COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 318/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: FERNANDO SILVA GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa la denuncia relativa corresponde a la materia administrativa.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue realizada por uno de los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito que resolvió uno de los asuntos materia de la posible contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Posiciones interpretativas. Para decidir la contradicción de tesis denunciada, debe realizarse un extracto de las consideraciones fundamentales en que se apoyaron los fallos de los Tribunales Colegiados de Circuito.
-Posición 1-
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.
Para dicho tribunal, la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo tratándose de la emisión del "aviso recibo", en los casos en que en dicha constancia aparezca tachada la leyenda que señala "corte a partir del", a pesar de que sí se indique una fecha límite de pago, al estimar lo siguiente:
"... toda vez que para considerar a una autoridad con el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, no basta que determinada disposición le confiera alguna prerrogativa, sino que además en el acto reclamado debe constar que se ejerció, ya que lo contrario implicará sostener que al existir alguna disposición que le confiriera determinada potestad a una autoridad, por virtud de los actos que emita siempre tendrá el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, lo cual no es dable, ya que para atribuirle esa calidad, es necesario que en el acto reclamado esté manifestado su ejercicio. En esa medida, para considerar que la Comisión Federal de Electricidad, en el caso, tiene el carácter de autoridad responsable y que, por ende, ejerció la facultad antes mencionada, como lo apreció el resolutor, era necesario que el ‘aviso-recibo’ en el apartado de ‘corte a partir de’ señalara una fecha particular y que además no se encontrara testado (xxxxxxxxx), puesto que esto último implica que el mencionado organismo no realizó un apercibimiento de corte. La anterior conclusión no varía porque el ‘aviso-recibo’ contenga la diversa leyenda ‘fecha límite de pago’ con la fecha ‘13 mar 09’, pues contrario a lo que refiere la recurrente, con motivo de esa referencia, no puede considerarse que la Comisión Federal de Electricidad apercibió de corte en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 26 y 35 antes mencionados; puesto que sólo informó de la fecha límite de pago, lo cual no implica que se realizará dicho corte, ya que para tal efecto, el citado organismo debe realizar diversos actos para ejercer aquella facultad ... Por ende, si el ‘aviso-recibo’ reclamado contiene testada la leyenda ‘corte a partir de’, por una parte, no se actualiza el supuesto analizado en la jurisprudencia 2a./J. 66/2004 ..."
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.
A juicio del Tribunal Colegiado, la frase "fecha límite de pago" que se contiene en los "avisos-recibos" que expide la Comisión Federal de Electricidad no supone un apercibimiento implícito de corte de energía eléctrica para el caso de que no se entere el pago oportuno del servicio, ya que el organismo descentralizado de que se trata no está facultado para proceder al corte inmediato y unilateral del suministro de energía, sino que debe expedir un aviso previo al usuario.
En ese sentido, para el Tribunal Colegiado, si en los "avisos-recibos" no se contiene la frase "corte a partir de", ni alguna otra que se equipare a un apercibimiento de corte, es evidente que no se está ante un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.
Para dicho Tribunal Colegiado, si bien es verdad que en las tesis de jurisprudencia 2a./J. 66/2004 y 2a./J. 91/2002, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio consistente en que el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad que contiene la frase "corte a partir de" constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, también lo es que cuando carecen de dicha leyenda y únicamente señalan "fecha límite de pago", de ninguna manera puede considerarse como una advertencia de corte o suspensión del servicio, por lo que en este último supuesto no estamos ante la presencia de un acto que haga procedente el juicio de garantías.
-Posición 2-
Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
Para dicho tribunal, aun cuando el aviso-recibo que expide la Comisión Federal de Electricidad carezca expresamente del apercibimiento consistente en el corte del servicio de energía eléctrica, basta que aparezca una fecha límite de pago para estimar que existe una advertencia implícita en ese sentido, por lo que se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 66/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL ‘AVISO-RECIBO’ DE LUZ CONTIENE UN APERCIBIMIENTO IMPLÍCITO, QUE VÁLIDAMENTE PUEDE CONSIDERARSE ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, MAS NO SUSTITUYE AL ‘AVISO PREVIO’ QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA."
CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. Mientras que los Tribunales Colegiados que sustentaron la posición interpretativa 1 consideraron que el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad que contiene la frase "fecha límite de pago" sin que obre la leyenda "corte a partir de", no supone un apercibimiento implícito de corte de energía eléctrica y, por ende, no implica la emisión de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; en cambio, el Tribunal Colegiado de Circuito que hizo valer la posición interpretativa 2 determinó que el aviso-recibo que expide la Comisión Federal de Electricidad con la leyenda "fecha límite de pago" sin que aparezca la frase "corte a partir de", sí es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque supone un apercibimiento implícito de corte del servicio de energía eléctrica.
Por tanto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentra que sí existe la contradicción de tesis denunciada.
El punto de contradicción consiste en determinar si el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad que contiene la frase "fecha límite de pago" sin que obre la leyenda "corte a partir de", constituye o no la emisión de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
Es aplicable la tesis siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (No. de Registro: 166,993. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, tesis P. XLVI/2009, página 68).
QUINTO. El punto de contradicción consiste en determinar si el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad que contiene la frase "fecha límite de pago" sin que obre la leyenda "corte a partir de", constituye o no la emisión de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
Para resolver el punto de contradicción de tesis es indispensable definir si la actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa interpretando o no que la Comisión Federal de Electricidad es autoridad para los efectos del juicio de amparo tratándose del "aviso recibo" que expide por concepto del suministro de energía eléctrica, máxime que constituye la premisa central de los pronunciamientos de todos los Tribunales Colegiados contendientes.
Una nueva reflexión lleva a esta Segunda Sala a apartarse de dicha interpretación, por existir razones objetivas para establecer un criterio distinto, de conformidad con las siguientes consideraciones:
I. Concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
El artículo 11 de la Ley de Amparo define el concepto de autoridad responsable, de la siguiente manera:
"Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."
Conforme al numeral transcrito, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Como se observa, el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de la procedencia de dicho juicio.
En esas condiciones, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República.
Uno de los criterios sostenidos por este Alto Tribunal definieron el concepto de "autoridad para efectos del amparo" de la siguiente manera:
"AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término ‘autoridades’ para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, tesis 300, página 519).
En tal sentido, el Máximo Tribunal del País interpretó, en un principio, que los actos de autoridad para efectos del amparo son aquellos que provienen de entidades de la administración pública que tienen como característica la imperatividad, la unilateralidad, la coercitividad y que pueden disponer de la fuerza pública.
A partir de esas ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo los siguientes criterios:
"AUTORIDADES. QUIÉNES LO SON. El término ‘autoridades’ para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen." (No. de Registro: 395,059. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte HO, tesis 1103, página 763).
"AUTORIDAD, CARÁCTER DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. En derecho público, se entiende por autoridad, a un órgano del Estado, investido legalmente de la facultad de decisión y del poder de mando necesario para imponer a los particulares sus propias determinaciones, o las que emanen de algún otro órgano del mismo Estado; pero tratándose del juicio de amparo, no debe examinarse este concepto con el criterio antes expresado, en cuanto deba exigirse la atribución legal de las facultades correspondientes como indispensables para que un funcionario, agente o empleado, pueda ser considerado como autoridad, ya que de tenerse como necesaria esta circunstancia, se llegaría a la conclusión absurda de que el amparo no procede cuando un órgano del Estado obra fuera de su competencia legal, en perjuicio de los particulares, siendo, estos casos, indudablemente, los que requieren más frecuentemente, y con más imperiosa necesidad, la intervención de la justicia federal. Así lo ha entendido la Suprema Corte en la ejecutoria dictada en el amparo del Sr. Marcolfo F. Torres, en la que textualmente se dice: ‘En efecto, al decir la Constitución General de la República, que el amparo procede por leyes o actos de autoridades que violen las garantías individuales, no significa, en manera alguna, que por autoridades deba entenderse, para los efectos del amparo, única y exclusivamente aquellas que estén establecidas con arreglo a las leyes, y que, en el caso especial de que se trate, hayan obrado dentro de la esfera legal de sus atribuciones, al ejecutar los actos que se reputan violatorios de garantías individuales. Lejos de eso, el señor Vallarta y otros tratadistas mexicanos de derecho constitucional, sostienen que el término «autoridad», para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen; ....’. Encontrándose que el criterio que debe servir de norma para definir en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse a la naturaleza misma de esos actos, los que pueden ser, según la doctrina antes expresada, una resolución que afecte a los particulares o actos de ejecución, con esa misma característica, provenientes, unos y otros, de órganos del Estado, dentro o fuera de las órbitas de sus atribuciones legales, debe concluirse que, independientemente de que, en términos generales, determinada oficina o dependencia del Ejecutivo, tenga, o no, el carácter de autoridad, en los términos de las leyes que regulen esa dependencia oficial, debe atenderse, en el caso de que se trate, a precisar si el acto se considera una decisión y la amenaza de la ejecución correspondiente, y si así fuere, debe considerarse que tiene el carácter de acto de autoridad, para los efectos del amparo, pues por ejemplo, la declaración administrativa de la caducidad de un contrato, es un acto típico de autoridad, y también lo es el requerimiento que se hace sobre la entrega del local dado en arrendamiento." (No. de Registro: 335,181. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLV, página 5033).
"AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUÁLES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." (No. de Registro: 237,026. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 3, Segunda Parte, página 13).
El análisis de los criterios sostenidos tanto por la doctrina como por la jurisprudencia expresados hasta la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, precisados en párrafos precedentes conducen a determinar que los requisitos del acto de autoridad para efectos del amparo, son los siguientes: 1) que provenga de un órgano de la administración pública; y, 2) que esté revestido de las características de imperatividad, unilateralidad, coercitividad y uso de la fuerza pública.
Sobre estas bases, cabe señalar que el juicio de amparo, al ser un medio de control constitucional de los actos de autoridad, resulta improcedente respecto de actos de particulares, según lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis siguiente:
"ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la Constitución." (No. de Registro: 393,972. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, tesis 16, página 12).
Al respecto, también es necesario puntualizar que existen otros organismos que, si bien dependen de la administración pública centralizada, no realizan actos de autoridad propiamente dichos, ya que dentro de sus atribuciones no existe facultad decisoria alguna, sino que se limitan a emitir meras opiniones, las cuales de ninguna manera se consideran actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, como sucede en muchas ocasiones con los dictámenes que realizan los jurídicos de diversas dependencias; por ejemplo, el caso de la Comisión Agraria Mixta, cuya participación en el procedimiento agrario se reducía a una mera opinión que podría ser o no tomada en consideración. Así se observa en los criterios siguientes:
"DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NO TIENE CARÁCTER DE AUTORIDAD LA. La Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es una dependencia destinada a desahogar las consultas que le formulen las demás dependencias de la secretaría, y no a dictar resoluciones, sino a emitir dictámenes, y dar su opinión sobre las cuestiones de carácter legal que se sometan a su estudio, por lo que los dictámenes que producen, no pueden considerarse como acto de autoridad, y por lo mismo, no son reclamables en el juicio de garantías. Ahora bien, si se señaló a dicha dirección como autoridad responsable, por haber emitido dictamen en el sentido de que es improcedente la devolución de las cantidades reclamadas por el quejoso, debe sobreseerse el amparo, de acuerdo con el criterio que dice: ‘Los departamentos jurídicos dependientes de las secretarías de Estado, no tienen el carácter de autoridad, por ser órganos de consulta y porque sus dictámenes y actos carecen de imperio, característica de los actos provenientes de autoridad.’." (No. de Registro: 324,439. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXVII, página 1504).
"DEPARTAMENTOS JURÍDICOS CONSULTIVOS, FACULTADES DE LOS. Los departamentos jurídicos consultivos carecen de facultades para resolver y decidir los asuntos de la incumbencia de las Secretarías de Estado a que pertenecen; son órganos de consulta que opinan acerca de los asuntos que se someten a su consideración, sin tener capacidad para decidir y resolver sobre ellos. De acuerdo con lo anterior, si se reclama la invalidación del reconocimiento de un título profesional, expedido en el extranjero, y no se señala en la demanda de amparo como autoridad responsable al secretario de educación pública, funcionario a quien corresponda la atribución de revisar estos títulos, sino que sólo se señala al jefe del departamento jurídico y de la revalidación de estudios de la propia secretaría de Estado, el amparo debe ser sobreseído." (No. de Registro: 330,114. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXI, página 3806).
Con respecto a los organismos descentralizados, en un principio, el Máximo Tribunal del país estimó que si bien formaban parte de la administración pública conforme al artículo 90 de la Constitución, lo cierto es que no actúan en representación del Estado, sino que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de que las actividades que tienen encomendadas no constituyen relaciones de supra a subordinación, por lo cual no se les reconoció el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, al considerarse órganos sin facultades decisorias ni disposición de fuerza pública, según se advierte de la tesis siguiente:
"COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra creada por acuerdo presidencial de fecha 7 de agosto de 1973 y reestructurada en posterior decreto de 6 de noviembre de 1974, es una institución técnica cuya función es emitir opiniones tendientes a regular la correcta planeación de los asentamientos humanos, pero no es un organismo público descentralizado que cuente con facultades decisorias que impliquen la afectación de la esfera jurídica de los particulares y tampoco tiene facultades para disponer de la fuerza pública; en virtud de lo cual, no puede ser considerada como autoridad para los efectos del juicio de amparo." (No. de Registro: 237,460. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 58).
Sin embargo, dicho criterio tuvo matices; algunos Tribunales Colegiados reconocieron que los organismos públicos descentralizados eventualmente pueden emitir actos de autoridad cuando, por ejemplo, privan de derechos agrarios posesorios a un solicitante de regularización del lote que posee en el ejido expropiado; es decir, cuando como ejecutora del decreto expropiatorio queda facultada para decidir la lotificación, titulación y los pagos e indemnización correspondientes; supuesto en el que se otorgó a aquéllos el carácter de "autoridad de facto", lo que se advierte de los criterios siguientes:
"COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. AUTORIDADES DE FACTO. Cuando la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra priva de sus derechos posesorios a un solicitante de regularización del lote que posee en el ejido expropiado, y dicha comisión decide donar ese terreno al Departamento del Distrito Federal, sin acudir a los tribunales previamente establecidos para proceder a la privación de derechos posesorios y para privar a la persona afectada de sus derechos posibles a la regularización sin decidir previamente sobre la que se le solicitó, y si lógica y razonablemente esa decisión unilateral de Corett será coercitivamente impuesta a la persona afectada, sin el concurso de su voluntad, y aunque esto tenga que hacerse acudiendo para la ejecución forzada a otros órganos de autoridad, es manifiesto que dicho organismo descentralizado está actuando como una autoridad de facto para los efectos del amparo, y que sus dirigentes están sujetos al control de autoridades superiores que pueden obligarlos a acatar un fallo constitucional, por lo que el amparo es procedente contra tal organismo en términos del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal. Otro modo, de entender las cosas haría del amparo un simple motivo de orgullo académico ornamental, permitiría que en la actual complejidad de la actuación administrativa gubernamental al través de organismos descentralizados y fideicomisos, las funciones de gobierno (y obviamente es función gubernamental el regularizar tierras expropiadas a ejidos que han sido absorbidos por el urbanismo) pudieran venir a ser realizadas por las autoridades administrativas, a trasmano, sin control constitucional y con posibilidad de hacerlo con violación de garantías individuales, lo que es inadmisible en un estado de Derecho." (No. de Registro: 250,795. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 145-150, Sexta Parte, página 74).
"COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT). CASO EN QUE SÍ FUNGE COMO AUTORIDAD. Cuando Corett recibe el beneficio de la expropiación, con el fin preciso de regularizar la tenencia de la tierra y queda facultada para lotificar y titular predios en favor de los ocupantes y aun de terceros, en realidad es la ejecutora del decreto expropiatorio, pues queda facultada para decidir la lotificación, titulación y pago de indemnizaciones. Por ello funge como autoridad y tiene el carácter de responsable, en el amparo contra el acto consistente en transmitir a un tercero la propiedad del terreno que ocupa el quejoso, dentro de lo expropiado." (No. de Registro: 231,110. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, página 171).
Otro ejemplo de que los organismos públicos descentralizados pueden emitir actos de autoridad fue el relacionado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando el legislador le otorgó la facultad de cobrar las cuotas obrero-patronales a través del procedimiento económico coactivo, reconociéndole, para esos efectos, el carácter de organismo fiscal autónomo, como se aprecia en la siguiente tesis jurisprudencial:
"SEGURO SOCIAL, EL INSTITUTO MEXICANO DEL, ES AUTORIDAD. A partir de la reforma del artículo 135 de la Ley del Seguro Social que establece la facultad del Instituto del Seguro Social para determinar el monto de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22423-c353b146/comision-federal-de-electricidad-el-aviso-recibo-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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