PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA, GRAFOSCOPIA, GRAFOMETRÍA, DACTILOSCOPIA O DOCUMENTOSCOPIA EN EL JUICIO LABORAL. LAS PARTES DEBEN ACREDITAR QUE EL PERITO QUE PROPONEN CUENTA CON CONOCIMIENTOS EN LA MATERIA, CUANDO NO PROVIENE DE LISTA OFICIAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 327/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de septiembre de dos mil nueve.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, pues se trata de la posible contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en asuntos que corresponden a la materia de trabajo, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues la formularon los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, órgano que sostiene la postura denunciada como contradictoria de la sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito.
TERCERO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario, resolvió el amparo directo DT. 315/2009 (4025/2009), promovido por *****1*****, de cuyas consideraciones se transcribe en lo que al presente asunto interesa, lo siguiente:
"CUARTO. El estudio de los conceptos de violación, que por cuestión de método se analizan en diverso orden, conduce a determinar lo siguiente: En el tercero de ellos el quejoso se duele de que la Junta cometió una violación a las reglas del procedimiento, porque en audiencia del cuatro de diciembre de dos mil tres, en la que compareció el perito de la parte demandada ***** 2 *****, le tuvo por aceptado el cargo conferido y por exhibido el dictamen correspondiente; pero omitió considerar la autoridad que dicha persona en ningún momento acreditó ser perito en la materia de caligrafía y grafoscopia, como lo dispone el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo. Este argumento resulta infundado, en atención a las siguientes razones. En el expediente laboral se observa que el actor demandó de *****3*****, *****4*****, *****6*****, *****5***** y *****7*****, indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado. Como hechos relevantes relató que: fue contratado en el mes de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, con la categoría de operador de trailer; su salario en el mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco era de doscientos pesos diarios más cien pesos por compensación por viaje realizado; en cumplimiento al laudo de seis de febrero de dos mil uno, dictado en el expediente laboral 114/95, fue reinstalado el veintiocho de marzo de dos mil uno a las diez treinta horas, pero a las doce horas fue despedido de su trabajo (folios 1-4). *****4***** y *****5***** contestaron la demanda, negando la relación de trabajo con el actor (folios 63 y 64). *****3*****, aceptó la relación laboral con el actor, pero negó el despido alegado, precisando que era cierto que en el juicio laboral 114/95 fue condenada a reinstalar al actor, reinstalación que se llevó a cabo el veintiocho de marzo de dos mil uno, a las diez treinta horas; pero a las doce horas de ese día, el actor renunció voluntariamente a la relación de trabajo que lo unía con la empresa, y ésta le hizo entrega de la cantidad de cien mil pesos (folios 69-71). Para acreditar sus excepciones, la empresa demandada, *****3*****, ofreció en el apartado cuatro, incisos a) y b), las documentales consistentes en: ‘... a) Renuncia de fecha 28 de marzo de 2001, dirigida a mi representada y debidamente firmada por el actor, a efecto de acreditar lo manifestado al contestarse el hecho 8 del escrito inicial de demanda, en el sentido de que fue el propio reclamante quien de manera voluntaria y por escrito renunció a su empleo. b) Recibo finiquito de fecha 28 de marzo de 2001 y por la cantidad de: $100,000.00, debidamente firmado de recibido por el actor, acreditándose con este documento lo manifestado al contestarse el hecho 8 del escrito inicial de demanda, en el sentido de que al actor se le entregó la cantidad mencionada, a título de gratificación, el día en que renunció voluntariamente y por escrito a su empleo ... .’ (folios 111, 113 y 114). En audiencia de nueve de abril de dos mil tres, el actor objetó las documentales referidas, en cuanto a autenticidad de contenido y firma, aduciendo que no se trataba de su firma la plasmada en las mismas documentales (folio 220); y en el desahogo de la ratificación de documentos a cargo del trabajador, llevada a cabo en audiencia del veintitrés de septiembre de dos mil tres, éste desconoció la firma de la renuncia y del recibo finiquito (folio 264). Derivado de lo anterior, la Junta ordenó el desahogo de la pericial en caligrafía, grafoscopia y grafometría (folio 265). En audiencia del cuatro de diciembre de dos mil tres, compareció *****2***** como perito de la parte demandada, y manifestó: ‘... Que en este acto acepto y protesto el cargo conferido y de igual manera exhibo el dictamen encomendado el cual consta de dieciocho fojas escritas por una sola de sus caras y un anexo de doce ampliaciones fotográficas el cual reconozco como mías las firmas que obran al calce y al margen del mismo el cual ratifico en todas y cada una de sus partes el cual solicito sea anexado a los autos, reservándome el uso de la voz para cualquier aclaración y/o ampliación del mismo que sirva para los efectos legales a que haya lugar ... .’ (folio 355). El veintitrés de abril de dos mil cuatro, la perito de la parte actora *****8***** manifestó: ‘... se identifica con credencial expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social número 165, y que en este acto acepta y protesta el cargo conferido y asimismo rinde el dictamen encomendado mediante un escrito de esta fecha 23 de abril de 2004, mismo que ratifico en todas y cada una de sus partes reconociendo como propia la firma que lo calza y solicitando se agregue a los autos a fin de que surta sus efectos legales correspondientes ... .’ (folio 393). Por su parte, la Junta tuvo por desahogada la prueba pericial con los dictámenes de la parte actora y de la demandada, por el hecho de que ambos fueron acordes entre sí (folio 394). Como se ve, en las audiencias de desahogo de la prueba pericial, no se observa que los especialistas hayan acreditado estar autorizados para fungir como peritos en la materia en que emitieron su opinión técnica (caligrafía, grafometría y grafoscopia); sin embargo, en el dictamen del perito de la parte demandada *****2*****, aparece que éste señaló tener la especialidad en grafoscopia, documentoscopia y dactiloscopia, egresado de la Universidad del Valle de México y acreditado por el Taller de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y del dictamen del perito de la parte actora *****8***** se observa que precisó ser perito de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, resulta claro que no existe la violación a las reglas del procedimiento, porque los peritos señalaron tener conocimiento en la materia; además de que la Ley Federal del Trabajo no exige que los peritos en materia de caligrafía, grafometría y grafoscopia tengan que acreditar estar autorizados para emitir su opinión. Esto es así, pues el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que: ‘Los peritos deben tener conocimientos en la ciencia, técnica o arte sobre la cual debe versar su dictamen; si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados, los peritos deberán acreditar estar autorizados conforme a la ley.’. El contenido del precepto legal aludido es muy claro al señalar que los peritos deberán tener conocimientos en la ciencia, técnica o arte sobre la cual emitan su opinión, y que sólo en el caso de que la profesión o arte estuviera legalmente reglamentada, deberán acreditar estar autorizados conforme a la ley; es decir, la obligación del perito de acreditar estar autorizado conforme a la ley, se encuentra condicionada a que la profesión respecto de la cual emite su opinión, se encuentre regulada por la norma jurídica correspondiente. Sobre ese punto, debe precisarse que el artículo segundo transitorio del decreto que reforma el capítulo I y artículos 1o., 2o., 3o., 8o., 9o., 10, 13, 65, 67, 68 y 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 4o. y 5o. Constitucionales, relativos al ejercicio de las profesiones en el Distrito y Territorios Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de mil novecientos setenta y cuatro, dispone: ‘Segundo. En tanto se expidan las leyes a que se refiere el artículo 2o. reformado, las profesiones que en sus diversas ramas necesitan título para su ejercicio son las siguientes: Actuario. Arquitecto. Bacteriólogo. Biólogo. Cirujano dentista. Contador. Corredor. Enfermera. Enfermera y partera. Ingeniero. Licenciado en derecho. Licenciado en economía. Marino. Médico. Médico Veterinario. Metalúrgico. Notario. Piloto aviador. Profesor de educación preescolar. Profesor de educación primaria. Profesor de educación secundaria. Químico. Trabajador social.’. El precepto transitorio en cita enuncia las profesiones que necesitan título para su ejercicio, conforme a la Ley Reglamentaria de los Artículos 4 y 5 Constitucionales, relativos al ejercicio de las profesiones en el Distrito y Territorios Federales. Como se advierte, no se encuentran consideradas las personas que se dedican a la caligrafía, grafometría y grafoscopia, lo que lleva a considerarla como una materia técnica que no exige título para ejercerla. Por tanto, como los peritos de las partes son expertos en caligrafía, grafometría y grafoscopia, al momento de protestar el cargo conferido y rendir sus dictámenes correspondientes, no tenían porqué acreditar estar autorizados para emitir su opinión en esa materia técnica; de ahí lo infundado del concepto de violación que se estudia. Sirve de apoyo la jurisprudencia II.T. J/28, del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, septiembre de 2003, página 1240, que dice: ‘PERITOS EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA Y DOCUMENTOSCOPIA. NO ESTÁN OBLIGADOS A JUSTIFICAR ESTAR AUTORIZADOS PARA EJERCER ESA FUNCIÓN.’ (se transcribe). Así como las tesis VIII.2o.34 L del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 531, y del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, diciembre de 1991, página 277, que respectivamente dicen: ‘PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL ARTÍCULO 822 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO LE IMPONE AL PERITO LA OBLIGACIÓN DE ACREDITAR QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA MATERIA A DICTAMINAR, NI ESTAR AUTORIZADO EN PROFESIÓN O ARTE NO REGLAMENTADOS.’ (se transcribe). ‘PRUEBA PERICIAL. PERITOS GRAFÓSCOPOS EN MATERIA LABORAL. PUEDEN SERLO LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN MEDIA.’ (se transcribe). Además, debe precisarse que el hecho de que el perito no sea especialista en la materia en que emite su opinión, no implica necesariamente la existencia de una violación procesal, pues en todo caso ello tendrá que ser considerado al momento en que la Junta valore la prueba; de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 56/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 161, que dice: ‘PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. LA EVALUACIÓN DE UN PERITAJE RENDIDO POR QUIEN NO ES ESPECIALISTA, NO PUEDE DE MODO AUTOMÁTICO PRIVARLO DE TODO VALOR O DÁRSELO PLENAMENTE.’ (se transcribe). ... En el primero y segundo de los conceptos de violación, el quejoso manifiesta que la Junta otorgó valor probatorio a la carta renuncia que exhibió la parte demandada, pero dejó de estimar que dicho documento estaba viciado al no reunir los requisitos esenciales que precisa el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, porque no se ratificó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y, por ello, carecía de validez en el juicio. También señala que resulta inverosímil que el mismo día en que fue reinstalado el actor haya renunciado. Y que la responsable no advirtió que el recibo finiquito no tenía valor probatorio porque no se precisó el pago de las prestaciones reclamadas en la demanda de origen. Estos argumentos son infundados, pues en el laudo reclamado la responsable determinó otorgar valor probatorio a la carta renuncia y finiquito de veintiocho de marzo de dos mil uno, fundándose en que con la pericial en caligrafía, grafoscopia y grafometría, había quedado acreditado que las firmas que aparecen en las documentales referidas si proceden del actor; a partir de ahí, la responsable tuvo por demostrado que éste renunció voluntariamente a su trabajo el veintiocho de marzo de dos mil uno y, por ello, absolvió a la demandada de la indemnización constitucional reclamada; determinación que se estima correcta. Conforme al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta tiene la facultad de dictar los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, así como de valorar las pruebas sin sujetarse a reglas ni formulismos. En la especie, este Tribunal Colegiado considera que la responsable ajustó su proceder a las reglas contenidas en el precepto legal en cita; porque su decisión de otorgar eficacia probatoria a la renuncia de veintiocho de marzo de dos mil uno, se sustentó en la valoración que realizó a los dictámenes periciales de la parte demandada (folios 330-345), y de la parte actora (folios 388-392), quienes concluyeron que las firmas que aparecen en la carta renuncia y finiquito, ambos de veintiocho de marzo de dos mil uno, por su ejecución proceden del puño y letra del actor *****1*****. Es decir, con apoyo en la prueba pericial, la responsable llegó al convencimiento de que *****1***** sí firmó la carta renuncia y finiquito de veintiocho de marzo de dos mil uno y, a partir de ahí, concluyó que el actor renunció voluntariamente a su trabajo en esa fecha, como se excepcionó la demandada, con lo cual quedó desvirtuado el despido alegado en la demanda inicial. ... En relación con el argumento del peticionario del amparo, a través del cual se duele que la responsable debió considerar falsa la renuncia alegada por el demandado, porque a su juicio resulta inverosímil que el mismo día en que fue reinstalado el trabajador haya renunciado, aunado a que de haber sido cierto el demandado hubiera acudido ante la Junta donde se tramitó el juicio laboral 114/95, en el que existe una condena pendiente de pagar. Este argumento es infundado e inatendible; primero, porque al momento de objetar la carta renuncia y recibo finiquito, la parte actora se limitó a señalar que ‘... no se trata de la firma del actor la plasmada en las documentales a que se hace referencia ...’ (folio 220); y de esa forma el análisis que estaba obligado a hacer la Junta, en relación con la carta renuncia, se limitó únicamente a dilucidar si era o no la firma del actor la que aparecía en ese documento, aspecto que quedó resuelto con la pericial en caligrafía; de ahí lo infundado del argumento en cuestión. ... Consecuentemente, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar el amparo solicitado."
CUARTO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 298/2009, promovido por *****9*****, emitió las consideraciones siguientes:
"CUARTO. ... Antes de señalar cuál es la violación de carácter procesal que dejó sin defensa al impetrante del amparo y que por su naturaleza es de estudio preferente, este órgano de control constitucional considera que sobre el asunto debe indicarse que al rendir su informe justificado la Junta responsable remitió a este tribunal el expediente laboral número 1130/2005 (el que contiene el laudo reclamado) y, que del mencionado sumario se desprende que la responsable cometió una violación a las leyes del procedimiento, que trascendió al resultado del asunto. En efecto, de la demanda laboral se desprende que el actor *****9*****, ahora quejoso, demandó a *****10*****; *****11*****; *****12***** y *****13*****, diversas prestaciones ... las empresas demandadas *****10***** y *****11***** al producir su contestación, negaron acción y derecho a su contraparte para reclamarle prestaciones y en lo conducente insistieron en que eran: ‘únicos y exclusivos patrones del actor’, diciendo también que ‘el actor jamás ha sido despedido ... lo cierto es que fue el propio actor el que dio por terminada en forma voluntaria la relación laboral que lo unía con nuestras representadas mediante carta renuncia de fecha 9 de julio de 2005, misma que le fue aceptada por nuestras mandantes por no existir inconveniente alguno para ello, renuncia que se encuentra debidamente firmada del puño y letra del actor, así como estampada su huella dactilar, misma que se exhibirá en el momento procesal oportuno, firmando y estampando su huella dactilar de su propio puño y letra en el recibo finiquito correspondiente.’ ... También de las constancias que integran el sumario, en lo conducente se observa que en la tercera etapa de la audiencia de ley, las partes ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes y por lo que hace a las empresas demandadas exhibió diversas documentales, entre ellas, bajo los numerales 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco) y 6 (seis), la carta renuncia y finiquito de fechas nueve de julio de dos mil cinco, contrato individual de trabajo y seis tarjetas de control de asistencia, ofreciendo como medio de perfeccionamiento su ratificación de contenido y firma a cargo del actor (fojas 54 a la 56 del expediente laboral) y, sobre la pericial propuesta por las partes, la Junta acordó que quedaba sujeta al resultado a ratificación (foja 77 del expediente laboral). Advirtiéndose que en la confesional a cargo del trabajador, ahora quejoso, negó las posiciones formuladas respecto de la ratificación de los documentos que se le pusieron a la vista (fojas 93 a la 94 del expediente laboral), motivo por el que la parte actora propuso la pericial sobre los mencionados documentos (foja 497 del expediente laboral) y mediante proveído de fecha quince de enero de dos mil siete la responsable señaló fecha para el desahogo de la prueba pericial en grafoscopia y grafometría (foja 498 del expediente laboral). Asimismo debe decirse que la responsable pronunció el laudo ahora impugnado ... en lo conducente se observa que la Junta se refirió a la prueba pericial en comento y concluyó que con ese medio de convicción, la parte actora no demostró la objeción de los documentos cuestionados. Ahora bien, este Tribunal Colegiado reitera que en el caso particular, la Junta del conocimiento incurrió en una violación a las leyes que rigen el procedimiento laboral. Esto es así, ya que a fojas quinientos cincuenta y tres de autos se aprecia que en la audiencia de desahogo de pruebas (pericial caligráfica, grafoscópica y dactiloscópica) la responsable de manera ilegal llevó a cabo el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte actora, así como la del perito tercero en discordia, por lo que se ubicó dentro de la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo. Efectivamente, sobre lo anterior debe subrayarse que este Tribunal Colegiado considera que la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (misma que se transcribirá más adelante), en la que se fijó criterio sobre la forma en que debe llevarse a cabo la prueba pericial médica, también tiene aplicación por analogía o mayoría de razón, a los casos en que se ofrezca y desahogue la prueba pericial en materia caligráfica, grafoscópica y grafométrica, así como materias coincidentes entre ellas la documentoscopia y la dactiloscopia, u otras que por su propia naturaleza así lo exijan, pues para dictaminar en ellas los peritos deben tener conocimientos sobre las técnicas en las que éstos opinan y ello supone que los conocimientos en las materias caligráfica, grafoscópica, grafométrica, documentoscópica y dactiloscópica, u otras que por su propia naturaleza así lo exijan, ellos los obtuvieron en alguna institución especializada donde se imparten cursos sobre estas áreas; por tanto, dichos conocimientos los avala cualquier documento otorgado como diploma, constancia o reconocimiento, acreditándolos como expertos para emitir su dictamen, equiparándose esto, a la regulación exigida en el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo para la profesión o el arte legalmente reglamentados y, por ello, se considera que los peritos en los diversos campos de caligrafía, grafoscopia, grafometría, documentoscopia y dactiloscopia, u otras que por su propia naturaleza así lo exijan, con elementos fehacientes, deben acreditar ante la Junta tener dichos conocimientos para fungir como expertos en esas materias. Reiterándose lo anterior, pues en términos del artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, se prevé que los peritos deben tener conocimientos en la ciencia, técnica o arte sobre el cual debe versar su dictamen y, si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados, los peritos deberán acreditar estar autorizados conforme a la ley. Por tal motivo, este tribunal considera que independientemente de que los peritos pertenezcan a una institución oficial, ello no los exime de cumplir con el deber de acreditar tener los conocimientos en la técnica sobre la cual versará su dictamen; de ahí que si la Junta los admite sin que acrediten tener esos conocimientos, ello constituye una violación a las leyes del procedimiento en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, como al momento en que llevó a cabo el desahogo de la audiencia pericial ofrecida por el actor, por cuanto al perito que nombró (foja 553), y en relación al perito tercero en discordia designado el seis de agosto de dos mil siete (fojas 563 y 564), así como en la audiencia de diecisiete de mayo de dos mil siete en la que el perito de la parte demandada rindió el dictamen que elaboró (fojas 536 a la 554), no se advierte que la Junta del conocimiento haya requerido a los aludidos peritos de las partes ni tercero en discordia al momento de la celebración de dichas audiencias, para que exhibieran la documentación fehaciente con las que acreditaran tener los conocimientos en la técnica sobre la cual debía versar su dictamen, por lo que ante tal evento, se insiste, la Junta responsable incurrió en la apuntada violación procesal al llevar a cabo el desahogo de las mismas, ubicándose en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 142/2008, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, relativo al mes de octubre de dos mil ocho, visible en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, del rubro y texto siguientes: ‘PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU DESAHOGO INDEBIDO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SE REQUIERA AL PERITO A FIN DE QUE ACREDITE ESTAR AUTORIZADO PARA DICTAMINAR, MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL LEGALMENTE EXPEDIDOS.’ (se transcribe). En consecuencia, ante la ilegalidad del acto reclamado y al haber violado la Junta del conocimiento las leyes del procedimiento en términos de la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable reponga el procedimiento a partir de la audiencia pericial en la que deberá señalar nueva fecha y requerir a los peritos de las partes y tercero en discordia, para que con documentos fehacientes acrediten tener conocimientos para dictaminar sobre las materias en las que se les nombró o designó y, hecho que sea lo anterior, con libertad de jurisdicción continúe con el procedimiento como en derecho proceda ..."
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito emitió la tesis que textualmente dice:
"No. de Registro: 166,850
"Tesis aislada
"Materia(s): Laboral
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Tesis: I.9o.T.247 L
"Página: 2050
"PRUEBAS PERICIAL CALIGRÁFICA, GRAFOSCÓPICA Y GRAFOMÉTRICA U OTRAS MATERIAS COINCIDENTES COMO LA DOCUMENTOSCOPIA Y LA DACTILOSCOPIA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI LA JUNTA NO APERCIBE A LOS PERITOS PARA QUE EXHIBAN LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITEN TENER LOS CONOCIMIENTOS EN LA CIENCIA, TÉCNICA O ARTE SOBRE EL CUAL DEBE VERSAR SU DICTAMEN, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. Conforme al criterio sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 142/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 448, de rubro: ‘PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU DESAHOGO INDEBIDO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SE REQUIERA AL PERITO A FIN DE QUE ACREDITE ESTAR AUTORIZADO PARA DICTAMINAR, MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL LEGALMENTE EXPEDIDOS.’, constituye una violación procesal que amerita su reposición el que la Junta admita o desahogue la prueba pericial médica sin que los peritos exhiban el título y la cédula profesional con los que acrediten estar autorizados para el ejercicio de la profesión. Ahora bien, dicho supuesto también resulta aplicable tratándose de las pruebas caligráfica, grafoscópica y grafométrica, así como en otras materias coincidentes que, como la documentoscopia y la dactiloscopia, por su propia naturaleza así lo exijan, por lo que si la Junta no apercibe o requiere a los peritos para que exhiban la documentación con la que acrediten tener los conocimientos en la ciencia, técnica o arte sobre el cual debe versar su dictamen, en términos del artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, independientemente de que pertenezcan a una institución oficial, ello actualiza una violación procesal que origina su reposición."
Con base en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, se determina que sí existe contradicción de tesis, ya que de la lectura de las ejecutorias se advierte, que se plantean criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo problema o punto de derecho, único requisito que se debe tomar en cuenta para la procedencia de la contradicción de tesis, toda vez que lo que se busca es resolver el punto objeto de controversia y establecer un criterio jurídico; ilustra lo anterior, la tesis XLVI/2009 del Pleno de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 68, cuyo rubro es:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN LAS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LOS RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’)."
Los Tribunales Colegiados Sexto y Noveno, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y arribaron a conclusiones diferentes, partiendo del examen de los mismos elementos, como a continuación se precisa:
A) De la ejecutoria que emitió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo 315/2009, se advierten los siguientes antecedentes:
1. Ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en el Distrito Federal *****1***** demandó de diversas personas, el pago de la indemnización constitucional, y otras prestaciones, alegando despido injustificado.
2. La parte demandada al contestar negó el despido y señaló que fue el actor quien presentó su renuncia voluntaria, misma que ofreció como prueba.
3. En la audiencia trifásica el actor objetó la renuncia en cuanto autenticidad de contenido y firma, y en la diligencia de ratificación no reconoció como suya la firma que calzan las referidas documentales; por tanto, la autoridad ordenó el desahogo de una pericial en materia caligráfica, grafoscópica y grafométrica, cuyos dictámenes tanto del perito del actor como de la demandada concluyeron que las firmas que obran en las documentales cuestionadas sí proceden del actor.
4. La autoridad pronunció laudo y consideró que: "... ordenó el desahogo de una pericial en materia caligráfica, grafoscópica y grafométrica, cuyo dictamen del perito del actor obra a fojas de la 388
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21944-9a46d093/prueba-pericial-en-materia-de-caligrafia-grafoscopia-grafometria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- TESIS, CONTRADICCION DE. NO COMPETE RESOLVERLA AL TRIBUNAL COLEGIADO. (s/clave)
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