Corpus
Modo: Corpus Pro

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-142-SSA1-1995. ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONTRA LA PROHIBICIÓN DE COMERCIALIZAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS DERIVADA DE SU INCUMPLIMIENTO, PORQUE DE CONCEDERSE, SE SEGUIRÍA PERJUICIO AL INTERÉS GENERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 459/2009. · Registro digital (IUS): 22140
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, , Pág. 915.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 459/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, pues el asunto pertenece a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que la formuló el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual emitió uno de los criterios que se estiman en oposición.

TERCERO. Para determinar si existe la contradicción de tesis, es preciso conocer las ejecutorias que emitieron los órganos colegiados en cuestión.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el dieciocho de noviembre de dos mil nueve, el recurso de queja ********** determinó en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Los agravios son ineficaces. En efecto, previo a su análisis conviene señalar, a manera de antecedentes, lo siguiente: ********** en representación legal de ********** formuló demanda de amparo en contra de diversas autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor, por los actos que señaló de la siguiente forma: ‘Acuerdo de fecha diecinueve de octubre de dos mil nueve en el que ordenan la prohibición de la comercialización a nivel nacional y la inmovilización de productos consistentes en botellas que contienen bebidas alcohólicas destiladas con la marca ********** en envases de plástico con presentaciones de contenido neto de 360 ml, 440 ml, 940 ml, 1,750 mililitros y 5 litros, y en envase de vidrio que contiene bebida alcohólica destilada ********** 35% Alc. Vol. A 20º C, contenido neto 1,000 ml y producto que contiene licor de agave, destilado de agave, con la marca ********** con contenido neto de 750 mililitros 28% Alc. Vol., así como la orden de comisionar a personal adscrito a la dirección de Verificación de la Dirección General de Verificación y Vigilancia para dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo y la orden de girar oficio a las asociaciones y cámaras de comercio correspondientes para que conozcan el contenido y los alcances legales del presente acuerdo.’ (Foja 4 del toca). ‘A estas dos autoridades ordenadoras, les reclamo la expedición del acuerdo de fecha diecinueve de octubre de dos mil nueve en el que ordenan la prohibición de la comercialización a nivel nacional y la inmovilización de productos consistentes en botellas que contienen bebidas alcohólicas destiladas con la marca ********** en diferentes presentaciones y producto que contiene destilado de agave con la marca **********.’ (Folio 3). ‘A estas autoridades ejecutoras les reclamo las órdenes que han girado o que puedan girar para dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha diecinueve de octubre de dos mil nueve.’ (Foja 4). De la lectura del acuerdo reclamado se advierte, en lo esencial, que el director de procedimientos de la Dirección General de Verificación y Vigilancia de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor, determinó lo siguiente: ‘Primero. Tomando en consideración las observaciones asentadas en el acta de visita de verificación de fecha veintitrés de abril de dos mil ocho, con número de expediente citado al rubro, realizada a la empresa denominada ********** en el domicilio ubicado en ********** en la cual se encontraron las siguientes observaciones: Control 6. Botella de plástico que contiene una bebida que a la letra dice: «Bebida Alcohólica Destilada **********» hecho en México, Elaborado por ********** 35% Alc. Vol., en presentaciones de: Cont. Net. 360 ml. Cont. Net. 960 ml. Cont. Net. 1750 ml. Cont. Net. 5 L. Cont. Net. 440 ml. Control 7. Botella de vidrio que contiene una bebida que a la letra dice: «Bebida alcohólica destilada **********» hecho en México, elaborado por ********** 35% Alc. Vol. A 20º C en presentación de 1,000 ml. Observaciones para los productos descritos en los controles 6 y 7; la bebida ostenta una leyenda que a la letra dice mezcalito y bebida alcohólica destilada, lo cual induce a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto, toda vez que la información contenida en las etiquetas de las bebidas alcohólicas preenvasadas, debe presentarse y describirse en forma clara, evitando que sea falsa, equívoca o que induzca a error al consumidor, pudiendo incumplir con el numeral 9.1.1. de la NOM-142-SSA1-1995, Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial. Control 8. Envase de vidrio que contiene una bebida que a la letra dice «licor de agave, destilado de agave marca **********» con un Cont. Net. 750 ml hecho en México 28% Alc. Vol. Elaborado y distribuido por **********. Observaciones para el producto descrito en el control 8; la bebida, en la etiqueta de la superficie principal de exhibición ostenta como a la letra dice: «Licor de agave y destilado de agave» lo cual induce a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto, toda vez que la información contenida en las etiquetas de las bebidas alcohólicas preenvasadas debe presentarse y describirse en forma clara, evitando que sea falsa, equívoca o que induzca al error al consumidor, pudiendo incumplir con el numeral 9.1.1. de la NOM-142-SSA1-1995, Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial, ostentando la bebida alcohólica dos denominaciones. Segundo. Por otra parte, visto el informe de laboratorio número ********** emitido en fecha diecisiete de junio de dos mil ocho por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, de la muestra de «Bebida alcohólica destilada marca **********», en presentación de 440 ml. lote 5006, hecho en México, elaborado por ********** en el que refiere que dicho producto no cumple en su etiquetado 9.1.1 de la NOM-142-SSA1-1995, además de que no presenta la composición característica de una bebida alcohólica destilada, dado que no tiene el contenido de los componentes volátiles característicos, como son metanol, alcoholes superiores y aldehídos. Advirtiéndose que los productos «bebida alcohólica destilada **********» en presentaciones de 360 ml, Cont. Net. 960 ml, Cont. Net. 1750 ml, Cont. Net. 5 L y 1,000 ml, y «licor de agave, destilado de agave marca **********» no cumplen con los requisitos de veracidad, toda vez que la información comercial que ostentan (sic) no cumplen con las especificaciones mínimas de etiquetado conforme a la NOM-142-SSA1-1995. Tercero. Como consecuencia de lo anterior y para los efectos previstos en el artículo 102 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dígase a la empresa **********, que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo y en caso de no estar conforme con los resultados emitidos por el mencionado laboratorio, podrá solicitar el análisis de la muestra testigo correspondiente, misma que obra bajo resguardo de la empresa visitada, la cual deberá efectuarse a costa del responsable, en términos de los artículos 91 y 93 del ordenamiento legal antes mencionado, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término concedido, se le tendrá por precluído su derecho para tales efectos. Cuarto. En virtud de las consideraciones antes vertidas y con fundamento en el artículo 25 Bis, fracción III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en relación con el 57 y 107 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y artículo 99 de su reglamento, se ordena la Prohibición de la Comercialización a nivel Nacional y la inmovilización de los siguientes productos: Botella de plástico que contiene una bebida que a la letra dice: «Bebida alcohólica destilada **********» hecho en México, Elaborado por ********** 35% Alc. Vol., en presentaciones de: Cont. Net. 360 ml. Cont. Net. 960 ml. Cont. Net. 1750 ml. Cont. Net. 5 L. Cont. Net. 440 ml. Botella de vidrio que contiene una bebida que a la letra dice: «Bebida alcohólica destilada **********» hecho en México, Elaborado por ********** 35% Alc. Vol. a 20º C en presentación de 1,000 ml. Envase de vidrio que contiene una bebida que a la letra dice «licor de agave, destilado de agave marca **********» con un Cont. Net. 750 ml hecho en México 28% Alc. Vol. Elaborado y Distribuido por **********. Hasta en tanto la empresa responsable subsane las irregularidades anteriormente señaladas. Quinto. Se comisiona personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Vigilancia, para dar cumplimiento a lo ordenado en el presente acuerdo. Sexto. Gírese oficio a las Asociaciones y Cámaras de Comercio correspondientes, con el objeto de que conozcan el contenido y los alcances legales del presente acuerdo. Séptimo. Con fundamento en el artículo 123, primer párrafo de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 116, segundo párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se emplaza al presente procedimiento administrativo a la empresa **********, para que dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a aquél en que se notifique el presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas en relación con lo actuado, apercibida que en caso de no hacerlo, en el término concedido, se tendrá por precluido su derecho a este respecto y se resolverá conforme a los elementos de convicción de que se disponga. ...’ (fojas 29 a 31 del toca). Ahora bien, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, a quien le correspondió conocer de la citada demanda de amparo, bajo el número de expediente **********, ordenó la apertura del incidente de suspensión y, en auto de nueve de noviembre de dos mil nueve -que constituye el recurrido en el toca de queja a que esta ejecutoria se contrae-, negó a la quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, esencialmente, porque estimó lo siguiente: 1) En cuanto a la emisión del acuerdo reclamado, de diecinueve de octubre de dos mil nueve, en el que se prohibió la comercialización a nivel nacional y se ordenó la inmovilización de productos consistentes en botellas que contienen bebidas alcohólicas a que se ha hecho referencia, el Juez a quo negó la medida cautelar, al considerar que se trataba de un acto consumado, contra el cual resulta improcedente concederla, pues, de hacerlo, se le daría efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que resuelva el fondo del juicio de amparo. Al respecto, cabe indicar que el representante de la sociedad mercantil quejosa no controvierte el reseñado argumento del Juez de Distrito, para negar la suspensión provisional en contra del acuerdo reclamado; de ahí que dicha consideración deba permanecer firme, rigiendo el sentido de la determinación impugnada. Sobre el particular se invoca, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J. 62/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, ‘septiembre de 2006’, página 185, que dice: ‘REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES.’ (se transcribe). 2) Así mismo, en cuanto a las consecuencias del acuerdo reclamado, que estableció la prohibición de comercializar las bebidas alcohólicas de que se trata, el Juez Federal igualmente negó la medida cautelar solicitada, dado que, de hacerlo, estimó, por un lado, se estaría sustituyendo a las facultades de las autoridades administrativas y, por otro lado, se incumpliría con lo previsto por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que exige para el otorgamiento de la suspensión, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que, por ende, de otorgarse tal medida suspensiva, consistente en ‘... que no se giren los oficios a las asociaciones y cámaras de comercio haciéndoles saber la prohibición de la comercialización a nivel nacional de las bebidas alcohólicas ********** y **********, así como, para que no se ejecute la orden de comisionar a personal de la Dirección de Verificación de la Dirección General de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal Consumidor, para dar cumplim

ento a lo ordenado en el acuerdo combatido, de diecinueve de octubre de dos mil nueve ...’ (folio 152 vuelta del toca), a decir del a quo, ‘... se estaría contraviniendo el interés social, porque la sociedad tiene interés en que se cumplan con las medidas de seguridad relativas a las etiquetas de las bebidas alcohólicas preenvasadas, esto es, signo distintivo de control sanitario y fiscal, así como a las disposiciones vigentes en materia de regulación, control y fomento sanitarios, como es la norma NOM-142-SSA1, pues de concederse la medida cautelar acarrearía perjuicio al interés social al impedir el cumplimiento de las medidas adoptadas para constatar que determinado producto no pone en riesgo la salud de las personas, reiterando, además, que de concederse la suspensión solicitada este juzgador se estaría sustituyendo a las facultades de la autoridad administrativa.’ (fojas 152 vuelta y 153 del toca). Así mismo, el Juez de Distrito precisó que no era óbice que la impetrante de garantías solicitara la suspensión, a la luz de los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, en tanto que, previo a ello, es menester atender a los requisitos establecidos en el artículo 124 de la ley de la materia, cuya fracción II, exige que con el otorgamiento de la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Y que, por la misma razón, no rendían beneficio a la quejosa las pruebas documentales que acompañó a su libelo de amparo. Cabe indicar que el Juez Federal sustentó su determinación, entre otros, en el criterio de este Tribunal Colegiado, contenido en la tesis número III.2o.A.153 A, consultable en la página 2667, del Tomo XXVI, ‘septiembre de 2007’, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-012-SCFI-2006, BEBIDAS ALCOHÓLICAS-BEBIDAS ALCOHÓLICAS-DESTILADOS DE AGAVE-ESPECIFICACIONES, INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO Y MÉTODOS DE PRUEBA, PUES SU CONCESIÓN ACARREARÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL AL IMPEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONSTATAR QUE DETERMINADO PRODUCTO NO PONE EN RIESGO LA SALUD DE LAS PERSONAS.’ (se transcribe). Ahora bien, en contra del sintetizado auto de nueve de noviembre de dos mil nueve, el representante legal de la sociedad mercantil quejosa, carácter que le fue reconocido por el Juez Federal en dicho proveído, interpuso recurso de queja, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, en el que, como se dijo, no se duele de la negativa de la suspensión provisional en cuanto a la emisión del acuerdo reclamado, sino sólo de sus consecuencias, a saber: ‘... Causa agravio a mi representada, la causal de negativa de la suspensión provisional de la ejecución del acto reclamado en cuanto a que no se giren oficios a las cámaras y asociaciones de comerciantes y no se inmovilicen los productos elaborados por la quejosa que constituye el acto reclamado ...’. Cierto, en principio, el inconforme refiere que es incorrecto que el Juez de Distrito haya sostenido que las consecuencias del acuerdo reclamado de diecinueve de octubre tengan el carácter de consumadas, dado que aún no se han enviado los oficios ordenados en dicha resolución, ni se han inmovilizado los productos, sin embargo, dicho argumento parte de un supuesto incorrecto, consistente en que el Juez a quo hubiese señalado que se encontraban consumadas las consecuencias del acuerdo reclamado, lo que, como se ha visto, no fue así, ya que lo único que el juzgador de garantías estimó como consumado, fue la emisión de la resolución reclamada de que se trata. Por tanto, dicho argumento deviene ineficaz para los efectos pretendidos por su oferente, en tanto que parte de una premisa incorrecta, puesto que, se insiste, el Juez de Distrito no negó la medida cautelar en contra de las consecuencias de la resolución reclamada, bajo el razonamiento de que se tratara de actos consumados irreparablemente. Sobre el particular se comparte, por analogía, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, contenido en la tesis número IV.3o.A.66 A, publicada en la página 1769, del Tomo XXIII, ‘febrero de 2006’, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS.’ (se transcribe). Asimismo, en contra de las consideraciones que sí fueron expuestas por el Juez Federal en el auto recurrido, para negar la suspensión provisional respecto de los efectos del acuerdo reclamado, el representante de la agraviada alega que, contrario a lo ponderado por el Juez a quo, de concederse la medida cautelar, no se estaría sustituyendo a las autoridades administrativas, puesto que no se le estaría otorgando alguna autorización para elaborar productos, ya que las autoridades responsables no son encargadas de otorgar permiso o autorización alguna, y que su representada ‘... cumple plenamente con la normatividad aplicable a la información que portan las etiquetas de los productos que se comercializan con las marcas ********** y ********** ...’. Agrega el recurrente que el Juez de Distrito no tomó en cuenta las pruebas que aportó, con las que demostraba que no incumplía con el numeral 9.1.1. de la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1-1995 ya que, con las mismas ‘... se demuestra plenamente que con el uso de la etiqueta que porta ********** no se perjudica el interés social y de ninguna manera se impide el cumplimiento de las medidas adoptadas para constatar que los productos de la quejosa no ponen en riesgo la salud de las personas, pues la Profeco puede en todo tiempo verificar los productos que elabora la quejosa, sin embargo lo que se solicitó es la suspensión provisional para que no se inmovilicen los productos de la quejosa pues cumplen con la normatividad aplicable y se ofrecen pruebas para ello ...’. Añade el inconforme que con las pruebas referidas comprueba que no existe algún riesgo para la salud de las personas, ni respecto al etiquetado de las botellas que contienen las bebidas alcohólicas, ni por lo que ve a su composición, ya que ‘... contrario a ese argumento, se encuentra el propio resultado del laboratorio de la Profeco en donde no se exceden los máximos tolerados de metanol, alcoholes superiores y aldehídos y que en ningún caso se está perjudicando al consumidor con los contenidos netos ...’. De igual manera, insiste en que debió concedérsele la suspensión atendiendo a los principios de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, los cuales, dice, no fueron tomados en consideración por el Juez a quo. Como se adelantó, los sintetizados agravios resultan jurídicamente ineficaces para revocar o modificar el acuerdo recurrido, atento lo siguiente. Así es, como se destacó, la razón fundamental por la cual el Juez de Distrito negó la suspensión provisional solicitada, por lo que ve a la prohibición de comercializar las bebidas alcohólicas de que se trata, incluyendo la emisión de los oficios relativos para que las cámaras de comercio conocieran de las restricciones impuestas por la autoridad administrativa responsable -director de procedimientos de la Dirección General de Verificación y Vigilancia, de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor-, fue porque no se satisfacía el requisito previsto por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, consistente en que, con el otorgamiento de la medida, no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El referido artículo número 124, fracción II, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 124.’ (se transcribe). Expuesto lo anterior, este Tribunal Colegiado considera que la resolución del Juez de Distrito es objetivamente correcta, toda vez que, tal como lo apreció dicho juzgador a quo, de concederse la medida, se incumpliría con la exigencia prevista en el transcrito ordinal 124, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que del contenido del acuerdo reclamado, transcrito parcialmente en párrafos anteriores, se advierte que la autoridad administrativa responsable, de las observaciones que apreció en una visita de verificación practicada a la empresa quejosa, consideró diversos hechos como irregulares, consistentes en que las etiquetas de las botellas que contienen bebidas alcohólicas destiladas, incumplían las exigencias establecidas por el numeral 9.1.1. de la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1-1995, en tanto que la información ministrada por las mismas no era clara e inducía al error, y que, además, no presentaba la composición de los elementos volátiles característicos de una bebida alcohólica destilada de ese tipo. El referido numeral 9.1.1. de la norma oficial en comento, dice lo siguiente: ‘9.1.1. La información contenida en las etiquetas de las bebidas alcohólicas preenvasadas debe presentarse y describirse en forma clara, evitando que sea falsa, equívoca, que induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto.’. En este sentido, si la autoridad responsable sustentó su determinación en la circunstancia de que, a su parecer, las etiquetas adheridas a las bebidas alcohólicas comercializadas por la empresa quejosa, no reunían las exigencias de información necesarias para garantizar certeza al consumidor en cuanto a la naturaleza y características de los productos, y que además su composición no denotaba los elementos característicos de una bebida alcohólica destilada, entonces es evidente que es correcto lo determinado por el a quo, en cuanto a que no se cumple con la exigencia prevista por la fracción II del indicado ordinal 124 de la Ley de Amparo, puesto que, tal como lo ha sostenido este órgano colegiado, de conceder la medida cautelar solicitada, se impediría el cumplimiento de las medidas adoptadas para constatar que determinado producto no pone en riesgo la salud de las personas, como en el caso de que se pretenda comprobar que la información contenida en las etiquetas para la comercialización de bebidas alcohólicas destiladas de agave no constituye un engaño para el consumidor, es decir, verificar que los datos que se ministran en aquéllas sean veraces y acordes con el producto contenido en el envase que las ostenta; actividades propias de la autoridad administrativa verificadora, cuya paralización no corresponde determinar al Juez a quo, en aras de que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, tal como lo advirtió dicho Juez de garantías, al señalar que, de hacerlo, se sustituiría a las autoridades administrativas en sus facultades. El criterio anterior, como se indicó, ha sido sostenido por este Tribunal Colegiado, en la tesis número III.2o.A.153 A, invocada por el Juez Federal y transcrita en párrafos anteriores en esta ejecutoria que, aunque se refiere a una diversa Norma Oficial Mexicana NOM-EM-012-SCFI-2006, resulta aplicable por identidad de razón al caso en estudio. Además, cabe mencionar que esa tesis de este órgano colegiado contendió en la contradicción número 180/2007-SS, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó la jurisprudencia número 2a./J. 212/2007, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 209, y es del rubro y texto siguientes: ‘NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-012-SCFI-2006. PROCEDE NEGAR LA SUSPENSIÓN SOLICITADA EN SU CONTRA, YA QUE DE CONCEDERSE SE SEGUIRÍA UN PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL. El juzgador de amparo, para decidir sobre el otorgamiento de la suspensión debe examinar, mediante un juicio de ponderación y un análisis razonado, la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social y al orden público, en el entendido de que tal ponderación deberá hacerse incluso cuando se esté en presencia de cualquiera de los supuestos previstos en los diferentes incisos de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. En esa virtud y derivado de la ponderación razonada de los citados factores relevantes, procede negar la medida suspensional solicitada contra la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-012-SCFI-2006, bebidas alcohólicas-bebidas alcohólicas-destilados de agave-especificaciones, información comercial, etiquetado y métodos de prueba, o su aviso de prórroga, ya que con su otorgamiento sí se produce un perjuicio al interés social, que se concreta en los derechos fundamentales de los miembros de la sociedad, en tanto que éstos, como consumidores, actuales o potenciales de bebidas alcohólicas producidas a partir de materias primas vegetales de la familia de las agaváceas, tienen derecho a una información veraz y clara de la publicidad comercial de tales bebidas, máxime que una publicidad que carezca de tales atributos (veracidad y claridad) o que induzca al error con respecto a la naturaleza y características del producto pone en serio riesgo la salud y seguridad de las personas, habida cuenta que sus derechos a la salud y a la información están garantizados constitucionalmente, así como los intereses de los consumidores, conforme a los artículos 5o., 6o. y 28, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, existe un riesgo real a la salud y seguridad de las personas, ya que la adulteración de tales bebidas puede causar daños irreversibles a la salud, razón por la cual la apariencia del buen derecho debe ceder en este caso frente al interés social.’ (lo resaltado es por este Tribunal Colegiado). Razones anteriores expuestas por la superioridad, que se adoptan en esta ejecutoria, por identidad de razón, ya que, como se dijo, la Segunda Sala se refirió a otra norma oficial mexicana, aunque abordando el mismo tema que en el caso a estudio; por ello, atendiendo a ese criterio, es por lo que es evidente que no asiste la razón al recurrente, en cuanto a que, en el caso, no se afecta al interés social con el otorgamiento de la medida cautelar ya que, contrario a ello, precisamente el esclarecimiento del cumplimiento o no de las medidas de exigencia de información sanitaria y de seguridad, es lo que se encuentra sujeto a debate en el procedimiento seguido ante la autoridad administrativa y el hecho de que la quejosa pueda comprobar el acatamiento de los requisitos previstos en la norma oficial mexicana en comento, será precisamente la materia de estudio, en su caso, del fondo del juicio de amparo principal; de ahí que tampoco rinda beneficio a su oferente el diverso argumento expuesto en su pliego de agravios, en el sentido de que el Juez de Distrito omitió hacer un estudio preliminar sobre el derecho que detenta, analizando los medios probatorios aportados y concederle la medida cautelar que solicitó, con base en los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, toda vez que, como lo sostuvo la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la nación en la última parte de la jurisprudencia transcrita, y con apoyo precisamente en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ‘la apariencia del buen derecho debe ceder en este caso frente al interés social’. Así mismo, es de invocarse la jurisprudencia número 2a./J. 52/2002, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la nación, publicada en la página 296, del Tomo XVI, ‘julio de 2002’, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA.’ (se transcribe). En este sentido, se insiste, no cabe analizar los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, cuando se esté ante un supuesto que, de concederse la suspensión, se siga perjuicio al interés social, o se contravengan disposiciones de orden público, como se deriva igualmente de lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P./J. 15/96, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, ‘abril de 1996’, página 16, que es del tenor literal siguiente: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe). Máxime, que a través de la suspensión no se prejuzga sobre la constitucionalidad o no de los actos reclamados, sino que tal pronunciamiento tiene sustento en el referido artículo 124, fracción II, de la propia ley reglamentaria del juicio de garantías, en tanto que determina la improcedencia de la medida cautelar cuando se advierta qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22140-bca52d8c/norma-oficial-mexicana-nom-142-ssa1-1995-es-improcedente-otorgar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.