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Modo: Corpus Pro

ACTIVO. ES IMPROCEDENTE LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO RELATIVO, EN LA PARTE DEL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 15, FRACCIONES VI Y VII, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 1999 Y 2001.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18424
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, , Pág. 586.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de agosto de dos mil cuatro.

VISTOS; para resolver los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de mayo de dos mil cuatro, el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y otros, denuncia la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Décimo Primer y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 11/2003 y el amparo en directo 384/2003, respectivamente, y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito al resolver la revisión fiscal 18/2004.

SEGUNDO. Por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil cuatro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó remitir el expediente de contradicción de tesis respectivo a esta Segunda Sala para los efectos legales correspondientes.

TERCERO. Mediante acuerdo de treinta y uno de mayo del año dos mil cuatro, el presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente, correspondiéndole el número 100/2004-SS, así como la remisión de las copias certificadas de las resoluciones dictadas en sus respectivos expedientes.

Por oficio número 6689 de ocho de junio del año dos mil cuatro, la Secretaría de Acuerdos del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió a la Secretaría de Acuerdos de esta Segunda Sala copia certificada de la ejecutoria dictada en el toca de revisión fiscal 11/2003.

Asimismo, por oficio 7155 de ocho de junio del mismo año, el secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió a la Secretaría de Acuerdos de esta Segunda Sala copia certificada de la ejecutoria dictada por ese tribunal en el expediente DA. 384/2003.

En cumplimiento al acuerdo de ocho de junio de dos mil cuatro, dictado por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, remitió a la Segunda Sala copia certificada de la ejecutoria dictada por ese tribunal en el expediente 18/2004.

CUARTO. Recibidas las copias certificadas de las ejecutorias solicitadas, mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil cuatro, el presidente de esta Segunda Sala declaró competente a este órgano colegiado para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada y ordenó dar a conocer el acuerdo, anexando copia de las constancias relativas, al procurador general de la República, para que si así lo consideraba pertinente, dentro del término de treinta días, expusiera su parecer. El plazo mencionado transcurrió del veinticuatro de junio al diecinueve de agosto de dos mil cuatro.

El agente del Ministerio Público Federal designado para tal efecto formuló pedimento.

Por proveído de fecha veinticinco de junio de dos mil cuatro, se turnó el presente asunto a la ponencia del Ministro Genaro David Góngora Pimentel para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 4/2002 de fecha ocho de abril de dos mil dos, conforme al cual las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de la competencia originaria del Tribunal Pleno serán vistas en Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima en los términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula una de las partes en el juicio de RF. 18/2004, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, órgano jurisdiccional de donde proviene uno de los criterios que se estiman contradictorios.

TERCERO. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal RF. 11/2003, el día doce de febrero del dos mil tres, en síntesis señaló:

• Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre del dos mil uno Eric Esteves Bauche, en su carácter de representante legal de Ferrocarril Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio No. 330-SAT-IV-D-JAGL-8129/01, de cinco de julio de dos mil uno, emitido por el administrador central jurídico de Grandes Contribuyentes de la Administración General de Grandes Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por la actora, en el sentido de confirmar la resolución contenida en el oficio número 330-SAT-5382 de fecha dieciocho de julio de dos mil, a través del cual se negó la devolución de la cantidad de veintiocho millones ciento setenta y siete mil ciento dieciocho pesos.

• Con fecha primero de abril de dos mil dos la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dictó sentencia en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada.

• Inconforme con la resolución que antecede la parte demandada interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien con fecha doce de septiembre de dos mil dos dictó resolución en el sentido de revocar la resolución recurrida para efectos.

• En cumplimiento de la ejecutoria anterior la Sala Fiscal emitió resolución con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dos, en la cual declaró la nulidad de la resolución impugnada.

• Inconforme, el administrador de lo contencioso de Grandes Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad Administrativa, interpuso recurso de revisión, en su agravio aduce, esencialmente, que la Sala del conocimiento de manera errónea resolvió que se debía efectuar la devolución solicitada por la contribuyente, violándose así el artículo 15, fracciones VI, inciso a) y VII, inciso a), de la Ley de Ingresos de la Federación en vigor para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, porque el saldo a favor que solicita por concepto de impuesto sobre la renta proviene del acreditamiento que ella misma realizó de impuesto especial sobre producción y servicios, contra los pagos provisionales precedentes de impuesto sobre la renta a su cargo.

• Correspondió al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitir la sentencia correspondiente, dictada el doce de febrero del dos mil tres, determinando, en esencia, lo siguiente:

1. El Tribunal Colegiado calificó de inoperante e ineficaz el agravio hecho valer por la autoridad recurrente cuando señala que la Sala Fiscal no estudio lo relativo a lo dispuesto en el artículo 15, fracción VII, de la Ley de Ingresos de la Federación, vigente en el año de mil novecientos noventa y nueve, en el sentido de prohibir devolución de cantidad alguna con motivo del estímulo fiscal conocido como crédito al diesel. La inoperancia e ineficacia del argumento anterior obedece a que el Tribunal Colegiado de Circuito arribó a la conclusión de que la Sala Fiscal sí se pronunció al respecto.

2. El Tribunal Colegiado también calificó de inoperante el argumento de la autoridad recurrente cuando señala que la Sala Fiscal pasó por alto el hecho de que el saldo a favor que se solicita por concepto de impuesto sobre la renta proviene del acreditamiento que ella misma realizó del impuesto especial sobre producción y servicios; lo anterior, a decir del Tribunal Colegiado, sí fue estudiado por la Sala Fiscal cuando en su sentencia establece que: "... no es cierto como lo señalan las demandadas, que el saldo a favor cuya devolución se negó se generó por la aplicación del acreditamiento del estímulo ya que, como se indicó, el acreditamiento que la empresa actora efectuó contra el impuesto sobre la renta anual fue el de los pagos provisionales.

3. En otro de los argumentos de la autoridad recurrente señala que la empresa Ferrocarril Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, no puede solicitar la devolución del saldo a favor porque proviene del acreditamiento realizado por el impuesto especial sobre producción y servicios (crédito diesel), contra el impuesto sobre la renta. Dicho argumento fue calificado de ineficaz por el Tribunal Colegiado de Circuito porque al respecto la Sala Fiscal dio respuesta en el sentido de que el saldo a favor, cuya devolución se negó, se generó por la aplicación del acreditamiento del estímulo fiscal; dicho acreditamiento que la empresa actora efectuó contra el impuesto sobre la renta anual fue el de los pagos provisionales, el cual es susceptible de devolverse.

4. Finalmente, el Tribunal Colegiado de Circuito calificó de ineficaz el argumento de la autoridad recurrente porque no controvierte el razonamiento principal en que se apoyó la Sala Fiscal respecto de que la empresa actora nunca aportó cantidad alguna de sus propios recursos, ya que la Sala Fiscal llegó a la conclusión de que el entero realizado al fisco, vía pago provisional del impuesto sobre la renta a cargo, en el ejercicio de mil novecientos noventa y nueve, si bien es cierto que no entregó dinero en efectivo, también lo es que dicho pago lo efectuó a través del acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios a que tenía derecho a realizar, máxime que no existe precepto legal alguno que obligue a los contribuyentes a pagar las contribuciones a su cargo con recursos propios, sino que, por el contrario, el citado artículo 25 del Código Fiscal de la Federación permite que puedan pagarse con créditos que tengan a su favor, es decir, con estímulos fiscales.

CUARTO. Por su parte el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 384/2003, el día catorce de abril de dos mil cuatro, en síntesis, señaló:

• Por escrito recibido el ocho de agosto de dos mil tres Francisco Jurado Martínez, en representación de Ferrosur, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia dictada el quince de mayo de dos mil tres por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

• La Sala del conocimiento declaró la validez de la resolución impugnada en la que se negó la devolución de las cantidades solicitadas por la empresa recurrente porque al haber sido cubierta la obligación de enterar pagos provisionales, esa obligación se sustituyó por el acreditamiento, lo cual no da lugar a considerar que se hubiera efectivamente realizado la entrega de la cantidad debida para darle el carácter de pago en efectivo y solicitar la devolución del exceso manifestado, además de que el estímulo fiscal solamente se debe concretar en torno con las cargas tributarias de los contribuyentes, razón por la cual el impuesto especial sobre producción y servicios acreditado en contra del impuesto al activo solamente se limitará en torno a la cantidad que le resultó a su cargo y no da derecho a pedir algún remanente que haya excedido después de haber cubierto el impuesto.

• Inconforme con la resolución anterior, la recurrente interpuso recurso de revisión argumentando que indebidamente la Sala Fiscal dio un alcance indebido al referido artículo 15, fracciones VI y VII, porque no obstante que el impuesto al activo se haya cubierto con el estímulo fiscal, no solicitó la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios, que es lo que prohíbe el artículo, sino el impuesto al activo. Además, la limitante de devolver el impuesto es sólo para el impuesto especial sobre producción y servicios y no para el impuesto al activo pues, de no ser así, no tendría razón de ser la fracción VIII que prevé la devolución del primero como una excepción dada la actividad de los contribuyentes a que se refiere. Por otro lado, señala que una vez cubierto el impuesto al activo, aunque sea en vía de acreditamiento, adquiere la naturaleza de impuesto al activo pagado, pues no importa si se pagó en numerario, en especie, vía compensación o acreditamiento ya que, independientemente de su naturaleza, se constituyen en pagos, de suerte que es irrelevante que los pagos provisionales no se hubiesen realizado en numerario. Por último, precisa que el hecho de que se haya acreditado el impuesto especial sobre producción y servicios contra el impuesto al activo a su cargo, resultando un saldo a su favor (en virtud de que en los pagos provisionales enteró más de lo que le correspondía por el impuesto al activo al final del ejercicio), le da derecho a la devolución de dicho saldo.

• Por razón de turno tocó conocer de la revisión fiscal al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual mediante sentencia de fecha catorce de abril de dos mil cuatro concluyó lo siguiente:

1. El artículo 15, fracciones VI, VII y VIII, de la Ley de Ingresos de la Federación, vigente para dos mil uno, establece un estímulo fiscal que consiste en permitir a los contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final, el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios en contra del impuesto al activo, a las que se dediquen a actividades agropecuarias o silvícolas, pues éstas, en lugar de acreditar el impuesto, podrán solicitar su devolución; por tanto, no se prohíbe la devolución del impuesto al activo que fue el que solicitó la quejosa.

2. En cuanto a que una vez cubierto el impuesto al activo, aunque sea en vía de acreditamiento, adquiere la naturaleza de impuesto al activo pagado, pues no importa si se pagó en numerario, en especie, vía compensación o acreditamiento ya que, independientemente de su naturaleza, se constituyen en pagos, de suerte que es irrelevante que los pagos provisionales no se hubiesen realizado en numerario y que el hecho de que se haya demostrado el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios contra el impuesto al activo a su cargo, resultando un saldo a su favor (en virtud de que en los pagos provisionales enteró más de lo que le correspondía por el impuesto al activo al final del ejercicio), le da derecho a la devolución de dicho saldo.

3. Se entiende el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios que realizó la quejosa en contra del impuesto al activo, como un pago en sentido amplio.

4. Finalmente, en el inciso a) de la fracción VII del artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación se establece el procedimiento para adecuar el acreditamiento únicamente del impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del diesel "... el monto que dichas personas podrán acreditar será el que se señale expresamente y por separado en el comprobante correspondiente. ..."; fórmula que se reitera si el diesel es adquirido de agencias o distribuidores autorizados; procedimiento que obliga a separar el impuesto que expresamente se señale y que debe ser el equivalente al impuesto que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del diesel, pues llegar a la conclusión a la que llegó la autoridad fiscal y la Sala responsable, harían innecesario el señalamiento de que sólo se podrá acreditar el monto del impuesto causado por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y que en los comprobantes de pago se separe expresamente el impuesto del precio, tal como se hace en el impuesto al valor agregado.

QUINTO. Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el cuatro de mayo de dos mil cuatro la revisión fiscal 18/2004, en síntesis señaló:

• Mediante escrito de tres de febrero de dos mil tres, Aceitera del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante, demandó las resoluciones contenidas en los oficios 330-SAT-31-1R-740 y 330-SAT-31-R-980.

• Por sentencia de tres de octubre de dos mil tres se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 330-SAT-31-R-740 de 17 de junio de 2002, en la parte en que se negó la devolución a la actora, del saldo a favor del impuesto al activo determinado en la declaración anual complementaria del ejercicio fiscal de 1999, misma que acreditó con el impuesto sobre producción y servicios que le fuera trasladado por la adquisición del diesel.

• Inconforme con la resolución anterior, la autoridad recurrente interpuso recurso de revisión, por considerar que, adujo, la Sala Fiscal violó los artículos 238, fracción IV, 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, y 15 , fracción VII, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación, vigente en el año de mil novecientos noventa y nueve, porque en la sentencia impugnada declaró la nulidad del oficio 330-SAT-31-740 de diecisiete de junio de dos mil dos, como consecuencia de haber considerado procedente la devolución de la cantidad de un millón trescientos ochenta y tres mil ciento dieciocho pesos sin centavos, por pago en exceso del impuesto al activo, no obstante que éste se pagó en declaraciones mensuales durante el ejercicio de mil novecientos noventa y nueve, en vía de acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios que se le trasladó al contribuyente demandante en el juicio de nulidad, por la adquisición de diesel contra el impuesto al activo a su cargo, pues bajo esta apariencia (de devolución del impuesto al activo) lo que en realidad se devolvería, sería lo correspondiente al acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios trasladado, lo cual no es posible legalmente atento a lo dispuesto por el precitado artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación, del que se desprende que es un estímulo a los contribuyentes, el acreditamiento del impuesto mencionado en líneas que anteceden, contra los pagos del impuesto al activo a su cargo; que por lo anterior, no procede la devolución de cantidades que surgieron o derivaron de la aplicación del estímulo, porque no se pagó en efectivo el impuesto al activo.

• Por razón de turno tocó conocer de la revisión fiscal al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, quien mediante sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro, determinó dejar insubsistente la sentencia recurrida para el efecto de dictar otra en la que se considere que no ha lugar de devolver al demandante la cantidad reclamada, bajo las siguientes consideraciones:

• Que se otorga un estímulo fiscal a las personas que adquieran diesel para su consumo final; que tienen derecho de acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de diesel; o sea, que es un impuesto trasladado, que podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo o las retenciones del mismo efectuadas a terceros, el impuesto al activo o el impuesto al valor agregado que se deba enterar, utilizando la forma especial mediante reglas de carácter general que dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• El demandante hizo uso de un derecho consignado en dicha ley, ejerció el derecho de acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios que se le trasladó por la adquisición de diesel, contra el impuesto al activo a su cargo; luego, lo que realmente se le trasladó es el impuesto especial sobre producción y servicios, por tanto, no es posible legalmente devolver la cantidad solicitada, por el concepto que dice pagó en exceso del impuesto al activo, porque éste no lo pagó, sino que cumplió con la obligación de cubrir dicho impuesto, acreditando el especial sobre producción y servicios, que se le trasladó al adquirir diesel, cuya devolución en ningún caso procede, según lo dispone de manera categórica la parte final del inciso a) de la fracción VII del artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación vigente en el año de mil novecientos noventa y nueve.

SEXTO. Atendiendo a los relacionados criterios, debe determinarse, como cuestión previa, si la presente contradicción de tesis denunciada reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia número P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

También cobra aplicación lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita y sirve como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales señalan:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las siguientes bases:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados Tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubieren dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, así como el criterio jurisprudencial antes transcrito, refieren a la figura jurídica de la contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Ese mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.

En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia que conjuntamente debe reunir la contradicción de tesis, como son: a) que en las ejecutorias materia de contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y, c) que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

Precisa destacar que para la denuncia de la posible contradicción de criterios no es necesario que esa diferencia derive indefectiblemente de jurisprudencias o de tesis publicadas, sino que únicamente se requiere que provenga de las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano jurisdiccional de que se trata, como lo establece la tesis P. L/94 del Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 83, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, página treinta y cinco, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."

Asimismo, es aplicable la tesis 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página trescientos diecinueve, con el rubro y texto siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

Conforme a los criterios jurisprudenciales transcritos, procede establecer que para la existencia de una contradicción de tesis se requiere que los criterios relativos se hayan adoptado respecto de una misma cuestión jurídica, suscitada en un mismo plano, y que expresa o implícitamente los Tribunales Colegiados del conocimiento hayan arribado a conclusiones opuestas sobre esa cuestión, de modo que a fin de determinar si efectivamente existe dicha oposición no basta atender a la conclusión del razonamiento o razonamientos vertidos en las correspondientes resoluciones judiciales, sino que es indispensable tomar en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento al criterio respectivo, ya que esa coincidencia es la que determina que existe una contradicción de tesis cuya resolución dará lugar a un criterio jurisprudencial que, por sus características de generalidad y abstracción, podrá aplicarse en asuntos similares.

En tal virtud, para que se considere existente la contradicción de tesis denunciada será necesario que los criterios opositores hayan derivado de los mismos elementos o supuestos esenciales, es decir, de los que originaron las conclu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18424-0048947b/activo-es-improcedente-la-devolucion-del-saldo-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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