Corpus
Modo: Corpus Pro

SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES Y CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE JUICIO DE AMPARO, PORQUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO REALIZA ESTE TIPO DE ACTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 298/2009. · Registro digital (IUS): 21859
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL C
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, , Pág. 623.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 298/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan tres Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual emitió uno de los criterios que se estiman en oposición.

TERCERO. Para determinar si existe la contradicción de tesis, es preciso conocer las ejecutorias que emitieron los órganos colegiados en cuestión.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el nueve de julio de dos mil nueve, la revisión principal ********** determinó en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Es innecesario analizar los agravios propuestos, toda vez que este tribunal, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 73, fracción XVIII, en relación con el 11, ambos de la ley de la materia (la cual fue alegada por las responsables), y que llevan a confirmar el sobreseimiento decretado, aunque por motivos diversos a los señalados por el a quo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 122/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). Igualmente, resulta aplicable la tesis P. LXV/99, sustentada por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario precitado y su Gaceta, que textualmente señala: ‘IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (se transcribe). Ahora bien, los artículos 11 y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, disponen: ‘Artículo 11.’ (se transcribe). ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Por otra parte, de la demanda de garantías se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables, entre otras, a la Comisión Federal de Electricidad división de distribución Jalisco, a quienes reclamó: (se transcribe). Como hechos de la demanda de amparo, el solicitante del amparo, expresó: (se transcribe). Ahora bien, el reclamo del quejoso se origina con motivo del tendido de energía eléctrica que las autoridades a quienes señala como responsables, colocaron sobre su propiedad, por tanto, es claro que la naturaleza de este acto es la constitución de una servidumbre de paso aparente, que como aducen las autoridades responsables y lo estima este Tribunal Colegiado, no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo. Así es, los artículos 4o., 9o., fracciones I y VIII, y 23 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica señalan: ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). ‘Artículo 9o.’ (se transcribe). ‘Artículo 23.’ (se transcribe). En tanto que los artículos 1097 y 1108 del Código Civil Federal, disponen: ‘Artículo 1097.’ (se transcribe). ‘Artículo 1108.’ (se transcribe). Además, sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la jurisprudencia 29/2008, publicada en la página 240, Tomo XXVII, marzo de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: ‘SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO. SE CONSTITUYE CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS NORMATIVOS Y SE ESTABLECE FÍSICAMENTE EL ACCESO O SE INSTALAN LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES, SIN QUE ELLO REQUIERA DE DECLARACIÓN JUDICIAL.’ (se transcribe). De igual forma, en la ejecutoria emitida por la mencionada Segunda Sala, al resolver, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, la contradicción de tesis 2/2008 (publicada a partir de la página 448, Tomo XXVII, mayo de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), se lee, en lo conducente: (se transcribe). De lo anterior se desprende, por una parte, que la prestación del servicio público de energía eléctrica comprende la realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional; que la Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar el servicio público de energía eléctrica; que ésta debe efectuar las operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto; que para la adquisición o uso de bienes inmuebles que se destinen a la prestación del servicio público de energía eléctrica procederá, en su caso, previa declaración de utilidad pública dictada ‘de conformidad con las leyes respectivas’, la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial o la limitación de los derechos de dominio, y que la constitución de servidumbre se ajustará a las disposiciones del Código Civil Federal. Que el establecimiento de una servidumbre, en este caso de paso, surge cuando se instalan los materiales necesarios, como son postes y cables de conducción de energía eléctrica, sin que deba ordenarse por autoridad jurisdiccional, la cual intervendrá cuando exista disputa en cuanto a la ubicación o colocación de los materiales necesarios y que la constitución de ese gravamen genera derecho a reclamar una indemnización por el perjuicio causado. Por tanto, este tribunal considera que el proceder de las responsables no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo, pues se trata de un supuesto regulado por el Código Civil Federal, que surge de la ubicación del predio por el que será conducido el cableado eléctrico, que faculta el actuar unilateral de quien constituye la servidumbre, pero con la nota distintiva de que, en caso de que el afectado no esté de acuerdo con ese proceder, es factible la intervención de la autoridad jurisdiccional, quien resolverá lo conducente, lo cual implica que no se está en presencia de un acto de imperio, esto es, de una relación de supra-subordinación. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia 91/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 245, Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). De esta forma, se concluye que, aunque por las razones aquí expuestas, debe confirmarse el fallo recurrido y sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 11, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, se comparte el criterio emitido por el homólogo Tercer Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión ********** en sesión de cuatro de marzo de dos mil nueve, que en lo relativo, señala: ‘... De lo anterior se desprende, por una parte, que la prestación del servicio público de energía eléctrica comprende la realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional; que la Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar el servicio público de energía eléctrica; que ésta debe efectuar las operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto; que para la adquisición o uso de bienes inmuebles que se destinen a la prestación del servicio público de energía eléctrica procederá, en su caso, previa declaración de utilidad pública dictada de conformidad con las leyes respectivas, la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial o la limitación de los derechos de dominio, y que la constitución de servidumbre se ajustará a las disposiciones del Código Civil Federal. Que el establecimiento de una servidumbre, en este caso, de paso, surge cuando se instalan los materiales necesarios, como son postes y cables de conducción de energía eléctrica, sin que deba ordenarse por autoridad jurisdiccional, la cual intervendrá cuando exista disputa en cuanto a la ubicación o colocación de los materiales necesarios y que la constitución de ese gravamen genera derecho a reclamar una indemnización por el perjuicio causado. Por tanto, este tribunal considera que el proceder de las responsables no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo, pues se trata de un supuesto regulado por el Código Civil Federal, que surge de la ubicación del predio por el que será conducido el cableado eléctrico, que faculta el actuar unilateral de quien constituye la servidumbre, pero con la nota distintiva de que, en caso de que el afectado no esté de acuerdo con ese proceder, es factible la intervención de la autoridad jurisdiccional, quien resolverá lo conducente, lo cual implica que no se está en presencia de un acto de imperio, esto es, de una relación de supra-subordinación. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia 91/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 245, Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). En cambio, no se comparte el diverso criterio -a que alude el recurrente en sus alegatos- del Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, sostenido en el amparo en revisión ********** fallado en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, pues aquí se consideró, en un caso similar, que la Comisión Federal de Electricidad, sí es autoridad para efectos del amparo; el cual, en lo que interesa, dice: ‘... Por tanto, cuando la Comisión Federal de Electricidad, al cobijo de su investidura pública, en forma unilateral constituye una servidumbre de paso legal, con el objeto de conducir energía eléctrica, esto es, sin el consenso de la voluntad del afectado, es claro que actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, atentos a que en el ejercicio de sus funciones crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular. En cuanto se instalan los materiales necesarios, como son postes y cables en el caso de conducción de energía eléctrica, se concreta el gravamen legal en perjuicio del propietario afectado, como lo indica la tesis que citan las responsables bajo (sic) rubro: «SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO. SE CONSTITUYE CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS NORMATIVOS Y SE ESTABLECE FÍSICAMENTE EL ACCESO O SE INSTALAN LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES, SIN QUE ELLO REQUIERA DE DECLARACIÓN JUDICIAL.». Por tanto, bien resolvió el Juez de Distrito que «... la instalación de la línea de conducción de energía eléctrica en tierras que la comunidad agraria, sin la anuencia de ésta, es susceptible de analizarse en sede constitucional, habida cuenta que basta imponerse de autos para advertir que la responsable dispuso de manera unilateral, privar de sus posesiones al ejido quejoso, sin que previamente hubiese iniciado el procedimiento idóneo para estar en aptitud de hacer uso del predio por el que se construyó la obra en mención, lo que invariablemente conlleva una modificación a la situación jurídica de la impetrante de garantías. De ahí, que a dicha determinación sí le reviste el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.». Luego, es claro que en ese aspecto, no se surte en la especie la causal de improcedencia que invocan las responsables recurrentes, pues además, por lo que ve a la resolución reclamada de dieciséis de noviembre de dos mil siete (emitida por el superintendente zona minas de la Comisión Federal de Electricidad), el gerente divisional y representante de Comisión Federal de Electricidad, división de distribución Jalisco, en sus agravios correctamente reconoce que la citada comisión al emitir tal resolución reclamada, sí actuó como autoridad para efectos del amparo, a cuyos razonamientos se remite el presente tribunal -las citadas ejecutorias se consultaron en «Intranet» en la página «sistema integral de seguimiento de expedientes.».’. En términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se dispone denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de tesis respecto del criterio aquí emitido con el del homólogo Primer Tribunal Colegiado. Finalmente, cabe señalar que los argumentos externados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en su pedimento número 757/2008, son coincidentes con el sentido de esta ejecutoria y por lo mismo, son ineficaces los alegatos del quejoso."

Resulta innecesario transcribir la ejecutoria relativa al recurso de revisión ********** pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, pues la parte que interesa al presente estudio, quedó reproducida en la diversa resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en las mismas materia y jurisdicción.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el dieciocho de marzo de dos mil nueve, la revisión principal ********** determinó:

"SEXTO. Procede analizar en primer término los agravios que expresan las responsables, pues alegan que se surten en el caso diversas causales de improcedencia, y ese estudio, es preferente y de orden público, atento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Pues bien, contrario a lo que alegan las responsables, este colegiado no encuentra objetivamente incorrecta la sentencia recurrida, cuando establece que en la especie, debe considerarse a la Comisión Federal de Electricidad, autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, si bien el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario o representante de los intereses que constituyen el patrimonio de la nación, y con este carácter puede entrar en relaciones civiles con los particulares, contratando con ellos en un plano jurídico como lo podría hacer cualquier gobernado, y donde es necesaria la intervención de un tribunal ordinario, para que imponga coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por las partes, y para dirimir las controversias que se susciten entre ellas, en cuyas circunstancias, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier particular ejecuta, ya que en tales relaciones, el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho común como cualquier otro gobernado (relaciones que la doctrina conoce como de coordinación o de paridad, propias del derecho privado, carentes en consecuencia de imperio), por lo que, cuando es inquilino, renta, compra, vende, o entra en relaciones laborales con sus trabajadores, actúa no como autoridad (persona de derecho público), sino como particular (persona de derecho privado). Por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluirse que debe legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un ente o funcionario del Estado o de organismo paraestatal, actuando con el carácter y atribuciones que le den su investidura pública y con motivo de sus funciones oficiales, para imponer como autoridad o persona de derecho público, sus resoluciones o actos a los gobernados, creando, modificando o extinguiendo por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de éstos (los particulares), es decir, sin haber acudido a los órganos judiciales, ni teniendo en cuenta el consenso de la voluntad del afectado, esto es, ejerciendo bajo su investidura pública facultades de imperio propias del Estado que no podría realizar cualquier particular (lo que la doctrina conoce como actuación del Estado a través de una relación con el particular de subordinación o supraordenación). Por ende, la pauta que debe servir de norma para definir en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad para los efectos de la instancia constitucional, debe referirse a la naturaleza misma de los actos de que se trate. Así lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página ciento dieciocho, del Tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, (sic) que dice: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’ (se transcribe). Tesis que como se ve, aclara que cabe el concepto de ‘actos de autoridad’, para los realizados por la llamada administración paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, cuando en el ejercicio de sus funciones, crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, ya que, como lo sostuvo el a quo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abandonado el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública, como elemento característico del concepto ‘actos de autoridad’ (lo que incluso no refutan, menos superan las responsables recurrentes, pues se limitan a decir que por ley las responsables no pueden imponer en forma coercitiva servidumbres de paso, y que por ello lo reclamado no son actos de autoridad para efectos del amparo, pero sin controvertir esos razonamientos del Juez sobre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abandonado el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública, como elemento característico del concepto ‘actos de autoridad’). Así, basta que un órgano del Estado, con motivo de sus funciones públicas, emita actos unilaterales a través de los cuales constituya, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, para estimar que se está en presencia de actos de autoridad para efectos del amparo. Lo anterior encuentra apoyo además en las tesis que invocó el Juez de Distrito bajo rubros: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.’ y ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’. Asimismo, sobre el tema, este tribunal comparte el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis de ejecutoria consultable con la clave XX.311K (sic) en la página doscientos treinta y nueve, del Tomo XV-I, febrero de 1995, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘ÓRGANOS DEL ESTADO. CUANDO DE MANERA IMPERATIVA, UNILATERAL Y COERCITIVA AFECTAN AL GOBERNADO. ACTÚAN COMO AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Basada en las premisas antes ponderadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha establecido que la Comisión Federal de Electricidad, es autoridad para efectos del amparo, no sólo cuando apercibe al consumidor con realizar o realiza el corte de suministro de energía eléctrica, como lo alegan las responsables, sino también, cuando dicha comisión realiza un ajuste en el consumo de energía eléctrica (el pago que exige, se trata de una contraprestación por el servicio recibido, y no tiene facultades para obtenerlo coactivamente). Véase la tesis que dice: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN DE AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DERIVADA DE LA VERIFICACIÓN AL MEDIDOR DEL CONSUMIDOR, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe). (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, julio de 2006, tesis 2a./J. 98/2006, página 344). Como lo señala en sus agravios el propio apoderado de la Comisión Federal de Electricidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de ente público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación, y que las primeras ‘... corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surjan de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones consiste que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, las partes están en el mismo nivel, en las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público ...’, relaciones, que se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante. Ahora bien, en términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es una actividad exclusiva del Estado generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, y la prestación de tal servicio público se realiza a través de la Comisión Federal de Electricidad, que es un organismo público descentralizado, al que conforme al artículo 7o. de la invocada ley, le compete la realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional, en tanto que los artículos 9o., fracción VII, y 23 del citado ordenamiento legal, así como el 1108 del Código Civil Federal, disponen: ‘Artículo 9o.’ (se transcribe), ‘Artículo 23.’ (se transcribe). Por tanto, cuando la Comisión Federal de Electricidad, al cobijo de su investidura pública, en forma unilateral constituye una servidumbre de paso legal, con el objeto de conducir energía eléctrica, esto es, sin el consenso de la voluntad del afectado, es claro que actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, atento a que en el ejercicio de sus funciones crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular. En cuanto se instalan los materiales necesarios, como son postes y cables en el caso de conducción de energía eléctrica, se concreta el gravamen legal en perjuicio del propietario afectado, como lo indica la tesis que citan las responsables bajo rubro: ‘SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO. SE CONSTITUYE CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS NORMATIVOS Y SE ESTABLECE FÍSICAMENTE EL ACCESO O SE INSTALAN LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES, SIN QUE ELLO REQUIERA DE DECLARACIÓN JUDICIAL.’. Por tanto, bien resolvió el Juez de Distrito que, ‘... la instalación de la línea de conducción de energía eléctrica en tierras que la comunidad agraria, sin la anuencia de ésta, es susceptible de analizarse en sede constitucional, habida cuenta que basta imponerse de autos para advertir que la responsable dispuso de manera unilateral, privar de sus posesiones al ejido quejoso, sin que previamente hubiese iniciado el procedimiento idóneo para estar en aptitud de hacer uso del predio por el que se construyó la obra en mención, lo que invariablemente conlleva una modificación a la situación jurídica de la impetrante de garantías. De ahí, que a dicha determinación sí le reviste el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.’. Luego, es claro que en ese aspecto, no se surte en la especie la causal de improcedencia que invocan las responsables recurrentes, pues además, por lo que ve a la resolución reclamada de dieciséis de noviembre de dos mil siete (emitida por el superintendente zona minas de la Comisión Federal de Electricidad), el gerente divisional y representante de Comisión Federal de Electricidad, división de distribución Jalisco, en sus agravios correctamente reconoce que la citada comisión al emitir tal resolución reclamada, sí actuó como autoridad para efectos del amparo, a cuyos razonamientos se remite el presente tribunal. Tocante a las tesis de diversos colegiados, que invoca dicho recurrente bajo los rubros: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.’ y ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CUANDO REALIZA ACTOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO.’, debe decirse que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, no obligan a este órgano jurisdiccional, que no las comparte en el caso que nos ocupa por las razones anteriormente expuestas ..."

CUARTO. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República; 197 y 197-A, de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.

En la especie, se considera que existe la contradicción denunciada, pues los órganos colegiados analizaron el mismo problema jurídico y adoptaron criterios discrepantes, decisión que encuentra apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número XLVI/2009, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21859-be002847/servidumbre-legal-de-paso-para-la-instalacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.