tribunales Colegiados, en el presente asunto, se puede observar lo siguiente:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales.
Este requisito sí se cumple, en virtud de que los Tribunales Colegiados de Circuito examinaron el punto concreto de derecho consistente en la procedencia del recurso de revisión en contra de sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que resuelven sobre la responsabilidad de los miembros de los cuerpos de seguridad pública y del Ministerio Público Federal, en términos de la fracción IV del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
También este requisito se actualiza en atención a que los Tribunales Colegiados Quinto y Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, sostienen esencialmente la procedencia del recurso de revisión fiscal interpuesto en contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que resuelven sobre la responsabilidad de los miembros de los cuerpos de seguridad pública y del Ministerio Público Federal, en términos de la fracción IV del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación.
c) Que los distintos criterios provengan del estudio de los mismos elementos.
En los asuntos que se encuentran involucrados en la presente contradicción de tesis se promovió la revisión fiscal en la que se estudió la procedencia de dicho recurso en contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que resuelven sobre la responsabilidad de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, en términos de la fracción IV del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación.
QUINTO. Como se precisó previamente, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 201/2005, promovido por el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en contra de la sentencia de siete de diciembre de dos mil cuatro, dictada por la Décima Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, determinó desechar el recurso.
La razón por la que el Tribunal Colegiado desechó el recurso de revisión fiscal, es porque no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, incluyendo la fracción IV de dicho numeral, ya que a su juicio no se trata de una materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino del procedimiento administrativo en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Además, lo relativo a la procedencia del recurso es estricta y no es aplicable la analogía.
En cambio, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al conocer el recurso revisión fiscal 251/2004-3443, promovido por el coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del titular de dicha secretaría y del presidente de la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial, en contra de la sentencia de primero de abril de dos mil cuatro dictada por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, determinó procedente el recurso de revisión.
El Tribunal Colegiado fundamentalmente estimó que resulta procedente el recurso de revisión por analogía, dado que entre el procedimiento disciplinario seguido a los miembros de los cuerpos de seguridad pública federal y los regulados por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos existe similitud, toda vez que en ambos juicios las sentencias deciden sobre la responsabilidad de sujetos que tienen la misma naturaleza jurídica.
De lo anterior se advierte que el punto de contradicción consiste en determinar si procede el recurso de revisión que establece el artículo 248, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en contra de sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que declaran la nulidad de la resolución impugnada derivada de un procedimiento disciplinario instruido a través de una norma de naturaleza federal diversa a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Con el propósito de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, resulta necesario acudir a los antecedentes constitucionales y legales del recurso de revisión fiscal, haciendo referencia a las reformas realizadas al artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigentes a partir de mil novecientos ochenta y ocho.
De la exposición de motivos que se acompañó el seis de abril de mil novecientos ochenta y siete, al proyecto de reformas a la Constitución Federal, que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se advierte en relación con este tema, lo siguiente:
"Se propone la adición de la fracción I-B al artículo 104, con similar contenido de los párrafos tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 vigente, para que los tribunales de la Federación conozcan de los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo a que se refiere la fracción XXXIX-G del artículo 73. Por ello, se propone la derogación de los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del citado artículo 104.
"Los recursos de revisión en contra de resoluciones definitivas de los mencionados Tribunales de lo Contencioso Administrativo, se ha otorgado para que los órganos del Estado puedan proponer a la Justicia Federal las cuestiones que presentan problemas de control de la legalidad de los actos de dichos tribunales, dado que los órganos del Estado no disponen de la posibilidad de iniciar el juicio de amparo.
"Se propone que estos recursos sean de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por plantear siempre problemas de legalidad, modificando la competencia que para conocer de las mismas tiene actualmente la Suprema Corte de Justicia, propuestas que son congruentes con los propósitos centrales de esta iniciativa."
El dictamen de la primera lectura del veintitrés de abril de mil novecientos ochenta y siete expresa al respecto lo siguiente:
"En congruencia con la modificación anterior se propone reformar el artículo 104 constitucional, tercero del decreto, para derogar, en primer término, sus actuales párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I.
"La derogación del segundo párrafo se explica por la incorporación de los términos del mismo al artículo 73, según la fracción que se le adiciona y a la que ya hemos hecho referencia.
"La derogación de los párrafos tercero y cuarto tiene como propósito sustituirlos por una fracción I-B que se añade inmediatamente después de la fracción I.
"Esta fracción I-B mantiene la existencia del recurso de revisión contra resoluciones definitivas de tribunales administrativos. Este recurso ya estaba previsto en el párrafo tercero y permite a la autoridad que ha recibido un fallo adverso, en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, disponer de un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por dichos tribunales. Desde el momento que las propias autoridades no pueden iniciar el juicio de amparo, el recurso de revisión es indispensable para garantizar la plena vigencia del principio de legalidad.
"La novedad que se introduce consiste precisamente en que, dado que el mencionado recurso involucra problemas de legalidad, su conocimiento queda atribuido a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a la Suprema Corte de Justicia.
"Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras proponemos que de la fracción I-B se supriman las palabras; ‘y siempre que esas resoluciones hayan sido dictaminadas como consecuencia de un recurso interpuesto dentro de la jurisdicción contencioso administrativa’, porque dejarlas implica vincular el precepto constitucional a un texto legal que ahora existe, pero que en el futuro puede no existir, lo que traería por consecuencia que una modificación legal determinase la necesidad de una reforma constitucional; en cambio suprimiéndolas, la fracción I-B resulta congruente, por su amplitud, con el texto legal actual con cualquiera otro que se estableciera.
"Proponemos que la fracción I-B tenga el siguiente texto: ‘De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalan las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno.’
"...
"Dado que, como ya se indicó, las reformas que se dictaminan han introducido a la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, el conocimiento de los recursos de revisión interpuestos por las autoridades contra resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, resulta técnicamente inexacta, ahora, la tradicional distinción entre los Tribunales Colegiados y los Unitarios, ya que los primeros no sólo conocerán de amparos, sino también de revisión."
El texto de la reforma fue aprobado y se publicó en el Diario Oficial de la Federación de la Federación del diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, con el siguiente tenor:
"Artículo 104. ...
"I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ella dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno ..."
Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, se reformó la citada disposición, agregándose para los tribunales de la Federación, la facultad de conocer de los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, además de los referidos en la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Federal, de los señalados en la fracción IV, inciso e), del artículo 122 del mismo Ordenamiento Fundamental, en los siguientes términos:
"Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:
"...
"I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno ..."
De los anteriores datos se advierte que el Poder Revisor de la Constitución creó en favor de la autoridad que obtuvo un fallo adverso de los Tribunales Contenciosos Administrativos, un medio de defensa de la legalidad, sin establecer sobre esa tesitura hipótesis determinadas de procedencia del recurso, ni adelantando un espíritu selectivo, sino dejando en manos del legislador ordinario la facultad de reglamentar los casos de procedencia.
En seguimiento a la primera de las citadas reformas constitucionales, por decreto publicado el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en el Diario Oficial de la Federación se derogó la sección tercera del Código Fiscal de la Federación, dentro de la cual se encontraba el recurso de revisión, regulado en los artículos 248 y 249, y se estableció un nuevo artículo 248 en el cual se crea un recurso denominado de revisión.
En la iniciativa de fecha diez de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, presentada a la Cámara de Senadores, el presidente de la República expresó, en lo conducente:
"2. Reducción de instancias procesales y regionalización completa de la justicia fiscal.
"El segundo grupo de medidas propone reducir el número de instancias procesales, a la vez que simplificar el sistema, medidas entre las que destaca la reforma a la regulación del recurso de revisión y las que antes se han comentado para fusionar instancias sucesivas.
"Al respecto se fusionan los recursos de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación y el de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito que toca interponer a la administración fiscal en un solo recurso que establece, con vigencia a partir del 15 de enero próximo, que establece el artículo 104, fracción, I-B de la Constitución.
"La modificación que se propone tiene las siguientes ventajas:
"La eliminación de una etapa procesal, con su consiguiente influencia en la simplificación y prontitud del proceso.
"La impugnación de la administración fiscal será ante el mismo tribunal que conozca del juicio de amparo que, en su caso, promuevan los particulares.
"La interposición del recurso por el órgano encargado de la defensa jurídica de la autoridad asegura que esta atribución, tan importante para la defensa de las autoridades, se hará con la seriedad y profundidad que exijan los casos que así lo ameriten.
"La tramitación paralela y simultánea del amparo directo y de la revisión en los casos en que coincida su interposición.
"La unidad de decisión y la congruencia en las resoluciones.
"La resolución definitiva de las controversias en la región en que surgen, al sustituir la revisión en la Ciudad de México por una revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito establecidos en todo el territorio nacional, lleva a sus últimas consecuencias la regionalización de la justicia fiscal federal, misma que tuvo un avance importante en la vigente Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, que regionalizó la primera instancia del juicio, que se sustancia y resuelve ahora por sus Salas Regionales."
En el dictamen correspondiente a la anterior iniciativa en primera lectura, se determinó en relación con el artículo 248, lo siguiente:
"X. Una reflexión particular merece a las Comisiones Dictaminadoras el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación que la iniciativa propone. En él se previene que la autoridad fiscal podrá, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, mediante la interposición del recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, en la sede de la Sala Regional respectiva, impugnar las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, mediante escrito que se presente dentro del término de quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, o por violaciones procesales que se hayan cometido durante el juicio se afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo; también por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias, siempre que el asunto exceda, propone la iniciativa, de quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de su emisión. Da luego una fórmula, segundo párrafo, para determinar la cuantía del asunto cuando se trate de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos, inferiores a doce meses.
"A juicio de estas comisiones, si se acepta la cuantía de quinientos salarios mínimos generales diarios que la iniciativa propone, en todos los casos, los Tribunales Colegiados de Circuito sustituirán la actual atribución que tiene la Sala Superior del tribunal para conocer de estos recursos y serán los tribunales de amparo los que hagan las veces de dicha Sala Superior. Los quinientos salarios mínimos, al presente equivale aproximadamente a dos millones quinientos mil pesos, cantidad pequeña que fácilmente pueden, ‘valer’ muchos asuntos en trámite. Se produciría una multiplicación de interposiciones del recurso de revisión, máxime si se considera que bastará para que se interponga que lo decida la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica, quitando el escollo procesal de que sea el secretario de Estado, o jefe del departamento administrativo o director d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19285-c35d7308/revision-fiscal-procede-contra-las-sentencias-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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