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Modo: Corpus Pro

DESPIDO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE PRESCRIBA LA ACCIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TIENEN CONOCIMIENTO DE LA ORDEN DE SEPARACIÓN, AUNQUE NO EXISTA AVISO POR ESCRITO (LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LA ENTIDAD VIGENTE HASTA EL 1o. DE MAYO DE 1992).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 139/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21315
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 1065.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 139/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a los puntos tercero y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001; en virtud de que las ejecutorias de las cuales se deriva la denuncia, corresponden a la materia de trabajo.

SEGUNDO. Los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Vigésimo Circuito se encuentran legitimados para denunciar la contradicción de tesis, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, por pertenecer a uno de los tribunales que intervino en la emisión de una de las resoluciones cuyo criterio se denuncia.

TERCERO. En cuanto a la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere como un presupuesto básico, que las sentencias en que los criterios discrepantes fueron emitidos tengan la naturaleza de ejecutorias, pues de no ser así, por encontrarse en trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de una de esas sentencias, el criterio emitido por el respectivo Tribunal Colegiado está sujeto a la determinación que sobre el particular adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso, aun cuando se interpuso el recurso de revisión en el amparo directo número ********** por ********** en su carácter de quejosa, en contra de la sentencia dictada en el amparo directo ********** por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuya resolución se denuncia como contradictoria, debe destacarse que el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el citado recurso de revisión mediante proveído de veinte de agosto de dos mil ocho y posteriormente ordenó su archivo en acuerdo dictado el treinta de septiembre del citado año. Consecuentemente, como la resolución que se denuncia como contradictoria ya no está sujeta a revisión, se hace procedente la contradicción de tesis denunciada.

CUARTO. Con la finalidad de poder determinar si existe contradicción de tesis, resulta indispensable transcribir las ejecutorias que se denuncian en cuanto al punto contradictorio se refiere, destacando además los antecedentes que sirvieron de apoyo para su emisión.

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Amparo directo **********.

1. El dos de junio de dos mil cinco ********** demandó de la ********** ante el tribunal del trabajo burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, la reinstalación en la plaza de maestra en las mismas condiciones en que se desempeñaba hasta el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, por un supuesto despido injustificado.

Expuso, entre otros hechos, que el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro al presentarse a laborar a su centro de trabajo, el director de la escuela primaria le manifestó que sus servicios ya no eran necesarios y que, por tanto, debía retirarse, por lo que se consideraba despedida.

La parte demandada opuso la excepción de prescripción ya que entre la fecha del supuesto despido a la en que se presentó la demanda, transcurrieron más de veinte años.

2. La autoridad resolvió procedente la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada, para lo cual consideró: "En la especie como efectivamente lo aprecia la patronal, el derecho de ********** para el ejercicio de su acción por el despido injustificado del que dijo haber sido objeto, inició el día 5 (cinco) de diciembre de 1984 (mil novecientos ochenta y cuatro), por lo que a la fecha en que ejercita su derecho ante este tribunal laboral 7 (siete) de junio de 2005 (dos mil cinco), ha transcurrido en demasía el término prescriptivo contenido en el artículo 94 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas, que le concedía 15 (quince días) a partir de que tuvo conocimiento de la orden o acuerdo de no permitírsele seguir laborando, como la propia accionante lo admitió en el hecho tres de su escrito de demanda ..."

3. La trabajadora promovió juicio de amparo en contra del laudo emitido. Correspondió el conocimiento del asunto al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con el amparo directo número ********** y consideró lo siguiente:

Respecto al tema tratado no se elaboró tesis aislada.

"SÉPTIMO. Los conceptos de violación que esgrime el apoderado legal de la quejosa, resultan infundados por las razones que en esta ejecutoria se expresan. En efecto, en síntesis el apoderado legal de la quejosa alega en el único concepto de violación que el tribunal del trabajo burocrático del Poder Judicial del Estado transgredió las garantías individuales de la quejosa toda vez que no advirtió que la patronal no acreditó que la trabajadora hubiera renunciado voluntariamente a su trabajo; que por ello es evidente que se está en presencia de un despido injustificado y, por lo tanto, para que pudiera empezar a computarse el término de la prescripción era menester que se notificara a la asalariada por escrito el acuerdo u orden correspondiente, conforme a lo que disponía el artículo 47 de la Ley del Servicio Civil del Estado vigente en ese entonces. Tales argumentos resultan infundados toda vez que la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas, vigente en la época en que ocurrió el despido alegado, disponía en sus artículos 48, 93, 94, 95 y 96, lo siguiente: ‘Artículo 48. Un servidor público que considere inexistente o no demostrada la causa de su separación o de no estar comprendido en la ley, tiene derecho a demandar su reinstalación ante el Tribunal de Arbitraje del Estado.’. ‘Artículo 93. Los derechos y acciones que esta ley confiere deben ejercitarse dentro de los términos señalados, pues de lo contrario se produce la extinción del derecho. Prescribirán en 10 días: I. La facultad para impugnar la aceptación de un nombramiento hecho por error, principiará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que el designado entre al desempeño de sus funciones respectivas. II. El derecho de los servidores para volver a ocupar el puesto que hayan dejado por accidente profesional o ajeno al servicio o por enfermedad, contando: El plazo a partir de la fecha en que esté en actitud (sic) de volver a trabajar, de acuerdo con la constancia médica respectiva. III. La facultad de los funcionarios públicos para suspender a los empleados por causas justificadas y para disciplinar sus faltas, contándose desde el momento en que se conozca la causa para la separación o las faltas.’. ‘Artículo 94. En todos los casos, para el ejercicio de una acción o derecho prescribirá a los 15 días de que se tenga conocimiento del acuerdo u orden que deba impugnarse por ser lesivo a los derechos del interesado.’. ‘Artículo 95. En seis meses para impugnar un nombramiento expedido en contra de disposiciones de esta ley, siempre que no se trate del requisito de título para el desempeño de algún cargo.’. ‘Artículo 96. Todos los demás derechos que nazcan de esta ley o nombramiento otorgado a los servidores públicos prescribirán en un año. La prescripción no puede comenzar a correr: I. Contra los incapacitados mentales mientras no se les prevea (sic) de tutor y se le haya discernido este cargo conforme a la ley. II. Contra los empleados incorporados al servicio militar en tiempo de guerra.’. Como puede verse en el artículo 48 se establecía el derecho de los trabajadores burocráticos de ejercer la acción de reinstalación cuando consideraran injustificada su separación del empleo. Por otra parte, en el primer párrafo del numeral 93, se estableció la figura jurídica de la prescripción al señalar la disposición legal que los derechos y las acciones previstas por la ley debían ejercerse dentro de los términos señalados para ese efecto, pues de no hacerlo dentro de tales plazos se producía la extinción del derecho. El mismo artículo estableció el término de diez días para que prescribieran: a) La facultad para impugnar la aceptación de un nombramiento hecho por error. En este caso se estableció expresamente que el plazo empezaría a contarse a partir del día siguiente a aquel en el que el designado entrara al desempeño de sus funciones respectivas. b) El derecho del servidor público para volver a ocupar el puesto que haya dejado por accidente profesional o ajeno al servicio o por enfermedad. En este supuesto el legislador también estableció expresamente que el término se empezaría a contar a partir de la fecha en que el trabajador estuviera en aptitud de volver a trabajar, lo cual se determinaría con la constancia médica que al respecto se le expidiera. c) La facultad de los funcionarios públicos para suspender a los empleados por causa justificada y para disciplinar sus faltas. Como punto de partida para computar el término se consideró el momento en que se conocieran las causas que el trabajador hubiera dado para la separación. En el artículo 95 se estableció que prescribiría en seis meses la facultad para impugnar un nombramiento expedido en contra de las disposiciones de la propia ley, siempre que no se tratara del requisito de título para desempeñar el cargo; sin especificarse en este supuesto a partir de qué momento se contaría el término de prescripción; asimismo, tampoco se determinó si en el caso de que se tratara del requisito de título el término sería menor o mayor. En el artículo 96 se estableció el plazo de un año para hacer valer todos los demás derechos nacidos de la ley o del nombramiento otorgado, sin establecerse tampoco en este supuesto a partir de qué momento debía contarse el plazo de la prescripción, sino que solamente se previó que el término señalado no podía comenzar a correr contra los incapacitados mentales en tanto no se les designara tutor y se les discerniera del (sic) cargo y contra los empleados incorporados al servicio militar en tiempo de guerra. Como puede verse en los supuestos de los artículos 95 y 96, es decir, la facultad para impugnar un nombramiento expedido en contravención a la Ley del Servicio Civil del Estado y para ejercer los derechos nacidos de la ley o del nombramiento, el legislador no estableció el momento a partir del cual debía de (sic) comenzar el término de la prescripción; sin embargo, ello no debe entenderse como una falta de regulación o un vacío legislativo que deba llenarse acudiendo a lo establecido en otras legislaciones. Así es, la razón por la que el legislador no estableció en los supuestos aludidos en qué momento debía de (sic) comenzar a computarse el término de prescripción, como lo hizo en las hipótesis previstas por el artículo 93, fue debido a que en el artículo 94 se previó una regla genérica que debía de (sic) observarse para ello, pues en este precepto estableció que, en todos los casos, el ejercicio de una acción o derecho prescribiría a los quince días de que se tuviera conocimiento del acuerdo u orden que debiera impugnarse, por estimarse lesivos de los derechos del interesado. Con la anterior disposición es más que evidente que el legislador quiso regular los supuestos en los que expresamente no determinó el momento en que debería de (sic) tenerse como punto de partida para el cómputo de la prescripción, excluyéndose obviamente aquellos supuestos en los que de manera expresa lo hizo. En esa tesitura, es inconcuso que como lo estimó el tribunal del servicio civil responsable, el término de la prescripción, en el caso concreto, comenzó a correr a partir de que la trabajadora, ahora quejosa, tuvo conocimiento de la orden o acuerdo de no permitirle seguir laborando para la patronal demandada. En efecto, como lo estimó la autoridad responsable, la trabajadora conocía desde el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, el despido injustificado que alega, toda vez que así lo refirió en su escrito inicial de demanda, al señalar que en esa data al presentarse a su centro de trabajo en la escuela ********** en la colonia del mismo nombre, del Municipio de ********** fue informada por el director de dicho centro educativo, profesor ********** que sus servicios ya no eran necesarios debido a que faltaba mucho a su trabajo y que por ello mandaría a otra persona en su lugar; lo que evidencia que la asalariada tuvo conocimiento desde ese momento de su despido y, por lo tanto, a partir de ahí empezó a correr el término de quince días que tenía para presentar su demanda laboral; sin embargo, como ello ocurrió hasta el siete de junio de dos mil cinco, es decir, veinte años, seis meses y dos días después, es evidente que la acción se encuentra prescrita. No es obstáculo para concluir en lo anterior el hecho de que en el caso se haya demostrado que la trabajadora no renunció voluntariamente como lo alegó la patronal en el juicio laboral, dado que se acreditó pericialmente que la firma estampada no había sido puesta por ella, pues ello sólo conduce a considerar que el despido fue injustificado, pero tal circunstancia no conlleva a estimar que el término de prescripción no puede empezar a correr, pues el numeral 94 no hace distinción alguna en este sentido sino que de modo categórico señala que en todos los casos el ejercicio de una acción o derecho prescribe a los quince días a partir de que se tenga conocimiento del acuerdo o acto que deba impugnarse, es decir, invariablemente debe atenderse a la fecha en la que el trabajador conoce el acuerdo o la orden que lesiona sus derechos. Ahora, es cierto que el artículo 47 de la Ley de Servidores Públicos (sic) vigente hasta el uno de mayo de mil novecientos noventa y dos, establecía que en los casos de separación de un servidor público se le debe comunicar por escrito haciéndole saber la causa de la misma, así como a la Comisión de Escalafón a que corresponda; sin embargo, la falta de esa comunicación solamente conlleva a tener por injustificado el despido, pero de ahí no se sigue que esa omisión de la patronal impida que pueda correr el término de la prescripción; pues bien puede ocurrir que el patrón niegue el despido injustificado y se excepcione en el sentido de que ha operado la prescripción, fundándose para ello en la propia aceptación del trabajador del momento en que tuvo conocimiento del despido. No pasa inadvertido para quienes ahora resuelven que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 59/2000-SS, entre las sustentadas por este órgano colegiado y (sic) Segundo Tribunal Colegiado de este mismo circuito, sustentó la jurisprudencia número 2a./J. 115/2000, consultable en la página 417 del Tomo XII, diciembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL DEBE COMPUTARSE EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO.’ (se transcribe). Tampoco se desconoce que la misma Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia número 2a./J. 21/96, visible en la página 210 del Tomo III, mayo de dos mil seis (sic) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA A CORRER EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN CASO DE CESE O SUSPENSIÓN.’ (se transcribe). Jurisprudencias las anteriores en las que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es a partir de la notificación del despido cuando puede computarse el término de la prescripción; sin embargo, de la lectura del texto de las jurisprudencias, así como de las ejecutorias respectivas se advierte que en ambos casos se interpretaron disposiciones en las que el legislador expresamente estableció el acto de la notificación como el punto de partida del cómputo del término de la prescripción, tal como se encuentra establecido en los artículos 68, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, vigente a partir de dos de mayo de mil novecientos noventa y dos, y 113, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que preceptúan: ...’ ‘Artículo 68. Prescriben: ... II. En dos meses: a) En caso de despido o suspensión injustificadas, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo, contadas a partir del momento en que se ha notificado al trabajador del despido o suspensión; ...’. ‘Artículo 113. Prescriben: ... II. En cuatro meses: a) En caso de despido o suspensión injustificados, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley concede, contados a partir del momento en que sea notificado el trabajador, del despido o suspensión. ...’. Por lo tanto, la Sala aludida determinó que atender a otros supuestos significaría apartarse del verdadero sentido de la ley, hasta el extremo de integrar una norma totalmente distinta a la disposición aplicable al caso concreto, cuando no da lugar a otras interpretaciones; no obstante ello, en el caso la propia norma contenida en el artículo 94 de la Ley del Servicio Civil del Estado vigente en ese entonces, es la que establece que el término de prescripción debe contarse a partir de que el trabajador tiene conocimiento del acuerdo u orden que deba impugnarse, ya que literalmente dicho precepto señala: ‘Artículo 94. En todos los casos, para el ejercicio de una acción o derecho prescribirá a los 15 días de que se tenga conocimiento del acuerdo u orden que deba impugnarse por ser lesivo a los derechos del interesado.’, de donde se sigue que empleando el mismo criterio interpretativo, debe concluirse que debe estarse a lo determinado por el legislador, sin pretender atender a otros aspectos que aquél no previó para establecer el momento en el cual debe empezar a computarse el término de la prescripción. Asimismo, es de destacarse que en la ejecutoria correspondiente a la contradicción de tesis 59/2000-SS, en el asunto resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado que contendió, se trató de un despido ocurrido bajo la vigencia de la Ley del Servicio Civil del Estado que rigió hasta el uno de mayo de mil novecientos noventa y dos; sin embargo, la Segunda Sala no se pronunció sobre las disposiciones de aquella ley, toda vez que los fundamentos de la sentencia de amparo del Segundo Tribunal corresponden a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, que derogó la ley antes citada, por lo tanto, es evidente que la jurisprudencia 2a./J. 115/2000 no rige para casos en que deba resolverse conforme a la anterior Ley del Servicio Civil del Estado. En tales circunstancias, es de concluirse que el término para que opere la prescripción conforme al artículo 94 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas, vigente hasta el uno de mayo de mil novecientos noventa y dos, debe computarse a partir de que el trabajador tuvo conocimiento del acuerdo u orden del despido, no obstante que el patrón omita notificárselo. Tiene aplicación en el caso por identidad en el contenido de las disposiciones que se interpretan la jurisprudencia número 2a./J. 119/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 131 del Tomo XIX, enero de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘DESPIDO. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE DE ÉL DERIVAN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA SEPARACIÓN, NO OBSTANTE LA FALTA DEL AVISO RESCISORIO.’ (se transcribe). En las relatadas circunstancias, ante lo infundados que resultan los conceptos de violación expuestos por el apoderado legal de la quejosa, lo que procede es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que impetra. Ahora, advirtiendo una posible contradicción de criterios entre la conclusión anteriormente alcanzada y el contenido en la tesis número XX.2o.36 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de este mismo circuito, consultable en la página 1161 del Tomo XXIII, abril de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DE QUE SE NOTIFICA POR ESCRITO AL TRABAJADOR EL ACUERDO U ORDEN CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE HASTA EL 1o. DE MAYO DE 1992).’ (se transcribe). Con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, y con testimonio autorizado de esta ejecutoria, hágase la denuncia de la posible contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito resolvió los amparos directos laborales, **********, **********, **********, ********** y **********.

Solamente se hará referencia al amparo directo ********** por ser el criterio más reciente y reiteración de los anteriores, para lo cual se destacan sus antecedentes y consideraciones siguientes:

1. El actor ********** demandó de la ********** ante el tribunal del trabajo burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, la reinstalación en el empleo que desempeñaba a su servicio. Como hechos expuso que el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve se le impidió continuar con sus labores cotidianas por parte del director de recursos humanos, con el argumento de que había causado baja por reestructuración, sin darle explicación alguna, ni la indemnización de los años laborados, y sin que se le haya notificado el levantamiento del acta administrativa, lo que se traduce en un despido injustificado.

2. Se tramitó el juicio laboral al que compareció la parte demandada, y opuso la excepción de prescripción a partir de la fecha en que le fue avisada su baja por reestructuración, mediante oficio de quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, en términos de los artículos 93 y 94 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas de mil novecientos cincuenta y siete.

3. La autoridad emitió el laudo en el que declaró procedente la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada, partiendo de la base de la fecha en que el actor reconoce expresamente en la demanda como aquella en que se le impidió continuar con sus labores, aplicando en esa fecha la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas de mil novecientos cincuenta y siete, en sus artículos 47, 93 y 94, de cuyas normas determinó, que transcurrió en demasía el término prescriptivo de quince días a partir de que tuvo conocimiento de la orden de baja en el servicio.

4. Inconforme con el laudo, el trabajador promovió juicio de amparo, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, quien emitió las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Por el sentido en que se resuelve la presente ejecutoria, no se transcribirán los conceptos de violación, porque en suplencia de la queja deficiente prevista en la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado advierte que el laudo reclamado es violatorio de garantías. Del análisis al acto controvertido emerge que la responsable estimó acreditada la excepción de prescripción de la acción de despido injustificado, reinstalación en el puesto y pago de salarios caídos, bajo el argumento de que como el actor, aquí quejoso, reconoció en la demanda de origen que a partir del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve se le impidió continuar en sus labores, desde esa fecha al momento de promoción del litigio (veinticinco de enero de dos mil cinco) había transcurrido en exceso el plazo de quince días que preveía el artículo 94 de la abrogada Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, publicada en mil novecientos cincuenta y siete, que regía la relación obrero-patronal. Agregó la responsable que la manifestación del mismo inconforme, se corrobora con el contenido de la copia fotostática simple del oficio número 12297, de quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, donde se establece que a partir del uno de enero de mil novecientos noventa causaba baja por reestructuración de la unidad coordinadora de informática, lo que implica que el disidente tuvo conocimiento de ese acuerdo, por lo que en su momento debió impugnarlo y al no haberlo hecho operó la prescripción. Ahora bien, cabe precisar que los preceptos 93 y 94 de la abrogada Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas, de mil novecientos cincuenta y siete, aplicable para el caso de que se trata, toda vez que los hechos controvertidos ocurrieron en diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, anterior a la actual legislación burocrática local que entró en vigencia el uno (sic) de mayo de mil novecientos noventa y dos, establecían: ‘Artículo 93. Los derechos y acciones que esta ley confiere deben ejercitarse dentro de los términos señalados, pues de lo contrario se produce la extención (sic) del derecho. Prescribirán en diez días: I. La facultad para impugnar la aceptación de un nombramiento hecho por error, principiará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que el designado entre al desempeño de sus funciones respectivas. II. El derecho de los servidores para volver a ocupar el puesto que hayan dejado por accidente profesional o ajeno al servicio o por enfermedad, contando el plazo a partir de la fecha en que esté en actitud de volver a trabajar, de acuerdo con la constancia médica respectiva. III. La facultad de los funcionarios públicos para suspender a los empleados por causas justificadas y para disciplinar sus faltas, contándose desde el momento en que se conozca la causa para la separación o las faltas.’. ‘Artículo 94. En todos los casos, para el ejercicio de una acción o derecho prescribirá a los 15 días de que se tenga conocimiento del acuerdo u orden que deba impugnarse por ser lesivo a los derechos del interesado.’. Del primero de los numerales transcritos se advierte que no contempla de manera expresa la hipótesis de la prescripción tratándose de la acción de reinstalación, entonces, por exclusión, el aplicable al caso es el 94 de la ley en comento. En consecuencia, el plazo para ejercer el derecho vulnerado a fin de evitar su prescripción era de quince días contados a partir de que el trabajador tuviera conocimiento del acuerdo u orden del despido o suspensión, y para efectos de determinar la forma de comunicación del aviso rescisorio, debe tomarse en consideración lo preceptuado por el normativo 47 del ordenamiento invocado que establecía: ‘Artículo 47. En los casos de separación de un servidor público se le debe de comunicar por escrito haciéndole saber la causa de la misma, así como a la comisión de escalafón a que corresponda.’. En tal virtud, de los preceptos transcritos se desprende que la acción para demandar la reinstalación en el trabajo prescribe en quince días contados a partir de la fecha en la que al trabajador se le notifica formalmente su despido, sin que sea dable considerarse como tal el momento en el que materialmente ocurre el mismo, ni aquel en el cual se ostente sabedor de esa circunstancia, ya que, se reitera, únicamente puede comenzar a computarse a partir del instante en el que se le comunica en términos legales su rescisión. Precisado lo anterior, en el laudo reclamado el tribunal responsable consideró que no era procedente la acción de reinstalación del actor en el puesto que desempeñaba porque en el escrito de demanda señaló la fecha en que ya no se le permitió laborar, lo que implicó que a partir de ahí tuviera conocimiento de tal hecho y le empezara a correr el plazo de quince días para impugnar esa separación. Al respecto, cabe destacar que en cuanto a lo determinado a que el hoy quejoso tuvo conocimiento de la rescisión laboral, el órgano de instancia omitió tomar en consideración que para tenerse por legalmente enterado al empleado del despido, debió notificársele tal situación mediante documento escrito, en el que se especificaran las causas que dieron motivo a ese suceso, así como existir constancia de habérsele entregado en forma personal y directa el escrito de rescisión, por ende, el cómputo de la prescripción no podía empezar a correr hasta en tanto el empleado fuera enterado en esos términos. Ello es así, debido a que del artículo 47 de la abrogada ley burocrática local, se advierte la obligación de la patronal de comunicar por escrito las causas de la terminación del vínculo contractual; por ende, en el caso al no demostrar la patronal que realizó la referida notificación al trabajador, es incuestionable que no puede empezar a correrle a éste el plazo para la prescripción, porque la ley exige que para ese efecto se cumpla con el requisito formal de hacérsele de su conocimiento en los términos apuntados. Establecido lo anterior, es importante precisar que de ninguna de las pruebas en que se apoyó el tribunal para declarar procedente la excepción de prescripción opuesta por la demandada, se advierte que se haya notificado de manera formal al quejoso trabajador su cese del empleo, sin que el hecho de que éste allegara el oficio número 12297, de quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, donde se establece que a partir del uno de enero de mil novecientos noventa causaba baja, pueda implicar que se le comunicó legalmente esa determinación, pues en autos no obra la constancia respectiva que así lo refiera. Por ello, el plazo para que opere dicha figura prevista en el artículo 94 de la abrogada ley de la materia, debía empezar a computarse a partir de que la patronal le hiciera saber al trabaj

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21315-65b96ccf/despido-el-computo-del-plazo-para-que-prescriba · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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