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Modo: Corpus Pro

VISITA REALIZADA EN FORMA SIMULTÁNEA EN VARIOS DOMICILIOS. FORMALIDADES ESPECÍFICAS QUE EN SU INICIO Y DESARROLLO DEBEN CUMPLIRSE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17628
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, ANTERIORMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXT
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, , Pág. 526.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, ANTERIORMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: MARAT PAREDES MONTIEL.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de abril del año dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de noviembre de dos mil dos, el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito denunció la posible contradicción de tesis detectada por los Magistrados de su tribunal, entre el criterio sustentado por dicho órgano colegiado al resolver la revisión fiscal 48/2002 y el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, anteriormente Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dio lugar a la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, julio de 1994, página 871, que lleva por rubro: "VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS EN FORMA SIMULTÁNEA EN DIVERSOS DOMICILIOS.", manifestando:

"Mérida, Yucatán, a 8 de noviembre de 2002. Oficio número 475/2002. C. Ministro José Vicente Aguinaco Alemán. Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presente. Con el objeto de denunciar la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por este órgano colegiado en la ejecutoria de la revisión fiscal 48/2002, de sesión de seis de noviembre del año dos mil dos, interpuesta por el administrador local jurídico de Mérida en el Estado de Yucatán, en representación de la autoridad demandada, del secretario de Hacienda y Crédito Público, y del presidente del Servicio de Administración Tributaria, y el criterio emitido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con la tesis aislada de rubro: ‘VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS EN FORMA SIMULTÁNEA EN DIVERSOS DOMICILIOS.’, publicada en la página 871 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, se anexa a este oficio copia certificada de la ejecutoria correspondiente a este tribunal, así como el diskette con el contenido de la misma. Sin otro particular reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente. C. Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. Lic. Jorge Enrique Eden Wynter García. Rúbrica."

Por otra parte, en el escrito anexo al comunicado referido se contiene el acta por la que los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito decidieron denunciar la contradicción de tesis en los siguientes términos:

"En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las doce horas del día siete de noviembre del año dos mil dos, los Magistrados integrantes de este Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, licenciados Jorge Enrique Eden Wynter García, presidente, Raquel Flores García y Adán Gilberto Villarreal Castro, con la asistencia del secretario de Acuerdos, licenciado Jesús Ariel Sosa y Ramírez, quien da fe, declaran abierta la sesión del día de hoy, con el objeto de someter a discusión la existencia de la posible contradicción existente entre el criterio emitido por este propio tribunal al resolver la revisión fiscal 48/2002, en sesión de seis de noviembre del año dos mil dos, interpuesta por el administrador local jurídico de Mérida en el Estado de Yucatán, en representación de la autoridad demandada, del secretario de Hacienda y Crédito Público, y del presidente del Servicio de Administración Tributaria, y el criterio emitido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en los términos siguientes: El criterio sostenido por este tribunal fundamentalmente dice que cuando en una orden de visita domiciliaria se ordena que se lleve a cabo en dos o más lugares de manera simultánea, tal como lo contempla el artículo 46, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, y al constituirse en uno de ellos, los auditores al no encontrar al representante legal de la empresa le dejan citatorio para que los espere al día siguiente a efecto de recibir la orden de visita, el cual es atendido por el representante legal de la visitada; en consecuencia, si al constituirse los auditores en otro de los domicilios señalados en la orden y no encontrándose presente el representante legal de la empresa, no es necesario dejarle citatorio, en términos del artículo 44, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ya que no se puede realizar una interpretación de rigor literal, en el sentido de que forzosamente se tengan que observar todos los requisitos del aludido precepto, ya que puede ser el caso que alguna de esas formalidades ya se hayan cumplido al iniciar la visita, por lo que una vez iniciada la misma, lo lógico es que los auditores puedan acudir y accesar (sic) a todos los domicilios en que se haya ordenado realizar la diligencia, sin necesidad de que al constituirse en ellos se encuentre el contribuyente o su representante legal, y menos que si no se encuentra presente, aun tratándose de un lugar distinto al en que se notificó y entregó la orden de visita (sucursal), se le tenga que dejar citatorio para que espere al día siguiente, ya que no se le puede exigir a la autoridad que cumpla nuevamente con un requisito que ya cumplió, además de que no tendría ningún sentido práctico, en virtud de que la finalidad del citatorio es únicamente, dada la trascendencia del acto que se pretende realizar (visita domiciliaria), darle al visitado la oportunidad para que por sí o por medio de su representante legal entienda la diligencia, haciéndose conocedor de los motivos de la autoridad, tan es así que el propio artículo 44, fracción II, del código de la materia establece que el citatorio se dejará para que el representante legal o el contribuyente espere a hora determinada del día siguiente ‘para recibir la orden de visita’; por tanto, una vez iniciada la diligencia, las comparecencias posteriores en el domicilio del visitado (tanto en la matriz como en las sucursales) no requieren de la formalidad de mérito, ya que el contribuyente se encuentra enterado del acto de autoridad. En tanto que el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostiene la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 871 del Tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, que a la letra dice: ‘VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS EN FORMA SIMULTÁNEA EN DIVERSOS DOMICILIOS. Cuando la visita se realiza simultáneamente en dos o más domicilios, de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, se debe en primer término levantar en cada uno de los diferentes domicilios actas parciales en las que se cumplan todos los requisitos contemplados en las diversas fracciones del artículo 44 del ordenamiento legal en comento, al cual nos remite la fracción del precepto primeramente enunciado, debiendo por ende los visitadores entender la diligencia con el contribuyente o su representante legal, y en el caso de que no se encontrase éste o aquél, deberán dejar citatorio para que los espere a una hora determinada del día siguiente, y sólo en caso de que aquéllos dejaran de cumplir con tal requerimiento, entonces podrán entender la diligencia con cualquier persona que se encuentre en el lugar visitado.’. Atento lo anterior y considerando los integrantes de este cuerpo colegiado que posiblemente existe una contradicción entre los criterios acabados de relacionar, se aprueba por unanimidad de votos elaborar la denuncia correspondiente y, para tal efecto, acompañamos copia certificada de la ejecutoria emitida por este órgano colegiado en la revisión fiscal 48/2002, así como su contenido en el disco correspondiente, levantándose la presente acta que firman los Magistrados y el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe."

SEGUNDO. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil dos, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente contradicción y solicitar al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, anteriormente Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, copia certificada de las sentencias dictadas en el amparo en revisión 429/91 y de la revisión fiscal 16/89 del índice de dicho órgano jurisdiccional.

Mediante proveído de doce de diciembre de dos mil dos, encontrándose debidamente integrado el expediente de la contradicción al haberse remitido las copias certificadas que se solicitaron, el presidente de la Segunda Sala declaró competente a la Sala para conocer del asunto y ordenó dar a conocer el acuerdo al procurador general de la República, remitiéndole copia de las constancias que integran el asunto para que de estimarlo pertinente expusiera su parecer dentro del término de treinta días, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo.

Por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil tres, el presidente de esta Segunda Sala ordenó turnar el asunto al Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen:

Constitución Federal.

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."

Ley de Amparo.

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio del mismo año, dicen:

"SEGUNDO. Ambas Salas ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la siguiente manera:

"La Primera Sala conocerá de las materias penal y civil;

"La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.

"...

"CUARTO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito."

Del texto de los preceptos transcritos deriva que la integración de la jurisprudencia a través del sistema de unificación de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, debe ser determinada por la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la que corresponda conocer según su materia; en este tenor, la competencia de esta Segunda Sala se actualiza en virtud de que el tema sobre el que versan las resoluciones que se denuncian como contradictorias corresponde a la materia administrativa.

SEGUNDO. Toda vez que el procurador general de la República se abstuvo de emitir opinión, debe estimarse que no estimó pertinente intervenir en la contradicción de tesis, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 76/2001 del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, página 5, que a la letra indica:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA. El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que posibilita dictar la resolución que corresponda."

TERCERO. Es menester analizar la legitimación de los denunciantes.

Efectivamente, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, antes transcritos, establecen los lineamientos para la integración de la jurisprudencia por el sistema de unificación a través de la resolución de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito; asimismo, dichos preceptos señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Magistrados que integran los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieran sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a efecto de que se determine el que debe prevalecer.

En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis es formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, según se desprende del oficio 475/2002, signado por el presidente de dicho tribunal y de su anexo que contiene el acta de siete de noviembre de dos mil dos, en la que se determinó la elaboración de la denuncia entre el criterio sustentado por dicho Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos la revisión fiscal 48/2002 y el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, anteriormente Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dio lugar a la tesis que lleva por rubro: "VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS EN FORMA SIMULTÁNEA EN DIVERSOS DOMICILIOS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, julio de 1994, página 871.

Por tanto, como se trata de los Magistrados integrantes de uno de los órganos jurisdiccionales que sustentan uno de los criterios que se denuncia como contradictorio, debe concluirse que la presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, anteriormente Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver por unanimidad de votos la revisión fiscal 16/89 y el amparo en revisión 429/91, en las sesiones de catorce de febrero de mil novecientos noventa y veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y uno, respectivamente, sostuvo:

"Revisión fiscal 16/89:

"TERCERO. Son infundados los agravios antes transcritos. La autoridad recurrente aduce, en síntesis, que la Sala responsable al emitir su sentencia violó la fracción I del artículo 234 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que no le otorgó pleno valor probatorio al acta final de auditoría, pues señala que en ésta aparece claramente que la diligencia respectiva se verificó en el domicilio del contribuyente, y que de manera alguna se advierte que la misma se realizó en horas inhábiles o en lugar distinto al referido domicilio fiscal, aclaró que si no se hizo constar la suspensión es porque no existe obligación de asentar tal constancia; agrega al respecto, que no obstante que los testigos ofrecidos en el procedimiento relativo se hayan producido (sic) en sentido contrario, tales declaraciones son insuficientes para desvirtuar lo asentado en el acta final, pues ésta constituye un documento público proveniente de una autoridad con fe pública, además transcribe una tesis para apoyar su criterio, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: ‘TESTIMONIAL, PRUEBA NO ES SUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LO ASENTADO EN UNA ACTA DE INSPECCIÓN.’, e insiste igualmente en que las disposiciones en comento carecen de valor probatorio alguno, en atención a que los testigos son trabajadores dependientes económicos del actor. Por otra parte, arguye que la Sala consideró incorrectamente que los visitadores deben hacer constar en el acta respectiva en forma circunstanciada el acto de identificación, violando con ello lo dispuesto en la fracción III del artículo 44, fracciones I y IV, del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, pues considera que de la correcta interpretación de los mismos sólo se desprende que los visitadores tienen la obligación de identificarse, mas no de asentar en el acta relativa tal acontecimiento; además, alega que consta a folio 4155471 del acta parcial de inicio, que los visitadores sí se identificaron con el contribuyente, pero que la Sala no toma en cuenta que la visita respectiva se llevó a cabo en forma simultánea en dos domicilios, y que si no se solicitó la presencia del representante legal en el segundo de ellos, es porque lógicamente no se iba a encontrar, pero que esto no implica violación alguna porque la ley permite que se realice una visita en forma simultánea en dos diversos domicilios; agrega que además el representante legal de la empresa visitada ratificó todos y cada uno de los actos y diligencias realizados durante aquella visita, inclusive haciendo propio el nombramiento de los testigos designados por ... persona con quien se entendió dicha diligencia, razón por la cual estima que en el caso de existir la citada violación ésta quedaría subsanada con la referida ratificación. Por último, alega que igualmente y que aun estimando que efectivamente existieran las violaciones aducidas por la Sala Fiscal en su sentencia, de todos modos no aparece demostrado que con las mismas se hayan afectado las defensas del particular, trascendiendo al resultado del fallo, infringiendo con ello la fracción II del artículo 238 del código tributario. Ahora bien, en primer término este Tribunal Colegiado considera oportuno para demostrar con mayor claridad que carece de razón la autoridad recurrente, en relación con lo que aduce en el sentido de que la Sala responsable violó lo dispuesto por la fracción I del artículo 234 del Código Fiscal de la Federación, por no otorgarle pleno valor probatorio al acta final de auditoría, asentar los razonamientos que al respecto precisó el Tribunal Fiscal en su sentencia, mismos que son del tenor literal siguiente: ‘En efecto, es conveniente precisar en primer término que el levantamiento del acta final de auditoría se inició a las 9:00 horas del día 14 de marzo de 1988; sin embargo, de la declaración formulada por los testigos de la parte actora, concretamente a las preguntas 5 y 7 en las que dichos testigos son coincidentes en sus respuestas y por lo que procede darles pleno valor probatorio, quedando por tanto acreditado por una parte que el levantamiento del acta final de auditoría comprendió tanto horas hábiles como inhábiles y sin que en ningún momento en autos se encuentre acreditado que se diera alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, y menos aún que existiera orden de autoridad competente que habilitara los días y horas que no lo eran. Por otra parte, quedó también acreditado que el oficio del levantamiento de dicha acta final fue el día 14 de marzo de 1988, y que ésta fue concluida hasta el día siguiente quince del mismo mes y año, sin que al respecto exista constancia de que la misma haya sido suspendida y a qué hora, quedando acreditado en ese mismo sentido el hecho de que el día quince del mes mencionado los auditores se presentaron, pero no para continuar con el levantamiento de dicha acta, sino que ésta ya la llevaban elaborada sólo para que la firmaran el visitado y los testigos, según se desprende del testimonio rendido respecto de la pregunta número 8 del interrogatorio relativo a la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, de la que dichos testigos son coincidentes en sus respuestas y a las que esta Sala les confiere pleno valor probatorio con el objeto que fueron ofrecidas. Ahora bien, al quedar demostrado que los auditores para el levantamiento del acta final de auditoría laboraron en horas inhábiles, por una parte y, por la otra, que no todo el levantamiento de dicha acta se hizo en el domicilio del contribuyente visitado, es evidente que se viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 13 y 44, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que prevé el primero de ellos que las diligencias de los auditores deberán efectuarse en horas hábiles, o sea, entre las 7:30 y 18:00 horas, quedando demostrado que se elaboró hasta las 23:00 horas, sin que existiera acto de autoridad que permitiera esa actuación; es evidente que se violó en su perjuicio también el segundo de los preceptos mencionados, que prevé que la visita deberá realizarse en el lugar o lugares señalados en la orden respectiva, habiéndose señalado como tal el domicilio fiscal del demandante, por lo que si los auditores se presentaron al día siguiente al de su oficio con el acta ya elaborada, se genera la violación del artículo de referencia sin que ninguno de estos hechos se encuentre desvirtuado por lo asentado en el acta final de auditoría ni de la contestación a la demanda por parte de la autoridad, en el sentido de que se elaboró en horas hábiles y de que el acta se realizó en el lugar que ocupan las oficinas del demandante, pues como ha quedado demostrado ello no aconteció así según el testimonio de los testigos a que se ha hecho mención y al que se le da pleno valor probatorio en términos del artículo 234, fracción II, del mismo Código Fiscal; acarreando como perjuicio para la actora el que no tuviera oportunidad para conocer plenamente cuáles fueron los elementos con los que se elaboró dicha acta final trascendiendo así esto al sentido de la resolución impugnada.’. De la anterior transcripción se advierte claramente que la Sala Fiscal con tales argumentos de manera alguna viola al precepto legal enunciado por la recurrente, pues es conveniente aclarar, como acertadamente lo consideró la Sala Fiscal, que se desprende del acta final de auditoría, la cual obra a fojas de la cincuenta a la ochenta y seis del juicio de nulidad número 158/89, que la misma se inició a las nueve horas del día catorce de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, y se dio por terminada a las quince horas del día quince de ese mismo mes y año; sin embargo, en ningún momento se hace constar como hecho concreto si su levantamiento fue de manera ininterrumpida o, en su caso, a qué hora se suspendió tal levantamiento para continuarse el día siguiente hábil, y si en dichos momentos estuvieron presentes los testigos de asistencia y el representante legal de la empresa visitada para que tuvieran oportunidad de conocer cómo se levantó el acta de referencia, siendo que tales hechos deben darse a conocer de manera circunstanciada para que en todo caso al obrar en documento público adquieran valor probatorio pleno, pero como al respecto fueron omisos los auditores en precisar y circunstanciar a qué hora de qué día se continuaba con el levantamiento y además si fue ante la presencia de los testigos y del representante legal, en esas circunstancias al adolecer de circunstanciación el acta final de auditoría en concreto a esos hechos, es por ello que procede a otorgarle, como lo hizo la Sala, valor probatorio pleno en términos de la fracción II del artículo 234 del Código Fiscal de la Federación, a las declaraciones emitidas por los testigos de la demandante en el procedimiento contencioso administrativo, quienes fueron coincidentes en sus disposiciones, según se advierte a fojas de la doscientos quince a la doscientos diecinueve del juicio de nulidad, en relación con los hechos y forma en que se levantó el acta en cuestión; además, cabe precisar que dichos testigos según aparece en tal diligencia, son las personas que con esa misma calidad (testigos) comparecieron al inicio y al cierre del levantamiento del acta final de auditoría, sin que este hecho se encuentre desvirtuado dentro de tal acta final de manera alguna, pues sólo se hace constar en ésta que inició a las nueve horas del día catorce de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, y concluyó a las quince horas del día quince de ese mismo mes y año, pero no aparece en qué lapso fue suspendida y además si los dos días los visitadores se presentaron en el domicilio del contribuyente para en cada momento continuar con el levantamiento de la multirreferida acta; por lo cual las declaraciones de los citados testigos no controvierten los hechos asentados en el acta final, razón por la cual carece de aplicación al caso la tesis citada por la recurrente, en virtud de que como ya se dijo, a través de éstas no aparece desvirtuada en manera alguna un determinado hecho establecido en el acta respectiva, que si bien es cierto constituye un documento público, sólo tiene el alcance de que a través de ésta se reconozcan en forma plena y certera los hechos consignados en la misma, mas no de aquellos que no aparecen claramente asentados. A mayor abundamiento, resulta oportuno indicar que de acuerdo con el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, para la práctica de diligencias por parte de las autoridades hacendarias la regla general es que se actué en días y horas hábiles; y sólo en los dos casos excepcionales que se precisan en el párrafo segundo de dicho artículo se establece: a) Cuando la visitada realice actividades por las que debe pagar contribuciones en días y horas inhábiles; y b) Cuando la continuación de la visita tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular se pueden habilitar días y horas no hábiles, por lo que es obligación de los auditores o visitadores precisar en el acta relativa que no se actuó en las horas inhábiles o días de esta naturaleza, comprendidos entre la fecha de inicio y la de cierre del acta final o, en su defecto, que se actuó en ellos por tratarse de alguno de los casos de excepción autorizados por la ley, situación que deberá quedar plenamente especificada. Por otra parte, igualmente infundado es lo manifestado por la recurrente en relación con que los visitadores no tienen obligación de asentar en el acta relativa su identificación ante el contribuyente, pues al respecto debe decirse que lo dispuesto por el artículo 44, fracción III, del Código Fiscal de la Federación debe entenderse en el sentido de que al iniciarse la visita domiciliaria, los auditores que la lleven a efecto deben identificarse con el visitado y hacer constar, en dichas actas, inclusive los pormenores del documento que los acredita con ese carácter, pues como las visitas domiciliarias son diligencias en cuyas actas se deben hacer constar todos los hechos y omisiones observados en el transcurso de las mismas, como al efecto lo dispone la fracción I del diverso 46 del ordenamiento legal en comento, debe concluirse que si la identificación del auditor es un hecho realizado en la secuela de la diligencia respectiva, se debe hacer constar en el acta precisamente tal acontecimiento o inclusive describir la forma en que se dio cumplimiento con la aludida identificación, pues es incuestionable que la protección de la seguridad jurídica de los gobernados, plasmada en la fracción del precepto de referencia, tiene el propósito de dar a conocer al visitado cuestiones relacionadas con la personalidad, representación y competencia propia o delegada de quienes intervienen en diligencias de naturaleza tal como la que aquí se trata, y precisamente emana en parte esa necesidad de identificación de la obligación legal de proteger al visitado en sus garantías individuales, ya que de esas visitas puede derivar una posibilidad de afectación a los intereses jurídicos de aquél, por lo que mediante la identificación del funcionario o autoridad que practica la diligencia, se conocen su calidad o características personales, la certeza que representa a un órgano gubernativo que está legalmente facultado para ordenar o realizar dichas diligencias representando al Estado, así como las funciones propias de la autoridad encomendadas por la ley y, finalmente, si dicho funcionario tiene facultades propias o bien delegadas para la práctica legal de las diligencias en mención; por lo que así las cosas no basta, como erróneamente lo sostiene la recurrente, que la autoridad demandada afirme en forma simple que el personal actuante se identificó ante el contribuyente visi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17628-4e66896f/visita-realizada-en-forma-simultanea-en-varios-domicilios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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