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Modo: Corpus Pro

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POSESORIOS SOBRE UNA PORCIÓN DE PARCELA EJIDAL. SI LA ASAMBLEA EJIDAL NO HA OTORGADO AL EJIDATARIO EL DOMINIO PLENO SOBRE ELLA, ÉSTE NO PUEDE DIVIDIRLA O ENAJENAR SUS DERECHOS RELATIVOS A UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, NI ESTE ÚLTIMO PUEDE EXIGIR EL RELATIVO PRONUNCIAMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2009. · Registro digital (IUS): 21709
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, , Pág. 706.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia agraria, que es una especie del género administrativo, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue realizada por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Nueve, que fue autoridad responsable y, por ende, parte en los juicios de amparo de los que derivaron los criterios que se consideran discrepantes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron. Será necesario, además, hacer una breve referencia de los antecedentes de dichos asuntos, para la mejor comprensión de las posturas de dichos tribunales y con el fin de estar en mejores condiciones de analizar si existe o no contradicción de tesis entre tales criterios interpretativos.

Mediante diversos escritos presentados ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Nueve, *****1*****, *****2*****, *****3*****, *****4***** y *****5*****, demandaron de *****6*****: El mejor derecho para poseer los solares urbanos ejidales, con distinta ubicación y medidas, del paraje conocido como **********; que se confirme la posesión real y material del inmueble; se aperciba al demandado para que se abstenga de perturbarlos en la posesión del inmueble y se ordene al Registro Agrario Nacional la inscripción de la sentencia que se dicte en el juicio o la anotación marginal en el folio ********** para que surta efectos en contra de terceros.

Apoyaron sus pretensiones en similares hechos y destacaron algunos, que en el año de dos mil tres, y otros en el año de dos mil cinco, adquirieron la posesión de los solares urbanos ejidales, por contrato de compraventa efectuado con el demandado *****6*****, quien les pretende recoger los terrenos por no tener documento expedido por éste, siendo que el pago fijado como precio de lotes fue cubierto en su totalidad.

Precisaron todos los actores en sus respectivas demandas que los predios forman parte de la parcela número ********** amparada con el certificado parcelario número ********** y que le fue enajenada al demandado por la señora *****7*****, titular de dicha parcela. Que el demandado no efectuó el traslado de derechos ante el Registro Agrario Nacional, no dio de baja el certificado antes mencionado, ni se expidió otro a su nombre y por tal razón solicitan se inscriba la sentencia que se dicte, en el entendido de que los lotes se encuentran vendidos en su totalidad.

Aportaron al juicio, entre otras pruebas, el contrato de compraventa por medio del cual *****6***** declaró que es propietario de la parcela **********, con superficie de ********** hectáreas del poblado de ********** , que adquirió de la cesión de derechos y contrato de compraventa efectuado con *****7***** y *****8*****, misma parcela que fue fraccionada en lotes con diversas medidas, por la factibilidad del uso del suelo aprobada por el Ayuntamiento de **********.

Las diversas demandas presentadas en distintos momentos, fueron radicadas en el mismo Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Nueve a las cuales correspondieron los expedientes de juicio agrario **********, **********, **********, ********** y **********, respectivamente.

Emplazado que fue el demandado en todos los juicios, no compareció y agotada la etapa instructiva, el Tribunal Unitario Agrario pronunció el fallo respectivo en los asuntos sometidos a su conocimiento en similares términos y en distintas fechas, por lo cual, bastará referirse a cualquiera de ellos (juicio agrario **********), mismo que se emitió en los siguientes términos:

"... no obstante que la actora diga en su capítulo de prestaciones, que el inmueble respecto del cual demanda la declaración que le asiste mejor derecho a poseer, se trata de un solar urbano ejidal, lo cierto es que, se trata de tres fracciones de la parcela **********, con superficie de ********** hectáreas, amparada con el certificado parcelario número ********** del núcleo ejidal de **********, esto es así, en atención a las argumentaciones de derecho que a continuación se exponen. ... La acción del mejor derecho a poseer de una parcela ejidal, tiene su base legal en los artículos 14 y 62 de la Ley Agraria. ... Luego entonces, para verter la declaración que (sic) la actora *****3*****, le corresponde el mejor derecho a poseer la superficie reclamada, ésta debe acreditar, en principio su calidad de ejidataria, enseguida que es titular o que tiene derechos reconocidos sobre la superficie que reclama el mejor derecho a poseer dentro del ejido, que debe tratarse de la totalidad de una parcela ejidal, como más adelante se analizará. En ese entendido, el artículo 16 de la Ley Agraria, determina que la calidad de ejidatario se acredita: I. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; II. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; III. Con la sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario. En la especie *****3*****, no aportó ninguno de los documentos de referencia, para acreditar su calidad de ejidataria, pues apoya su pretensión en el contrato de promesa de compraventa de quince de marzo de dos mil cinco, por medio del cual *****6***** le enajena tres fracciones de la parcela ********** con superficie de ********** hectáreas del poblado de **********; el cual no es suficiente para acreditar la calidad de ejidataria, ya que al ser la ‘aceptación de ejidatarios’, una facultad exclusiva de la asamblea de ejidatarios, de conformidad con el artículo 23, fracción II, de la Ley Agraria, el reconocimiento de la calidad de ejidatario, no puede provenir de un convenio celebrado entre particulares. ... De igual forma, las documentales de referencia, no son suficientes para acreditar que la actora tiene derechos reconocidos sobre la superficie que persigue, pues el contrato de compraventa de quince de marzo de dos mil cinco, por medio del cual *****6***** le enajena tres fracciones de la parcela **********, con superficie de ********** hectáreas, del poblado de **********, no produce efecto jurídico alguno, al pretender con el mismo dividir o fraccionar la parcela ejidal, contraviniendo con ello disposiciones de orden público relativas al principio de indivisibilidad de la parcela ejidal, por ello, aun cuando se encuentren en posesión de la fracción de parcela objeto de contrato como se obtiene de la testimonial. ... La simple detentación de las tres fracciones de la parcela ejidal, no le concede u otorga derecho sobre las mismas, porque la causa generadora de su posesión contraviene el principio de indivisibilidad de parcela ejidal. ... Por otra parte, en el supuesto inadmitido, que existiera un pronunciamiento de la asamblea de ejidatarios del poblado que nos ocupa, que autorizó el contrato de quince de marzo de dos mil cinco, por el que se enajenan diversas fracciones de la parcela número **********, tal determinación es contraria a las disposiciones de orden público previstas en la Ley Agraria relativas al principio de indivisibilidad de la parcela ejidal, ya que no existe en la legislación agraria precepto alguno, que faculte a la asamblea ejidal para permitir la división de las superficies parceladas o para reconocer derechos de posesión sobre fracciones de una parcela ejidal previamente delimitada, aun cuando se alegue que los derechos aducidos para ello tengan su origen en un acto jurídico, como lo es un contrato de compraventa cuyo objeto fue una fracción de parcela; de admitirse lo contrario se propiciaría que la asamblea ejidal contribuyera a la actualización de un fraude a la ley, en virtud de que con base en las determinaciones en que aprobara la fragmentación de las parcelas, se concretaría una finalidad opuesta al espíritu de la Ley Agraria que se sintetiza en el principio de la indivisibilidad de la parcela ejidal. ... No reconoció, creó, modificó o extinguió derecho ejidal alguno. ... Se absuelve al demandado *****6***** de las pretensiones señaladas con los incisos A) y D) de la demanda, pues si bien es cierto que de conformidad con los artículos 180 y 185, fracción V, de la Ley Agraria, se advierte que como sanción para el caso de que el demandado no efectúe la contestación a la demanda, se le tendrá por contestada en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia, sanción que le fue impuesta al demandado por ubicarse en este supuesto; el hecho de que se tenga por contestada una demanda en sentido afirmativo implica, entre otras cosas, tener por confesados los hechos aducidos por la actora que le son propios al demandado; empero, esa presunción de certeza no tiene el alcance de estimar probada la acción ejercida, si no se actualizan los presupuestos de ésta, porque es obligación del Tribunal examinar si tales hechos acreditan la existencia de dicha acción, pues atento al principio procesal de que al actor corresponde probar los presupuestos constitutivos de su acción y a la parte demandada aquellos que la extingan. ..."

Inconformes con los respectivos fallos, los actores incoaron sendas demandas de amparo, bajo los argumentos de que no se le dio el valor jurídico a su contrato de cesión de derechos, pues al no ser cuestionado no se le debió restar alcance jurídico, y por tecnicismos jurídicos se deja indefenso a quien por ignorancia de la ley adquiere una fracción de una unidad de dotación ejidal.

a) El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito conoció de la resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Nueve en el Estado de Morelos, en los juicios agrarios ********** y ********** y resolvió en similares términos los juicios de amparo 686/2008 y 687/2008, por lo cual será suficiente hacer referencia al último de ellos, destacando la parte considerativa.

DA. 687/2008.

"QUINTO. Los conceptos de violación son infundados. El quejoso aduce que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 17 y 27 constitucionales porque: 1) Le niega la posibilidad de poseer las fracciones de terreno que reclamó y adquirió de buena fe, y que por ignorancia fue transmitido para fraccionarse y constituir una unidad habitacional, con la posibilidad de perder su patrimonio por un legalismo. 2) La Ley Agraria en el artículo 87 y la Ley General de Asentamientos Humanos en el artículo 39 prevén la posibilidad de que el ejidatario pueda aprovechar la urbanización de sus tierras sujetándose a las leyes, de modo que lo demandado no está fuera de contexto legal. 3) Es incongruente que si en la práctica la fracción de la parcela está en la zona urbana y, por ende, sea imposible el cultivo, aún se sustente el principio de indivisibilidad de la parcela cuando ya no es productiva. 4) El Municipio de **********, ha otorgado el cambio de uso de suelo que se traduce en dejar de ser para uso agrícola destinándolo a uso habitacional. 5) Se le niega el derecho de ser poseedor pese a haber aportado las pruebas necesarias además de que el demandado no compareció a defenderse. 6) Si bien no puede reclamar al titular de la parcela, sí puede hacerlo a quien se encuentra en su misma situación, por haber adquirido por enajenación; y. 7) Es injusto que se le deje en estado de indefensión hasta en tanto se adquiera el dominio pleno, evitando que pueda ser desposeído en cualquier momento del bien adquirido de buena fe y del que se ha ostentado como propietario. Se considera que no le asiste razón al demandante de amparo, por lo siguiente: Uno de los motivos por los que la autoridad responsable resolvió que el actor no había acreditado su acción consistió en que, de establecerse en su favor el mejor derecho a poseer se estaría violando el principio de indivisibilidad de la parcela, considerando que de las pruebas allegadas al juicio se advirtió que las fracciones de terreno que reclama formaban parte de la parcela **********, del núcleo ejidal **********. Dicha forma de resolver no se estima contraria a derecho, considerando que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia ha establecido que dicho principio de indivisibilidad forma parte del régimen legal agrario actual. La jurisprudencia de que se trata es la siguiente: ‘PARCELA EJIDAL. ES INDIVISIBLE BAJO EL RÉGIMEN AGRARIO EN VIGOR.’ (se transcribe). De dicha tesis se advierte claramente que las parcelas con las que son dotados los ejidatarios no pueden dividirse por considerarse que en el régimen anterior a la reforma constitucional de mil novecientos noventa y dos y con posterioridad a ésta, subsiste la necesidad de salvaguardar el principio de que la parcela debe ser la unidad económica suficiente para dar sustento a la familia campesina. Ahora bien, ni de dicha tesis, ni de los preceptos en que se funda se advierte que en los casos en que la parcela esté urbanizada, excepcionalmente pueda dividirse. Por ello es infundado el argumento del inciso 3); además de que aun cuando la parcela, por el entorno demográfico en que se encuentre no sea ya cultivable (por haberse urbanizado), ello no le resta la importancia que tiene como unidad económica de sustento para la familia campesina, en tanto que fue concebida como tal por el Constituyente, y también porque en esas circunstancias como parte de ese sustento, le provee a la clase campesina un espacio para vivir, subsistiendo el interés de que no sea fraccionada. En cuanto al argumento del punto 2), se estima infundado. Los artículos que cita el quejoso establecen lo siguiente: Ley General de Asentamientos Humanos: ‘Artículo 39. Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a las disposiciones jurídicas locales de desarrollo urbano y a la zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la autorización del Municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.’. Ley Agraria: ‘Artículo 87. Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos.’. De ambos preceptos se advierte la posibilidad de que las tierras ejidales aprovechen la zona de urbanización que en su caso exista, y que podrán ser incorporadas al desarrollo urbano con base en la normatividad relativa a los asentamientos humanos. Sin embargo, de ninguno de ellos se desprende la posibilidad de que las parcelas que correspondan al área urbana (de facto) puedan ser fraccionadas, bajo el pretexto de que han adquirido esa condición, pues como se ha visto, aun en esa situación la parcela continúa siendo un elemento económico de subsistencia para la familia campesina. De ahí que no le asista razón al quejoso. En lo referente al argumento del inciso 4), se considera infundado, no solamente por las razones que acaban de exponerse sino también porque en el juicio agrario no existe ninguna prueba que acredite el cambio de uso de suelo; aunado a que si bien puede haberse realizado, tampoco tendría el efecto de permitir el fraccionamiento de la parcela por lo ya expuesto. Por cuanto hace al argumento del punto 5), cabe mencionar que la falta de defensa del demandado no conlleva indefectiblemente a que el Tribunal Agrario resolviera que el demandante acreditó su acción, pues es indispensable que éste justifique sus presupuestos. El criterio anterior ha sido sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas jurisprudencias, como las que se citan a continuación: ‘ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). ‘ACCIÓN, NECESIDAD DE SATISFACER LOS PRESUPUESTOS DE LA.’ (se transcribe). ‘ACCIÓN. FALTA DE PRUEBA DE LA.’ (se transcribe). Por otra parte, es cierto que el quejoso ofreció diversas pruebas para acreditar la posesión que tiene respecto de las fracciones de terreno que reclama tales como la testimonial y documentales; empero, debido a que la división de la parcela es indebida, no es posible que se le reconozca un derecho que la ley no contempla. En lo que corresponde al argumento del inciso 6), también se considera infundado porque aun admitiendo que la reclamación al demandado fuere legítima por no ser tampoco él quien ostenta el título de ejidatario respecto de las fracciones parcelarias, subsistiría la imposibilidad de decretar a favor del actor el mejor derecho a poseer porque propiciaría la división que se insiste, es contraria a derecho. Las alegaciones contenidas en el punto 7), carecen de fundamento, porque si bien la resolución reclamada en los términos en que se dictó no constituyen a favor del accionante el mejor derecho a poseer, también lo es que si el Tribunal Agrario estableció que en su caso cuando se adquiera el dominio pleno podrá ejercitar sus derechos, con ello no se hace sino acatar lo previsto por los artículos 81 y 82 de la Ley Agraria, que establecen en esencia que cuando se adquiera ese dominio por los ejidatarios que reúnan los requisitos legales, podrán disponer de sus parcelas y que éstas dejarán de pertenecer al régimen ejidal y, por ende, podrán fraccionarse libremente. Para ilustrar lo anterior, se transcriben los preceptos citados: ‘Artículo 81. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley.’. ‘Artículo 82. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad. A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común.’. En cuanto al argumento del inciso 1), este tribunal estima que aun cuando efectivamente pudiera haber obedecido al desconocimiento de la ley que el actor adquirió las fracciones parcelarias que reclamó, ello no le releva de observar la normatividad vigente, ni puede estar por encima del principio de indivisibilidad a que se refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto es obligatoria tanto para la autoridad responsable, como para este órgano colegiado conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo. Finalmente, cabe aclarar que el sentido de la sentencia reclamada y de este propio fallo, no implica el reconocimiento de que el demandado tenga mejor derecho a poseer la fracción de la parcela que defiende el quejoso, sino únicamente que con motivo del principio de indivisibilidad de la parcela agraria reconocido por la jurisprudencia, no es posible jurídicamente declarar que el actor tiene el mejor derecho a poseerla. En tales condiciones, al no haberse acreditado la inconstitucionalidad de la sentencia reclamada, lo que procede es negar el amparo solicitado."

b) El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito que conoció en los amparos directos 698/2008 y 726/2008 promovidos en contra de las sentencias emitidas en los juicios agrarios ********** y ********** se pronunció en idénticos términos y, por tanto, únicamente se inserta la parte considerativa del primero de ellos.

DA. 698/2008.

"QUINTO. Es fundado uno de los motivos de inconformidad antes transcritos, en atención a lo siguiente: En principio, si bien es cierto que en el presente asunto puede llegar a considerarse que opera el principio de estricto derecho, porque las partes contendientes en el juicio agrario de origen, no se advierte que tengan el carácter de comuneros o ejidatarios, ni tampoco aspirantes a ser titular de derechos agrarios; sin embargo, también lo es que en los conceptos de violación se advierten motivos de inconformidad que constituyen lo que se denomina ‘causa de pedir’, lo cual obliga a este Tribunal Colegiado a abordar el estudio de la legalidad del fallo reclamado, en atención a dicha figura jurídica procesal. En efecto, se aduce esencialmente que la autoridad responsable le niega al peticionario de garantías el derecho de ser declarado mejor poseedor de la fracción de terreno en disputa, a pesar de haber aportado las pruebas necesarias para acreditar tal derecho; además, de que el demandado jamás compareció a defenderse y, si bien es cierto, ese derecho no puede ser debatido al titular originario de la parcela, sí puede controvertirse con aquel que se encuentra en una situación similar al justiciable, ya que la parcela en controversia se adquirió por enajenación, sin que pueda cuestionarse el principio de indivisibilidad de la misma, por tratarse de un predio que ya no es utilizado para el cultivo. Lo anterior, permite advertir claramente la existencia de la causa de pedir y, por ende, existe la obligación de este Tribunal Colegiado de determinar la legalidad de la resolución reclamada, pues sobre tal aspecto resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 323, Tomo VIII, correspondiente al mes de septiembre de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’. (se transcribe). Es fundado lo argüido por el justiciable en el sentido antes expuesto. Lo anterior es así, en virtud de que la autoridad responsable descontextualizó la litis del juicio natural, al arribar a la conclusión de que ninguna de las partes demostró un mejor derecho de posesión del predio en disputa, perdiendo de vista de que se trata de un conflicto posesorio que tiene por objeto decidir a quién de las partes contendientes le asiste mejor derecho para poseer el bien inmueble controvertido, cuya resolución tiene la naturaleza de ser meramente declarativa, pues solamente se decide de entre las partes en disputa (inter res), quién de ellas tiene un mejor derecho de tal naturaleza, sin que tal declaratoria pueda tener algún efecto constitutivo. En ese contexto, asiste razón al justiciable en cuanto afirma que la autoridad responsable le niega el derecho a obtener la declaración de mejor derecho de posesión del predio en disputa, pues descalifica las pruebas aportadas por el actor y aquí quejoso, entre las cuales se encuentra el contrato de compraventa de diecinueve de octubre de dos mil tres que celebró con el demandado *****9*****, respecto de diversos lotes de terreno que pertenecen a la parcela **********, del certificado agrario ********** a nombre de *****7*****, bajo la supuesta premisa de que dicha operación contractual violenta el principio de indivisibilidad de las parcelas, pasando por alto que a través de ese juicio solamente se pretende obtener la declaración de un mejor derecho de posesión entre las partes contratantes. En efecto, es inexacto que el Magistrado del Tribunal Agrario responsable pretenda desconocer el alcance y valor probatorio de un contrato traslativo de dominio de un bien sujeto al régimen ejidal o comunal, bajo la falsa premisa de que se rompe con el principio de indivisibilidad de las parcelas, pues independientemente de que conforme a la actual Ley Agraria subsista dicho principio, debe decirse que cuando en un caso, como en el presente asunto, las partes contendientes de un conflicto sobre mejor derecho de posesión, no tienen el carácter de ejidatarios o comuneros, ni tampoco de aspirantes a ser titulares de algún derecho agrario, debe estarse a los planteamientos de derecho cuestionados por cada una de las partes, de tal suerte que si el demandado no compareció a juicio y el Tribunal Agrario le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por precluido su derecho para ofrecer pruebas, sin hacer valer excepción alguna, no puede descalificarse la documental antes referida, por no existir refutación alguna sobre la validez o alcance del valor probatorio de la misma. Además, como acertadamente lo refiere el justiciable, en ningún momento se está cuestionando un mejor derecho de posesión a la persona que aparece como titular del certificado de derechos agrarios que ampara los lotes que constituyen el objeto de dicha litis, sino que la referida acción posesoria se enderezó en contra de la persona que le cedió al actor y aquí quejoso la titularidad de los predios en disputa y, que a decir del propio peticionario de garantías, en su escrito inicial de demanda agraria, esta última persona es la que pretende desconocer ese derecho posesorio; de ahí que, si el Tribunal Agrario responsable tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, es obvio que deben tenerse por ciertos los hechos contenidos en dicha demanda, sin que sea válido desconocer el contrato traslativo de dominio de tales predios, por no existir controversia alguna sobre el alcance probatorio y validez del mismo, sin que obste para ello, el principio de indivisibilidad de las parcelas, en virtud de que el sujeto titular de los derechos agrarios no es parte en el juicio principal y, por ende, esa simple declaratoria de mejor derecho de posesión solamente surte efectos entre las partes contendientes. De otra manera, se podría llegar al extremo de declarar implícitamente la nulidad de una cesión de derechos o un contrato traslativo de dominio, sin existir alguna pretensión que tienda a refutar la validez de ese tipo de operaciones contractuales, bajo la falsa premisa de que se rompe con el principio de indivisibilidad de las parcelas. En mérito de lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *****4*****, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar emita otra de conformidad con las consideraciones vertidas en la presente ejecutoria. Dado el sentido, es innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad que hace valer el promovente, sirve de fundamento la tesis jurisprudencial número 107, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 85, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe)."

c) El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito resolvió el amparo directo administrativo 699/2008, con las consideraciones que a continuación se transcriben, y en el cual se impugnó la sentencia dictada en el expediente agrario **********.

DA. 699/2008.

"SEXTO. Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa resultan inoperantes por una parte e infundados por otra, en razón de las siguientes consideraciones: Por cuestión de método se analizará primeramente el segundo concepto de violación hecho valer por la quejosa. Aduce la inconforme que si bien es cierto, el derecho a mejor poseer no puede ser debatido a la titular originaria de la parcela, sí puede controvertirse con aquel que se encuentra en una situación similar a la suscrita, ya que el demandado adquirió dicha parcela por enajenación, por lo que es injusto que se le deje en estado de indefensión ante dicho demandado, hasta en tanto adquiera el pleno dominio a que hace alusión la responsable. Asimismo, manifiesta que la responsable viola los artículos 14 y 16 constitucionales, pues la resolución que se combate carece de fundamentación y motivación, al omitir resolver atendiendo a los principios establecidos en el artículo 87 de la Ley Agraria, en relación con el numeral 39 de la Ley General de Asentamientos Humanos, de los cuales se desprende que las tierras ejidales -asentamiento humano, uso común y parcelas-, pueden ser aprovechadas para la urbanización, sujetándolas a las leyes, reglamentos y planes vigentes, por lo que al estar las fracciones de terreno ubicadas dentro de una zona urbana, lo que hace imposible

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21709-a8395edf/reconocimiento-de-derechos-posesorios-sobre-una-porcion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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