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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO Y NO DE UN CONTRATO DE NATURALEZA CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO IMPLICA NECESARIAMENTE EL OTORGAMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE O POR TIEMPO INDEFINIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 451/2009. · Registro digital (IUS): 22307
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 1313.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 451/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIAS: ESTELA JASSO FIGUEROA Y MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, pues se trata de la posible contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en asuntos que corresponden a la materia de trabajo, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, órgano que sostiene una de las posturas denunciadas como contradictorias.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvió el amparo directo DT. 292/2009, de cuyas consideraciones se transcriben en lo que al presente asunto interesa, las siguientes:

"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. ... Asiste razón al inconforme, ya que el laudo que por esta vía impugna infringe sus garantías. Lo anterior se afirma, ya que la Sala del conocimiento al dictar el laudo impugnado, estableció que le correspondía al demandado soportar la carga probatoria en cuanto a que la relación de las partes era de tipo civil y no laboral, y que no demostró dicha excepción. Ahora bien, por los motivos expresados en la ejecutoria pronunciada en esta misma fecha, en el juicio de amparo DT. 340/2009, fue correcta la determinación de considerar que entre las partes contendientes existió un vínculo de naturaleza laboral, sin embargo, se considera ilegal la absolución de la reinstalación bajo el argumento de que ya había fenecido la vigencia o la temporalidad del contrato. En efecto, se estima ilegal la consideración de la responsable de que era improcedente condenar a la reinstalación del actor, porque el contrato cuya naturaleza se determinó era laboral, fue celebrado por tiempo determinado y que atendiendo al clausulado de dicho contrato, que establecía nueve meses de vigencia estaban sujetos a término definido, el cual ya había fenecido. Dicha consideración carece de sustento, ya que, en primer lugar, la consecuencia lógica y necesaria de no soportar la carga probatoria en cuanto a que la relación era de tipo civil y no laboral, es que se tenga por cierto este último vínculo con todos los pormenores aducidos por el actor. En segundo término, debe establecerse que el hecho de que se haya pretendido esconder una relación laboral bajo una supuesta contratación de tipo civil, hace que en el caso no se considere la vigencia o efectos temporales que refleja el documento de mérito, precisamente porque no constituye una fuente confiable de la voluntad expresada por las partes y porque sólo puede ser temporal si la ley lo permite. Y por último, porque si en autos quedó acreditada la existencia de una relación de tipo laboral entre las partes, correspondía a la demandada demostrar que no cumplía con los requerimientos para la expedición de su nombramiento y la correspondiente reinstalación. Ahora bien, el actor reclamó la expedición del nombramiento en la categoría de archivista, o bien otro equivalente en funciones y condiciones de trabajo como las que venía desarrollando y su correspondiente reinstalación. La principal excepción del demandado, como ya se señaló, fue que entre las partes no existió vínculo de naturaleza laboral sino civil, por lo que la responsable juzgó los servicios prestados a través de un contrato de prestación de servicios profesionales y resolvió que estos eran de carácter laboral y no civil, por tanto, se estima que por resolución judicial ese pacto de voluntades dejó de existir para el mundo jurídico, pues todos y cada uno de los acuerdos que se pactaron en él, se verificaron con apoyo en la ley civil y con un fin distinto al establecimiento de una relación laboral. Por tanto, si en el caso la relación es de tipo obrero-patronal, la vigencia que se estableció en el contrato de prestación de servicios profesionales no puede tomarse en cuenta para el vínculo laboral ya que, al declararse judicialmente su existencia, el referido contrato dejó de existir, al igual que las modalidades en el establecidas, ya que éstas se fijaron basándose en una legislación distinta a la laboral. En efecto, la temporalidad establecida en el referido pacto, no puede surtir efectos para limitar el pago de las prestaciones de índole laboral como son los salarios caídos, incluso, restringir la acción de reinstalación, pues la vigencia del empleo debe estar a lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y con ello, el determinar cuáles derechos asisten a un trabajador, es decir, atender a la situación real en que se encuentra el actor, esto es, si cumple con los requisitos de ley, como son el tener más de seis meses sin nota desfavorable y que las funciones que desempeñaba no sean consideradas de confianza, para que sea procedente la condena de expedición de nombramiento en los términos reclamados, ya que esa es la consecuencia legal de refugiarse en una excepción que a la postre resultó falsa. Bajo ese contexto, puede concluirse que si el demandado no soportó la carga de probar su excepción, pues el contrato que exhibió no demostró el vínculo civil alegado, ya que se pretendió esconder una relación laboral, no puede considerarse válida la vigencia o efectos temporales que refleja su contenido, por lo que la responsable debió considerar procedentes las prestaciones reclamadas en el escrito de demanda y, por ende, condenar a la expedición de nombramiento y la correspondiente reinstalación en los términos reclamados. Lo anterior se afirma, ya que de las propias manifestaciones del demandado se acreditan aspectos como la temporalidad del vínculo laboral, ya que refirió que el actor fue contratado del primero de enero al treinta de septiembre de dos mil tres, periodo que abarca más de seis meses. También se evidencian las actividades para las cuales fue contratado el actor, consistentes en: la recepción de documentación por listados de los juicios, análisis de la documentación recibida, organización de la documentación para su incorporación a su unidad documental, clasificación de documentación de nuevo ingreso para su incorporación al acervo correspondiente y captura de la información de los acervos que conforman el área laboral. Actividades que de modo alguno pueden considerarse susceptibles de realizarse en un periodo determinado o que están sujetas a término. De ahí que la responsable debió condenar al titular de la jefatura de Gobierno del Distrito Federal a la reinstalación reclamada por el actor y a la correspondiente expedición de nombramiento, por ello, de nueva cuenta deberá de pronunciarse respecto de aquellas prestaciones vinculadas al despido alegado (salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como del reconocimiento de antigüedad). Ahora bien, este Tribunal Colegiado, en suplencia de la queja, procede al estudio de las condenas y absoluciones decretadas por la responsable respecto de las prestaciones autónomas que no fueron impugnadas por el quejoso en la presente vía. Se estima correcta la absolución del pago de días de descanso obligatorio, séptimos días semanales, guardias realizadas los sábados, domingos y días festivos, ya que dichas prestaciones el reclamarlas bajo el argumento de haberlas laborado le correspondía demostrarlo al actor, lo que no aconteció en el caso, pues contrario a ello, existen los registros de asistencia, que hacen referencia sólo a la jornada de lunes a viernes. Es también legal la absolución del pago de los conceptos de apoyo a transporte, vales de despensa, servicio médico y de ahorro, seguro colectivo e individual de Aseguradora Hidalgo, ya que fueron negadas por el demandado y al tratarse de prestaciones de naturaleza extralegal, le correspondía al actor demostrar la existencia de dichas prestaciones y el derecho a obtenerlas, aspectos respecto de los cuales no aportó elemento de prueba alguno. En relación al reclamo de horas extras, fue correcta la absolución del periodo del primero de enero de dos mil tres al treinta de septiembre del mismo año (último contrato), ya que tal y como lo consideró la responsable, de los registros de asistencia que aportó el actor como prueba, se advierte que en ese periodo laboró de ocho a quince horas de lunes a viernes, horario que no excede de la jornada legal. Sin embargo, es incorrecto que se le haya absuelto del pago de horas extras por el periodo del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve al quince de marzo de dos mil uno, bajo el argumento de que era improcedente dicho reclamo porque existían en juicio los recibos de nómina visibles a foja diecisiete, en los que se describe el pago de horas extras en los meses de febrero, marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de dos mil, ya que la responsable no consideró que tales documentos hacen presumir que es cierto el hecho de que el actor se desempeñó en la jornada referida en su demanda laboral (de ocho a diecinueve horas de lunes a viernes disfrutando de una hora para tomar alimentos) y que sólo le pagó el concepto de tiempo extraordinario en los referidos meses. Luego, si la presunción de que laboró en ese periodo se vincula a la consideración de que al demandado le correspondía demostrar que el operario sólo laboró la jornada legal y no la demostró, es evidente que procede la condena de pago del tiempo extraordinario reclamado por el periodo del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve al quince de marzo de dos mil uno, excluyendo los meses de febrero, marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de dos mil, ya que en esas mensualidades sí se le pagó el tiempo extraordinario desempeñado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 110/99, por contradicción emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): Laboral, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, página 328, de rubro y texto siguientes: ‘HORAS EXTRAS. LOS RECIBOS DE PAGO DE SALARIOS QUE NO CONSIGNAN EL HORARIO DE TRABAJO, NO DESVIRTÚAN LA AFIRMACIÓN DEL TRABAJADOR RESPECTO A LA DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DIARIA.’ (se transcribe). Este cuerpo colegiado advierte que el actor reclamó en el inciso o) del capítulo de prestaciones de su demanda, el pago de salarios devengados de la segunda quincena de agosto y primera de septiembre de dos mil tres, respecto de la cual, la responsable omitió pronunciarse, emitiendo con ello un laudo incongruente, pues al formar parte de la litis, existía la exigencia legal de pronunciarse al respecto. Por lo que en el nuevo laudo que se dicte, la responsable deberá analizar la procedencia de dicho reclamo. Así las cosas, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Sala responsable: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Dicte nuevo laudo en el que: a. Reitere: La consideración de que el vínculo jurídico existente entre el actor y demandado es de naturaleza laboral. Las absoluciones de horas extras, de pago de días de descanso obligatorio, séptimos días, guardias realizadas los sábados, domingos y días festivos, así como de las prestaciones de apoyo de transporte, vales de despensa, servicio médico y de ahorro y aportaciones al seguro colectivo individual de Aseguradora Hidalgo. b. Atendiendo a las consideraciones de la presente ejecutoria: Condene a la reinstalación y expedición de nombramiento reclamado por el actor. Se pronuncie de nueva cuenta con libertad de jurisdicción de las prestaciones reclamadas, consistentes en salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y reconocimiento de antigüedad. Condene al pago de tiempo extraordinario del periodo del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve al quince de marzo de dos mil uno, excluyendo los meses de febrero, marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de dos mil. Analice la procedencia de lo reclamado en el inciso o) del capítulo de prestaciones de la demanda laboral, relativo al pago de salarios devengados de la segunda quincena del mes de agosto y primera de septiembre ambas de dos mil tres, con libertad de jurisdicción. No está por demás advertir que conforme a la unidad que debe imperar en toda resolución, si se otorga el amparo en contra de un laudo, el cumplimiento de la ejecutoria implica dejar sin efecto la resolución reclamada y dictar otra que dirima todos los puntos de la litis en los términos señalados en la sentencia de garantías; por lo tanto, si la responsable no resuelve sobre todos los puntos litigiosos, sino que respecto de ellos deja parcialmente subsistente el laudo reclamado, tal proceder genera la coexistencia de dos resoluciones, en virtud de que el laudo, como acto jurídico de decisión con que culmina el procedimiento jurisdiccional, no debe emitirse en varios actos, sino en uno solo, que dé unidad a la decisión. Lo anterior en observancia a la jurisprudencia 2a./J. 40/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): Laboral, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, página 253, de rubro y texto siguientes: ‘CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO LA PROTECCIÓN FEDERAL IMPLICA DEJAR INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO Y DICTAR UNO NUEVO, LA RESPONSABLE DEBE DECIDIR TODAS LAS CUESTIONES LITIGIOSAS EN LA NUEVA RESOLUCIÓN, EVITANDO LA COEXISTENCIA DE DOS O MÁS.’ (se transcribe). SEXTO. Toda vez que la presente ejecutoria contiene un criterio contrario al sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en el juicio de amparo. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 192, 193, 195, 197-A y 197-B de la Ley de Amparo, procédase a denunciar la contradicción de criterios ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

CUARTO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo DT. 18284/2007(915) y DT. 18304/2007(916), emitió las consideraciones siguientes:

DT. 18284/2007.

"TERCERO. Por técnica los conceptos de violación se analizarán en distinto orden al planteado, los que resultan por una parte infundados y por otra fundados, atento a las siguientes consideraciones: En el último concepto de violación arguye la impetrante que la responsable infringió en su perjuicio el contenido del artículo 16 constitucional, ya que emitió un laudo carente de fundamentación y motivación. Lo anterior es infundado, pues contrario a lo que sostiene, la Sala responsable sí fundó y motivó su determinación, pues expresó la razón por la cual absolvió a las demandadas de las prestaciones reclamadas, que consistió en que con el contrato de prestación de servicios profesionales que ofreció la parte actora no se acreditó que entre ésta y la demandada existió una relación laboral, con independencia de que sea correcta su determinación, invocando como fundamento de su conclusión los artículos 124, fracción I, 124 B, fracción I, 129 y 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; por lo que la responsable, en este aspecto, no violó en perjuicio de la quejosa el artículo 16 constitucional. Por otra parte, aduce la quejosa que es ilegal la decisión de la Sala responsable en el sentido de absolver a la parte demandada del pago de las prestaciones que reclamó, ya que no apreció correctamente la documental consistente en el contrato de prestación de servicios profesionales de fecha primero de febrero de dos mil dos, celebrado por la hoy quejosa y la secretaría demandada, pues dice que la responsable no observó que de dicha documental se desprenden elementos suficientes para acreditar la relación laboral, como lo es la subordinación, especialmente de las cláusulas quinta y séptima, inciso b), en el que se establece la posibilidad jurídica de que la tercera perjudicada revise e inspeccione las actividades que desempeñe la actora y de solicitar los informes de las mismas. El anterior concepto de violación resulta esencialmente fundado, por lo siguiente: Se dice lo anterior, porque de los antecedentes de este asunto se advierte que la Sala responsable, al emitir el laudo que se combate, absolvió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de reinstalar a la ahora quejosa, considerando que (fojas 722 a 723): (se transcribe). Consideración que este Tribunal Colegiado estima ilegal, porque contrario a lo razonado por la responsable, el hecho de que en el informe rendido por la Dirección de Normatividad de Servicios Personales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se señale que en el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal no se encuentra confirmado el puesto denominado ‘abogado tributario’, no es determinante, dado que no es la denominación del puesto lo decisivo para establecer si existió o no vínculo de naturaleza laboral, sino la subordinación del servicio prestado es uno de los elementos esenciales que determinan la naturaleza laboral del vínculo entre el Estado y sus trabajadores. Aunado a lo anterior, debe decirse que tratándose de trabajo burocrático, los elementos que componen la relación de trabajo se encuentran establecidos en el artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dice: ‘Artículo 15. Los nombramientos deberán contener: I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio; II. Los servicios que deben prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible; III. El carácter de nombramiento: definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada; IV. La duración de la jornada de trabajo; V. El sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador, y VI. El lugar en que prestará sus servicios.’. En la especie, es importante destacar que la presentación del contrato de prestación de servicios profesionales no es suficiente para determinar que lo aseverado está plenamente acreditado, porque el nombre que las partes le hayan dado a la contratación no conduce a la demostración directa de que la relación sostenida por los contratantes sea de dicha índole. En efecto, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que más adelante se transcribirá, estableció que la existencia de la relación laboral entre el Estado y sus servidores puede acreditarse con cualquier medio de prueba cuando se omite cumplir con la formalidad relativa a la expedición del nombramiento o la inclusión en listas de raya de trabajadores temporales; que se demuestra la existencia del vínculo laboral entre una dependencia estatal y la persona que le prestó servicios, aun cuando no se exhiba el nombramiento relativo o las listas de raya, por no haberse cumplido con esas formalidades, cuando queda acreditado a través de cualquier medio probatorio que los servicios prestados reúnen las características propias de la relación laboral que se entabla entre las dependencias estatales y sus trabajadores, que derivan de lo establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, particularmente de sus artículos 2o., 3o., 15 y 44, fracción I, conforme a los cuales es trabajador cualquier persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos, lo que evidencia la facultad de mando de los titulares de las dependencias estatales y el deber de obediencia de los trabajadores, por lo que si se acredita lo anterior, así como que en la prestación del servicio existió continuidad y que el trabajador prestó sus servicios en el lugar y conforme al horario que se le asignó, a cambio de una remuneración económica, debe concluirse que se acredita la existencia del vínculo de trabajo; y concluyó la Segunda Sala, que no era obstáculo para lo anterior que la prestación de servicios se haya originado en la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales, ya que no es la denominación de ese contrato lo que determina la naturaleza de los servicios prestados al Estado, por lo que si éstos reúnen las características propias del vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores, debe tenerse por acreditado dicho vínculo. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 20/2005, publicada en la página trescientos quince del Tomo XXI, correspondiente al mes de marzo de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.’ (se transcribe). En el caso, la ahora quejosa exhibió como prueba de su parte el contrato de prestación de servicios profesionales de fecha primero de febrero de dos mil dos, el cual, en lo que importa, establece (fojas 34 y 35): ‘Contrato de prestación de servicios profesionales que celebra por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quien en lo sucesivo se le denominará «la dependencia», representada por el C. CP. Pedro Bernal Sánchez en su carácter de administrador local de Recaudación Centro del D.F., del Servicio de Administración Tributaria; y por la otra la C. **********, a quien en lo sucesivo se le denominará «el prestador de servicios», de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas: ... Primera. Objeto del contrato. El prestador de servicios se obliga a prestar sus servicios a «la dependencia», realizando al efecto las actividades consistentes en llevar a cabo la diligenciación de actos administrativos inherentes a la notificación y cobro de adeudos fiscales a cargo del contribuyente y la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Segunda. Importe del contrato. «La dependencia» pagará como importe de los servicios la cantidad de **********, «la dependencia» procederá a la retención del impuesto sobre la renta, en términos de lo previsto por la fracción IV del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tercera. Vigencia del contrato. El presente contrato empezará a surtir efectos a partir del 1o. de febrero de 2002 y con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2002. Cuarta. Forma de pago. «La dependencia» se obliga a pagar a «el prestador de servicios», el importe señalado en la cláusula segunda, en mensualidades vencidas de ********** «la dependencia» procederá a la retención del impuesto sobre la renta, en términos de lo previsto por la fracción IV del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En caso de que «la dependencia» con motivo de la realización de los servicios objeto de este contrato solicite al prestador de servicios, que desarrolle actividades en forma transitoria fuera del lugar de su adscripción, éste se obliga a realizarlos, pero en este caso «la dependencia» le cubrirá las erogaciones que haya efectuado por concepto de viáticos y gastos de viaje, debiéndose observar las tarifas diarias de viáticos, pasajes y los medios de comprobación adoptados por «la dependencia» de acuerdo al nivel que corresponda a servidores públicos y a las zonas establecidas. Quinta. Supervisión. «La dependencia» a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá en todo tiempo el derecho de supervisar el estricto cumplimiento de este contrato, por lo que podrá revisar e inspeccionar las actividades que desempeñe «el prestador de servicios», y en su caso no cubrir los honorarios no devengados. Sexta. Responsabilidades de «el prestador de servicios». «El prestador de servicios» será el único responsable de la ejecución de los servicios, cuando no se ajuste a este contrato y/o a los acuerdos de «la dependencia». Séptima. Obligaciones de «el prestador de servicios». En el desempeño de sus servicios «el prestador de servicios» se obliga a: A) Realizar con eficiencia y oportunidad las actividades profesionales que se le encomienden, efectuando recibir, revisar y controlar los documentos de gestión entregados para su diligenciación; diligenciar todo tipo de actos administrativos inherentes a la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución; requerir del pago y embargar bienes propiedad del contribuyente para la recuperación de créditos fiscales; extraer bienes dejados en depositaría; retroalimentar resultados de los actos administrativos a las unidades de diligenciación y las actividades que le asigne

la dependencia», por conducto del C. CP. ********** en su carácter de administrador local de recaudación centro del D.F. B) A solicitud de «la dependencia», presentar a «la dependencia» los informes de las actividades que realice durante la vigencia de este contrato, así como la de proporcionar cualquier otro dato o documento relativo a sus servicios profesionales que se le requiera. C) No divulgar ni dar a conocer los datos y documentos que «la dependencia» le proporcione para las actividades que desarrolla, ni dar informes a personas distintas de las señaladas por «la dependencia». D) Ser directamente responsable de los daños y perjuicios que cause a «la dependencia» y/o a terceros, por negligencia, impericia o dolo en la prestación de servicios que se obliga a realizar. Octava. Rescisión del contrato. En caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones a cargo del prestador de servicios en el presente instrumento, dará motivo a la rescisión del mismo por parte de «la dependencia». Novena. Terminación anticipada. «La dependencia» en cualquier momento, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para ella y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, dando aviso por escrito a «el prestador de servicios» con treinta días naturales de anticipación. asimismo «el prestador de servicios» podrá darlo por concluido de manera anticipada, previo aviso a la dependencia, efectuando en un lapso idéntico al señalado en el párrafo precedente, esta última determinará lo conducente respecto a consentir en la terminación o deducir las acciones legales que le correspondan. «La dependencia» y/o entidad no adquiere ni reconoce ninguna otra obligación que no sea derivada por el propio contrato a favor de «el prestador de servicios», en virtud de no ser aplicable conforme al artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con lo que «el prestador de servicios» no será considerado como trabajador para los efectos legales, y en particular para obtener las prestaciones establecidas por la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, en los términos del artículo 5o., fracción III, de dicho ordenamiento. A la terminación de la vigencia del contrato o en su caso la rescisión, «el prestador de servicios», se obliga a devolver el material que se le proporcionó para el desempeño de las actividades contratadas, así como identificaciones que le fueron proporcionadas por «la dependencia», en caso contrario dejará a salvo las acciones que procedan. Décima. Caso fortuito o fuerza mayor. «El prestador de servicios» no será responsable por cualquier evento de caso fortuito o fuerza mayor que le impidiera parcial o totalmente la ejecución de las obligaciones a su cargo en el presente contrato, en el entendido de que el caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda estén debidamente acreditados. Décima primera. Jurisdicción. En el caso de que el cumplimiento o interpretación de este contrato dé origen a controversia judicial, las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero federal, renunciando en consecuencia a cualesquiera otro fuero a que pudieran tener derecho ahora o en el futuro por razones de domicilio u otras causas. Décima segunda. Legislación aplicable. Las partes convienen que para los efectos y cumplimiento del presente contrato es aplicable lo dispuesto en los artículos 2606 a 2615 del título décimo, capítulo II del Código Civil Federal. Leídas las cláusulas por las partes y enteradas de su contenido y alcance el presente contrato se firma por cuadruplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 1o. de febrero del 2002.’. De la anterior reproducción se evidencia que en la cláusula quinta se determinó que: ‘Quinta. Supervisión. «La dependencia» a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá en todo tiempo el derecho de supervisar el estrict

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22307-3f991623/trabajadores-al-servicio-del-estado-la-declaracion-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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