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Modo: Corpus Pro

NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PAGO O GESTIÓN DE COBRO. NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 353/2009. · Registro digital (IUS): 21941
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, , Pág. 548.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 353/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual emitió uno de los criterios que se estima en oposición.

TERCERO. Para determinar si existe la contradicción de tesis, es preciso conocer las ejecutorias que emitieron los órganos colegiados en cuestión.

El Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el trece de febrero de dos mil siete, el amparo directo administrativo **********, determinó en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. El transcrito concepto de violación es sustancialmente fundado, en atención a las siguientes consideraciones: Previamente al examen de los motivos de inconformidad, es necesario relatar sucintamente los antecedentes de la sentencia reclamada, que son a saber: La hoy quejosa promovió juicio contencioso administrativo, en el que demandó la declaración de ilegalidad de la resolución emitida por el administrador local jurídico en Piedras Negras, Coahuila, contenida en el oficio ********** de fecha diez de marzo de dos mil cinco, que resolvió como infundado el recurso de revocación que interpuso aquélla en contra de la diligencia de remoción de depositario y ampliación de embargo de ocho de febrero del mismo año y se le niega la prescripción del respectivo crédito. En la demanda, la actora, entre otras cosas, manifestó: ‘niega de manera lisa y llana que se haya realizado la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha 29 de febrero de 2000 que dice la autoridad (en la resolución controvertida) ... se practicó a mi representada.’. El precisado juicio se radicó en la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa bajo el expediente **********. En la contestación de la demanda (fojas 96 a 102 del juicio natural) se ofreció, entre otras: ‘copia certificada del acta de requerimiento de pago diligenciada el día 29 de febrero de 2000 ...’, y se exhibió esa documental (fojas 112 y 113 del propio juicio). En ese orden, la actora amplió su demanda inicial (fojas 191 a 198 del juicio natural), en la que refutó la legalidad de esa diligencia de veintinueve de febrero de dos mil, porque, entre otros motivos, viola lo dispuesto por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, dado que no se circunstanció el citatorio que le precedió y, por ello, tal notificación no interrumpió el plazo de la prescripción, pues, puntualizó: ‘para que la prescripción se interrumpa debe ser una gestión hecha del conocimiento del deudor ... entonces debe tenerse como fecha de conocimiento de la misma, la fecha en que se hizo del conocimiento la pretendida notificación que fue el día en que se le corrió traslado de la misma ...’, y la autoridad produjo su respectiva contestación (fojas 230 a 237 del propio juicio). El veintiséis de mayo de dos mil seis, la Sala dictó sentencia (fojas 244 a 253) en la que reconoció la validez de la resolución impugnada, al considerar, entre otros aspectos, la legalidad de la notificación aludida y, por tanto, que el referido crédito no prescribió. En contra de esa sentencia -como ya se dijo- la actora promovió el diverso juicio de amparo directo tramitado por este Tribunal Colegiado bajo el número estadístico **********, en el que se emitió ejecutoria el veintiocho de septiembre de dos mil seis, concediéndose la protección solicitada, al estimarse que ‘si en la cita de espera de fecha veintiocho de febrero de dos mil (foja 112), que le precedió al «requerimiento del 29 de febrero de 2000», el notificador no señaló que requirió la presencia del contribuyente o de su representante y, por tanto, «no se circunstanció a quién le requirió su presencia», como lo destaca la Sala responsable, entonces es evidente que dicha actuación no se encuentra debidamente circunstanciada, por lo que no puede producir ningún efecto legal, pues éste constituye uno de los requisitos mínimos que debe observar para que tenga eficacia su actuación ... .’. En vista de lo anterior, se estimó: ‘la notificación a que se contrae la precisada diligencia practicada el veintinueve de febrero de dos mil resulta ilegal, pues no se observaron las formalidades que resultan de lo prevenido en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, dado que se entendió con un tercero, sin que le haya precedido cita de espera legalmente practicada y, al no estimarse así en la sentencia reclamada, resulta violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.’. En cumplimiento a ese fallo protector, la Sala responsable dictó sentencia el cuatro de octubre de dos mil seis (acto reclamado), en la que, por una parte, estimó ilegal la precisada notificación, por lo que ‘no puede producir efecto jurídico’, dado que ‘en el citatorio de espera de fecha 28 de febrero de 2000, previo al requerimiento de 29 del mismo mes y año, que el notificador no indicó expresamente que se haya requerido la presencia del contribuyente o de su representante legal ... .’. No obstante la ilegalidad de la precisada notificación, la Sala sustancialmente consideró: ‘el plazo de la prescripción a que alude el actor fue interrumpido por la gestión de cobro practicada por la autoridad consistente en el requerimiento de pago de fecha 29 de febrero de 2000, previo citatorio de fecha 28 del mismo mes y año, aun cuando se haya determinado su ilegalidad por vicios formales ... .’. Para sustentar lo anterior, la Sala se apoyó en el criterio que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustenta en la jurisprudencia por contradicción de tesis 141/2004, del rubro: ‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA FISCAL. SU PLAZO SE INTERRUMPE CON CADA GESTIÓN DE COBRO, AUN CUANDO SEA DECLARADA SU NULIDAD POR VICIOS FORMALES.’. En ese contexto, al efectuar el cómputo del plazo de la prescripción prevenido en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, en el que consideró que fue interrumpido, entre otros motivos, con el ‘requerimiento de pago de fecha 29 de febrero de 2000’, siendo en esta fecha la última interrupción, por lo que al ocho de febrero de dos mil cinco, fecha en que se efectuó la diligencia de remoción de depositario y ampliación de embargo impugnada en el juicio natural, estableció que ‘no transcurrió en exceso el referido plazo de la prescripción ... de ahí que, resultan infundados los argumentos del actor, para que esta Sala le conceda la nulidad que solicita.’. En contra de las consideraciones anteriores, en el concepto de violación que se propone, la quejosa sustancialmente argumenta que la Sala aplicó ‘de forma indebida la jurisprudencia’ aludida, ya que ésta ‘claramente precisa que lo que interrumpe la prescripción es el hecho de que se haga del conocimiento del crédito al contribuyente ... independientemente de que la acción de cobro sea declarada de forma posterior nula para efectos ...’, siendo que en el caso ‘no existió el mínimo conocimiento y mucho menos pleno conocimiento de la notificación de cobro de la diligencia del 28 (sic) de febrero de 2000’, dado que ésta se efectuó sin que se cumplieran con las formalidades prevenidas en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, lo cual así fue resuelto por este Tribunal Colegiado en la señalada ejecutoria de amparo, y como también lo reconoció la propia responsable y, por ello, esa ‘acción de cobro (diligencia de veintinueve de febrero de dos mil) ... la conoció hasta el día de la contestación de la demanda cuando la autoridad demandada la dio a conocer a mi representada ...’. Ahora bien, la jurisprudencia en cuestión, publicada en la página 377, Tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, es del tenor siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA FISCAL. SU PLAZO SE INTERRUMPE CON CADA GESTIÓN DE COBRO, AUN CUANDO SEA DECLARADA SU NULIDAD POR VICIOS FORMALES. De conformidad con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el plazo de prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Bajo esa óptica, el término de cinco años previsto en el referido precepto para que opere la prescripción de un crédito fiscal cuyo pago se exige al deudor principal o, en su caso, a la institución afianzadora, se interrumpe con cada gestión de cobro efectuada por la autoridad hacendaria competente, aun en el supuesto de que se combata y sea declarada su nulidad para efectos, por contener algún vicio de carácter formal. Ello es así, pues el acto fundamental que da lugar a la interrupción del plazo de la prescripción lo es la notificación, por la cual se hace saber al deudor la existencia del crédito fiscal cuyo pago se le requiere, así como cualquier actuación de la autoridad tendente a hacerlo efectivo, es decir, la circunstancia de que el actor quede enterado de su obligación o del procedimiento de ejecución seguido en su contra, lo que se corrobora con el indicado artículo 146 al establecer como una forma de interrumpir el término de la prescripción, el reconocimiento expreso o tácito del deudor respecto de la existencia del crédito, de donde se sigue que tal interrupción no necesariamente está condicionada a la subsistencia del acto que constituye la gestión de cobro, sino a la circunstancia de que el deudor tenga pleno conocimiento de la existencia del crédito fiscal exigido por la autoridad hacendaria.’. De la transcrita jurisprudencia se evidencia que del examen que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país efectuó del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, en lo que interesa, estableció que el plazo de la prescripción prevenido en ese numeral, se interrumpe con cada acto o gestión de cobro que la autoridad hacendaria competente haga saber al contribuyente, aun cuando haya sido declarado nulo para efectos, por contener algún vicio de carácter formal, dado que ‘el acto fundamental que da lugar a la interrupción del plazo de la prescripción lo es la notificación, por la cual se hace saber al deudor la existencia del crédito fiscal cuyo pago se le requiere ... .’. Al respecto, debe destacarse que en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia en consulta, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: ‘existe oposición de criterios únicamente entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Octavo y Noveno, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito ... .’. Lo anterior cobra especial relevancia en el caso particular, porque en el criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que contendió, se sostuvo: ‘por lo que al mediar un requerimiento de pago por parte de las autoridades fiscales, a la empresa ********** ... legalmente notificado el día dos de junio de mil novecientos noventa y ocho ... es precisamente esta actuación la que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, interrumpe el plazo de la prescripción ... no pasa inadvertido que ... el requerimiento de pago que motivó la interrupción anteriormente aludida, haya sido declarado nulo (para efectos, por no adjuntar los documentos que demuestren la exigibilidad del crédito garantizado) ... por tanto, en el caso que nos atañe, el plazo de la prescripción sí se vio interrumpido por la gestión de cobro efectuada por las demandadas, aun cuando ésta se haya declarado nula ... .’. En tanto, que en el criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, que contendió, entre otras cosas, se consideró: ‘debe decirse que tampoco le asiste la razón cuando afirma que los requerimientos ... interrumpieron el término de la prescripción, no obstante que al ser impugnados se declaró su nulidad para el efecto de que se emitieran unos nuevos en los que se especificara el nombre correcto de la actora, en virtud de que la citada nulidad llevó implícita la inexistencia de los créditos por contener un vicio de carácter formal ... por tanto ... los requerimientos citados ... no surtieron efecto legal alguno ... .’. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria en consulta, para resolver el punto de contradicción derivado de los criterios de los nombrados Tribunales Colegiados, puntualizó que al referirse el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación al pago del crédito: ‘ello presupone que previamente fue determinado y debidamente notificado al particular el documento que contenga su determinación en cantidad líquida ... .’. Sobre ese aspecto, en lo que interesa, marcó que en el párrafo segundo del numeral en cita, se establece: ‘el término de la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique ... al deudor ... considerándose gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor ... .’. Corolario con lo anterior, señaló: ‘el hecho de que el requerimiento o acto de cobro impugnado mediante juicio de nulidad, haya quedado insubsistente o sin efectos por la existencia de vicios de forma, no significa que no hubiese interrumpido el término de la prescripción, dado que los supuestos a que alude el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, no se refieren a la existencia y subsistencia legal de un acto administrativo, sino al conocimiento por parte del deudor de la obligación fiscal que se le exige ... .’. Por consiguiente, estableció que ‘en términos del referido numeral, interrumpe la prescripción, se refiere a la gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor, y el segundo, al reconocimiento expreso o tácito del deudor respecto de la existencia del crédito fiscal. De ambos supuestos se deduce que el hecho fundamental que da lugar a considerar que se interrumpió el término de la prescripción, lo constituye el conocimiento pleno del deudor sobre la existencia del crédito fiscal cuyo cobro se le exige; por tanto, respecto de la gestión de cobro, entendida como tal cualquier actuación de la autoridad notificada al deudor, cobra particular relevancia el acto de notificación a través del cual se entera aquél de la obligación o crédito fiscal que se le reclama o del procedimiento administrativo de ejecución seguido en su contra.’. Desde esa óptica, matizó: ‘resulta que al gestionar la autoridad fiscal el cobro de un crédito fiscal dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el acto fundamental que da lugar a interrumpir el término de la prescripción ... lo es la notificación por la que se le hace saber al deudor cualquier actuación de la autoridad dictada en dicho procedimiento, es decir, la circunstancia de que el deudor quede enterado de la existencia del crédito fiscal cuyo cobro le es requerido o del procedimiento de ejecución seguido en su contra. Tan es así que el propio precepto establece también como forma de interrumpir el término de la prescripción, el reconocimiento expreso o tácito del contribuyente respecto de la existencia del crédito; de donde se sigue que tal interrupción no necesariamente está condicionada a la subsistencia del acto que constituye la gestión de cobro, sino a la circunstancia de que el deudor tenga pleno conocimiento de la existencia del crédito fiscal que le es requerido por la autoridad.’. En ese orden, aclaró: ‘No obsta a lo anterior, la circunstancia de que se considere gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor, sin distinguir el motivo que la haya originado ... .’. Por consiguiente, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, preponderó: ‘la interrupción del término de la prescripción se funda en el hecho de que el deudor tiene conocimiento de la determinación del crédito fiscal cuyo cobro le requiere la autoridad, cuestión esencial que lleva a considerar que subsiste la interrupción, aun cuando el acto de cobro sea declarado nulo para efectos ... .’. Así, atendiendo a lo considerado en la jurisprudencia y en la ejecutoria de la que derivó, se obtiene que la nulidad sobre la que recae el acto administrativo a que se refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se trata de la notificación que se le haga al deudor del requerimiento del crédito, sino sobre éste en sí mismo, entendido como mandato de ejecución; de ahí que puntualizó que ‘el acto fundamental que da lugar a la interrupción del plazo de la prescripción lo es la notificación, por la cual se hace saber al deudor la existencia del crédito fiscal cuyo pago se le requiere ...’, la que, en la precisada ejecutoria, se dijo que: ‘cobra particular relevancia el acto de notificación a través del cual se entera aquél de la obligación o crédito fiscal que se le reclama o del procedimiento administrativo de ejecución seguido en su contra.’. Por consiguiente, asiste la razón a la quejosa, al sostener que la responsable aplicó ‘de forma indebida la jurisprudencia’ en cita, ya que la ilegalidad que la Sala responsable estableció de la notificación practicada a la inconforme el veintinueve de febrero de dos mil ‘no puede producir efecto jurídico’, como así correctamente lo juzgó y, por ende, aquélla, en esa fecha, no tuvo pleno conocimiento del requerimiento a que se contrajo esa notificación, pues, precisamente, la forma legal en que se practican las notificaciones es lo que le da eficacia jurídica, ya que es el acto que tiene como objetivo el que la autoridad le dé a conocer al particular la determinación que tomó con relación a él, por lo que, si ese acto se practicó sin cumplirse con las formalidades esenciales prevenidas en la ley que lo rige, en el caso particular, en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, lleva a considerar que no cumplió su objetivo y, por tanto, legalmente es inadmisible tomarlo en consideración para establecer la interrupción del plazo de la prescripción prevenido en el numeral 146 del propio código, pues -como se vio- la nulidad sobre la que recae el acto administrativo a que se refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dicha jurisprudencia, no se trata de la notificación que se le haga al deudor del requerimiento del crédito, sino sobre éste en sí mismo. En ese contexto, la sentencia reclamada resulta violatoria de la garantía de legalidad establecida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por lo cual, lo procedente es conceder la protección constitucional, para el efecto de que la Sala responsable la deje insubsistente y emita otra, en la que conforme a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, estime que la notificación que a la quejosa se le practicó el veintinueve de febrero de dos mil, no interrumpió el plazo de la prescripción que adujo, prevenido en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación; hecho lo cual, con plena jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda, con vista de los restantes motivos de nulidad que le fueron propuestos."

El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el diecinueve de agosto de dos mil nueve, el amparo directo **********, determinó:

"SÉPTIMO. De los argumentos que expone la parte quejosa en el único concepto de violación, se advierte que aduce, en esencia, que: La sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que si la Sala responsable declaró la nulidad del mandamiento de ejecución de diecisiete de mayo de dos mil cuatro, diligenciado el veintidós de junio del mismo año, el acta de requerimiento de pago y el acta de embargo diligenciadas también en idéntica fecha, así como los demás actos que sean fruto del mandamiento de ejecución mencionado, se actualiza la figura de la prescripción para hacer exigibles los créditos fiscales Z-1085748, Z-1085749, Z-1085750, Z-1085751, Z-1085752 y Z-1085754, que establece el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación pues, si bien al momento de la presentación de la demanda de nulidad dicha figura se encontraba sujeta a debate, también lo es que al momento de haberse declarado la nulidad de los citados actos ha transcurrido en exceso el término de cinco años que indica el referido precepto legal. Si el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y nueve es la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido, y la Sala del conocimiento declaró la nulidad de los actos citados en el punto anterior, cabe destacar que desde la citada fecha no existe gestión de cobro alguna por parte de la autoridad demandada para interrumpir el término de cinco años que establece el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. Si bien se presentó medio de defensa en contra de los actos impugnados, también lo es que esto no significa un reconocimiento tácito de los mismos pues, de la lectura que se realice a todos los argumentos que se hicieron valer en contra de éstos, se puede advertir que en ningún momento se reconoce la existencia de adeudo alguno. Resultan infundados los argumentos sintetizados en párrafos anteriores, de conformidad con las consideraciones que se exponen a continuación. Cabe destacar que la parte actora ahora quejosa en su escrito inicial de demanda de nulidad presentó como pruebas el mandamiento de ejecución de diecisiete de mayo de dos mil cuatro, el acta de requerimiento de pago y el acta de embargo, todos éstos diligenciados el veintidós de junio de dos mil cuatro (fojas 41 a 48 del expediente de nulidad). Ahora bien, si el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y nueve es la fecha en que el pago de los créditos fiscales Z-1085748, Z-1085749, Z-1085750, Z-1085751, Z-1085752 y Z-1085754 pudo ser legalmente exigido, pues así lo afirma la Sala del conocimiento en la sentencia reclamada al aducir que: ‘... desde el 21 de julio de 1999, tuvo conocimiento de la existencia de los créditos cuestionados.’, y la propia quejosa lo manifiesta en su demanda de garantías al expresar: ‘... resulta procedente determinar primeramente la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido situación que originalmente aconteció el 21 de julio de 1999 ...’, contrario a lo que sostiene la impetrante de garantías, la figura de la prescripción para hacer exigibles los referidos créditos fiscales contemplada en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación no se actualiza pues, en el caso, no transcurrió el término de cinco años que establece dicho precepto legal. A dicha consideración se llega, toda vez que si bien la Sala responsable declaró la nulidad del mandamiento de ejecución de diecisiete de mayo de dos mil cuatro, el acta de requerimiento de pago y el acta de embargo, todos éstos diligenciados el veintidós de junio de dos mil cuatro, así como los demás actos que sean fruto del mandamiento de ejecución mencionado, mediante los cuales se requiere el pago de los créditos fiscales Z-1085748, Z-1085749, Z-1085750, Z-1085751, Z-1085752 y Z-1085754, también lo es que la insubsistencia de los mismos no significa que por ese motivo no se haya interrumpido el término de cinco años que establece el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación y, por consiguiente, haya prescrito la facultad de la autoridad demandada para hacer exigibles los créditos fiscales pues, en el caso, al haber presentado la quejosa como pruebas anexas a su demanda de nulidad los referidos actos, debe decirse que tenía pleno conocimiento de la existencia de los créditos fiscales exigidos por la autoridad hacendaria en la fecha que se realizaron las diligencias, es decir, el veintidós de junio de dos mil cuatro, interrumpiendo en dicha fecha el multimencionado término de cinco años. Por tanto, si la demanda de nulidad se presentó el dos de julio de dos mil cuatro, no transcurrió el término de cinco años que establece el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, ya que si la empresa contribuyente, como ya se dijo, tuvo conocimiento de la existencia de los créditos fiscales exigidos por la autoridad hacendaria el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y nueve, es evidente que no había transcurrido el referido término pues, para que se actualizara éste, la parte quejosa debería haber tenido conocimiento del requerimiento de pago hasta el veintidós de julio de dos mil cuatro, es decir, cinco años después de la fecha en que el pago de los créditos fiscales Z-1085748, Z-1085749, Z-1085750, Z-1085751, Z-1085752 y Z-1085754 pudo ser legalmente exigido, situación que no aconteció en el caso en concreto. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 141/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página 377, cuyos rubro y texto dicen: ‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA FISCAL. SU PLAZO SE INTERRUMPE CON CADA GESTIÓN DE COBRO, AUN CUANDO SEA DECLARADA SU NULIDAD POR VICIOS FORMALES. De conformidad con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el plazo de prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Bajo esa óptica, el término de cinco años previsto en el referido precepto para que opere la prescripción de un crédito fiscal cuyo pago se exige al deudor principal o, en su caso, a la institución afianzadora, se interrumpe con cada gestión de cobro efectuada por la autoridad hacendaria competente, aun en el supuesto de que se combata y sea declarada su nulidad para efectos, por contener algún vicio de carácter formal. Ello es así, pues el acto fundamental que da lugar a la interrupción del plazo de la prescripción lo es la notificación, por la cual se hace saber al deudor la existencia del crédito fiscal cuyo pago se le requiere, así como cualquier actuación de la autoridad tendente a hacerlo efectivo, es decir, la circunstancia de que el actor quede enterado de su obligación o del procedimiento de ejecución seguido en su contra, lo que se corrobora con el indicado artículo 146 al establecer como una forma de interrumpir el término de la prescripción, el reconocimiento expreso o tácito del deudor respecto de la existencia del crédito, de donde se sigue que tal interrupción no necesariamente está condicionada a la subsistencia del acto que constituye la gestión de cobro, sino a la circunstancia de que el deudor tenga pleno conocimiento de la existencia del crédito fiscal exigido por la autoridad hacendaria.’. De ahí que resulten inatendibles las tesis que cita la parte quejosa en su demanda de garantías pues, en el presente caso, la jurisprudencia en cita es la aplicable al caso al tratarse de una emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por consecuencia, de observancia obligatoria de conformidad con lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que con independencia que la tesis aislada VIII.3o.67 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de dos mil siete, página 1791, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA FISCAL. LA NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PAGO COMBATIDA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 141/2004).’, indique que si en el juicio contencioso se declaró la ilegalidad y, por ende, la nulidad de la notificación del requerimiento de pago del crédito efectuada al contribuyente, no puede sostenerse válidamente que éste tuvo pleno conocimiento de dicho requerimiento, ya que tal declaratoria implica que la notificación no produzca efectos jurídicos, dado que la forma legal en que se practica es lo que le da eficacia jurídica, puesto que su objetivo es que la autoridad dé a conocer al particular su determinación con relación a él; por lo que si ese acto se practicó sin cumplirse con las formalidades esenciales, ello lleva a considerar que no cumplió su objetivo y, por tanto, legalmente es inadmisible tomarlo en consideración para establecer la interrupción del plazo para que opere la prescripción previsto en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sostenido por dicho órgano jurisdiccional en la tesis aislada de referencia pues, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser aplicable en cualquier caso, independientemente de la actuación o notificación declarada nula, ya que tal nulidad supone que el contribuyente, al promover el medio de defensa que originó tal declaratoria de nul

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21941-9d313be7/nulidad-de-la-notificacion-del-requerimiento-de-pago · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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