MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN OBLIGADOS A ALLEGARSE PRUEBAS NO OFRECIDAS POR LAS PARTES NI A ORDENAR EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE APORTADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON LAS QUE EVENTUALMENTE AQUÉL PUDIERA ACREDITAR LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN DEDUCIDAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 360/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: FAUSTO GORBEA ORTIZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que los criterios que se tildan de discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. Debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:
"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el cual emitió uno de los criterios en posible discrepancia.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, es necesario hacer referencia a las consideraciones de las ejecutorias relacionadas con el presente asunto.
El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en la ejecutoria emitida dentro del juicio de amparo directo **********, en lo que es de interés a la presente denuncia de contradicción, señaló:
"CUARTO. A juicio de este órgano de control constitucional, los anteriores conceptos de violación formulados por la quejosa, resultan infundados, conforme a las siguientes consideraciones. ‘Del expediente fiscal anexo, se desprende que la actora aquí quejosa **********, por su propio derecho, por escrito de (17) diecisiete de septiembre de (2008) dos mil ocho, presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, del que por razón de turno correspondió conocer a la segunda de ellas, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número **********, emitido por la delegación estatal en Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio de la cual le otorgó su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios prestados, con una cuota diaria de **********, a partir del (16) dieciséis de junio de (2007) dos mil siete, pues estimó que el monto correspondiente de esa cuota no era correcto dado que le faltó integrar una prestación denominada «compensación garantizada». El Magistrado instructor de la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del referido tribunal federal, por auto de (19) diecinueve de septiembre de (2008) dos mil ocho, admitió a trámite la demanda de nulidad relativa y ordenó emplazar a las autoridades demandadas delegación estatal en Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y área central de prestaciones económicas del referido instituto, en México, Distrito Federal, a fin de que contestaran la reclamación formulada en su contra, cuestión que realizaron por oficio de (25) veinticinco de noviembre de (2008) dos mil ocho, recibido por la Sala responsable del (08) ocho de enero del año en curso, mediante la cual hicieron valer una causa de improcedencia y sobreseimiento y negaron acción y derecho a la parte actora, al estimar que la resolución impugnada había sido pronunciada conforme a derecho, teniéndose por contestada la demanda, según auto de (09) nueve de enero de (2009) dos mil nueve, de suerte que, colmados los trámites de ley, el (26) veintiséis de febrero de (2009) dos mil nueve, la Sala Fiscal responsable pronunció la sentencia que hoy constituye el acto reclamado, mediante la cual reconoció la validez de la resolución impugnada, conforme a las razones y fundamentos que expuso en el considerando cuarto que se reflejó en los resolutivos segundo y tercero de la sentencia en cuestión, motivo por el cual, la parte actora promovió la presente demanda de garantías, que se procede a examinar a la luz de los conceptos de violación propuestos ...’. Precisado lo anterior, por cuestión de método, se procede a examinar, en primer término, lo aducido por la inconforme, en el sentido de que el Magistrado instructor de la Sala responsable debió solicitarle la presentación de todos los recibos quincenales de sueldo, correspondientes al periodo comprendido del (16) dieciséis de junio de (2006) dos mil seis, al (15) quince de junio de (2007) dos mil siete. Lo expuesto es infundado, toda vez que en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no existe precepto legal que imponga como obligación al Magistrado instructor, la de requerir a la parte actora para que exhiba las pruebas con las que eventualmente pudiera demostrar la acción deducida, antes bien, en lo que aquí interesa, el artículo 14, fracción V, de la invocada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que la demanda de nulidad deberá indicar las pruebas que ofrezca la parte actora, y en caso de que ofrezca pruebas documentales, podrá ofrecer también el expediente administrativo en que se hubiese dictado la resolución impugnada, entendiéndose por expediente administrativo el que contenga toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución de mérito; dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y a la resolución impugnada; en el entendido de que el precepto legal y fracción mencionados, establecen que la remisión del expediente administrativo no incluirá las documentales privadas de la parte actora, salvo que las especifique como ofrecidas, de lo que se sigue que, el Magistrado instructor no tenía porqué requerirla para que ofreciera las pruebas documentales a que se refiere la quejosa en el concepto de violación que se analiza. Tanto más cuando el primer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que en los juicios que se tramiten en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado deberá probar sus excepciones; estimar lo contrario, sería tanto como alterar los principios de equidad procesal y de estricto derecho que imperan en el juicio contencioso administrativo, otorgándole indebidamente una prerrogativa a quien, por descuido o por alguna otra circunstancia, no ofreció las pruebas para demostrar su pretensión. Sobre el particular, tiene aplicación en lo conducente y sustancial, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que se comparte, publicada en la página (2498) dos mil cuatrocientos noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de (2005) dos mil cinco, que a la letra dice: ‘SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN OBLIGADAS A REQUERIR EL OFRECIMIENTO DE LAS PRUEBAS EXHIBIDAS DEFICIENTEMENTE.’ (se transcribió). Sin que obste para resolver en la forma en que se hace, el hecho de que el diverso numeral 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en lo que aquí interesa, disponga que el Magistrado instructor, antes de que se cierre la instrucción, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos; pues, se insiste, a la parte actora le correspondía la carga de aportar los medios de convicción relativos para demostrar los hechos de la acción deducida, pues la facultad con que cuenta para acordar la exhibición de documentos que tengan relación con los hechos controvertidos, es una potestad y no una obligación para el Magistrado instructor; ya que de estimar lo contrario, se llegaría al extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento de las pruebas. Sobre el particular, tiene aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que se comparte, publicada en la página (1550) mil quinientos cincuenta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de (2004) dos mil cuatro, que a la letra dice: ‘DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. LA FACULTAD CON QUE CUENTA EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA ORDENARLAS, NO ENTRAÑA LA OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO PARA ALLEGARSE DE OFICIO LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribió). En ese mismo orden de ideas, a la parte actora ahora quejosa, como expresamente lo reconoce en los conceptos de violación que se analizan, a ella le correspondía demostrar los hechos constitutivos de la acción deducida, por lo que si no lo hizo así, como en la especie acontece, al no haber aportado las documentales consistentes en los recibos de sueldo correspondientes al periodo comprendido del (16) dieciséis de junio de (2006) dos mil seis, al (31) treinta y uno de mayo de (2007) dos mil siete, a fin de demostrar que, en su opinión, el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales del Estado, indebidamente dejó de incluir para la determinación del correcto importe de su pensión, las cifras relativas a sus ingresos quincenales por ‘compensación garantizada’, en el periodo que legalmente corresponde para determinar la pensión de referencia, atento a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que dispone: ‘Artículo 64.’ (se transcribió). Entonces, como bien lo determinó la Sala responsable, la sentencia reclamada no le causa perjuicio alguno, toda vez que del precepto legal antes transcrito, se desprende que para calcular el monto que corresponda por concepto de pensión, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato a la fecha de baja del trabajador o de su fallecimiento, esto es, en el presente caso, del (16) dieciséis de junio de (2006) dos mil seis, al (15) quince de junio de (2007) dos mil siete, sólo que, en la especie, la quejosa únicamente aportó para demostrar su pretensión, copia certificada de un recibo quincenal de sueldo por el periodo del (01) uno al (15) quince de junio de (2007) dos mil siete, de suerte que, la Sala responsable no tuvo para su análisis y valoración los elementos suficientes para constatar la existencia del derecho subjetivo para ser merecedora de que se le incluyera en el monto de su pensión, la prestación denominada ‘compensación garantizada’, pues era necesaria la aportación de todos los recibos de sueldo correspondientes a un año anterior a la baja de la quejosa en la dependencia gubernamental en la que prestó sus servicios personales; consecuentemente, al existir disposición expresa en cuanto a la obligación que tiene la parte actora aquí quejosa de aportar las pruebas relativas que sustenten la acción deducida, entonces, no tiene aplicación la presunción que dice la inconforme deriva de la exhibición del recibo de sueldo, correspondiente al periodo del (01) uno al (15) quince de junio de (2007) dos mil siete, que se ve en la foja (08) ocho del expediente fiscal anexo, además de que ahí aparece la suma de **********; que afirmó la parte actora en su demanda de nulidad haber recibido por concepto de ‘compensación garantizada’, sin embargo, si bien aparece esa suma a la que le antecede una clave marcada con el número 06, no obstante, en el recibo de mérito, no se señala a qué concepto corresponde la referida clave 06 ..."
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar la revisión fiscal ********** de su índice, en lo que es de interés para la solución de esta contradicción de tesis, sostuvo:
"Por otra parte, en relación al argumento en donde se cuestiona que la Sala del conocimiento indebidamente ordenó la reapertura de la instrucción en el juicio, interpretando de manera equivocada la facultad que le confiere el artículo 230 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se estima infundado. En efecto, del análisis del expediente fiscal, se advierte que la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fundamento en los artículos 22, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 209 y 230 del Código Fiscal de la Federación, para mejor proveer, reabrió la instrucción del juicio con el fin de que se tradujera del idioma inglés al español, el certificado de origen, que iba a necesitar estudiar y analizar al momento de resolver. Los artículos en que se apoyó establecen, en lo conducente: ‘Artículo 22. Compete a los presidentes de las secciones de la Sala Superior: ... VI. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios, incluyendo el que reabra la instrucción cuando a juicio de la sección se beneficie la rapidez del proceso ...’. ‘Artículo 209. El demandante deberá adjuntar a su demanda: ... VII. Las pruebas documentales que ofrezca. Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos que fueron considerados en el procedimiento administrativo como conteniendo información confidencial o comercial reservada. La Sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción. Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos, y tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. En ningún caso se requerirá el envío de un expediente administrativo. Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado instructor requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a IV, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones V, VI y VII, las mismas se tendrán por no ofrecidas. Cuando en el documento en el que conste el acto impugnado a que se refiere la fracción III de este artículo, se haga referencia a información confidencial proporcionada por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 64-A y 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el demandante se abstendrá de revelar dicha información. La información confidencial a que se refieren los artículos citados no podrá ponerse a disposición de los autorizados en la demanda para oír y recibir notificaciones, salvo que se trate de los representantes a que se refieren los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este código.’. ‘Artículo 230 ... El Magistrado instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos o para ordenar la práctica de cualquier diligencia.’. Al respecto, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece: ‘Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes.’. Como se advierte del texto transcrito, en dicho precepto legal el legislador facultó al juzgador para valerse de cualquier persona, cosa o documento, para llegar a la verdad legal sin más limitaciones que el que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, pudiendo ordenar la aportación de las pruebas que juzgue indispensables para formar su convicción respecto de la litis que le fue planteada. Con base en los citados preceptos legales se advierte que la actuación de la Primera Sección de la Sala Superior fue apegada a derecho, ya que dichos artículos relacionados con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código Fiscal de la Federación, obligan indiscutiblemente al juzgador para conocer la verdad, a valerse de cualquier persona, cosa o documento, sin más limitación que la prueba esté reconocida por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En efecto, tanto el Código Fiscal de la Federación como el Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 230 y 79, respectivamente, otorgan facultades al juzgador para conocer la verdad real sobre lo procesal, para decidir en justicia, al margen de formulismos y trampas procesales que son denegatorias de justicia y de los valores que consagra la Constitución en sus artículos 14 y 17. En el presente caso, el documento que fue traducido al idioma español (certificado de origen) es una prueba documental privada reconocida tanto por el Código Fiscal de la Federación como por el Código Federal de Procedimientos Civiles (artículo 93, fracción III) que, al tener relación con los hechos controvertidos, era necesaria su traducción, tan es así, que con apoyo en la citada traducción la Sala del conocimiento determinó que los bienes importados a través del pedimento número *********, al ser originarios de Estados Unidos de América, procedía que se les aplicara la tasa preferencial, por lo que declaró la nulidad tanto de la resolución recurrida a través del recurso de revocación, como de la resolución impugnada en el contencioso administrativo respecto al crédito fiscal relacionado con dicho pedimento. A mayor abundamiento, si los numerales en que se apoyó la Sala del conocimiento, le permiten traer pruebas y, entre ellas, documentos no ofrecidos por las partes, por mayoría de razón, puede perfeccionar y allegarse de una traducción de un documento que, en su momento, fue ofrecido como prueba. En esta tesitura, la actuación de la Sala del conocimiento no es contraria a derecho, pues conforme a los artículos antes citados tiene la obligación de allegarse de cualquier persona, cosa o documentos para conocer la verdad, máxime que con apoyo en dicha traducción es que declaró la nulidad de la resolución impugnada ... En las relatadas condiciones, dado que los agravios han resultado ineficaces para destruir las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de revisión fiscal ..."
De la ejecutoria cuyas consideraciones se transcribieron, derivó la tesis aislada I.4o.A.442 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 1755, de rubro: "PRUEBAS. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PUEDE REABRIR EL PROCEDIMIENTO Y ORDENAR LA TRADUCCIÓN DE CONSTANCIAS QUE ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA."
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo ********** de su índice, estableció, en lo conducente:
"QUINTO. En términos de lo previsto en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, en suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, este Tribunal Colegiado advierte que en la emisión de la sentencia reclamada, la autoridad responsable infringió las reglas del procedimiento que se deben observar para el dictado de la sentencia, relativos a la obligación de recabar cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos, previsto en el último párrafo del artículo 230 del Código Fiscal de la Federación, y ello afectó la defensa de la parte actora y trascendió al resultado del fallo, como enseguida se refiere: ... Así pues, para cumplir con el principio de congruencia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al decidir los conflictos sometidos (sic) a su jurisdicción, está constreñido (sic) en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 230 del Código Fiscal de la Federación, cuando así sea necesario, a acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos. Dicha obligación tiene sustento en el artículo 230, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que literalmente dice: ‘Artículo 230. ... El Magistrado instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos o para ordenar la práctica de cualquier diligencia.’. De lo anterior se desprende que el Magistrado instructor a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada dentro del juicio de nulidad, para mejor proveer debe allegarse de los elementos necesarios para hacerlo, pudiendo ordenar que se recaben pruebas y se practiquen diligencias de manera oficiosa, siempre y cuando las mismas tengan una relación estrecha con la litis y sean necesarias para resolver la pretensión del actor. Esto es así, pues el término ‘podrá’ utilizado en dicho precepto no debe entenderse en el sentido de que el legislador otorgó a la autoridad administrativa una facultad discrecional ‘ad libitum’, a voluntad libre de recabar o no las pruebas necesarias al momento de resolver un asunto cuando las partes no la hubieren ofrecido; sino como una atribución o potestad que lo faculta legalmente para proceder en la forma prevista en esa disposición en los casos que la misma prevé, dado que el alcance de la norma no radica en el significado puramente gramatical que se le asigna al término aludido, sino al resultado que se obtiene del examen relacionado de las disposiciones fiscales y a la naturaleza de las facultades acotadas constitucionalmente a las autoridades, de fundar y motivar debidamente todo acto que de ellas emane. En esta tesitura, si en relación estrictamente a los hechos controvertidos sometidos a la decisión del Tribunal Fiscal, resulta necesaria la exhibición de cualquier documento o la práctica de cualquier diligencia, tiene la obligación de acordar su exhibición u ordenar su práctica, con la finalidad de que la sentencia que al efecto emita sea de manera completa e imparcial, como lo exige el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera exhaustiva y congruente, como lo regula el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior, de manera alguna implica relevar a las partes de la carga procesal de probar en el juicio sus pretensiones, sino el cumplimiento del Tribunal Fiscal, al imperativo constitucional de impartir justicia administrativa, emitiendo resoluciones de manera completa; lo que solamente puede lograrse cuando dicho órgano jurisdiccional tiene el conocimiento real y completo de los hechos controvertidos, respecto de los cuales habrá de emitir su resolución, de forma tal que a dicho pronunciamiento debe preceder, cuando menos, el conocimiento de los hechos sustento del litigio administrativo. En este orden, si la resolución impugnada de ilegal ante la Sala Fiscal es el resultado de un recurso administrativo, no cabe más que concluir que las constancias existentes en el expediente de ese recurso tienen una relación directa con los hechos controvertidos y la Sala tiene la obligación de acordar su exhibición, si resulta necesario para resolver los conceptos de impugnación o nulidad formulados por las partes en el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, en el caso de las constancias de autos y de las manifestaciones hechas por las partes, se advierte que en fecha diez de julio de dos mil uno, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalupe, practicó un embargo precautorio a bienes del contribuyente **********, afectando, entre otros bienes, los siguientes vehículos: 1. **********. 2. ********** del servicio público federal (fojas 23 a 30). Inconforme con el embargo de dichos vehículos, **********, quien se ostentó como propietario de éstos, por conducto de su apoderado ***********, presentó recurso de revocación en contra del acta de embargo precautorio (fojas 35 a 37). En fecha cuatro de septiembre de dos mil uno, la autoridad fiscal resolvió el recurso de revocación en el que confirmó el embargo precautorio, por estimar que ***********, no había acreditado la propiedad de los vehículos embargados. En contra de la anterior determinación el inconforme presentó demanda de nulidad de la que conoció la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente **********, en la cual en fecha veinte de agosto de dos mil dos, declaró la nulidad de la resolución impugnada por estimar que la autoridad fiscal había realizado una indebida valoración de las pruebas ofrecidas por el actor en la instancia administrativa. Al dar cumplimiento a la sentencia de mérito, la autoridad fiscal emitió el oficio **********, en el que resolvió confirmar el embargo precautorio, al estimar que de las pruebas aportadas por el actor no se acreditaba la propiedad de los vehículos embargados. En la parte conducente dice: ‘XII. De la copia notariada del título de propiedad número **********, en idioma inglés que ampara el vehículo **********, en la especie no acredita la propiedad del vehículo consignado en el referido título, en virtud de que no aparece a nombre de ***********, así como tampoco se desprende que el mismo estuviera endosado legalmente a la referida persona, por lo cual, se acredita la propiedad a favor de la persona consignada en la misma, siendo ésta **********.’. ‘En efecto, no obstante que se allega el título de propiedad del vehículo con número de serie ***********, el mismo no ampara la propiedad del vehículo de referencia a favor de **********, ni aparece dicho título endosado legalmente en favor de dicha persona, sino que aparece como propietario ***********, razón por lo cual, no se acreditan el dicho del recurrente de mérito en cuestión, a la propiedad que posee del vehículo de trato.’. ‘XII. De la copia notariada del título de propiedad número **********, en idioma inglés que ampara el vehículo ***********, en la especie no acredita la propiedad del vehículo consignado en el referido título, en virtud de que no aparece a nombre de ***********, así como tampoco se desprende que el mismo estuviera endosado legalmente a la referida persona, por lo cual, se acredita la propiedad a favor de la persona consignada en la misma, siendo esta ***********.’. ‘En efecto, no obstante que se allega el título de propiedad del vehículo con número de serie **********, el mismo no ampara la propiedad del vehículo de referencia a favor de **********, ni aparece dicho título endosado legalmente en favor de dicha persona, sino que aparece como propietario *********, razón por lo cual, no se acredita el dicho del recurrente de mérito en cuestión a la propiedad que posee del vehículo de trato.’. ‘XIII. De la copia notariada del poder general para pleitos y cobranzas expedido a favor de *********, expedido por *********, se acredita la personalidad de **********, para actuar en el presente caso a nombre de **********.’. ‘XIV. De la copia notariada de la identificación de **********, se desprende la identificación de *********, con los datos consignados en dicha identificación oficial.’. ‘Luego, de conformidad con la facultad que posee esta unidad administrativa para valorar las pruebas aportadas, y basándose en las mismas para estar en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22135-31272c2a/magistrados-instructores-del-tribunal-federal-de-justicia-fiscal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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