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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL QUE EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21191
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 1004.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Tribunal Pleno, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de donde emanan los posibles criterios opuestos, corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien resolvió el juicio de amparo en revisión ********** de cuya ejecutoria emana uno de los criterios que se denuncian como opositores.

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario realizar una breve narración de los antecedentes, así como la transcripción de las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que le dieron origen.

I. Los antecedentes que informan el amparo en revisión número ********** promovido por ********** y resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, son los siguientes:

1) ********** presentó el veinticinco de abril de dos mil seis ante el agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Huejotzingo denuncia y querella en contra de ********** por los delitos de falsificación de documentos y fraude la cual se radicó con el número de averiguación previa **********.

2) Como parte de las investigaciones se solicitó el nombramiento del perito en grafoscopía y documentoscopía ********** en contra de quien la ahora quejosa ********** inició ante la Dirección de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la Procuraduría General de Justicia del Estado un procedimiento de responsabilidad administrativa por graves faltas e irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.

3) El diez de enero de dos mil ocho la autoridad responsable dictó resolución en la que determinó que era procedente la queja pero que debía archivarse el expediente administrativo y, en contra de esta determinación ********** promovió demanda de amparo, la cual se radicó ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla con el número de expediente ********** y se resolvió el dos de abril de dos mil ocho en el sentido de negar el amparo a la quejosa ********** en contra del acto que reclamó de la directora de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.

4) En contra de esa resolución ********** promovió recurso de revisión del que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito con el número ********** quien con fecha cinco de junio de dos mil ocho dictó sentencia en la que determinó en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. No se analizará la sentencia recurrida ni los agravios propuestos por la recurrente, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo de oficio procede el estudio de una causal de improcedencia; ... . En el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. El citado artículo de la Ley de Amparo, establece: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Esto es, para que el juicio de amparo sea procedente es requisito indispensable la demostración de la existencia de la afectación o lesión en la persona física o moral, aspecto que está íntimamente relacionado con el principio de instancia de parte agraviada y que no se actualiza en el caso en estudio. Para ello debe señalarse que de la demanda de amparo se observa que el acto reclamado se hizo consistir en lo siguiente: (se transcribe). Como antecedentes de dicho acto, se formularon en lo que interesa, los siguientes: (se transcribe). De los antecedentes de referencia, destaca que la hoy quejosa promovió un procedimiento de responsabilidad administrativa contra el perito **********. Ahora bien, de las copias certificadas que la autoridad responsable acompañó en su informe justificado, se advierte que la resolución de diez de enero de dos mil ocho a que se refiere la quejosa, es aquella en la que se resolvió el expediente administrativo ********** el cual se inició contra actos del licenciado ********** perito en grafoscopía adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, a quien se le atribuyen probables faltas e irregularidades en el cumplimiento de sus funciones infringiendo con ello lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado’ (foja noventa y cinco del expediente relativo al juicio de amparo). De esa resolución, destaca que la autoridad responsable determinó: ... . De lo antes narrado, se concluye que el acto reclamado se hace consistir en la resolución a la queja administrativa interpuesta por la quejosa, en la que se determinó que no existen elementos suficientes para iniciar formalmente el procedimiento de determinación de responsabilidades en contra del denunciado, ordenándose archivar el expediente. Determinación que no afecta el interés jurídico de la impetrante de garantías, pues la participación de ésta en la formulación de la queja, se agota en ese acto y en su caso al aportar los elementos de prueba que estime conducentes, sin conservar facultad alguna de cuestionar el resultado de la misma. Es aplicable al presente caso, la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil ciento veinte del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Novena Época, correspondiente al mes de enero de dos mil seis, con número de registro 176,129 en el disco óptico IUS 2007, la cual establece: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.’ (se transcribe). Lo anterior se robustece, al analizar el objetivo de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos en relación con el cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la tesis 2a. CXXVII/2002, visible en la página cuatrocientos setenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Novena Época, correspondiente el mes de octubre de dos mil dos, con número de registro 185, 655 en el disco óptico IUS 2007, la cual establece: ‘RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.’ (se transcribe). La transcrita tesis, establece que los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno. Por ello, el interés jurídico que tienen los gobernados en la formulación de las quejas o denuncias que al efecto se hagan y sus correspondientes ampliaciones, se agota en ese momento, pues en todo caso la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta, lo que se insiste, constituye un acto administrativo de control interno. En similares términos resolvió este tribunal, el amparo en revisión ********** en sesión de veintiuno de febrero de dos mil ocho, el cual si bien no constituye un antecedente del presente asunto, se invoca al haberse tratado el mismo tema jurídico. Sin que sea óbice a lo anterior, que el legislador estatal previera en el artículo 53 Bis de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Puebla, lo siguiente: ‘Artículo 53 Bis.’ (se transcribe). Como se advierte, el presente caso se rige por lo dispuesto en la fracción III del transcrito artículo, el cual prevé que si la autoridad competente considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades en contra del servidor público, archivará el expediente respectivo, lo que hará del conocimiento del promovente, para que en su caso, éste aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo. Empero, esa facultad para aportar mayores elementos de prueba que puedan motivar el inicio del procedimiento, no puede llevar a concluir que otorga interés jurídico para reclamar en el juicio de garantías la determinación que ordena archivar el expediente por falta de elementos, pues si como ha quedado de manifiesto no tendría interés jurídico para reclamar la resolución del procedimiento de responsabilidad (que en su caso se tramitaría de surtirse el supuesto previsto en la fracción IV del transcrito artículo) que la determine improcedente, por mayoría de razón tampoco para cuestionar la determinación de no iniciar formalmente ese procedimiento. Esto es, dicha facultad del denunciante, se traduce en la posibilidad de coadyuvar en la integración del expediente, pero ello no se (sic) genera el derecho de exigir un pronunciamiento determinado. Lo contrario implicaría desconocer las facultades que competen únicamente al órgano disciplinario para resolver si inicia formalmente el procedimiento y, en su caso, sanciona al servidor público, pues como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CXXVII/2002 transcrita, esos ‘son actos administrativos de control interno’."

II. Por otra parte, los antecedentes que informan el amparo en revisión número ********** promovido por ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, son los siguientes:

1) En julio de dos mil seis el ahora quejoso ********** promovió queja administrativa en contra del servidor público ********** quien se desempeña como director de información de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de ********** la cual se radicó el día veinticinco de ese mes y año con el número de expediente **********.

2) Una vez integrado el expediente el delegado de la Secretaría de Desarrollo, Evolución y Control de la Administración Pública en la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, dictó resolución en la que determinó que no existe presunta responsabilidad administrativa por parte del servidor público en contra de quien fue presentada la queja y, ordenó se procediera a archivar de manera definitiva el expediente administrativo.

3) No conforme con esta determinación ********** promovió en su contra juicio de amparo indirecto del que conoció el Juez Tercero de Distrito en el Estado de ********** quien en su oportunidad dictó sentencia en la que decretó el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.

4) Inconforme con este fallo ********** promovió recurso de revisión del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien dictó sentencia con fecha quince de agosto de dos mil siete en la que determinó, lo siguiente:

"CUARTO. ... Por otro lado, el inconforme aduce que la sentencia que se revisa no se ajusta a derecho, por las siguientes razones: Porque el Juez Federal interpretó incorrectamente los preceptos legales que se plantearon como transgredidos, en razón de que incorrectamente aplicó en apoyo de sus consideraciones una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio no guarda relación con la litis, pues en dicha jurisprudencia se analizan aspectos relacionados con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, diversa a la legislación que sirvió de fundamento del acto reclamado, esto es, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, sin tomar en cuenta que una jurisprudencia confirma, interpreta o complementa la ley, pero no todo criterio jurisprudencial es aplicable a la totalidad de leyes. A decir del inconforme, la legislación federal citada no reconoce al denunciante mayor carácter dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad de un servidor público; sin embargo, la ley estatal sí otorga al denunciante el carácter de ‘parte’ dentro de ese procedimiento, conforme se desprende del contenido del artículo 53 Bis, fracción III, del que se advierte que, además de que le da el aludido carácter, puesto que la ley le confiere la oportunidad de ser oído ante quien resolverá la instancia administrativa, le otorga incluso ‘carga probatoria’, a fin de que una vez que en su caso se haya ordenado el archivo del expediente respectivo, el denunciante acredite la existencia de hechos que motiven el inicio del procedimiento respectivo; de ahí que contrario a lo resuelto por el Juez Federal, el quejoso sí tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo, pues de estimarse lo contrario, se transgrediría el derecho de petición que consagra la Constitución Federal. Estimar lo contrario, a decir del recurrente, haría carente de sentido el que la ley le otorgara la facultad de denunciar los hechos, aportar pruebas, pero no le permitiría intervenir en caso de que las pruebas hayan sido incorrectamente valoradas. De conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo, las anteriores argumentaciones serán analizadas en forma conjunta, dada la estrecha relación existente entre ellas. En principio, debe decirse que asiste razón al inconforme al afirmar que, contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, sí tiene interés jurídico para promover el presente juicio de garantías en contra de la resolución que ordena el archivo del expediente administrativo de responsabilidad, y que, en el presente caso, resulta inaplicable la jurisprudencia citada, por tratarse de la interpretación de preceptos legales de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, diversa a la que sirvió de sustento en el procedimiento administrativo de origen, atento que el artículo 53 Bis, fracción III, de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Puebla, le otorga la facultad de exigencia ante la autoridad. Para ello, se estima conveniente destacar que en la ejecutoria publicada en la página 1210 y siguientes, Tomo XXIII, marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dio origen a la jurisprudencia intitulada: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.’ en la que se apoyó el Juez Federal para decretar el sobreseimiento en el presente juicio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una diferenciación entre lo que debe entenderse por interés jurídico, la mera facultad y el interés simple. ... Con base en las consideraciones antes transcritas, este Tribunal Colegiado estima que el ahora inconforme, en su carácter de denunciante, sí tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de la resolución que ordenó el archivo del expediente administrativo de origen, sin que sea aplicable en el caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar una legislación que no otorga al denunciante una ‘facultad o potestad de exigencia que consigna la norma objetiva del derecho’, como sí lo hace la legislación estatal en la materia, aplicada en el acto reclamado. Al efecto, se estima conveniente transcribir la mencionada jurisprudencia identificada con el número 2a./J. 1/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 1120 y 1121, Tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, del citado medio de difusión, cuyo contenido es el siguiente: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.’ (se transcribe). Del texto de la aludida tesis jurisprudencial se advierte que la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la Nación hizo un análisis e interpretación del contenido de los artículos 49 y 50 de la entonces vigente Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establecen lo siguiente: ‘Artículo 49.’ (se transcribe). ‘Artículo 50.’ (se transcribe). De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia antes transcrita, publicada en la página 1210 y siguientes, Tomo XXIII, marzo de 2006, del citado medio de difusión, se desprende que del análisis de los transcritos preceptos legales, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la Nación consideró que ... En cuanto a la facultad que tienen los gobernados que denuncian una probable responsabilidad administrativa, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, establece en forma semejante a la ley federal analizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la potestad que tienen los particulares para formular denuncias y la obligación de las autoridades correspondientes de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y de denuncias, conforme se desprende del contenido de los artículos 52, 53 y 54, que enseguida se transcriben: ‘Artículo 52.’ (se transcribe). ‘Artículo 53.’ (se transcribe). ‘Artículo 54.’ (se transcribe). Sin embargo, la ley estatal no sólo otorga en beneficio de los gobernados esa potestad, sino que también establece a su favor la facultad de exigir a la autoridad determinada conducta correlativa a una obligación de que ésta la realice o acceda a sus pretensiones. En efecto, los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, (sic) 77 bis, del ordenamiento federal en cita, señalan el procedimiento a seguir en caso de que se presente una queja o denuncia en contra de un servidor público. El contenido de dichos preceptos legales es el siguiente: ‘Artículo 64.’ (se transcribe). ‘Artículo 65.’ (se transcribe). ‘Artículo 66.’ (se transcribe). ‘Artículo 67.’ (se transcribe). ‘Artículo 68.’ (se transcribe). ‘Artículo 69.’ (se transcribe). ‘Artículo 70.’ (se transcribe). ‘Artículo 71.’ (se transcribe). ‘Artículo 73.’ (se transcribe). ‘Artículo 74.’ (se transcribe). ‘Artículo 77 Bis.’ (se transcribe). De los dispositivos legales reproducidos se desprende que el procedimiento a seguir en caso de que se presente una queja o denuncia es el siguiente: Una vez presentada la queja o denuncia, se citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad que se le impute y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma, en la que también asistirá el representante de la dependencia que para tal efecto se designe; desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad competente (la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo) resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad, imponiendo en su caso al infractor las sanciones administrativas correspondientes, debiendo notificar la resolución al interesado, a su jefe inmediato, al representante designado por la dependencia y al superior jerárquico; si en la audiencia la autoridad estima que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable, podrá ordenar la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias; en cualquier momento, previa o posteriormente a que se cite al interesado, la secretaría podrá determinar la suspensión temporal de su cargo; pero si el servidor suspendido temporalmente no resulta responsable, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones a que tenía derecho durante el tiempo en que se le suspendió; de todas las diligencias que se practiquen deberá levantarse acta circunstanciada; las resoluciones administrativas que se dicten dentro del procedimiento podrán ser combatidas por el servidor público afectado a través del recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo o el superior jerárquico podrán impugnar las resoluciones absolutorias que dicte dicho tribunal. Como prerrogativa para el denunciante, la legislación federal establece el supuesto en que, una vez que se haya determinado la responsabilidad del servidor público y que la falta administrativa haya causado daños y perjuicios al particular, éste podrá acudir ante la autoridad correspondiente para que directamente reconozca la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad líquida y ordenar el pago correspondiente, sin necesidad de que el particular acuda a la instancia judicial o cualquier otra; pero de negarse la indemnización, el gobernado podrá acudir a la instancia administrativa o judicial. Ahora bien, como se apuntó con anterioridad, la entonces Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece la facultad de los gobernados para presentar quejas o denuncias en contra de servidores públicos que a su juicio, hayan incurrido en responsabilidad administrativa, pero en forma alguna otorga participación al denunciante dentro del procedimiento respectivo, cuando se ordene el archivo del expediente por considerarse que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades en contra del servidor público, para que aquél aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del aludido procedimiento administrativo, como sí lo establece la legislación estatal. En efecto, el procedimiento que establece la ley estatal, se encuentra previsto en los artículos 53 Bis y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de ********** que son del siguiente tenor: ‘Artículo 53 Bis.’ (se transcribe). ‘Artículo 68.’ (se transcribe). De la lectura de los numerales antes transcritos se desprende que la mencionada legislación administrativa estatal establece el siguiente procedimiento: Las quejas o denuncias deberán presentarse por comparecencia directa o por escrito; en este último caso el promovente deberá ser citado para que ratifique su promoción, en caso de que no sea ratificado (sic) se archivará el expediente correspondiente; lo anterior sin perjuicio de que la autoridad competente pueda darle seguimiento de oficio al asunto respectivo; una vez presentada la queja o denuncia, la autoridad correspondiente deberá practicar todas las diligencias que estime necesarias a fin de allegarse de los elementos para la mejor sustanciación del asunto; si después de valoradas las constancias y actuaciones, la autoridad que conozca del caso, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades en contra del servidor público, archivará el expediente administrativo, acuerdo que deberá hacer del conocimiento del promovente, para que en su caso, aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo; una vez hecho lo anterior, si la autoridad competente estima que se cuenta con elementos que hagan probable la responsabilidad del servidor público, iniciará el procedimiento que establece el artículo 68 de la propia legislación, sin perjuicio de lo que establecen las fracciones anteriores. Una vez que la autoridad competente estime procedente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad, deberá citar al probable responsable a una audiencia en la que le hará saber la conducta que se le imputa y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en dicha audiencia; una vez desahogada la audiencia señalada, la autoridad resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes si existe o no responsabilidad; en el primer caso, impondrá al infractor, las sanciones administrativas correspondientes, le notificará la resolución y en su caso, al superior jerárquico de éste; si la autoridad estima que no se cuenta con elementos suficientes para resolver, o se adviertan elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del encausado, la autoridad dispondrá la práctica de investigaciones y citará para otras audiencias, pudiendo ordenar la suspensión provisional del probable responsable de su empleo, cargo o comisión; pero si se concluyera que el servidor público no resulta responsable de la falta o faltas que se le imputen, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones a que tuvo derecho durante el tiempo en que, en su caso, haya estado suspendido. Ahora bien, con base en el análisis comparativo entre los procedimientos de responsabilidad federal y estatal, se arriba a la conclusión de que asiste razón al recurrente al afirmar que la jurisprudencia número 2a./J. 1/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es inaplicable en el presente caso, dado que la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación interpretó diversos preceptos legales de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, legislación que, en primer lugar no es la aplicada en el procedimiento del que deriva el acto reclamado; aunado a que, como ha quedado asentado, no contempla la facultad de exigir a la autoridad determinada conducta correlativa a una obligación de que ésta la realice o acceda a sus pretensiones, como sí lo hace la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, a través del artículo 53 Bis, fracción III. Tomando en cuenta lo anterior, debe considerarse que en el juicio de amparo obran agregadas las copias certificadas del expediente administrativo número 12/2006, del índice de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública en la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, del que se destacan los siguientes antecedentes: ... De la relatoría de antecedentes se advierte que en el procedimiento administrativo, se atendió a lo dispuesto en el artículo 53 Bis, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, ya que una vez presentada la denuncia, se ofrecieron y desahogaron pruebas, y se dictó el archivo de la instancia, notificándose al denunciante este último acuerdo, a fin de que, de conformidad con el citado precepto legal, estuviera en posibilidad de aportar mayores elementos de prueba, que pudieran motivar el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, oportunidad procesal que agotó el ahora recurrente al haber formulado por escrito las manifestaciones y ofrecido las pruebas que estimó convenientes. Con base en lo anterior, este órgano colegiado estima que el denunciante, ahora inconforme, tiene interés jurídico para combatir en la vía de amparo, la resolución que ordenó el archivo definitivo de la instancia administrativa, dado que el precitado artículo y su correspondiente fracción otorga al denunciante la facultad de exigir a la autoridad, determinada conducta correlativa a una obligación de que ésta la realice o acceda a sus pretensiones, lo cual aconteció en la especie con la intervención del ahora quejoso dentro del procedimiento administrativo de origen, en los términos precisados en el inciso 12, referido en párrafos anteriores. En las condiciones apuntadas, debe decirse que el recurrente, en su calidad de denunciante, sí tiene interés jurídico para promover el juicio de garantías en contra de la resolución definitiva que ordena el archivo del expediente administrativo de responsabilidad, toda vez que en dicho acto reclamado se aplicó el citado artículo 53 Bis, fracción III, de la legislación estatal en cita, mismo que establece la facultad del gobernado para intervenir en el procedimiento de responsabilidad como coadyuvante de la autoridad administrativa, concediéndole incluso la potestad de ofrecer pruebas dentro de la instancia. De esta forma, es inconcuso que el citado precepto legal otorga al denunciante la facultad de exigir a la autoridad determinada conducta correlativa a una obligación de que ésta la realice o acceda a sus pretensiones, pues la autoridad estará obligada a atender, desahogar y analizar las pruebas que ofrezca el particular dentro de la instancia administrativa. En ese sentido, es inconcuso que el presente juicio de amparo es procedente en contra de la resolución que ordena el archivo definitivo de la instancia administrativa de mérito; por tanto, al haber resultado parcialmente fundados los agravios expuestos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, y al no existir causas de improcedencia pendientes de analizar ni se advierte alguna de oficio, se procede a revocar la sentencia y a examinar los conceptos de violación cuyo examen omitió el Juez, dado el sentido de su resolución. QUINTO. El concepto de violación es el siguiente. ..."

Del criterio transcrito derivó la tesis número VI.1o.A.232 A, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2638, con el rubro y texto siguientes:

"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY CORRESPONDIENTE, OTORGA AL DENUN

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21191-167ea76e/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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