PRUEBA PERICIAL RELACIONADA CON EL ESCRITO DE RENUNCIA DE LA PARTE TRABAJADORA EXHIBIDO EN LA AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. NO DEBE DESECHARSE AUN CUANDO NO SE EXHIBAN EL CUESTIONARIO Y LAS COPIAS RESPECTIVAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 391/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ENTONCES TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO, AHORA SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO; LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, AHORA PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, pues se trata de la posible contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en asuntos que corresponden a la materia de trabajo, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, órgano que sostiene una de las posturas denunciadas como contradictorias.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito resolvió el amparo directo 407/2009, promovido por **********, de cuyas consideraciones se transcribe en lo que al presente asunto interesa, lo siguiente:
"QUINTO. El único concepto de violación propuesto por la quejosa ********** resulta fundado. De las constancias de autos, se tiene que ********** ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, demandó a la persona moral ********** y a la persona física ********** de quienes reclamó, el pago de tres meses de salario como indemnización constitucional, por despido injustificado, prima de antigüedad, salarios devengados, vacaciones, prima vacacional, parte proporcional de aguinaldo, salarios caídos, horas extras y diecisiete días festivos laborados y no pagados. En la audiencia de ley, celebrada el diecinueve de febrero de dos mil siete, la persona moral demandada ********** aceptó la relación laboral, negando el despido injustificado alegado por la actora, indicando que ésta había renunciado a su trabajo, aportando un escrito de renuncia y el contrato individual de trabajo; por su parte, el demandado físico ********** negó en forma lisa y llana cualquier tipo de relación laboral con la actora. Seguido que fue en sus términos el procedimiento, el veinticuatro de marzo de dos mil nueve, la Junta laboral emitió su laudo en el que determinó que la única demandada con la que existió la relación laboral, fue la persona moral ********** por lo que, absolvió del pago de todas y cada una de las prestaciones que se le reclamaron. Por otro lado, absolvió a la persona moral demandada, del pago de indemnización constitucional, prima de antigüedad, salarios devengados, horas extras, días festivos y salarios caídos; sin embargo, la condenó al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Laudo que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. En el único concepto de violación que propone la quejosa, señala que se ofreció en el procedimiento la prueba pericial y que si bien es cierto, su representante no presentó el cuestionario respectivo, sin embargo, indica la impetrante de amparo, la Junta la debió requerir para que lo exhibiera, lo anterior, con la carta de renuncia y contrato individual de trabajo presentado por la demandada; documentos a los cuales la responsable les otorgó valor probatorio pleno, lo que la dejó en estado de indefensión. Como se anticipó, el resumido concepto de violación, es fundado, ya que efectivamente, este órgano colegiado advierte que en el presente caso, se infringieron las reglas del procedimiento, lo que trascendió en el resultado del fallo, y que dejó sin defensa a la peticionaria de amparo. En efecto, en la audiencia trifásica, como se dijo, la persona moral demandada ********** al dar contestación a la demanda, si bien aceptó la relación laboral, sin embargo, adujo que había sido la actora la que renunció a su trabajo, para lo cual, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, reiteró las pruebas ofrecidas mediante escrito de diecinueve de febrero de dos mil siete (fojas 61 a la 64), entre ellas, las siguientes documentales: ‘... 4. La documental consistente en el original de la carta renuncia de fecha 12 de octubre de 2006, la que contiene la firma original puesta del puño y letra de la referida actora, que se relaciona con todo lo manifestado en el escrito de contestación de la demanda, y tiene por objeto demostrar que la accionante con fecha 12 de octubre de 2006 presentó ante mi representada su renuncia voluntaria al empleo que venía desempeñando como operadora de limpieza. De igual forma, dicho medio de convicción tiene por objeto demostrar que con motivo de la salida voluntaria de la ex-empleada, la misma de forma expresa manifiesta que no se le adeuda cantidad alguna de las que injustamente hoy reclama, incluyendo las de horas extras y pago de días festivos, puesto que acepta que siempre estuvo sujeta a una jornada legal de trabajo. Ahora bien, para el caso de que sea objetado dicho documento, en cuanto a su contenido y firma, ofrezco para su perfeccionamiento la de reconocimiento de contenido y firma, a cargo de la demandante, quien deberá de ser citada en su domicilio, bajo el apercibimiento de ley, a efecto de que ratifique el contenido de la carta renuncia y la firma puesta de su puño y letra en la misma. ... 6. La documental consistente en el original del contrato individual de trabajo, celebrado entre la actora y mi mandante, de fecha 6 de agosto del año 2004, prueba que relaciono con todo lo manifestado en el escrito de contestación de la demanda. Esta prueba tiene por objeto demostrar las condiciones generales del empleo de la ahora demandante, como la jornada de labores, y entre las cuales destaca que este último pactó la prestación de sus servicios en los lugares o establecimientos que mi representada dispusiera, pudiendo ser las instalaciones de la misma, o de los clientes de la persona moral representada a los que les brinda servicios de limpieza, sin que de ninguna manera sea de forma exclusiva para un solo cliente. De igual forma, tiene por objeto demostrar, que conforme a lo pactado por ambas partes en la cláusula séptima de dicho acuerdo de voluntades, (sic) la ex-empleada le quedaba estrictamente prohibido laborar horas extras, sin previa autorización por escrito, en la que mi mandante le solicitara la prestación de sus servicios en horarios extraordinarios, justificando para cada ocasión particular, la necesidad de tal medida, cosa que en la especie no ocurrió, motivo por el cual resulta infundada la reclamación de tal prestación. Ahora bien, para el caso de que sea objetado dicho documento, en cuanto a su contenido y firma, ofrezco para su perfeccionamiento la de reconocimiento de contenido y firma, a cargo de la demandante, quien deberá ser citada en su domicilio, bajo apercibimiento de ley, a efecto de que ratifique el contenido del contrato individual de trabajo y la firma puesta de su puño y letra en el mismo ...’ (fojas 62 y 63). En la propia audiencia de ley, la actora, adujo lo siguiente: ‘... Que en este acto ratifico las pruebas ofrecidas en mi escrito inicial de demanda, para que sean tomadas en cuenta en el momento de su desahogo, así como también solicito a su señoría tome en cuenta la petición de ofrecer la pericial grafoscópica a cargo del Lic. ********** como perito para que tome el valor de la probanza de la supuesta renuncia que la parte demandada pretende hacer valer, sometiéndose al sistema que imponga en el momento procesal para su verificación de su firma, escribiéndola cuantas veces le sea requerida ...’ (foja 67). Y, en relación a las pruebas ofrecidas en la propia diligencia por la demandada, la actora dijo lo siguiente: ‘... Que en este acto me permito objetar el escrito que ofrece como prueba la supuesta renuncia de fecha 12 de octubre del año 2006, así como también impugno la firma que se manifiesta dentro del cuerpo del escrito para que sea verificada por el perito que designé Lic. ********** y por lo cual solicito sea requerido para la aceptación del cargo a desempeñar. Así como también impugno la supuesta firma que se encuentra dentro del cuerpo del contenido del contrato de trabajo por tiempo indefinido, ya que éste se encuentra totalmente incompleto ya que no manifiesta la fecha de inicio del mismo tal y como se puede observar en la cláusula vigésima tercera, en su segundo párrafo, ya que se encuentra totalmente en blanco, así como también la firma que se encuentra estampada al final del mismo, ratificando nuevamente al perito de mi intención en grafoscopía Lic. ********** previa citación por esta Junta, y aceptación al cargo, ya que desde este momento manifiesto que no es mi firma tal y como se desprende de todos mis escritos que se encuentran dentro de los autos del expediente en el que se actúa ...’ (foja 68). En auto de veintisiete de marzo de dos mil siete, la Junta responsable, en relación a las pruebas ofrecidas por las partes, en especial, en relación a las de la actora, en lo que interesa estableció lo siguiente: ‘... no se admite a la parte actora la prueba pericial grafoscópica a cargo del perito que en su momento señaló, lo anterior en virtud de que el oferente de la prueba no dio cumplimiento a lo establecido por el art. (sic) 823 de la ley laboral, esto es no exhibió el cuestionario mediante el cual deberá desahogarse dicha probanza, desechándose la misma por lo antes expuesto, por lo que resulta inútil e innecesario el desahogo de la misma de conformidad con el art. (sic) 779 de la ley de la materia ...’ (foja 69). Así, la Junta responsable al emitir su laudo, indicó lo siguiente: ‘... Se determinó al fijar la litis que correspondía a la parte demandada ********** acreditar que la actora renunció en forma voluntaria a su trabajo. En su contestación dicha demandada establece que la actora firma su renuncia voluntariamente de su puño y letra el día 12 de octubre del 2006. Para acreditar lo anterior la parte demandada ofreció como prueba de su intención la documental consistente en carta renuncia debidamente firmada por la actora ********** y dirigida a la demandada ********** fechada en esta ciudad el día 12 de octubre del 2006, documento que es prueba plena y no existe en autos alguna en contrario, pues la única prueba admitida a la actora fue la documental consistente en los recibos de pago que obran en autos de las fojas 5 a la 54, los cuales de ninguna manera se contraponen a la carta renuncia, por lo que no resulta prueba en contrario, desprendiéndose con ello que la propia actora no objetó de falsa la firma que calza dicho escrito de renuncia ni impugnó que la misma se hubiese estampado bajo coacción física o moral. Luego entonces debe concluirse que en efecto ********** el día 12 de octubre del 2006, renunció en forma voluntaria a su trabajo, si esto es así entonces debe absolverse a ********** del pago de indemnización constitucional y salarios caídos que la actora le reclama.’ (fojas 138 y 139). Conforme lo establecido, este órgano de control constitucional, reitera, que en el caso, se violaron las reglas del procedimiento en perjuicio de la trabajadora actora. El artículo 823 de la Ley Federal del Trabajo, dispone lo siguiente: ‘Artículo 823.’ (se transcribe). Mientras que el artículo 780 de la propia legislación, establece que: ‘Artículo 780.’ (se transcribe). De lo que se tiene, que la prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que debe versar, acompañándose los elementos necesarios para su desahogo, como lo es, la exhibición del cuestionario respectivo. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 685 de la ley laboral, la Junta responsable, debió atender lo establecido por el artículo 880 del propio ordenamiento legal. Preceptos legales que establecen lo siguiente: ‘Artículo 685.’ (se transcribe). ‘Artículo 880.’ (se transcribe). Preceptos legales que contemplan por un lado, la obligación de las Juntas de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; por otro, la facultad de las partes, en ofrecer nuevas pruebas, siempre y cuando se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y no se hubiera cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Por ende, si en el caso, la actora ********** al momento de desahogarse la audiencia de ley (fojas 65 a la 68), en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, ofreció la pericial en grafoscopía, dado que cuestionó las firmas que aparecen tanto en el escrito de renuncia como del contrato individual de trabajo aportadas por la demandada, codesignando como perito al licenciado ********** sin que, efectivamente, como lo señaló la Junta responsable, en su auto de veintisiete de marzo de dos mil siete, hubiese acompañado el cuestionario respectivo; sin embargo, lo anterior, no era motivo para desechar esa prueba pericial. Lo anterior, dado que, la prueba en comento, fue ofrecida en virtud de que en la misma diligencia, se ofrecieron las documentales consistentes en carta renuncia y contrato individual de trabajo, lo cual imposibilitaba materialmente a la actora, a preparar y elaborar con antelación al desahogo de la audiencia de ley, un cuestionario al que habría de sujetarse el perito designado y las copias respectivas. Luego entonces, en el caso, operaba una excepción a la regla, dado que, como se dijo, la prueba pericial se ofreció en la audiencia de ley, con motivo de una prueba ofrecida por la contraparte de la trabajadora, de ahí, que la Junta responsable, antes de emitir su auto, negando la admisión de la prueba en comento, debió requerir a la actora, para que aportara el cuestionario al que habría de sujetarse el perito designado y las copias respectivas. Como apoyo a las consideraciones indicadas, se cita la jurisprudencia 18/91, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrante de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, octubre de 1991, página 32, de rubro y contenido siguientes: ‘PRUEBA PERICIAL. LAS JUNTAS TIENEN FACULTAD PARA DESECHARLA CUANDO NO SE APORTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESAHOGO, COMO LO SON EL CUESTIONARIO RESPECTIVO O SUS COPIAS.’ (se transcribe). De igual forma se invoca, por compartirse, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de este Octavo Circuito, localizable en la página 1034, del Tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice lo siguiente: ‘PRUEBA PERICIAL RELACIONADA CON OBJECIONES A LA AUTENTICIDAD DE UN DOCUMENTO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE TENERSE POR OFRECIDA AUN CUANDO NO SE HUBIERE EXHIBIDO EL CUESTIONARIO RESPECTIVO.’ (se transcribe). También apoya lo determinado la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril de 1992, página 585, que textualmente dice: ‘PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL, SUS REQUISITOS CUANDO TIENDE A JUSTIFICAR LA OBJECIÓN A UNA DOCUMENTAL.’ (se transcribe). Criterio que fue reiterado en los mismos términos por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 113/94 el catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, cuya tesis y contenido se localizan en la página 634 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, junio de 1994, Octava Época. En las relatadas condiciones, procede otorgar la protección constitucional solicitada, a efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, reponga el procedimiento a fin de que requiera personalmente a la parte actora, para que dentro de un término de tres días, acorde a lo establecido por el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, exhiba el cuestionario al que habría de contestar el perito y sus copias respectivas y, transcurrido el término indicado, tomando en cuenta la conducta procesal de la actora, la Junta responsable, con plenitud de jurisdicción, habrá de proceder conforme a derecho."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito resolvió los juicios de amparo directo 318/94, 89/95, 393/95, 773/96 y 574/97, este último promovido por **********, donde emitió las consideraciones siguientes:
"CUARTO. El primer concepto de violación expresado por la quejosa ********** resulta fundado a juicio de este Tribunal Federal y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. En efecto, tal y como lo aduce la quejosa, la Junta responsable, durante la tramitación del juicio laboral, incurrió en una violación al procedimiento que la dejó sin defensa y que trascendió al resultado del laudo, pues la Junta responsable no estuvo en lo correcto al desechar la prueba pericial grafoscópica que ofreció la actora de su parte, pues del análisis de las constancias de autos se advierte que la trabajadora promovió juicio laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de Torreón, Coahuila, en contra de la empresa tienda de autoservicio ********** y ********** ejercitando como acción principal la de despido injustificado, reclamando el pago de indemnización constitucional y salarios caídos, argumentando fundamentalmente, que inició a prestar sus servicios en la fuente de trabajo el día 8 de febrero de 1994 como cajera, y que el día 24 de junio de 1995, aproximadamente a las 9:00 horas, fue despedida por ********** en el interior de la fuente de trabajo, junto a la puerta de acceso principal. Por su parte, la empresa demandada, al dar contestación a la demanda, negó que hubiese despedido a la actora, argumentando que ésta renunció por escrito voluntariamente, precisamente el día 24 de junio de 1995. En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, de fecha 21 de noviembre de 1995, la parte demandada, para demostrar que la actora renunció voluntariamente a su empleo, ofreció como prueba una carta renuncia de fecha 24 de junio de 1995, elaborada con letra manuscrita y supuestamente suscrita por la actora, documental esta que fue objetada por la trabajadora en cuanto a su contenido y firma, ofreciendo como prueba para acreditar sus objeciones, la prueba pericial caligráfica y grafoscópica a cargo del licenciado ********** probanza esta que la Junta responsable desechó en la audiencia de admisión de pruebas, de fecha 5 de enero de 1996, argumentando que la oferente no exhibió el cuestionario respectivo; posteriormente, la Junta responsable dictó el laudo, en el que absolvió a la empresa demandada de las prestaciones que reclamó la actora, por considerar que la parte patronal había demostrado con la carta renuncia que la actora se separó voluntariamente de su empleo. Ahora bien, puntualizado lo anterior, se reitera lo fundado del concepto de violación, porque si bien es cierto que en los artículos 780 y 823 de la Ley Federal del Trabajo se establece como regla general que las pruebas deben ofrecerse acompañadas de los elementos necesarios para su desahogo, y que la prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que debe versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes, sin embargo, no menos cierto es, que cuando dicha prueba se ofrece para objetar la autenticidad en cuanto a su contenido y firma de un documento de cuyas irregularidades tuvo conocimiento la oferente en la etapa de ofrecimiento de pruebas, existe obligación por parte de la Junta de admitir esa prueba, pues en el artículo 811 de la Ley Federal del Trabajo se establece que si se objeta la autenticidad de un documento en cuanto a su contenido y firma o huella digital, las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones, las que se recibirán si fueren improcedentes (sic) en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el artículo 844 de la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, en esos supuestos, la Junta tendrá obligación de proveer lo necesario para su desahogo, pues si considera que era necesaria la exhibición del cuestionario, conforme al cual debían dictaminar los peritos, debió requerir a la oferente de la prueba para que los exhiba dentro del término de tres días, atento lo dispuesto por el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, pues sería ilógico exigir que la oferente de la prueba presentara los cuestionarios respectivos, porque precisamente en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, es cuando tiene conocimiento de la existencia de los documentos que objeta en cuanto a su contenido y firma; de ahí que debamos concluir que la Junta responsable no estuvo en lo correcto al desechar la prueba pericial que ofreció la actora, hoy quejosa, siendo procedente, en consecuencia, otorgarle la protección federal para los efectos que se precisarán en la parte final del considerando último. Sirve de fundamento a lo considerado, el criterio de este Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable con el número VIII.1o.37 L, visible en las páginas 288 y 289, del Tomo XV, correspondiente al mes de enero de 1995, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘PRUEBA PERICIAL RELACIONADA CON OBJECIONES A LA AUTENTICIDAD DE UN DOCUMENTO EN (sic) PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE TENERSE POR OFRECIDA AUN CUANDO NO SE HUBIERE EXHIBIDO EL CUESTIONARIO RESPECTIVO.’ (se transcribe). En mérito de lo anterior y en virtud de que el desechamiento indebido de la prueba en comento, constituye violación al procedimiento, en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo combatido y reponga el procedimiento a partir de la audiencia de calificación de pruebas de fecha 5 de enero de 1996, y proceda a admitir la prueba pericial que ofreció la actora y continúe el procedimiento por sus legales y necesarios trámites, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo procedente en derecho. Consecuente con lo anterior, carece de finalidad jurídica el análisis del restante concepto de violación, por referirse a cuestiones que necesariamente tendrá que analizar la Junta responsable en el nuevo laudo que llegue a pronunciar, a virtud del cumplimiento de la presente ejecutoria."
No se transcriben las consideraciones dadas en los amparos directos laborales 318/94, 89/95, 393/95 y 773/96, todos del índice del órgano jurisdiccional antes señalado, en virtud de que los argumentos aducidos son similares a los transcritos con anterioridad.
Derivado del criterio anterior por reiteración, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito emitió la tesis que textualmente dice:
"No. Registro: 916,204
"Jurisprudencia
"Materia(s): Laboral
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Apéndice 2000
"Tomo: V, Trabajo, jurisprudencia TCC
"Tesis: 1067
"Página: 930
"Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, página 1034, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VIII.1o. J/7.
"PRUEBA PERICIAL RELACIONADA CON OBJECIONES A LA AUTENTICIDAD DE UN DOCUMENTO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE TENERSE POR OFRECIDA AUN CUANDO NO SE HUBIERE EXHIBIDO EL CUESTIONARIO RESPECTIVO. La Junta procede en forma incorrecta al desechar la prueba pericial que se ofrece, por no haberse exhibido el cuestionario respectivo al momento de su ofrecimiento, cuando se objeta la autenticidad de un documento, ya que si bien es cierto que el artículo 823 de la Ley Federal del Trabajo expresa que la prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que debe versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, también lo es que el artículo 811 de la Ley Federal del Trabajo establece que si se objeta la autenticidad de algún documento en cuanto a su contenido, firma o huella digital, las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones, las que se recibirán si fueren procedentes en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que si este dispositivo legal faculta a las partes para que ofrezcan pruebas relacionadas con las objeciones que hagan a los documentos presentados por su contraparte, debe entenderse que la Junta responsable tiene la obligación de proveer lo necesario para su desahogo, de tal suerte que si para ello es necesario el cuestionario, conforme al cual deban dictaminar los peritos, lo procedente es que se requiera a la parte oferente de la prueba para que lo exhiba dentro del término de tres días, atento lo dispuesto por el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, pero no aplicar aisladamente el artículo 823 del citado ordenamiento legal, que obliga al oferente de la prueba pericial a exhibir el cuestionario respectivo al momento del ofrecimiento, desatendiéndose lo señalado en el segundo dispositivo citado, pues, de admitir lo contrario, se haría nugatorio el derecho que tienen las partes conforme al artículo mencionado, de ofrecer las pruebas relacionadas con las objeciones que se hagan a los documentos en cuanto a su autenticidad."
QUINTO. El entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, al resolver el amparo directo D-402/92, promovido por Cristino Meza Cruz, emitió las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se esté en el caso de suplir la deficiencia de la queja, en términos de la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, según se desprende del estudio integral del asunto. ... En otro orden de ideas, expone el quejoso, que se viola en su perjuicio el artículo 824 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este precepto establece las situaciones en las que la Junta debe suplir la deficiencia de la queja en favor del trabajador, en el momento de la prueba pericial, omitiendo la responsable observar tal dispositivo, en razón de que desecha indebidamente la prueba antes citada, ofrecida por el hoy amparista dentro del juicio laboral generador, dejándolo en completo estado de indefensión. Es infundado el anterior concepto de violación, ya que la responsable no viola el artículo 824 de la Ley Federal del Trabajo, pues el acuerdo de fecha veintisiete de enero del año en curso (foja doscientos cincuenta y siete vuelta), que desechó la prueba pericial grafoscópica ofrecida por la parte actora, es completamente legal porque la misma no fue propuesta conforme a derecho por las siguientes razones: a) La parte demandada ofreció como pruebas para acreditar sus excepciones entre otras (foja noventa y cinco), las documentales privadas consistentes en carta renuncia de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y uno, misma que obra a foja ciento seis del cuaderno laboral, así como el convenio de terminación voluntaria de la relación de trabajo, celebrado el dieciséis de abril del mismo año (foja ciento siete). b) Dichas probanzas fueron objetadas por el trabajador en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el veintitrés de octubre del citado año (foja ochenta y cinco), ofreciendo la prueba pericial al respecto de la siguiente manera: ‘Asimismo se objeta la documental ofrecida en el escrito de pruebas por la parte demandada en el inciso e), de dicho escrito, de la supuesta carta se dice, por no haber sido firmada por la parte actora y para esto se solicita la prueba caligráfica del contenido y firma del mismo, asimismo se objeta el inciso f), del escrito presentado de ofrecimiento de pruebas por la parte demandada por carecer de veracidad y el mismo que fue obligado al actor por la parte demandada en donde supuestamente se le hacía liquidación de la relación laboral existente para la empresa ********** y que dentro del mismo no obra la verdadera firma que utiliza el actor en todos sus actos legales y personales del mismo.’. Como se desprende de lo anterior, la parte actora, al ofrecer la prueba pericial caligráfica, no señaló el cuestionario que el perito correspondiente debía tomar en cuenta para rendir su dictamen, ni precisó las firmas indubitables que servirían de base en el mismo, por lo que no existen medios suficientes para el desahogo de las mismas, debiendo decirse que si bien el artículo 824 de la Ley Federal del Trabajo, señala que la Junta del conocimiento nombrará el perito correspondiente al trabajador, si éste no lo designa, si el que nombró no compareciere a la audiencia respectiva o ha (sic) solicitud del propio trabajador, también es cierto que este precepto nada dice respecto a que la autoridad laboral esté obligada a formular el cuestionario antes citado y a señalar firmas indubitables en nombre del trabajador, por lo que si éste no cumplió con tales requisitos establecidos en el diverso 823 de la ley en comento, el desechamiento del referido medio de convicción fue correcto. Cabe señalar que, en el último de los casos el desahogo de la multicitada prueba pericial ofrecida por la parte trabajadora, respecto de la firma que aparece en el convenio de fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa y uno (foja ciento siete), resulta innecesario, pues el actor desde su escrito de demanda
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22222-2df4dcf5/prueba-pericial-relacionada-con-el-escrito-de-renuncia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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