COMPETENCIA. ES INAPLICABLE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO PARA FIJARLA, CUANDO SE RECLAMAN CIRCULARES U ÓRDENES PARA DETENER, SECUESTRAR, EMBARGAR O DECOMISAR VEHÍCULOS Y NO EXISTEN DATOS DE QUE AQUÉLLAS EMPEZARON A EJECUTARSE EN UN DISTRITO Y SE CONTINUARON EN OTRO. COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA CIRCULARES U ÓRDENES GENERALES PARA DETENER, SECUESTRAR, EMBARGAR O DECOMISAR VEHÍCULOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE EJECUTEN O TRATEN DE EJECUTARSE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: JAVIER ARNAUD VIÑAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de octubre de dos mil tres.
VISTOS para resolver la contradicción de tesis 96/2003-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, los conflictos competenciales administrativos 1/2003 y 24/2001, con el Décimo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el conflicto competencial administrativo 1/2003; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio número CGCST-A-251-06-2003, de veinticuatro de junio de dos mil tres, signado por la coordinadora general de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hizo del conocimiento del presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal la posible contradicción entre el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, respectivamente, los conflictos competenciales 1/2003 y 24/2001, en contra del sostenido por el Décimo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito al resolver el conflicto competencial 1/2003 de su índice.
SEGUNDO. El presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con apoyo en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, procedió a denunciar ante la propia Sala la posible contradicción de tesis a que se ha hecho referencia.
Por acuerdo del uno de julio de dos mil tres se formó y registró el expediente de contradicción de tesis y a fin de integrarlo, con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se requirió a los presidentes de los citados Tribunales Colegiados el envío a esta Segunda Sala de la copia certificada de las ejecutorias dictadas en los expedientes mencionados, mismas que se recibieron con toda oportunidad.
TERCERO. Mediante acuerdo de cinco de agosto de dos mil tres, el presidente de esta Segunda Sala acusó recibo de las copias certificadas de las ejecutorias remitidas y declaró competente a la Sala para conocer de la posible contradicción de tesis, ordenando dar vista al procurador general de la República por el término de treinta días para que por sí o por conducto del agente del Ministerio Público que designe formulara el pedimento correspondiente, plazo que conforme a la certificación del secretario de Acuerdos de esta Sala que obra a fojas doscientos veintitrés, transcurrió del catorce de agosto al veintinueve de septiembre de dos mil tres.
CUARTO. Mediante diverso proveído de diecinueve de agosto de dos mil tres, el presidente de este órgano colegiado ordenó turnar el asunto al Ministro Genaro David Góngora Pimentel, para los efectos legales consiguientes.
QUINTO. El treinta de septiembre de dos mil tres se recibió el oficio número DGC/DCC/211/2003, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación, mediante el cual formula opinión en el presente expediente de contradicción, en el sentido de que al dictarse la resolución que corresponda prevalezcan los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito; y por acuerdo del primero de octubre siguiente, considerando que el plazo de treinta días para presentar dicha opinión transcurrió del catorce de agosto al veintinueve de septiembre del año en curso, se tuvo por presentado dicho pedimento fuera del término legal.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintinueve de junio de dos mil uno.
Los artículos citados disponen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
Ley de Amparo.
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:
"...
"VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:
"...
"V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. ..."
Acuerdo General 5/2001.
"PRIMERO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionará además de en Pleno, en dos Salas especializadas.
"SEGUNDO. Ambas Salas ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la siguiente manera:
"...
"La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.
"TERCERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia conservará para su resolución:
"...
"VI. Las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas o las que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se refieran a la materia común; y las que se produzcan entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos del párrafo quinto del artículo 99 constitucional;
"...
"CUARTO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito."
En el caso, la denuncia de posible contradicción de tesis se presenta entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, en la que si bien se involucra el artículo 36 de la Ley de Amparo, no se está en el caso de considerar que corresponde a la materia común, porque el diferendo de criterios se suscita sobre la competencia de Jueces de Distrito en Materia Administrativa, atendiendo a la ejecución de los actos reclamados a autoridades administrativas, que corresponde a la especialidad de esta Segunda Sala, de donde se surte su competencia para resolverla.
SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue presentada por el Ministro presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el propio órgano colegiado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, citados en el considerando precedente, en los que se establece que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentran facultados para denunciar, ante el propio Alto Tribunal, la posible contradicción de tesis sustentadas entre Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que se satisface el requisito de legitimación señalado.
TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial administrativo 24/2001 en sesión de veintiocho de febrero de dos mil uno, por unanimidad de votos, sostuvo lo siguiente:
"SEGUNDO. El acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil, mediante el cual el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal se declaró incompetente para conocer del asunto dice lo siguiente: ‘Vista la demanda de amparo presentada por Transportes San Valentín, S.A. de C.V., por conducto de quien se ostenta como apoderado legal, Ricardo Vázquez Contreras, y por su propio derecho a los CC. Héctor Gómez Hernández y José Sóstenes Navarro Rodríguez, contra actos del administrador general de Aduanas y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 22 constitucionales; actos que hicieron consistir en actos reclamados. Autoridades y actos reclamados atribuidos (se transcribe). Ahora bien, del análisis íntegro de la presente demanda, especialmente del capítulo de actos reclamados, se advierte en su punto décimo cuarto lo siguiente: (se transcribe). Lo anterior con el fin de ejecutar los actos que por esta vía constitucional se reclaman, esto es, secuestrar, decomisar y detener los vehículos de las marcas Kenworth, modelo 1991, con número de serie 2XKADR9X3MM565949, con número de motor 06R0039582, tipo tractocamión, propiedad de Transportes San Valentín, S.A. de C.V.; vehículo marca Freigthliner, modelo 1989, con número de serie 1FUYDCYB1KH340334, con número de motor 3045550, tipo tractocamión, propiedad de José Sóstenes Navarro Rodríguez y vehículo marca BMW tipo 325 ES, modelo 1987, con número de serie WBAAB5405H9695120, tipo sedán, propiedad de Héctor Gómez Hernández, así como privarlos de su libertad personal; en consecuencia, y como se advierte de dicha demanda, que la orden de detención de los vehículos que defienden se comenzó a ejecutar en el Municipio de Naucalpan, Estado de México, mismo que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, por tal motivo este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal no es competente para conocer del asunto que nos ocupa. Apoya a lo antes vertido la tesis visible en la página 88 del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, Sala Auxiliar, Séptima Época, bajo el rubro: «COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO.». Tampoco es óbice a lo antes expuesto, el hecho de que existan autoridades responsables con residencia en esta Ciudad de México, Distrito Federal, ya que, como se citó con anterioridad, el acto reclamado se comenzó a ejecutar en el Municipio de Naucalpan, Estado de México. Apoya a lo anterior la tesis visible en la página 73, Séptima Época, Tercera Parte, Volúmenes 217-228, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: «COMPETENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ.». Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, párrafo primero y 52, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de garantías; en consecuencia, remítase el original de dicha demanda y de los anexos a la misma al Juzgado de Distrito en el Estado de México en turno, con residencia en Naucalpan de Juárez y/o Tlalnepantla, por estimar que es a quien corresponde conocer de la presente demanda de garantías, solicitándole tenga a bien acusar el recibo correspondiente. En prevención a un conflicto competencial, resérvese una copia de la demanda de garantías, fórmese el cuaderno de antecedentes y regístrese bajo el número A. 809/2000. Notifíquese personalmente al promovente.’. TERCERO. Por su parte, el acuerdo de tres de enero del año dos mil uno, en el que el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se negó a asumir competencia, establece: ‘Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de enero del año dos mil uno. Por recibido el oficio de cuenta que signa el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al que anexa los autos originales del expediente auxiliar número A. 809/2000 de su índice, que se formó con la demanda de garantías que interponen Transportes San Valentín, S.A. de C.V., a través de Ricardo Vázquez Contreras, quien se ostenta como su apoderado legal, así como José Sóstenes Navarro Rodríguez y Héctor Gómez Hernández, ambos por su propio derecho, contra actos del administrador general de Aduanas y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 22 constitucionales. La autoridad oficiante, mediante acuerdo de veintidós de diciembre del año dos mil, se declaró incompetente para conocer de la demanda de garantías descrita; tal determinación la fundó sustancialmente al considerar que el acto reclamado se comenzó a ejecutar en el Municipio de Naucalpan, Estado de México. Sin embargo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México estima que tal circunstancia no se encuentra debidamente acreditada con lo manifestado por los promoventes; ni ese hecho, de operar en el caso concreto, es suficiente para atribuirle competencia legal en atención a lo siguiente: Los quejosos señalan como actos reclamados de las autoridades señaladas como ordenadoras, la falta de fundamentación y motivación para el efecto de ordenar en forma directa en su contra las órdenes de secuestro, despojo, confiscación o multa de las unidades de su propiedad expidiendo órdenes de verificación en blanco sin ir dirigidas a ellos en particular, así como expedir las órdenes de verificación 324-SAT-III-20321, que atribuyen específicamente al administrador general de Comercio Exterior y la 324-SAT-RB-L61-I-159632, que atribuyen específicamente al administrador local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, Estado de México; al intentar privarlos de su libertad personal sin tener orden alguna debidamente fundamentada y motivada, que atribuyen a las autoridades Procuraduría General de la República, director de la Policía Judicial y procurador general, ambos del Distrito Federal, secretario de Comunicaciones y Transportes y comisionado de la Policía Federal Preventiva, teniendo como base los tractocamiones que según ellos son chuecos, pero sin decir por qué ni dando bases de su dicho; y de las ejecutoras, no respetar la documentación con la que dicen acreditan la legal estancia en el país de sus tractocamiones así como de desconocer sus documentos e intentar ejecutar las órdenes de verificación señaladas. El Juez oficiante sostiene que la detención de los vehículos que defienden los quejosos se comenzó a ejecutar en el Municipio de Naucalpan, sin que se aprecien fehacientemente las circunstancias concretas que determinen ese inicio de ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, ya que únicamente se advierte que la ordenadora, administrador local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, Estado de México, expidió la orden de verificación 324-SAT-R8-L61-I-159632, y por otro lado, en los antecedentes del acto reclamado, refiriéndose al quejoso José Sóstenes Navarro Rodríguez, se alude que se solicita las protección contra la autoridad en cita, en virtud de que el quejoso reside en el Estado de México y trabaja en el Distrito Federal; sin que de alguno de los dos casos se aprecie el inicio de la ejecución material del acto reclamado para los efectos de la competencia a que se refiere el artículo 36 de la ley de la materia. Máxime que al administrador local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, Estado de México, se le señaló como ordenadora y no como ejecutora, pues el acto que a ésta se atribuye no se le puede catalogar como de ejecución; además, los quejosos no señalaron con este último carácter (ejecutora) a autoridad alguna con residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. Por el contrario, los quejosos aducen que las autoridades administrador general de Auditoría Fiscal Federal y administrador central de Comercio Exterior, residentes en el Distrito Federal, emitieron la orden de verificación 324-SAT-III-20321 y manifiestan expresamente que los actos reclamados los ha pretendido ejecutar en el Distrito Federal personal de la administración general de Auditoría Fiscal Federal, a los que señaló como responsables ejecutoras Rodrigo Jiménez Álvarez, Ángel Díaz Argot y Juan Pablo Valdez Damián, efectivos de la primera de las autoridades mencionadas, en el primer caso, aproximadamente a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, del día quince de diciembre de dos mil, a la altura de Periférico y Conscripto; en el segundo, el día dieciséis de diciembre aproximadamente a las nueve horas con cincuenta minutos, en las calles de Insurgentes y Antonio Caso; y en el tercer caso, como a las catorce horas con treinta y cinco minutos, del dieciocho de dichos mes y año, en las calles de San Cosme y Sadi Carnot. Sin que de los mencionados hechos se aprecie que el acto reclamado se haya comenzado a ejecutar dentro del Municipio de Naucalpan, Estado de México; por lo que se estima que los actos se comenzaron a ejecutar en el Distrito Federal y no en el Estado de México, contrariamente a lo que establece el Juez declinante. Independientemente de lo anterior, si se estuviera ante el caso en que la orden de detención de los vehículos de los quejosos se hubiese comenzado a ejecutar dentro del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, como de la demanda de amparo y de lo aseverado por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa se desprende que también puede materializarse en el Distrito Federal, debe estarse a lo que prevé el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo que dice: (se transcribe). En efecto, en el caso concreto para establecer la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión hay que atender a lo establecido en lo antes transcrito, pues como ya se dijo, de existir el hecho de que el acto reclamado comienza a ejecutarse dentro de la residencia de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, de la demanda se aprecia que también puede ejecutarse dentro de la jurisdicción del Juez oficiante; además, tal autoridad no determina que la ejecución únicamente tendrá lugar en Naucalpan, pues aduce que se comienza a ejecutar en ese Municipio; por tanto, de su expresión se aduce que acepta que no solamente se ejecuta en Naucalpan, sino que se comenzó a ejecutar ahí, y seguirá ejecutándose en otro distrito que podría ser donde reside, pues eso se aprecia de la sola lectura de la demanda. En ese orden de ideas, como el Juez de Distrito que recibió la demanda fue el Juez Segundo de Distrito en Matera Administrativa en el Distrito Federal, es decir, el que previno, éste resulta competente para conocer de la demanda de mérito. Sirve de sustento a lo anterior la tesis número 3a. XLIX/93, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, Tomo XII, septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto establecen: «COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA.» (se transcribe). A mayor abundamiento, tomando en cuenta esta misma situación y toda vez que las autoridades que se señalan como ejecutoras al depender de la administración general de Auditoría Fiscal Federal, en ejercicio de sus atribuciones pueden ejecutar el acto reclamado tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, se concluye que los actos de molestia pueden materializarse en cualquiera de estos dos lugares y, por tanto, resulta competente cualquiera de los Jueces con residencia en esas jurisdicciones. Así las cosas, en la especie resulta competente el Juez que previno, atento lo que establece el artículo 36, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y la tesis de jurisprudencia 2/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, Tomo I, abril de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: «COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO.» (se transcribe). En ese orden de ideas, el suscrito juzgador no se avoca al conocimiento de la controversia que se le plantea, pues resulta evidente que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, aun cuando le puede resultar competencia legal para conocer de la misma, no fue la autoridad inicialmente elegida por la parte interesada para conocer de su asunto; en tal virtud, devuélvanse los autos del expediente número A. 809/2000 al órgano jurisdiccional declinante para los efectos legales a que haya lugar; y conforme lo dispone el segundo párrafo del numeral 52 de la ley en materia, solicítesele de manera atenta y respetuosa que informe lo que haya tenido a bien determinar, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído. Con copia del escrito de demanda y de la resolución de incompetencia, fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese.’. CUARTO. Por último, en acuerdo de diez de enero del año dos mil uno, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal proveyó lo siguiente: ‘Por recibido el oficio número 59, suscrito por el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual devuelve el expediente auxiliar número A. 809/2000, relativo a la demanda de garantías promovida por Transportes San Valentín, S.A. de C.V., por conducto de quien se ostenta como apoderado legal, Ricardo Vázquez Contreras, así como Héctor Gómez Hernández y José Sóstenes Navarro Rodríguez, por su propio derecho, en contra del administrador general de Aduanas y otras autoridades. Ahora bien, toda vez que el Juez oficiante mediante proveído de fecha tres de enero de dos mil uno no aceptó la competencia planteada por este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en razón de considerar que si bien es cierto que los actos reclamados han comenzado a ejecutarse en el Municipio de Naucalpan, Estado de México, también lo es que dicha circunstancia no se encuentra debidamente acreditada con lo manifestado por los promoventes en su escrito de demanda, además de que dichos actos podrían también ejecutarse dentro de la jurisdicción del juzgado requeriente, añadiendo que el órgano jurisdiccional competente que debe conocer del presente asunto es el que previno; en tal virtud y atendiendo a que este Juzgado Federal no comparte el criterio sustentado por el juzgado requerido, con fundamento en el segundo párrafo (sic) del artículo 52, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este juzgador insiste en declararse incompetente para conocer de la citada demanda de amparo, atento las consideraciones vertidas en el proveído de fecha veintidós de diciembre de dos mil de este expediente. Ello resulta así, toda vez que los actos reclamados tendrán su ejecución material en el Estado de México, ya que es en Naucalpan de Juárez, Municipio de esa entidad federativa, donde la orden de detención de los vehículos que defienden los promoventes se comenzó a ejecutar, toda vez que uno de los elementos que debe tomar en consideración como normas de competencia es el lugar donde tendrán ejecución material los actos reclamados, así como el lugar donde radica el afectado, ya que con tal medida se dispondrá de mejores medios y posibilidades para atender, analizar y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que se promueve, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen (hablando de cualquiera de las partes en el juicio de garantías), además de que cuando el Juez que ha de conocer del asunto radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas o especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no realiza el juzgado del conocimiento, por lo que este órgano jurisdiccional estima que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías es el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en los términos del artículo 52 de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto la tesis visible en la página 88, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, Semanario Judicial de la Federación, Sala Auxiliar, Séptima Época, que al rubro dice: «COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO.». De igual forma tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 13/95, visible en la página 107, Tomo I, junio de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, que al rubro dice: «COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES.», así como la tesis VI.2o.20 K visible en la página 395, Tomo III, febrero de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que al rubro dice: «COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS.». En consecuencia, remítanse los presentes autos al H. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno de conformidad con lo establecido por el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar; circunstancia esta que deberá hacerse del conocimiento del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que exponga ante el tribunal de alzada lo que estime pertinente, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 52 de la ley de la materia.’. QUINTO. Con los antecedentes señalados, este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera que el Juez que resulta legalmente competente para conocer del asunto en conflicto es el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Lo anterior es así, porque del análisis que se hace a la demanda de amparo presentada por Transportes San Valentín, S.A. de C.V., por conducto de quien se ostenta como su apoderado, Héctor Gómez Hernández y José Sóstenes Navarro Rodríguez, se advierte que se promueve contra actos del administrador general de Aduanas, con residencia en esta Ciudad de México, Distrito Federal, y otras autoridades con domicilio en Tlalnepantla, Estado de México, actos que se hicieron consistir en toda orden de desposesión, decomiso, secuestro o embargo, que afecten su legítimo derecho de propiedad y posesión de los vehículos denominados tractocamiones, cuyas características se precisan en la demanda de garantías. Ahora bien, el quejoso Transportes San Valentín, S.A. de C.V., hace referencia a que el quince de diciembre de dos mil (foja 6 del expediente de amparo), al transitar un camión de su propiedad a la altura de Periférico y Conscripto fue sorprendido por dos efectivos uniformados y armados, mismos que le dijeron que no se arrancara y acto seguido se presentó Rodrigo Jiménez Álvarez, quien le dijo ser efectivo de la administración general de Auditoría Fiscal Federal, y con la ayuda de dos un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17901-87dce166/competencia-es-inaplicable-el-segundo-parrafo-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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