PRESCRIPCIÓN. CUANDO SE TRATA DE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES DE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ENTERADAS EN EXCESO, EL PLAZO INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HIZO EL ENTERO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 127/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de septiembre de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de agosto de dos mil tres, el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 105/2003, y el sostenido por el Décimo Tribunal Colegiado en la misma materia y jurisdicción, al fallar el amparo directo 129/2003, en los siguientes términos:
"Óscar Molina Chie, administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, unidad administrativa encargada de la defensa del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y del administrador general de Grandes Contribuyentes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 31, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 7o., fracción III y quinto transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 11, último párrafo, 17, apartado A, fracciones LIX, LXI y LXII, 18, apartado N, fracción II y cuarto transitorio del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo de 2001, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en Av. Reforma No. 37, módulo VI, 1er. piso, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F., con el debido respecto comparezco a exponer lo siguiente: I. En los términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vengo a denunciar la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la revisión fiscal 105/2003, promovida por el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, y el sostenido en sentido contrario por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 129/2003, promovido por Pyosa, S.A. de C.V. No obstante que uno de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que se estiman contrarios fue emitido al resolver un recurso de revisión fiscal, la presente denuncia de posible contradicción de criterios es procedente de acuerdo a lo señalado por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis jurisprudencial: ‘REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESTA NATURALEZA (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. DE LA ANTERIOR INTEGRACIÓN DE LA SEGUNDA SALA).’ (se transcribe). Esta tesis interrumpe la jurisprudencia 2a./J. 10, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, página 197, con el rubro: ‘REVISIÓN FISCAL, LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE CARECE DE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS EN.’. II. Ahora bien, en esencia, los criterios en contrario resolvieron respecto al momento en que debe comenzar la prescripción del derecho de solicitar la devolución de cantidades que legalmente se pudieron solicitar en devolución."
SEGUNDO. Por acuerdo del catorce de agosto de dos mil tres, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis con el número 127/2003-SS, requiriendo a los presidentes del Sexto y Décimo Tribunal Colegiado ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, la remisión de copias certificadas de las resoluciones pronunciadas en sus respectivos expedientes.
TERCERO. Cumplido lo anterior, por auto del veintisiete de agosto del mismo año, se determinó que la Segunda Sala de este Alto Tribunal era competente para conocer de la posible contradicción de tesis, ordenándose dar vista con las actuaciones relativas al procurador general de la República para que expusiera su parecer.
CUARTO. Mediante oficio 330-SAT-IV-5-A-OMC-17105 signado por el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, nuevamente denunció criterios contradictorios entre el sostenido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mencionado en considerandos que anteceden y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal 49/2001-II.
QUINTO. Por acuerdo del veintidós de septiembre del año próximo pasado, se tuvo por ampliada la denuncia de contradicción de tesis y se requirió al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito copia certificada de la revisión fiscal 49/2001-II.
SEXTO. Cumplido lo solicitado, el diez de octubre de dos mil tres, se turnó el expediente al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En autos se observa que el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó que la contradicción de tesis de referencia, se resolviera reiterando el criterio sostenido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (fojas 92 a 104).
SÉPTIMO. Por acuerdo del dos de marzo de dos mil cuatro, los autos fueron returnados a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa y en esta última se encuentra especializada esta Sala, razón por la cual el asunto es de su competencia originaria.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló una de las partes en los respectivos asuntos cuyos criterios se estiman contrarios, como es el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron y que a continuación se transcriben.
La sentencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 105/2003, fallada en sesión del once de junio de dos mil tres, determinó en lo conducente lo siguiente:
"CUARTO. Resulta inoperante por una parte, y por otra infundado el agravio expresado por la autoridad recurrente, en atención a lo siguiente: En su único agravio, en esencia, manifiesta la autoridad recurrente que la resolución recurrida es violatoria de los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la Sala Fiscal interpreta en forma incorrecta lo dispuesto en el precepto citado en primer término, ya que dicho artículo no reglamenta que la presentación de declaraciones complementarias en las que el contribuyente manifieste la totalidad de su saldo a favor, puedan presentarse en cualquier tiempo, aun cuando el derecho a la devolución ya hubiera prescrito; esto es así, ya que no se puede tomar como excusa el que el artículo 32 del código de referencia no prevea un periodo determinado para la presentación de una declaración complementaria, como en el caso lo pretende la Sala responsable, pues con el fallo recurrido permite que con el pretexto de presentar una declaración complementaria tiempo después de que el derecho a la devolución hubiere prescrito, se pueda revivir un crédito que jurídicamente hablando ya se había extinguido, por lo que no debe interpretarse al citado artículo en el sentido de que las declaraciones complementarias puedan presentarse en cualquier tiempo, pues dicha presentación se encuentra sujeta a las mismas reglas y plazos que el crédito fiscal, esto es, mientras no prescriba el derecho a la devolución se pueden presentar tantas declaraciones complementarias como sean necesarias. Ahora bien, de la resolución recurrida, en su parte conducente, se advierte lo siguiente: ‘La Sala considera fundado el razonamiento anterior, en virtud de que a su juicio el crédito fiscal constituye una obligación fiscal determinada en cantidad líquida y cuya exigibilidad no pudo surgir al momento en que se presentaron las declaraciones correspondientes, pues, como lo refiere la actora, en ese momento el crédito respectivo constituía un crédito debido conforme a la ley, el cual devino indebido como consecuencia de la tramitación de las instancias y del juicio de nulidad a que se ha hecho referencia, de tal suerte que a juicio de esta Sala, el crédito de referencia en los términos de los artículos 145 y 146 del Código Fiscal de la Federación, sólo pudo ser exigible al momento en que quedó firme la sentencia multialudida. ... Por último, por lo que respecta a la invocación de la tesis aislada transcrita en las fojas 21 a 22 del oficio de contestación, 251 y 252 de autos visible bajo el rubro: «DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA. CUANDO EN BASE EN ELLA SE MANIFIESTAN SALDOS A FAVOR, CUYA DEVOLUCIÓN SOLICITA EL CONTRIBUYENTE, ESTÁ SUJETA AL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 22, PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO Y 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.», la Sala la considera inaplicable, en virtud de que en el caso la solicitud de devolución de lo pagado indebidamente no proviene de la presentación de declaraciones complementarias en sí mismas, en las cuales se hayan manifestado saldos a favor, sino de la firmeza de la sentencia a que se ha hecho referencia en el presente, la cual sirvió de sustento para la presentación de las declaraciones complementarias.’. Por otra parte, los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, establecen: (se transcriben). Así las cosas, este órgano colegiado considera que es inoperante por una parte y por otra infundado el agravio formulado por el recurrente, toda vez que de las transcripciones anteriores, se desprende que la Sala responsable declaró la nulidad de la resolución impugnada, con base en el argumento relativo a que el crédito fiscal constituye una obligación fiscal determinada en cantidad líquida y cuya exigibilidad no pudo surgir al momento en que se presentaron las declaraciones correspondientes, pues en ese momento el crédito respectivo constituía un crédito debido conforme a la ley, el cual devino indebido como consecuencia de la tramitación del juicio de nulidad número 1271/00-04-02-9, ante la Segunda Sala Regional de Occidente, la cual determinó la nulidad de la resolución impugnada y que al no haber sido recurrida ésta quedó firme, de tal suerte que el crédito de referencia, en los términos de los artículos 145 y 146 del Código Fiscal de la Federación, sólo puede ser exigible al momento en que quedó firme la sentencia aludida; por tanto, si la ahora recurrente únicamente trata de impugnar una parte de la sentencia recurrida, en la que se señaló que la solicitud de devolución de lo pagado indebidamente no proviene de la presentación de declaraciones complementarias, por lo que como ya se dijo, resulta inoperante su agravio, ya que no ataca las consideraciones citadas en primer término y que son el punto toral de la resolución recurrida. Por último, resulta infundado el argumento de la autoridad recurrente, en el que considera que mucho tiempo después de que jurídicamente prescribió el derecho a la devolución, se le dé opción a los contribuyentes de revivir cantidades y solicitar su devolución, toda vez que si bien pasaron varios años para que el actor obtuviera el derecho a solicitar la devolución, también lo es que éste se debe a la tramitación del juicio de nulidad ante la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que durante ese tiempo se suspende tanto el término de caducidad como el de prescripción, situación que de igual manera sucede con las facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales que durante el término en que duren los juicios o instancias, no caducan ni prescriben sus facultades, por lo que la Sala Fiscal en ese sentido no actuó de manera ilegal. En consecuencia, al no haber sido impugnadas las consideraciones esenciales de la resolución impugnada, éstas deben subsistir en sus términos, debiendo destacar que en virtud del principio de estricto derecho que rige el recurso de revisión fiscal, se está en los límites de los agravios formulados por la recurrente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación son: Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989. Tesis 3a./J. 30/89. Página 277. ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.’. En consecuencia, al resultar inoperante e infundado el agravio hecho valer por el recurrente, se declara infundado el presente recurso de revisión. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Es infundado el recurso de revisión."
CUARTO. En la sentencia emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 129/2003, fallado en sesión del tres de julio de dos mil tres, se determinó, en la parte que interesa, lo que enseguida se transcribe:
"SEXTO. En el único concepto de violación formulado, se aduce que la sentencia reclamada viola lo dispuesto por los artículos 16 constitucional, 38, fracción III y 32 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la quejosa considera que jamás se dio el supuesto de prescripción pretendido, ya que dicho plazo se interrumpió con las últimas declaraciones complementarias presentadas ante institución bancaria, como se demostró con las documentales que se aportaron en el juicio de nulidad, en las cuales se reflejan los saldos cuyas devoluciones solicitan y se interrumpe el plazo de prescripción que empieza a computarse nuevo a partir del día siguiente a aquel en que fueron presentadas las mismas. Agrega que la responsable deja de tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 32, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, el que establece que el contribuyente podrá presentar declaración complementaria hasta en tres ocasiones por cada ejercicio, siempre y cuando no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación, por lo que la solicitante de garantías considera que si con cada gestión de cobro se interrumpe el plazo para que un crédito fiscal prescriba, entonces cada vez que el contribuyente presente una declaración complementaria, el plazo para que prescriba la obligación de devolver por parte de la autoridad también se verá interrumpido y en el caso se presentaron declaraciones complementarias que interrumpieron el plazo y los saldos solicitados por la contribuyente se encuentran reflejados en la última declaración complementaria correspondiente a los ejercicios por los que se solicitó la devolución y de esta manera es evidente que el plazo comienza a computarse a partir de que se presentaron esas declaraciones complementarias, que es donde se refleja el saldo a favor. Hace referencia a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que si en el caso de la caducidad cuando se presentan declaraciones complementarias el plazo empieza a computarse a partir del día siguiente a aquel en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados, sin importar que la declaración complementaria se presente después de transcurridos más de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que se presentó la declaración normal, la autoridad se encuentra legitimada para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios respecto de los renglones modificados, por lo que en estricta lógica jurídica y atendiendo al principio de igualdad de las partes, el término para la prescripción empieza a correr a partir de que se presentó la declaración complementaria, además de que el artículo 32 del citado código tributario, en ningún momento establece una limitante en cuanto al tiempo en que se deba agotar el derecho del contribuyente a presentar las tres declaraciones complementarias. Tales argumentos son infundados. Al efecto, es necesario precisar que las solicitudes de devolución, se presentaron en las fechas, respecto de los ejercicios y contribuciones, que a continuación se enumeran, según se desprende de las resoluciones impugnadas, datos que no fueron controvertidos en el juicio de nulidad, por lo que tienen valor probatorio en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación: •Con fecha cinco de abril de dos mil dos, por el ejercicio de mil novecientos noventa, por saldo a favor del impuesto al activo. •Con fecha dieciocho de abril de dos mil dos, por el ejercicio de mil novecientos noventa y uno, por saldo a favor del impuesto sobre la renta e impuesto al activo. •Con fecha dieciocho de abril de dos mil dos, por el ejercicio de mil novecientos noventa y dos, por saldo a favor de impuesto al activo. •Con fecha dieciocho de abril de dos mil dos, por el ejercicio de mil novecientos noventa y tres, por saldo a favor del impuesto sobre la renta e impuesto al activo. •Con fecha veintidós de abril de dos mil dos, por el ejercicio de mil novecientos noventa y cuatro, por saldo a favor del impuesto al activo. •Con fecha cinco de abril de dos mil dos, por el ejercicio de mil novecientos noventa y cinco, por saldo a favor en impuesto al activo. Por otra parte, de dichas resoluciones también se advierten los siguientes datos:
Ver datos
"Ahora bien, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que establece: (se transcribe). Tal como se dispone en el primero de los párrafos del precepto en cita, las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, señalándose en el penúltimo párrafo de dicho precepto que la obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Al efecto, el precepto del mismo código tributario que prevé la prescripción de los créditos fiscales, dispone: ‘Artículo 146.’ (se transcribe). En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 el crédito fiscal, se extingue por prescripción en el término de cinco años a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido (a partir de la fecha en que debió presentarse la declaración correspondiente o, en su caso, se efectuó el pago de lo indebido), término que se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber el deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste, respecto de la existencia del crédito. Atento a lo establecido en las normas invocadas, resulta que para efectos de la devolución de cantidades existe disposición expresa relativa a que la obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal, es decir, a partir de la fecha en que se presente la declaración normal del ejercicio. Lo anterior es así, ya que la prescripción es un medio de extinción de las obligaciones, mediante el cual quienes forman parte de una relación jurídica, no verán modificada su situación respecto de un derecho o una obligación después de transcurrido el término fijado por el legislador, esto es, que sus situaciones jurídicas dejen de estar en incertidumbre, lo que en materia fiscal, en relación con el contribuyente, significa que se extingue la obligación que tiene de cubrir el crédito fiscal, y por lo que hace a la autoridad, la obligación de devolver las cantidades que procedan. Por tales motivos, el término de la prescripción de la devolución de cantidades por parte de la autoridad, debe computarse a partir de la fecha en que se presentó la declaración correspondiente y se efectuó el pago indebido, pero no puede estar sujeto a que el contribuyente decida presentar declaraciones complementarias en cualquier fecha. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, y aun cuando para estas modificaciones no se establezca un límite temporal para hacerlo, lo cierto es que el precepto establece que son definitivas, lo cual es congruente con la afirmación de que a partir de la fecha en que deban ser presentadas o se presenten dichas declaraciones, que empieza a correr el término para que opere prescriba (sic) la obligación de devolverlas. Entender lo contrario, como lo pretende la quejosa, implica sujetar el término de la prescripción a la voluntad del contribuyente de presentar declaraciones complementarias en cualquier momento, lo que hace nugatoria la finalidad de dicha institución extintiva de obligaciones, pues la hace depender de su voluntad. En esa virtud, atendiendo a los datos reportados en las resoluciones impugnadas, los cuales por sí no fueron materia de impugnación, si en la especie fue en el dos mil dos cuando se solicitó la devolución por saldos a favor por diversas contribuciones generadas en los ejercicios de mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y cinco, debe concluirse, tal como lo resolvió la responsable, que transcurrió en exceso el término de cinco años para que prescribiera la obligación a cargo de la autoridad de devolver las cantidades solicitadas por la ahora quejosa. Sin que sea óbice a la anterior conclusión, el que en el caso de la caducidad del ejercicio de las facultades de comprobación y para imponer sanciones de las autoridades fiscales, el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, disponga en su fracción I, que cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en relación con la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio, toda vez que la caducidad y la prescripción son figuras de naturaleza diferente, pues la primera es de carácter procesal que extingue el ejercicio de facultades, en tanto que la segunda es de carácter sustantivo que extingue obligaciones, por lo que las disposiciones de una no son aplicables a la otra, por lo que para determinar la forma en que se configura la prescripción debe estarse a la norma que la prevé y no a otra diversa. En relación con la expresado por la quejosa respecto a que la Primera Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sostiene el criterio contrario y que debe decirse que en términos de lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo dicho criterio no es obligatorio, por lo que no es de tomarse en cuenta. En las relacionadas condiciones, en virtud de ser infundado el único concepto de violación formulado, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 76 a 79, 192 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Pyosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acto que reclamó de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria."
QUINTO. En la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal 49/2001-II, fallada el veintinueve de junio de dos mil tres, se determinó en lo conducente:
"QUINTO. Es infundado el agravio expuesto por la autoridad recurrente, atento a las consideraciones que enseguida se precisan. Para mayor claridad de este aserto, conviene destacar los principales antecedentes del presente asunto. Con fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro, Alfredo Arteaga Lira, presentó declaración anual normal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres, respecto del impuesto sobre la renta. Posteriormente, el día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, presentó declaración complementaria del citado ejercicio, en la que manifestó un saldo a favor en relación con dicho impuesto por la cantidad de treinta y tres mil setecientos cuatro pesos. Mediante escrito de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, la parte demandante del juicio de nulidad, solicitó a la Administración Local de Recaudación de Guadalupe, Nuevo León, la devolución del saldo a su favor determinado en la declaración complementaria del ejercicio de mil novecientos noventa y tres. Por resolución contenida en el oficio número 322-SAT-R3-L19-08-A-5417, de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, la autoridad referida con anterioridad negó la devolución solicitada por el contribuyente mencionado, por considerar que había prescrito su obligación para devolver el saldo solicitado. Inconforme con dicha determinación, Alfredo Arteaga Lira promovió juicio de nulidad ante la Primera Sala Regional del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, en el que esencialmente alegó que era imposible que prescribiera la obligación de devolver cantidades pagadas indebidamente, pues sólo prescriben los créditos fiscales conforme al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. Además, también hizo valer como concepto de impugnación, que en el particular se dejó de observar lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 32 del invocado cuerpo de normas, en el sentido de que el contribuyente puede presentar declaración complementaria hasta en tres ocasiones por cada ejercicio, siempre y cuando no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación, de ahí que al haber presentado la declaración complementaria el día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el plazo para solicitar la devolución empezó a computarse a partir del primero de diciembre del mismo año, prescribiendo hasta el primero de diciembre del año dos mil tres. La autoridad responsable al pronunciar la sentencia reclamada, estimó procedente la acción intentada declarando la nulidad de la resolución impugnada, sustentando tal determinación en los argumentos que quedaron transcritos en el considerando tercero del presente fallo. En el escrito a través del cual la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión materia de esta sentencia, sustancialmente adujo como agravios, que la Sala resolutora conculcó en su perjuicio lo previsto en el artículo 237, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, pues al dictar la resolución reclamada fue más allá de lo que establecen los artículos 22 y 146, ambos del mismo ordenamiento legal. El anterior argumento lo basó en el hecho de que la a quo indebidamente señaló que la fecha de partida para computar el término de cinco años a que se contrae el numeral 146 en cita, a efecto de que prescriba el derecho a solicitar la devolución, es la de la presentación de la declaración complementaria, sin embargo, estimó que con tal determinación soslayó lo preceptuado por el artículo 22 del código tributario de la Federación, que contempla el derecho a la devolución en dos supuestos: el pago de lo indebido y el saldo a favor propiamente dicho, entendiéndose por lo primero como un pago que nunca se debió efectuar, mientras que lo segundo constituye el derecho a percibir un remanente derivado de las operaciones que legalmente debe aplicar el contribuyente para determinar obligaciones fiscales o no, invocando en apoyo a sus argumentos la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de rubro: ‘PAGO DE LO INDEBIDO. LA ACTUALIZACIÓN DE SU DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE ES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ EL PAGO Y NO PARTIR DE LA DECLARACIÓN QUE CONTENGA SALDO A FAVOR.’. De lo antes dicho, la autoridad inconforme dedujo que desde la fecha en que se presentó la declaración de impuestos del ejercicio de mil novecientos noventa y tres, se generó el pago indebido cuya devolución solicitó el demandante del juicio natural y no a partir de la fecha en que presentó su declaración complementaria, ya que ésta sólo refleja el importe de un pago de lo indebido, mas no establece la fecha de su origen. Por otra parte, del contenido del artículo 146 en relación con el 22, ambos del conjunto de normas en consulta, arribó a la convicción de que para exigir la devolución del pago de lo indebido era necesario que existiera una solicitu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18673-37d6274f/prescripcion-cuando-se-trata-de-la-obligacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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