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Modo: Corpus Pro

RECTIFICACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. CUANDO SE REALIZA RESPECTO A UN PERIODO ANTERIOR QUE ES BASE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PERIODOS POSTERIORES, TIENE REPERCUSIÓN EN EL MONTO DE LAS PRIMAS DE ÉSTOS, NO OBSTANTE EL DESISTIMIENTO DEL JUICIO FISCAL EN QUE FUERON IMPUGNADAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21347
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 1359.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados al resolver, en amparo directo, aspectos relativos a la materia administrativa que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo.

En los citados preceptos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, se señala que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto la denuncia de contradicción de tesis es formulada por ********** por conducto de su representante; luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que es parte quejosa en los juicios de amparo cuyos criterios se denuncian como contradictorios.

TERCERO. Con el propósito de determinar la existencia o inexistencia de la divergencia de criterios denunciada y, en el primer caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

El citado tribunal resolvió el juicio de amparo directo ********** contra el acto de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa consistente en la resolución dictada en el juicio de nulidad en el que se impugnó el oficio ********** emitido por el titular de la Delegación en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social en el que resolvió sobre la certificación de los porcentajes de la prima del seguro de riesgos de trabajo con números *****1***** y *****2***** por los periodos del uno de marzo de dos mil dos al último día de febrero de dos mil tres y del uno de marzo de dos mil tres, al último día de febrero de dos mil cuatro, en respuesta al escrito de quince de enero de dos mil siete e informa que la prima contenida en la resolución *****1***** es de 05.3265% y en la resolución *****2***** es de 06.32635%.

El Tribunal Colegiado del conocimiento sostuvo lo siguiente.

"... Se dice que son infundados los argumentos de la quejosa, porque la resolución impugnada en el juicio fiscal de origen, si bien no deriva de las resoluciones de rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo de folios *****1***** y *****2***** que determinaron los porcentajes de prima de 5.32635% y 6.32635%, para ser aplicables a los periodos correspondientes a 2002-2003 y 2003-2004, puesto que es consecuencia del escrito que se presentó por la ********** inconforme con fecha dieciséis de enero de dos mil siete, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (tal como se advierte del acto impugnado), donde solicitó la ratificación de los porcentajes de prima de 3.65188% y 2.67403%, que declaró para los periodos correspondientes a 2002-2003 y 2003-2004, o bien, la emisión de los porcentajes aplicables a tales periodos, en observancia y acatamiento al cambio de escenario contributivo que surgió a raíz del pronunciamiento de la sentencia dictada el uno de diciembre de dos mil cinco, dentro del juicio fiscal ********** la cual motivó que las propias autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, notificaran a la quejosa el veinticinco de abril de dos mil cinco, la ratificación de los diversos porcentajes de 2.30115% y 3.30115%, que respectivamente fueron declarados por ésta, para ser aplicables a los periodos correspondientes a 2000-2001 y 2001-2002 [porcentajes estos últimos, que deberían ser la base para la determinación de las primas de riesgo de trabajo aplicables a los posteriores ejercicios (2002-2003 y 2003-2004), ello con fundamento en el artículo 74 de la Ley del Seguro Social, que establece que las primas declaradas por los patrones pueden ser modificadas, aumentándolas o disminuyéndolas, en una proporción no mayor al uno por ciento, respecto de la prima firme del periodo inmediato anterior, la verdad es que, a fin de cuentas, la resolución controvertida consistente en el oficio ********** de tres de abril de dos mil siete, tiene su apoyo en las resoluciones de rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo de folios *****1***** y *****2***** dado que con base en ellas informa que los porcentajes de prima de 5.32635% y 6.32635%, que en éstas se determinaron serán las aplicables a los periodos correspondientes a 2002-2003 y 2003-2004, respectivamente, sin que en el caso resulte que estas resoluciones de rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo de folios *****1***** y *****2***** actualmente no tengan vigencia jurídica y que, por tanto, la resolución impugnada en el juicio de origen no pueda legalmente tener como motivación esas resoluciones, habida cuenta que, como lo estimó la Sala Fiscal y la autoridad demandada, éstas quedaron firmes al momento en que la actora desistió lisa y llanamente de las acciones intentadas contra ellas dentro del juicio fiscal ********** y desde el momento en que la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acordó dicho desistimiento mediante proveído de seis de noviembre de dos mil tres (foja 1163), y no puede considerarse como lo expone la quejosa, que esa firmeza tuviera vigencia, por el nacimiento de un hecho superveniente, hasta el veinticuatro de abril de dos mil seis, que fue el día previo a la fecha en que se notificó la ratificación de los porcentajes de prima que declaró para los periodos inmediatos anteriores de 2000-2001 y 2001-2002 (fojas 301 a 304), y que deberían constituir, en términos del numeral 74 de la Ley del Seguro Social, la base para la determinación de las primas posteriores 2002-2003 y 2003-2004 y no por esa razón, la Sala responsable tuviera que haber desechado de inicio, por improcedente, la demanda de nulidad generadora del juicio fiscal de origen, puesto que si bien el acto impugnado, como ya se indicó, tiene su apoyo en las resoluciones de rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo de folios *****1***** y *****2***** que determinaron los porcentajes de prima de 5.32635% y 6.32635%, para ser aplicables a los periodos correspondientes a 2002-2003 y 2003-2004, y que fueron consentidas por el desistimiento de la quejosa del juicio de nulidad ********** lo cierto es que aun en ese supuesto es susceptible de ser impugnado por vicios propios no relativos al tema de la determinación de los porcentajes aludidos y que quedaron firmes (como lo sería en su caso, la incompetencia de la autoridad que lo emitió o la indebida fundamentación de la competencia de la misma, por citar un ejemplo), sin que por ello se estime que se intenta elevar a juicio los propios actos que fueron previamente consentidos, ya que se trata de otro diverso impugnado, pero que tiene su apoyo en los que quedaron firmes por el desistimiento de la propia actora en el juicio en alusión, mismas que en oposición a lo que expone la quejosa, no dejaron de tener vida jurídica con el surgimiento de un hecho superveniente (ratificación de primas 2000-2001 y 2001-2002) que, según la quejosa, modifica el escenario jurídico para el cálculo de las primas del seguro de riesgos de trabajo correspondientes a los posteriores periodos de cotización 2002-2003 y 2003-2004, toda vez que, como lo estimó la responsable, el desistimiento que contempla la fracción I del artículo 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una renuncia del sujeto, para que el órgano de control de legalidad de los actos de autoridad, ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, es decir, los efectos de éste consisten en poner fin al juicio, sin hacer una declaración sobre el fondo de los actos impugnados, dejando las cosas tal como se encontraban al momento de promoverse la demanda, de ahí que la manifestación de voluntad de la actora (desistimiento), externada de modo fehaciente, constituye la renuncia a que el órgano de control despliegue su actividad jurisdiccional para, eventualmente, proceder al examen de la juridicidad del acto reclamado, lo que para los efectos del juicio contencioso administrativo federal implicaba un consentimiento expreso de ese acto, habida cuenta que su consecuencia es el sobreseimiento en el juicio (como así se decretó), dejando a la autoridad en aptitud de obrar en el sentido dado al acto controvertido, independientemente de que esto sea o no conforme con sus atribuciones, porque precisamente la renuncia de la actora impide, en el caso concreto, el análisis de si la actividad desarrollada por la autoridad fue o no acorde con sus facultades y obligaciones. De ahí que la responsable considerara de forma correcta que el oficio ********** de tres de abril de dos mil siete, que emitió el Delegado Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, es legal, al haber renunciado la demandante al medio de defensa intentado (desistió de la demanda de nulidad que dio origen al juicio ********** contra la resolución de rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo con número de folio *****1***** de veintitrés de junio de dos mil tres, con una prima para la cobertura del seguro de riesgos de trabajo del 05.32635%, y contra la resolución de rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo con número de folio *****2***** de veintitrés de mayo de dos mil tres, con una prima para la cobertura del seguro de riesgos de trabajo del 06.32635%. Lo anterior, porque tal desistimiento formulado por el demandante (foja 1162), supone el conocimiento de las resoluciones de rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo con números de folios *****1***** y *****2***** de veintitrés de junio de dos mil tres y veintitrés de mayo del mismo año, por los periodos correspondientes del uno de marzo de dos mil dos, al último día de febrero del año dos mil tres, y del uno de marzo del año dos mil tres, al último día de febrero del año dos mil cuatro, por tanto, el hecho de que el enjuiciante argumente que las primas certificadas de 05.32635% y de 06.32635%, son contrarias a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley del Seguro Social, considerando las resoluciones de rectificación de las primas en el seguro de riesgos de trabajo *****3*****y *****4***** ambas de tres de abril del año dos mil seis, que determinan las primas de 2.30115% y 3.30115%, como los porcentajes base para la determinación de las primas del seguro de riesgos de trabajo, por los periodos correspondientes del uno de marzo de dos mil, al último día de febrero del año dos mil uno, y del uno de marzo del año dos mil uno, al último día de febrero del año dos mil dos, emitidas en atención a lo resuelto en la sentencia dictada en el referido juicio ********** del índice de la Segunda Sala Regional de Oriente, no implica que deje de surtir efectos o no pueda seguir surtiendo efectos el desistimiento formulado en el juicio fiscal ********** pues esa manifestación de voluntad constituye, como se dijo, una aceptación o consentimiento de las resoluciones de rectificación de la prima de seguros de riesgos de trabajo con número de folios *****1***** y *****2***** de veintitrés de junio de dos mil tres, y veintitrés de mayo del mismo año, por los periodos correspondientes del uno de marzo de dos mil dos, al último día de febrero del año dos mil tres, y del uno de marzo del año dos mil tres, al último día de febrero del año dos mil cuatro, y que como se dijo, no puede ser ignorada por la Sala Fiscal. Por ende, si la actora promovió el juicio ********** contra las resoluciones de rectificación de la prima de seguros de riesgos de trabajo con número de folios *****1***** y *****2***** de veintitrés de junio de dos mil tres y veintitrés de mayo del mismo año, por los periodos correspondientes del uno de marzo de dos mil dos, al último día de febrero del año dos mil tres, y del uno de marzo del año dos mil tres, al último día de febrero del año dos mil cuatro, y luego desistió del mismo, su manifestación de voluntad entraña que las cosas queden en el mismo estado en el que se encontraban antes de promoverse la demanda, en virtud del sobreseimiento que resulta como consecuencia de la renuncia de la actora (desistimiento), al eventual análisis de los actos impugnados. Por consiguiente, si en ese contexto legal la actora promueve el juicio de nulidad, materia de este amparo, contra la resolución de la instancia (que da respuesta a s

escrito de quince de enero de dos mil siete, donde solicita la certificación de primas de riesgo de trabajo) que resolvió confirmar la aplicación de los porcentajes base para la determinación de las primas del seguro de riesgos de trabajo, aplicados en las resoluciones de rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo con números de folios *****1***** y *****2***** de veintitrés de junio de dos mil tres, y veintitrés de mayo del mismo año, es obvio que esta nueva acción que dio lugar al juicio fiscal ********** del que se proviene, quedará condicionada o sujeta al desistimiento formulado en el diverso juicio ********** lo que acarreará la validez en ese aspecto del acto controvertido, como se consideró por la Sala Fiscal, siendo por ello infundados los conceptos de violación en estudio. Se cita, por analogía, la jurisprudencia 3/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintidós, Tomo III, febrero de dos mil seis, (sic) Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS.’ (se transcribe). Es inoperante el tercer concepto de violación que vertió la quejosa en esta instancia y en el cual se indica que no obstante la revocación por parte de la autoridad demandada respecto del acto impugnado, la Sala responsable inexplicablemente pretende volver a darle vida jurídica, para después declarar su validez, lo que depara un perjuicio flagrante y grave a la quejosa, ya que con ello se violan las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 50 de la Ley del Seguro Social, al resultar evidente que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no tiene facultades para recuperar los efectos de un acto administrativo, una vez que se revocó por la autoridad que lo emitió, pues concluir lo contrario sería tanto como afirmar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede subrogarse a las atribuciones de cualquiera de las autoridades administrativas autónomas de cuyos actos resuelve su legalidad, lo cual, en un Estado de derecho, resulta inaceptable, luego, es ilegal que la Sala responsable, al tener sólo facultades de anulación relacionadas con la ilegalidad de los actos, pretenda restituir los efectos de un acto administrativo que fue revocado de manera unilateral y voluntaria por parte de la autoridad emisora, aunado a que de la lectura del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se puede advertir que las Salas están imposibilitadas para cambiar los hechos y pruebas ofrecidas por las partes a lo largo del juicio, por tanto, resulta a todas luces ilegal el que la Sala responsable pretenda cambiar el sentido de la resolución de rectificación impugnada, una vez que fue modificada, en el sentido de dejarla sin efectos jurídicos por el órgano demandado que la emitió, de ahí que resultaba evidente que la Sala responsable, habiendo determinado la continuación del juicio fiscal de origen, sin perjuicio de que las autoridades demandadas hayan dejado sin efectos el acto impugnado, al no encontrarse con ello satisfechas las pretensiones de la actora a que se refiere la fracción IV del artículo 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debió determinar la nulidad lisa y llana de la resolución controvertida, ordenando a las autoridades demandadas, a su vez, la emisión de un oficio en el que ratificaran las primas que fueron declaradas por la actora para los periodos en conflicto (2002-2003 y 2003-2004), conforme a lo dispuesto por los artículos 52, fracciones II y V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, máxime que la autoridad renunció tácitamente a sus excepciones, desde el momento en que revocó de forma administrativa dicha resolución, por lo que era menester que la Sala responsable resolviera con observancia de los límites de las pretensiones de las partes, de tal suerte que si las únicas pretensiones que prevalecían en el juicio de origen fueron las que la quejosa manifestó en su escrito inicial de demanda, entonces se debió declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y ordenar a las autoridades demandadas que ratificaran los porcentajes de prima que fueron presentados por la actora para los periodos en conflicto (2002-2003 y 2003-2004), siendo por ello inadmisible e ilegal que la sentencia que constituye el acto reclamado determinara su validez; cita la tesis de título: ‘TRIBUNAL FISCAL. COMPETENCIA DEL. ES LIMITADA. ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 23 DE SU LEY ORGÁNICA.’ (del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito). Para determinar lo anterior, es menester acudir al contenido del precepto 9o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que indica lo siguiente: ‘Artículo 9o. Procede el sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. ... El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial.’. En la especie, aun cuando el titular de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó en juicio el acuerdo de revocación contenido en el oficio con número de referencia ********** de siete de diciembre de dos mil siete, en virtud del cual procedió a revocar lisa y llanamente la resolución impugnada inmersa en el oficio número ********** de tres de abril de dos mil siete, dejando, en consecuencia, sin efecto su contenido, la Sala responsable en el juicio de origen, en el caso concreto, estimó que no procedía el sobreseimiento en el juicio como lo solicitaba la autoridad, en términos del numeral en comento, en virtud de que con ello no se satisfacía la pretensión total de la accionante, porque ese acuerdo de revocación colmaba sólo algunas de las pretensiones de la actora, ya que si bien solicitó la nulidad de la resolución impugnada bajo el argumento de que las primas certificadas de 05.32635% y de 06.32635%, son contrarias a lo dispuesto por el numeral 74 de la Ley del Seguro Social, también se advirtió de la lectura de la demanda de nulidad, que era evidente que la pretensión de la actora, de igual forma, era obtener la nulidad lisa y llana del oficio controvertido, para que en su caso, se emitiera otro en la (sic) que para el pago del seguro de riesgos de trabajo a cotizar en el periodo del uno de marzo de dos mil dos, al último día de febrero de dos mil tres, y en el periodo del uno de marzo de dos mil tres, al último día de febrero de dos mil cuatro, fueran consideradas las primas declaradas por la demandante, o bien, que para la determinación de los porcentajes base de las primas del seguro de riesgos de trabajo de esos periodos, se tomaran en consideración las resoluciones *****3***** y *****4***** ambas de tres de abril de dos mil seis, que determinan las primas del 2.30115% y 3.30115%, por los periodos correspondientes del uno de marzo de dos mil, al último día de febrero de dos mil uno, y del uno de marzo de dos mil uno, al último día de febrero del año dos mil dos, lo cual se señaló que no aconteció con el hecho de que se dejara sin efectos la aludida resolución impugnada con el acuerdo de revocación en mención. En ese tenor, concluyó la Sala, que al dejarse sin resolver la petición de la actora en forma indefinida, tal como se advirtió del oficio por el que se dejó sin efectos la resolución impugnada, entonces no se satisfacía la pretensión de la actora y, por ende, no se surtía la causa de sobreseimiento hecha valer por la autoridad demandada, prevista en la fracción lV del artículo 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora bien, es inoperante ese concepto de violación, dado que de sobreseer en el juicio fiscal por la revocación que hizo la autoridad demandada respecto del acto impugnado (oficio ********** de tres de abril de dos mil siete), como en un aspecto lo señala la quejosa (ya que, por otra parte, sostiene que procede la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada), se le causaría mayor perjuicio, pues no produciría efecto alguno su contenido (de aquel oficio) y la situación jurídica de la demandante permanecería indefinida y no quedaría satisfecha la pretensión de ********** como dijo la Sala en el fallo reclamado, es decir, se dejaría sin resolver (y quedaría en incertidumbre jurídica la quejosa) la solicitud de certificación de prima realizada por la demandante, (sic) lo cual se dio respuesta a través del oficio ********** aun cuando es desfavorable a sus pretensiones, ratificándosele que las primas contenidas en la resolución *****1***** que contiene la prima a cotizar en el periodo del uno de marzo de dos mil dos, al último día de febrero de dos mil tres, es de 05.32635%, y en la resolución *****2***** que contiene la prima a cotizar en el periodo del uno de marzo de dos mil tres, al último día de febrero de dos mil cuatro, es de 06.32635%, y que son las que se deben de cotizar en los periodos señalados, en virtud de que esas resoluciones se encuentran firmes (por el desistimiento de la demanda de nulidad del juicio **********). De ahí que si en el propio concepto de violación, la promovente, a fin de cuentas, arguye que procedía la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada desde el momento en que la autoridad revocó de forma administrativa dicha resolución, porque las únicas pretensiones que prevalecían en el juicio de origen fueron las que la quejosa manifestó en su escrito inicial de demanda, lo cierto es que ello (revocación), lejos de provocar tal consecuencia (nulidad lisa y llana), lo que acarrearía, en todo caso, sería el sobreseimiento en el juicio, como ya se mencionó, en términos del numeral 9o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que traería mayor perjuicio a la pretensión actual de la quejosa (declaratoria de nulidad lisa y llana), siendo por ello inoperante el concepto de violación en examen. Se cita en apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis CCII/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos veintiséis, Tomo XVII, enero de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ Y NEGAR EL AMPARO, CUANDO DE CONCEDERSE ÉSTE, SE CAUSEN PERJUICIOS AL QUEJOSO.’ (se transcribe). Aunado a lo anterior, cabe decir que la pretensión de la quejosa (manifestada en tal concepto de violación) es incongruente, pues por una parte, considera que como se revocó el acto impugnado lo que procedía era el sobreseimiento en el juicio, y por otra, que se declare la nulidad lisa y llana de la resolución combatida (oficio **********), lo cual, en el primer supuesto (sobreseimiento), además (sic) que se le ocasionaría mayor perjuicio (como ya se estableció), quedaría sin contestar su escrito de quince de enero de dos mil siete (solicitud de certificación de primas), y por ello sin resolver su planteamiento en forma definitiva, como lo dijo la Sala al no tener por revocado ese oficio impugnado; y la segunda hipótesis (declaratoria de nulidad lisa y llana) no es operante por las razones ya expresadas (firmeza de las resoluciones relativas a las primas de 05.32635% y 06.32635%, correspondientes a los periodos 2002-2003 y 2003-2004)."

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

El Tribunal Colegiado resolvió el juicio de amparo directo ********** promovido por ********** contra el acto de la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa consistente en la resolución dictada en el juicio fiscal ********** en el que se impugnaron créditos fiscales determinados por el titular de la Subdelegación Puebla Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social por concepto de diferencia en el pago de cuotas obrero patronales y multas correspondientes al periodo 3o. de 2002, que tuvo su origen en la resolución de rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo con número de folio *****1***** correspondiente al periodo del primero de marzo de dos mil dos al último día de febrero de dos mil tres con un porcentaje de 5.32635.

El Tribunal Colegiado sostuvo las siguientes consideraciones:

"SÉPTIMO. Los conceptos de violación que serán analizados en esta ejecutoria son esencialmente fundados, como enseguida se precisa: De inicio, debe decirse que en el juicio fiscal de origen la resolución impugnada de veintitrés de febrero de dos mil siete toma como referencia una prima del seguro de riesgos de trabajo tasada en 5.32635% y sobre dicha prima gira la litis natural. Como se vio del considerando primero de la sentencia reclamada, ésta se dictó en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, al resolver la revisión fiscal número ********** en sesión de veintiuno de febrero de dos mil ocho. Pues bien, son insoslayables para este tribunal las siguientes consideraciones plasmadas por el referido órgano jurisdiccional en la ejecutoria en comento: 1. La Sala Fiscal debe pronunciarse en relación con las pruebas consistentes en los expedientes fiscales números **********, ********** y **********, porque de hacerlo el tribunal revisor implicaría sustituirse en las facultades propias de la potestad común. 2. En el juicio fiscal número ********** se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución de rectificación de prima de grado de riesgos de trabajo, mediante la cual se aumentó de 2.30115% a 2.86973% para el periodo comprendido entre el uno de marzo de dos mil al último día de febrero de dos mil uno, por lo que es evidente que las determinaciones que corresponden a los periodos del uno de marzo de dos mil uno al último día de febrero de dos mil dos, dos mil tres y siguientes, deben partir de aquélla, que fue calculada de manera definitiva para dicho periodo -2.30115%-. 3. Sustenta lo anterior el artículo 74 de la Ley del Seguro Social, dado que el cálculo de la prima del seguro de riesgos de trabajo puede ser modificada, aumentada o disminuida en una proporción no mayor al uno por ciento con respecto a las del año inmediato anterior, pues de no ser así no habría referencia alguna en cuanto a la siniestralidad de la empresa y el cumplimiento de sus aportaciones conforme a la Ley del Seguro Social. 4. Luego, para poder decidir acerca de la legalidad de la determinación y aplicación de las resoluciones de rectificación de grado de riesgo posteriores a la fijada por el periodo comprendido entre el uno de marzo de dos mil al último día de febrero de dos mil uno -2.30115%- debe partirse del porcentaje fijado por ese periodo, al tenor del artículo 74 de la Ley del Seguro Social. 5. El juicio fiscal número ********** resulta ajeno al juicio de nulidad de origen. 6. Si bien en el expediente número ********** se sobreseyó en el juicio promovido en contra de las resoluciones de rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo en las que se fijaron las coberturas de dicho seguro en porcentajes de 5.32635% y 6.32635% por los periodos comprendidos entre el uno de marzo de dos mil dos al último día de febrero de dos mil tres y del uno de marzo de dos mil tres al último día de febrero de dos mil cuatro, lo cierto es que en esa fecha -la del sobreseimiento, seis de noviembre de dos mil tres- no se había resuelto en definitiva el diverso juicio fiscal número ********** en donde, reitera, se declaró la nulidad lisa y llana del aumento en una prima anterior -prima de 2.30115% a 2.86973%-. 7. En el juicio fiscal ********** no se combate la determinación de la resolución de rectificación de la prima del seguro de riesg

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21347-3cea34db/rectificacion-de-la-prima-en-el-seguro-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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