DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA NEGARLA NO PRECLUYE CUANDO ÉSTA NO RESUELVE LA SOLICITUD RELATIVA DENTRO DEL PLAZO LEGAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Tribunal Pleno, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de donde emanan los posibles criterios opositores, se dictaron por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver recursos de revisión fiscal y corresponden a la materia fiscal en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.
Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 65/2003 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza." (No. Registro: 183405. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, agosto de 2003, tesis 2a./J. 65/2003, página 330).
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realizan los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario atender a los antecedentes que informan las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
I. La ejecutoria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, relativa al recurso de revisión fiscal **********, revela lo siguiente:
• Mediante escrito de fecha **********, **********, por su propio derecho demandó la nulidad lisa y llana de la resolución negativa ficta que recayó a su solicitud de devolución de impuestos, realizada mediante declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dos presentada el veintinueve de abril de dos mil tres.
• Tocó conocer del asunto a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien registró la demanda con el número ********** y la desechó por improcedente.
• Inconforme con este desechamiento el actor **********, promovió recurso de reclamación, el cual se resolvió en el sentido de declararlo fundado y, en consecuencia, se ordenó admitir a trámite la demanda de nulidad.
• Durante la secuela del procedimiento, el actor presentó escrito de ampliación de la demanda, la que se admitió en proveído de **********.
• El actor solicitó se acumulara a este juicio el diverso número ********** del índice de la Sexta Sala Regional Metropolitana, lo que se resolvió favorablemente vía incidental, mediante resolución de ********** por actualizarse la hipótesis del artículo 219, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.
• Con fecha **********, la Séptima Sala Regional Metropolitana dictó sentencia en el juicio ********** y su acumulado, en la que resolvió: I) La parte quejosa probó su pretensión; II) Se declara la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada en el juicio atrayente **********, para el efecto de que la autoridad dicte otra resolución en la que resuelva devolver el saldo a favor en los términos solicitados por el actor; y, III) Declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio atraído **********, porque si una vez configurada la resolución negativa ficta la autoridad administrativa pronuncia resolución negativa expresa, y ambas son impugnadas mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es de considerarse que configurada la primera, debe la Sala pronunciarse respecto de la segunda anulándola.
• Inconforme con este fallo, el administrador local jurídico de Oriente del Distrito Federal, interpuso recurso de revisión fiscal del cual tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número **********, y fue resuelto el **********, en el sentido de declararlo infundado.
La parte que interesa de este fallo, dice a la letra:
"SEXTO. Problemática jurídica a resolver. La Sala responsable declaró la nulidad de la negativa ficta en que incurrió la autoridad demandada, pues no accedió a la solicitud de devolución de impuestos planteada por el actor en su declaración anual normal del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de 2002, presentada el veintinueve de abril de dos mil tres, con apoyo en lo que dispone la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que la autoridad demandada dictara una nueva determinación, en la cual ‘devolviera el saldo a favor en los términos solicitados por el actor’. Por tanto, la problemática jurídica a resolver en el presente asunto, se constriñe a resolver, si es ilegal la sentencia de la Sala del conocimiento, conforme a lo planteado por el recurrente. SÉPTIMO. Presupuestos y cuestiones necesarias para resolver el asunto. En su único agravio, la autoridad inconforme aduce, esencialmente, que es ilegal la sentencia impugnada, toda vez que se transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, porque la Sala responsable pretende, con el efecto que le dio a la declaración de nulidad decretada en el juicio contencioso, que se resuelva procedente la solicitud de devolución del actor, sin observar que dicha Sala no es competente para decidir la procedencia o no de tales solicitudes, de acuerdo con lo que dispone el artículo 22 del Código Fiscal aludido. Aduce también, que de acuerdo a lo que prevé el artículo 239, fracción III, del código tributario aplicable, la procedencia de la solicitud de devolución es una facultad de la autoridad administrativa y, por ende, se debió decretar la nulidad para el efecto de que la demandada analice si es procedente dicha devolución, pues la Sala del conocimiento no puede excederse en el alcance de los efectos determinados en el tipo de nulidad que se declare. Esto debido a que si bien la negativa configurada se encontró indebidamente fundada y motivada, ello no significa que proceda la devolución y que la Sala indebidamente pretenda ejercer facultades que se encuentran atribuidas a la autoridad. Señala, asimismo, que de acuerdo a las circunstancias del caso, y al haberse acreditado la ilegalidad del fallo que impugna, lo procedente es dejar a salvo las facultades de la autoridad para resolver si procede o no la devolución de la actora, toda vez que la Sala no tiene elementos para determinar la procedencia de mérito. OCTAVO. Análisis del agravio. Es infundado lo propuesto por la recurrente. La Sala del conocimiento al emitir su sentencia, declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, al configurarse los elementos necesarios para ello. Así también, al examinar los componentes de la negativa ficta debido a la insuficiente fundamentación de parte de la autoridad demandada, tomó en cuenta que la autoridad fiscal, al dar contestación a la demanda del actor, expuso para justificar su actuación lo siguiente: ‘En términos del artículo 215 del Código Fiscal de la Federación, a continuación se exponen los hechos y el derecho en que se apoya la resolución negativa ficta recaída a la devolución solicitada en su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2002, presentada el 29 de abril de 2003. En la especie, resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia No. 293, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, misma que se encuentra contenida en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 90, Sexta Parte, pág. 55, cuyo rubro es el siguiente: (se transcribe). Al efecto se señala que la autoridad demandada procedió a resolver mediante el comunicado No. **********, notificado el 24 de septiembre del año en curso, en el sentido de negar la devolución solicitada por el **********, ya que derivado de la revisión aritmética realizada a su declaración anual, se determinó que existe impuesto a cargo’. Como consecuencia de lo anterior, la Sala Regional sostuvo que la autoridad demandada estaba obligada a expresar los hechos y el derecho conforme a los cuales apoyó su negativa, por lo que si en la especie tal autoridad únicamente manifestó que procedió a resolver mediante el comunicado **********, en el sentido de negar la devolución solicitada por **********, actor en el juicio contencioso, porque ‘derivado de la revisión aritmética realizada a su declaración anual, se determinó que existe impuesto a cargo’, sin que incluso acreditara la existencia del comunicado referido, es que debía declararse la nulidad lisa y llana de la determinación impugnada, con fundamento en la citada fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, pues dicha determinación se encontraba indebidamente fundada y motivada. Esto es así, adujo la Sala, toda vez que al existir un saldo a favor declarado por el actor, asistía obligación a la autoridad fiscal de señalar los motivos que la llevaron a negar la devolución solicitada; razón por la cual, la declaración de nulidad de la resolución se decretó para el efecto de que la ‘autoridad dicte otra en la que devuelva el saldo a favor en los términos solicitados por el actor’. El planteamiento que aduce la autoridad inconforme de que la negativa ficta por la falta de respuesta de parte de la autoridad demandada a la solicitud de devolución del actor, actualiza una nulidad para efectos, es desafortunada, pues no obstante que la motivación del acto resultó tan insuficiente que dejó sin oportunidad de defensa a la parte actora, en la especie no ha lugar a declarar una nulidad para ‘efectos’, sino lisa y llana como fue sostenido por la Sala Fiscal. En efecto, lo que en realidad aconteció, es que la autoridad exactora dejó de aplicar lo previsto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con una interpretación funcional. Ciertamente, es inatendible lo expuesto por la autoridad, en el sentido que conforme al numeral 22 citado, se le debió dejar en facultad para decidir si declara procedente o no la solicitud de devolución de saldo a favor presentada por el actor el veintinueve de abril de dos mil tres, pues conforme a tal artículo, sólo le compete a ella tal decisión, así como la elaboración del estudio aritmético correspondiente. Esto es, el argumento de la autoridad inconforme, este órgano colegiado lo estima infundado, dado que, precisamente, conforme al texto del precepto 22 señalado, aun cuando tiene facultad de determinar acerca de la devolución del saldo solicitado, sólo puede hacerlo al tenor y conforme a las reglas ahí establecidas de manera vinculatoria e, incluso, puede requerir al solicitante determinada información cuando no sea suficiente. Sin embargo, es el caso que la autoridad fiscal perdió su oportunidad para denegar la devolución de saldo favorable presentada por el demandante, al no oponerse o decidir al respecto, en el plazo previsto para ello, conforme a lo que dispone el numeral en comento. El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación aplicable, en su tercer párrafo, dispone lo siguiente: ‘Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cincuenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y documentos que señale el reglamento de este código. Tratándose de devoluciones que se efectúen mediante depósito en cuenta bancaria del contribuyente, la devolución deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días contados en los términos de este párrafo. Las autoridades fiscales para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos antes señalados, el periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados. No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este párrafo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.’. Del contenido del artículo en comento se advierte claramente que la autoridad hacendaria está obligada a devolver la cantidad solicitada dentro de los cuarenta o cincuenta días a que se refiere el artículo 22, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, definiéndose como única opción justificante, para no actuar de esa manera, el requerir al solicitante los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios, y que estén relacionados con la procedencia de la devolución, en un plazo no mayor de veinte días con posterioridad a la presentación de dicha solicitud. Por tanto, este órgano colegiado estima que ha precluido en el caso, la única razón y oportunidad que tiene la autoridad hacendaria para oponerse, válidamente, a la devolución del saldo a favor, solicitado por el demandante en su declaración normal del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de 2002. Lo anterior es así, pues del estudio de las constancias que obran en autos se observa que el actor en el juicio contencioso administrativo presentó su declaración y solicitud de saldo favorable el veintinueve de abril de dos mil tres (foja 10 del expediente enviado por la responsable), sin que haya obtenido alguna respuesta por parte de la autoridad fiscal, sino hasta que en contestación de la demanda promovida en contra de la negativa ficta correspondiente, presentada el once de octubre de dos mil cuatro, dicha autoridad manifestó que era improcedente la solicitud de mérito, porque derivado de la revisión aritmética realizada a la declaración del opositor, se determinó que existía un impuesto a cargo. En este orden de ideas, resulta evidente que la autoridad no cumplió con lo previsto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues no actuó dentro del plazo que dicho numeral establece y, por lo tanto, ya no es dable jurídicamente que a través de una nueva determinación -en cumplimiento de la sentencia reclamada- se declare que no procede la devolución citada, ni tampoco para que se le requiera al solicitante, pues ya precluyó la oportunidad de la autoridad fiscal para exigir o plantear irregularidades en torno a la solicitud de devolución de que se habla y, en consecuencia, debe devolver la cantidad solicitada tal como se lo ordena, sin condiciones, el precepto relativo. Así, es evidente que no se justificaría una negativa a la devolución del saldo a favor por parte de la autoridad, ya que derivaría de una actitud arbitraria y al margen de toda regulación. Lo anterior es así, porque la pretensión de la autoridad carece por completo de justificación; amén de que dicha autoridad tiene un límite temporal, impuesto por la norma, para ejercer una facultad, lo que permite obtener una competencia en razón de tiempo, de manera que si ha transcurrido el indicado para ejercerla, se está ante un caso de incompetencia, equivalente al acto arbitrario. Se invoca al caso, en lo conducente, la tesis I.4o.A.387 A de este Tribunal Colegiado, consultable en la página 1090 del Tomo XVII, abril de 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘INCOMPETENCIA. PUEDE ACTUALIZARSE EN RAZÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO PARA EJERCER UNA FACULTAD.’ (se transcribe). Lo anterior no es óbice para que una vez efectuada la devolución, si la autoridad exactora realiza las operaciones aritméticas y obtiene que dicha devolución era indebida, podrá ejercer las acciones pertinentes en contra del contribuyente por un enriquecimiento sin causa. De acuerdo a las razones expresadas y toda vez que no prosperaron los argumentos de la autoridad, se impone declarar infundado el presente recurso de revisión fiscal."
La ejecutoria de referencia dio origen a las siguientes tesis:
"DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LA AUTORIDAD NO PUEDE ARGUMENTAR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD RELATIVA O REQUERIR DATOS, INFORMES O DOCUMENTOS ADICIONALES SI TRANSCURRIERON LOS PLAZOS PARA RESOLVER LO CONDUCENTE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). En términos del artículo 22, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación (vigente en 2003), la devolución de un saldo a favor debe efectuarse dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y documentos que señala el reglamento del código o dentro de los cuarenta días subsecuentes al en que se presentó la solicitud tratándose de devoluciones que se efectúen mediante depósito en cuenta bancaria del contribuyente y, para verificar la procedencia de la devolución, se podrá requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la solicitud, los datos, informes o documentos adicionales que se consideren necesarios y que estén relacionados con la misma. Ahora bien, si la autoridad fiscal no resuelve lo conducente dentro de esos plazos, no es posible jurídicamente que a través de una determinación posterior dentro del juicio contencioso administrativo -por ejemplo, al contestar la demanda contra la negativa ficta de devolver el saldo a favor- declare improcedente la devolución, en atención a que ya precluyó su oportunidad para hacerlo o requerir datos, informes o documentos adicionales (incompetencia en razón de tiempo), ya que ello derivaría en una actuación arbitraria y al margen de toda regulación." (No. Registro: 173322. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, tesis I.4o.A.557 A, página 1696).
"DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PUEDE ORDENARLA AL RESOLVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI YA TRANSCURRIERON LOS PLAZOS QUE TIENE LA AUTORIDAD FISCAL PARA RESOLVER LO CONDUCENTE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). En términos del artículo 22, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación (vigente en 2003), la devolución de un saldo a favor debe efectuarse dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y documentos que señala el reglamento del código o dentro de los cuarenta días en que se presentó la solicitud tratándose de devoluciones que se efectúen mediante depósito en cuenta bancaria del contribuyente y, para verificar la procedencia de la devolución, se podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la solicitud, los datos, informes o documentos adicionales que se consideren necesarios y que estén relacionados con la misma. Por tanto, aun cuando la autoridad fiscal tiene la facultad de determinar respecto de la devolución del saldo a favor solicitado, sólo puede hacerlo al tenor y conforme a las reglas establecidas en la propia disposición de manera vinculatoria, de manera que si no lo hace en estos términos, precluye esa facultad, es decir, pierde su oportunidad para negar la devolución del saldo a favor solicitado, al no oponerse o decidir al respecto dentro de los plazos señalados. En ese orden de ideas, es inatendible el argumento de la autoridad en el sentido de que debió respetársele su facultad para decidir si declaraba procedente o no la solicitud de devolución de saldo a favor y, por el contrario, es correcta la determinación de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de ordenar a dicha autoridad dictar otra resolución -en lugar de la negativa ficta impugnada- a fin de que devuelva al particular el saldo a favor en los términos solicitados." (No. Registro: 173323. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, tesis I.4o.A.558 A, página 1696).
II. La ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal **********, interpuesta por el administrador local jurídico de Oriente del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, tiene los siguientes antecedentes:
• Con fecha ********** la actora **********, demandó ante las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la nulidad de la resolución contenida en el oficio ********** de **********, que determina tener por desistida su solicitud de devolución ingresada con número de folio ********** por la cantidad de ********** (**********), por concepto de impuesto sobre la renta, debido a que no presentó la documentación que le fue requerida para acreditar la disminución del crédito IEPS ********** efectuada a los pagos provisionales de los que deriva el saldo a favor.
• La Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a quien tocó conocer del asunto, lo admitió a trámite con el número de expediente ********** y con fecha **********, dictó sentencia en la que resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada por actualizarse la causal de ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción III, con relación al 52, fracción III, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y para el efecto de que la autoridad demandada devuelva a la actora la cantidad de ********** (**********), por concepto de impuesto sobre la renta solicitada.
• En contra de esta determinación, la autoridad hacendaria administradora local jurídica de Oriente del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, promovió recurso de revisión fiscal del que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número ********** y dictó sentencia en el sentido de declarar fundado el recurso.
La parte conducente de este fallo, es la siguiente:
"SÉPTIMO. El acto impugnado en el juicio contencioso administrativo lo constituye la resolución de catorce de junio de dos mil siete, emitida por el administrador local de Recaudación del Oriente del Distrito Federal, mediante la cual tuvo a la actora por desistida de la solicitud de devolución por la cantidad de ********** (**********), por concepto de impuesto sobre la renta. La autoridad administrativa tuvo por desistida a la actora de su solicitud, porque al desahogar el requerimiento contenido en el oficio **********, de **********, no exhibió la información con la que sustentara que el saldo de la devolución fuera correcto. En la sentencia recurrida, específicamente en el considerando tercero, la Sala determinó que la autoridad demandada no debió tener por desistida a la actora de la solicitud de devolución, por no haber desahogado el requerimiento de **********. Lo anterior porque en el oficio **********, de **********, no requirió las documentales que, posteriormente, consideró necesarias para resolver la solicitud de devolución presentada por la actora. Por ello, la Sala declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emitiera una nueva en la que ordenara la devolución de la cantidad solicitada por la actora, bajo el argumento de que el plazo para resolver dicha solicitud precluyó, al no haber sido resuelta en el término que prevé el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. La recurrente, en su primer agravio, aduce: Que la Sala no debió declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que se emitiera una nueva en la que se ordenara la devolución de la cantidad de ********** (**********), por concepto de impuesto sobre la renta, solicitada por la actora, sin analizar previamente si dicha devolución era o no procedente. Que la nulidad de la resolución impugnada debió declararse para el efecto de que la demandada emitiera una nueva resolución en la que estudiara la procedencia de la devolución solicitada por la actora. Que la Sala indebidamente pretende ejercer facultades que se encuentran atribuidas a la autoridad administrativa, como es la de ordenar la devolución de las cantidades solicitadas, no obstante que dicha atribución es una facultad expresa que se encuentra conferida en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que señala que la autoridad fiscal debe resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes cuando legalmente así proceda, y no por un mandato de una Sala Fiscal, ya que ésta no tiene el carácter de autoridad administrativa. Que la Sala, al determinar que se devolviera la cantidad que solicitó la actora, se apartó del objeto del juicio contencioso administrativo, consistente en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa califique la nulidad o validez de los actos impugnados, sustituyendo ilegalmente a la autoridad administrativa, siendo que no es competente para verificar la procedencia de la devolución aludida, máxime que no contó con los elementos necesarios para determinar si era o no procedente. Los agravios expuestos por la recurrente son fundados, porque la Sala no debió declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la demandada emitiera otra en la que ordenara la devolución de la cantidad solicitada por la actora, toda vez que no realizó un análisis de la procedencia de dicha solicitud. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declara ilegal la resolución impugnada que niega por improcedente la devolución de cantidades solicitadas por pago de lo indebido o saldo a favor implica, tiene la obligación de establecer si el contribuyente tiene o no derecho a la devolución solicitada y, en su caso, a decidir lo que corresponda, bajo el argumento de que no se puede ordenar que la autoridad demandada dicte otra resolución en la que resuelva de nueva cuenta sobre dicha petición, porque ello contrariaría el fin perseguido por la ley al atribuir en esos casos al mencionado tribunal plena jurisdicción, que tiene como finalidad tutelar el derecho subjetivo del accionante, por lo que está obligado a conocer y decidir en toda su extensión la reparación de ese derecho subjetivo lesionado por el acto impugnado. Así, consideró que el alcance de la resolución que se dicte no sólo es el de anular el acto impugnado, sino también el de fijar los derechos del actor y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos; lo anterior, salvo que el órgano jurisdiccional no cuente con los elementos jurídicos necesarios para emitir un pronunciamiento completo relativo al derecho subjetivo lesionado pues, de actualizarse ese supuesto de excepción, deberá ordenar que la autoridad demandada resuelva al respecto. Las consideraciones precedentes dieron origen a la jurisprudencia 67/2008, publicada en la página 593 del Tomo XXVII, abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que informa el referido, cuyo rubro y contenido son los siguientes:‘NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV Y 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO, POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR EL ACTO, PARA REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).’ (se transcribe). De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, la Sala puede declarar tanto la nulidad de la resolución impugnada como la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. En el caso, como lo refiere
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22310-94a8000c/devolucion-de-saldos-a-favor-la-facultad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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