AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SALVO TRATÁNDOSE DE CUESTIONES ELECTORALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 350/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, TODOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: FERNANDO SILVA GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues se formuló por los Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Posiciones interpretativas de los Tribunales Colegiados de Circuito. Las consideraciones relevantes de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, en síntesis, son las siguientes:
Posición 1.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo ********** y ********** (derecho de petición y libertad de trabajo, en un procedimiento relativo a una concesión de placas de taxi); así como el diverso ********** (derecho a ser votado, en el contexto de una agrupación ciudadana municipal), en sesiones de treinta y uno de mayo, seis de septiembre y treinta de agosto de dos mil siete, respectivamente, consideró que es improcedente el juicio de amparo directo contra las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz dentro del juicio de protección de derechos humanos de dicha entidad federativa, al estimar, en esencia, lo siguiente:
"En este orden de ideas, si como se ha expuesto, el acto reclamado deriva del juicio de protección a los derechos humanos previsto en la Constitución Local de Veracruz, es evidente que el tema de fondo no lo constituye la violación a garantías individuales, sino más bien, de (sic) violación a derechos humanos previstos en la citada Constitución Local; luego, resulta que este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del presente asunto instaurado en contra de una resolución emitida por la indicada Sala constitucional, al fungir como el órgano de control constitucional de la citada entidad federativa, según se desprende de los artículos 56, fracciones I y II, y 64, fracción I, de dicha Constitución, en los que se prevé que el Poder Judicial del Estado tiene como atribuciones garantizar la supremacía y control de la misma, así como proteger y salvaguardar los derechos humanos ‘que el pueblo de Veracruz se reserve’, mediante el juicio de protección correspondiente.
"Debe destacarse que en el caso, no procede enviar la demanda de amparo a un Juez de Distrito, como generalmente sucede ante la incompetencia legal de un Tribunal Colegiado de Circuito, pues como se ha expuesto, en (sic) el presente asunto no deriva tentativamente de la violación a una garantía individual, sino a un derecho humano previsto por la citada Constitución Local, por lo que tampoco se surte la competencia de un Juez de Distrito.
"Además, la presente sentencia, lejos de implicar una denegación de administración de justicia, constituye el reconocimiento y respeto a la autonomía de la Sala Constitucional mencionada, para realizar sus funciones como órgano encargado del control de la constitucionalidad local, específicamente en materia del juicio de protección a derechos humanos citado; ello aunado a que de proceder el juicio de amparo contra resoluciones dictadas por dicha Sala Constitucional, sería hacer nugatorio el principio de autonomía que tiene en dicho ámbito."
Dichos asuntos dieron lugar a la tesis siguiente:
"SENTENCIAS DICTADAS POR LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS TRIBUNALES DE AMPARO CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR AQUÉLLA AL RESOLVER EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado jurisprudencialmente que en el Estado mexicano existen cinco órdenes jurídicos, a saber: el constitucional, el federal, el local o estatal, el del Distrito Federal y el municipal. En cuanto al ámbito estatal se ha desarrollado un fenómeno singular en algunas entidades federativas, como Veracruz, en el sentido de que cuentan con una Sala Constitucional encargada exclusivamente del control de la constitucionalidad local; a ese orden jurídico estatal se le ha denominado teóricamente: Constitucionalismo local. Así, entre los diversos mecanismos jurídicos de control constitucional local en el Estado de Veracruz se encuentra el juicio de protección de derechos humanos, regulado en los artículos 4, 56, fracciones I y II, y 64, fracción I, de su Constitución Política; preceptos que han sido interpretados por el citado Tribunal Pleno en el sentido de que la competencia que la Constitución Local otorga a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de dicho Estado se circunscribe a conocer y resolver el mencionado juicio de protección de derechos humanos, pero únicamente por cuanto hace a la salvaguarda de los previstos en la Constitución Local. Derivado de esa premisa, estableció una diferencia sustancial entre aquel juicio y el de amparo, consistente en que el primero se limita sólo a proteger derechos humanos que la Constitución de la entidad federativa reserva a sus gobernados, mientras que el juicio de amparo, tutelado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende la protección de garantías individuales establecidas en el Pacto Federal. Acorde con lo anterior, en las sentencias dictadas por la Sala Constitucional mencionada al conocer del juicio de protección de derechos humanos, el tema de fondo no lo constituye la violación a garantías individuales, sino la relacionada con los derechos humanos previstos en la citada Constitución Local; por ende, los tribunales de amparo carecen de competencia para conocer de la impugnación de dichas sentencias, sin que ello implique una denegación de justicia, pues se trata del reconocimiento y respeto a la autonomía de la Sala Constitucional mencionada para realizar sus funciones como órgano encargado del control de la constitucionalidad local, específicamente en materia de violación a derechos humanos." (No. de Registro: 170900. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, noviembre de 2007, tesis VII.2o.A.22 K, página 762).
Posición 2.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver el amparo directo **********; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito al fallar el amparo directo **********; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al emitir la sentencia en el amparo directo **********; y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región al resolver el amparo directo ********** (todos ellos sobre el derecho de petición y la libertad de trabajo en un procedimiento relativo a una concesión de placas de taxi, principalmente), resueltos en sesiones de fechas veintisiete de abril de dos mil siete, doce de julio y veinte de abril de ese mismo año, y diecinueve de febrero de dos mil diez, respectivamente, estimaron que es procedente el juicio de amparo directo presentado en contra de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz dentro del juicio de protección de derechos humanos de dicha entidad federativa.
CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. En la especie, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito (posición 1) estimó que resulta improcedente el juicio de amparo directo contra las sentencias emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz dentro del juicio de protección de derechos humanos; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, todos del Séptimo Circuito, así como el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región (posición 2) consideraron que es procedente el juicio de amparo directo contra las sentencias emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz dentro del juicio de protección de derechos humanos.
Por tanto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentra que sí existe la contradicción de tesis denunciada.
No es óbice a lo anterior, el hecho de que los juicios de amparo que fueron del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito (posición 1) hayan versado sobre las materias administrativa; y que los juicios de amparo directo del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, todos del Séptimo Circuito (posición 2) hayan versado únicamente sobre la materia administrativa; toda vez que la improcedencia legal sostenida por el tribunal mencionado en primer término, abarca cualquier materia, por estar sustentada en argumentos relacionados con la autonomía que la Norma Suprema concede a los órdenes jurídicos locales, sin referirse a algún ámbito material específico (electoral, administrativo, penal, civil, laboral, etcétera).
Es aplicable la tesis siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (No. de Registro: 166993. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, tesis P. XLVI/2009, página 68).
El punto de contradicción consiste en determinar si es procedente o improcedente el juicio de amparo directo presentado por los gobernados en contra de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en materia de protección de derechos humanos.
QUINTO. Estudio de fondo. El criterio que debe prevalecer como jurisprudencia es el que sustenta este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con las siguientes consideraciones:
I. Breve referencia al sistema de regularidad constitucional del Estado de Veracruz y estatus de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia.
Los artículos 56, 64, 65 y 66 de la Constitución del Estado de Veracruz prevén:
"Artículo 56. El Poder Judicial del Estado tendrá las siguientes atribuciones:
"I. Garantizar la supremacía y control de esta Constitución mediante su interpretación y anular las leyes o decretos contrarios a ella;
"II. Proteger y salvaguardar los derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, mediante el juicio de protección correspondiente. ..."
"Artículo 64. Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en las fracciones I y II del artículo 56 de esta Constitución, el Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional, integrada por tres Magistrados, que tendrá competencia para:
"I. Conocer y resolver, en los términos de la ley respectiva, del juicio de protección de derechos humanos, por actos o normas de carácter general que conculquen derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, provenientes de: ..."
"Artículo 65. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocerá, en los términos que establezca la ley, de los asuntos siguientes.
"I. De las controversias constitucionales que surjan entre:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes o decretos que se consideren contrarios a esta Constitución, y que se ejerciten dentro de los treinta días siguientes a su promulgación y publicación por:
"...
"III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso no ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución, que interponga: ..."
"Artículo 66. Para garantizar que los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de legalidad, se establecerá un sistema de medios de impugnación de los cuales conocerán, en los términos que señala la ley, el Instituto Electoral Veracruzano y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.
"El Tribunal Electoral, será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y el órgano especializado del Poder Judicial del Estado, y contará con las atribuciones que le señale la ley.
"Para el ejercicio de sus atribuciones, el tribunal funcionará de manera permanente; se integrará con tres Magistrados que serán nombrados por las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y para su designación deberán cubrir los requisitos previstos en esta Constitución y la ley; contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su funcionamiento.
"El sistema de medios de impugnación dará definitividad a las distintas etapas en los procesos electorales, de plebiscito o referendo, de agentes y subagentes municipales; y garantizará los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de libre asociación ..."
Asimismo, el artículo 22 de la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado de Veracruz prevé:
"Artículo 22. Son competentes para conocer del juicio:
"...
"II. La Sala Constitucional es competente para dictar la sentencia definitiva y en ella resolver los incidentes que pudieran surgir, distintos a los mencionados en la fracción anterior."
En términos generales, de los preceptos anteriormente transcritos se desprende que el sistema de control de la regularidad constitucional del Estado de Veracruz se despliega por los órganos y a través de las facultades siguientes:
1. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz: Es competente para resolver las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad por omisión, mediante lo cual garantiza el principio de supremacía de la Constitución Local.
2. Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz: Se encarga de garantizar la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Local, a través del juicio de protección de derechos humanos.
3. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz: Es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y el órgano especializado del Poder Judicial del Estado, se encarga de garantizar que los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de legalidad, y debe también garantizar los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de libre asociación.
Este Alto Tribunal observa que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz es competente para resolver el juicio de protección de derechos humanos, por lo que se encarga de garantizar la eficacia de tales normas y, consecuentemente, la supremacía de la Constitución Local en dicha entidad federativa, lo que le otorga el estatus de Tribunal Constitucional Local en el ejercicio de dichas facultades, el cual, además, forma parte del Poder Judicial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 64 de la Constitución del Estado de Veracruz
Ahora, ¿qué derechos se tutelan a través del juicio de protección de derechos humanos por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz?
Los artículos 1 y 2, incisos i) y j), de la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado de Veracruz prevén:
"Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los artículos 56, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y tiene por objeto salvaguardar y, en su caso, reparar, mediante el juicio de protección, los derechos reconocidos u otorgados por dicha Constitución, así como los que se reserve el pueblo veracruzano en ejercicio de su autonomía política."
"Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
"...
"i) Derechos humanos garantizados expresamente en la Constitución, los reconocidos en sus artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15; y
"j) Derechos humanos que se reserva el pueblo de Veracruz, los que reconozca el Congreso del Estado en las leyes que apruebe y estén en vigor."
De dichos preceptos legales se desprende que a través del juicio de protección de derechos humanos se tutelan aquellos derechos garantizados en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15 de la Constitución Local, así como los que "reconozca el Congreso del Estado en las leyes que apruebe y estén en vigor".
Los derechos humanos reconocidos en la Constitución Local, enumerados en los artículos 4 a 10 y 15 de dicho ordenamiento son los siguientes:
"Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley.
"La libertad del hombre y la mujer no tiene más límite que la prohibición de la ley; por tanto, toda persona tiene el deber de acatar los ordenamientos expedidos por autoridad competente. Las autoridades sólo tienen las atribuciones concedidas expresamente por la ley.
"Los habitantes del Estado gozarán de todas las garantías y libertades consagradas en la Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen; así como aquellos que reconozca el Poder Judicial del Estado, sin distinción alguna de origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social.
"Las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber de generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos que establece esta Constitución; así como proteger los que se reserve el pueblo de Veracruz mediante el juicio de protección de derechos humanos. La violación de los mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en términos de ley.
"Está prohibida la pena de muerte."
"Artículo 5. El Estado tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley promoverá y protegerá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de organización social; y garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres en los términos que establezca la ley.
"Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación dentro del marco constitucional. La expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades indígenas en los términos establecidos por la ley.
"En la regulación y solución de sus conflictos internos, deberán aplicar sus propios sistemas normativos, con sujeción a los principios generales de esta Constitución, respecto a las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
"Las comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, de modo que se garantice la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía del Estado.
"El uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las comunidades indígenas se realizará de acuerdo con las formas y modalidades de propiedad previstas por la Constitución Federal.
"El Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán el derecho de las comunidades indígenas a promover su desarrollo equitativo y sustentable; y a una educación laica, obligatoria, bilingüe y pluricultural. Asimismo, en los términos previstos por la ley, impulsarán el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la entidad y combatirán toda forma de discriminación."
"Artículo 6. Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias para el pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las personas; asimismo, garantizarán el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la personalidad.
"La ley garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los mismos derechos y obligaciones que el varón en la vida política, social, económica y cultural del Estado. Asimismo, promoverá que la igualdad entre hombres y mujeres se regule también en las denominaciones correspondientes a los cargos públicos.
"Los habitantes del Estado gozarán del derecho a la información. La ley establecerá los requisitos que determinarán la publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados y el procedimiento para obtenerla, así como la acción para corregir o proteger la información confidencial. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley."
"Artículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los Municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles.
"La ley regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido afirmativo."
"Artículo 8. Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un ambiente saludable y equilibrado. Las autoridades desarrollarán planes y programas destinados a la preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como para la prevención y combate a la contaminación ambiental.
"Las personas serán igualmente responsables en la preservación, restauración, y equilibrio del ambiente, disponiendo para tal efecto del ejercicio de la acción popular ante la autoridad competente, para que atienda la problemática relativa a esta materia."
"Artículo 9. La propiedad y la posesión tendrán las modalidades y limitaciones señaladas por la Constitución Federal y la ley."
"Artículo 10. Todas las personas tienen derecho a recibir educación. El Estado y los Municipios la impartirán en forma gratuita. La educación preescolar, primaria y secundaria son obligatorias.
"El sistema educativo de Veracruz se integra por las instituciones del Estado, de los Municipios o sus entidades descentralizadas, la Universidad Veracruzana y los particulares que impartan educación, en los términos que fije la ley.
"La educación será organizada y garantizada por el Estado como un proceso integral y permanente, articulado en sus diversos ciclos, de acuerdo a las siguientes bases:
"a) El sistema educativo será laico;
"b) Impulsará la educación en todos sus niveles y modalidades, y establecerá la coordinación necesaria con las autoridades federales en la materia;
"c) Fomentará el conocimiento de la lengua nacional y la investigación de la geografía, historia y cultura de Veracruz, así como su papel en el desarrollo de la nación mexicana y en el contexto internacional;
"d) Desarrollará y promoverá el enriquecimiento, conservación y difusión de los bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, científico y cultural;
"e) La educación superior y tecnológica tendrá como finalidades crear, conservar y transmitir la cultura y la ciencia, respetará las libertades de cátedra y de investigación, de libre examen y de discusión de las ideas, y procurará su vinculación con el sector productivo;
"f) Cuidará que la educación de los pueblos indígenas se imparta en forma bilingüe, con respeto a sus tradiciones, usos y costumbres, e incorporará contenidos acerca de su etnohistoria y cosmovisión;
"g) Promoverá los valores familiares y sociales que tiendan a la solidaridad humana, la preservación de la naturaleza y los centros urbanos y el respeto a la ley;
"h) Llevará a cabo el establecimiento y desarrollo de programas especiales para una mejor integración a la sociedad de los miembros de la tercera edad y de los discapacitados; e
"i) Propiciará la participación social en materia educativa, para el fortalecimiento y desarrollo del sistema de educación público en todos sus niveles.
"La universidad veracruzana es una institución autónoma de educación superior. Conforme a la ley: tendrá la facultad de autogobernarse, expedir su reglamentación, y nombrar a sus autoridades; realizará sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de investigación, de libre examen y discusión de las ideas; determinará sus planes y programas; fijará los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrará libremente su patrimonio, que se integrará con las aportaciones federales y estatales, la transmisión de bienes y derechos de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras los recursos generados por los servicios que preste, así como por los demás que señale su ley.
"Los bienes inmuebles de la universidad destinados a la prestación del servicio público educativo estarán exentos del pago de contribuciones locales y municipales."
"Artículo 15. Son derechos de los ciudadanos:
"I. Votar y ser votado en las eleccion
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22637-4deac94d/amparo-directo-procede-contra-las-sentencias-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN OBLIGADOS A ALLEGARSE PRUEBAS NO OFRECIDAS POR LAS PARTES NI A ORDENAR EL PERFECCIONAMIE (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICIT (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PAGO O GESTIÓN DE COBRO. NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA F (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- COPIA CERTIFICADA DEL RECIBO DE DEPÓSITO (ACUSE) DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, EXPEDIDA POR LOS ADMINISTRADORES GENERALES O LOS ADMINISTRADORES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL DEL SERV (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TESIS, CONTRADICCION DE. NO COMPETE RESOLVERLA AL TRIBUNAL COLEGIADO. (s/clave)
- RESOLUCIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. EL HECHO DE QUE SE HAYA DADO A CONOCER EN ESE MEDIO EN FORMA INCOMPLETA, NO IMPLICA QUE CAREZCA DE EFECTOS JURÍDICOS, NI (I.13o.A.20 K )
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. DEBE CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis