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Modo: Corpus Pro

ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. DEBE NOTIFICARSE DENTRO DEL PLAZO DE 4 MESES, SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE LA AUTORIDAD ADUANERA RECIBA LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ESAS MERCANCÍAS, Y NO EN EL LAPSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21327
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 793.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, pues el asunto pertenece a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La presente contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el quejoso en dos de los juicios de amparo que dieron origen a las revisiones fiscales cuyas ejecutorias se denuncian opuestas.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis propuesta y, en su caso resolverla, resulta indispensable tener presentes las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el veintiséis de junio de dos mil ocho, la revisión fiscal 137/2008-I, determinó en la parte que interesa:

"CUARTO. Son infundados los agravios expresados por la autoridad recurrente, al manifestar que la sentencia dictada por la Sala del Tribunal Fiscal (sic), fue incorrecta al sostener que la autoridad estaba obligada a levantar y notificar el escrito de hechos y omisiones en la fecha en que tuvo conocimiento del dictamen de laboratorio, porque afirma que no existe dispositivo legal que así lo determine y que, por ende, la única limitante que tiene para realizar el acta circunstanciada, será el dispuesto en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, el que prevé el plazo de cinco años. En efecto, la Sala Regional del Tribunal Fiscal (sic) señaló en la sentencia que se analiza, que de las constancias obrantes en autos se advertía que el pedimento de importación se realizó el treinta de agosto de dos mil cuatro, y que con motivo del reconocimiento aduanero, con fecha de siete de septiembre del mismo año, se había levantado acta de muestreo por tratarse de mercancía de difícil identificación, asimismo sostuvo que con fecha veintinueve de septiembre de ese año, le fueron notificados a la autoridad administrativa los resultados del examen de laboratorio practicados a las muestras levantadas de la mercancía importada, y que no fue sino hasta el día quince de agosto de dos mil seis en que se levantó el acta circunstanciada de hechos y omisiones, misma que fue notificada al particular con fecha veintinueve de agosto, casi dos años después de que la autoridad tuvo conocimiento del referido dictamen. Por lo que concluye que se violaron en perjuicio del importador los artículos 43, 46, 151, 152 y 153 de la Ley Aduanera, de conformidad con el principio de inmediatez que debe regir en todo procedimiento, ya que la autoridad aduanera decidió de motu proprio el momento en que debía levantar el acta circunstanciada violando con ello las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, al no darle a conocer el acta circunstanciada en el momento mismo en que la autoridad determinó las inconsistencias. Las aserciones expuestas por el Tribunal Fiscal (sic) resultaron correctas, en virtud de que el ejercicio de las facultades de revisión de las autoridades no se puede prolongar por tiempo indeterminado, sino que atendiendo a los principios de legalidad y seguridad jurídica que rigen el procedimiento, y de conformidad con los artículos 45 de la Ley Aduanera, y 66 de su reglamento, si la autoridad en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento requiere de la toma de muestras para identificar la mercancía, tiene la obligación de levantar en ese momento el acta de muestreo, y esperar a la emisión del dictamen pericial a fin de estar en posibilidad legal de determinar, con apoyo en la práctica de esa prueba técnica, si hubo o no irregularidades para el levantamiento del acta correspondiente a que hace alusión el artículo 152 de la referida ley, para que de esa manera inicie el procedimiento administrativo, es por ello que la obligación de llevar a cabo el acta circunstanciada de la que se hace mención, nace desde el momento mismo en que la autoridad aduanera tiene conocimiento de las omisiones en que incurrió el particular, que impliquen incumplimiento en el pago de contribuciones, en debida congruencia con los principios de legalidad, seguridad jurídica e inmediatez que rigen el procedimiento previsto en la ley y a los que se ha hecho alusión, siendo incorrecta la estimación que realiza el recurrente al aducir que cuenta con cinco años de plazo para realizarlo de conformidad con las reglas de la caducidad establecidas en el artículo 67 del Código Fiscal, ya que no obstante la inexistencia de disposición expresa que señale un término para la emisión del acta en este caso específico, resulta importante precisar que ese análisis de muestras y sus resultados forman parte del reconocimiento aduanero, según lo precisan los artículos 44 y 46 de la ley de la materia, por ende, la recurrente se encuentra sujeta al principio de inmediatez, que obliga a la autoridad a que una vez recibido el informe en el que se determina realmente la inconsistencia, emita con celeridad el acta respectiva, y la haga del conocimiento al interesado de las omisiones y hechos de su incumplimiento, ya que sólo así se cumple con la garantía de seguridad jurídica establecida en el artículo 16 constitucional, sin que se confunda con el término de cinco años que establece el artículo 67 del Código Fiscal y que aduce en sus agravios, puesto que dicho término es para que opere la extinción de las facultades de la autoridad para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, ya que las actividades de verificación no son ilimitadas, en el caso tendría cinco años para mandar hacer el análisis de las mercancías, mas no cinco años para determinar las sanciones una vez que tuvo conocimiento del dictamen como erróneamente sostiene, en consecuencia, ante lo infundado del agravio en estudio, se impone confirmar la sentencia que se revisa."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el veintinueve de mayo de dos mil ocho, la revisión fiscal 100/2008, sostuvo en lo conducente:

"OCTAVO. Previo al estudio de los agravios hechos valer, debe mencionarse que de la lectura del tercer considerando de la sentencia recurrida, se advierte que la Sala Fiscal declaró fundado el segundo concepto de anulación propuesto por el opositor ********** en contra de la resolución contenida en el oficio número 326-SAT-02816-III-10-01206, de treinta y uno de enero de dos mil siete, emitida por la Administración Local Jurídica de Tijuana (fojas de la 25 a la 45), a través de la cual le impuso un crédito fiscal por la suma de quinientos sesenta y seis mil, quinientos cuarenta y siete pesos, moneda nacional, por haber incurrido en las infracciones administrativas señaladas en la resolución; bajo el argumento de que la autoridad demandada incurrió en incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Aduanera, que dispone: ‘Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de esta ley. El acta a que se refiere este artículo tendrá el valor que establece la fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y deberá contener los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que se observen del dictamen aduanero.’, en virtud de que la autoridad administrativa, desde la fecha en que tuvo conocimiento de las infracciones cometidas por la actora (fue el veintinueve de septiembre de dos mil cuatro, toda vez que recibió el oficio número 326-SAT-II-B-50336 [dictamen técnico], de veintidós de septiembre de ese mismo año, elaborado por la Administración Central de Laboratorios y Servicios Científicos del Servicio de Administración Tributaria) debió elaborar y notificar el oficio de hechos y omisiones, lo que no aconteció, ya que, por el contrario, según consta en el oficio liquidatorio, el acta o escrito se levantó hasta el ocho de octubre de dos mil seis, que se notificó el diecisiete de noviembre de dos mil seis, lo que, para la citada Sala responsable, fue suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y del oficio liquidador, por encontrar su origen en un acta viciada de ilegalidad no susceptible de reposición, por no darse las mismas condiciones de tiempo, lugar y modo; al respecto estimó aplicable la jurisprudencia 2a./J. 102/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: ‘ACTA DE IRREGULARIDADES. LA LEVANTADA CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO, TRATÁNDOSE DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN, DEBE LLEVARSE A CABO HASTA EN TANTO SE REALICE EL ANÁLISIS RESPECTIVO.’, en tal virtud, la Sala del conocimiento consideró innecesario analizar el resto de los motivos de inconformidad, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia que dictó. Son sustancialmente fundados los agravios hechos valer por la autoridad recurrente pues una reflexión del tema abordado en el presente asunto, permite considerar, como lo alega la inconforme, que la autoridad administrativa correspondiente no estaba obligada a levantar el acta de irregularidades en el momento en que recibió el dictamen pericial, pues atendiendo al espíritu contenido en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia invocada, se llega a apreciar que contrario a lo señalado por la responsable, el acta de irregularidades podrá levantarse de forma legal, mientras no caduquen las facultades para ello, en términos del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Al efecto, la jurisprudencia 2a./J. 102/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de dos mil siete, página doscientos trece, prevé lo siguiente: ‘ACTA DE IRREGULARIDADES. LA LEVANTADA CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO, TRATÁNDOSE DE MERCANCÍA DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN, DEBE LLEVARSE A CABO HASTA EN TANTO SE REALICE EL ANÁLISIS RESPECTIVO.’ (se transcribe). Por su parte la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia, fue publicada en el mismo Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de dos mil siete, página doscientos catorce y siguientes, y en lo que interesa prevé lo siguiente: ‘Contradicción de tesis 36/2007-SS. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Considerando. DÉCIMO. ... De igual manera, de los preceptos legales en estudio se desprende, en lo que interesa, que si en el primer o segundo reconocimiento aduanero se advierte la existencia de alguna irregularidad, que no amerite el embargo de la mercancía en términos del artículo 151 de la Ley Aduanera, en ese momento, atendiendo al principio de inmediatez, deberá levantarse un acta ante quien presenta las mercancías para su despacho aduanal, asentándose cuáles son las inconsistencias advertidas por la autoridad aduanera. A tal conclusión arribó esta Segunda Sala en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 39/2006 del siguiente rubro y texto: «ACTA DE IRREGULARIDADES CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO. DEBE LEVANTARSE AL MOMENTO EN QUE LA AUTORIDAD ADUANERA LAS DETECTE Y ANTE QUIEN PRESENTE LAS MERCANCÍAS EN EL RECINTO FISCAL.». ... Debe resaltarse que la jurisprudencia en estudio hace especial referencia al supuesto en el que la irregularidad se advierta justo en el momento en que se realiza el reconocimiento aduanero, lo cual se corrobora con el análisis de la sentencia de la cual derivó, que en la parte que interesa dice: «En efecto, el principio de inmediatez referido, significa que si al realizar el acto material del reconocimiento, la autoridad aduanera advierte alguna irregularidad, en ese momento debe levantar el acta circunstanciada ante la presencia de la persona que presenta la mercancía para su despacho aduanal. Razonar en un sentido diverso, sería dejar en estado de inseguridad al interesado, quien al haber sido objeto de un reconocimiento aduanero y, haberse detectado irregularidades, no sabría cuándo la autoridad aduanera levantará el acta circunstanciada que dé inicio al procedimiento aduanero, lo que significa, dejar al arbitrio de la autoridad aduanera la fecha de emisión del acta circunstanciada en la que se manifiesten las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que consten los hechos.». Por lo tanto, es claro que dicho criterio no resulta plenamente aplicable en el supuesto de que en el primer o segundo reconocimiento aduanero no se advierta la existencia de irregularidades. En ese orden de ideas, es conveniente precisar que en los artículos 45, párrafos primero y último de la Ley Aduanera, así como 66 de su reglamento, se facultó a las autoridades a tomar muestras de las mercancías, ya sea en el primer o segundo reconocimiento aduanero, para estar en posibilidad de identificar su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o características físicas. De esta manera, la normatividad en la materia previó la posibilidad que al presentarse mercancía al reconocimiento aduanero, su naturaleza no sea fácilmente identificable y, por lo tanto, deba ser materia de un análisis posterior, inclusive en laboratorio, para estar en aptitud si existe coincidencia entre lo declarado por el gobernado en el pedimento de importación y las mercancías relacionadas en tal documento. Por ejemplo, es factible que se presente ante la autoridad aduanera un producto químico -sólido, líquido e incluso gaseoso- que no sea identificable por la simple percepción de los sentidos de las autoridades aduaneras y, por lo tanto, a efecto de corroborar que dicho material haya sido debidamente clasificado en el pedimento de importación, éste tenga que ser analizado a un laboratorio especializado. En este caso, tanto la Ley Aduanera como su reglamento, establecen que en tal supuesto debe levantarse el acta de muestreo correspondiente, la cual, atendiendo al principio de inmediatez a que se ha hecho referencia en el presente considerando, que se desprende de la lectura del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Aduanera, necesariamente deberá levantarse en el momento en que se presente su mercancía para el reconocimiento aduanero y ante quien la presente. De esta manera se respeta al particular el derecho que tiene de estar presente al momento en que se tomen las muestras correspondientes, verificando que los datos de la diligencia sean correctos, y sobre todo, que reciba un ejemplar de aquellas, para el caso de que en el futuro llegase a existir controversia sobre su naturaleza. De ahí la importancia que el acta de muestreo se levante el día en que se lleve a cabo el reconocimiento aduanero. Los argumentos recién plasmados no implican que se deje en estado de incertidumbre al particular, en atención a que en el acta de muestreo, por su naturaleza, no se plasma la existencia de alguna irregularidad, ni tampoco lleva implícito un acto de molestia como sería el aseguramiento de la mercancía, por lo que ésta puede ser dispuesta libremente por el particular, aplicando, por mayoría de razón, el contenido del artículo 43, párrafo cuarto, de la Ley Aduanera, que señala que en caso de no advertirse irregularidades en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento que den lugar al embargo precautorio de las mercancías, éstas se entregarán de inmediato. Empero, es menester dejar en claro que el acta de muestreo y el acta de irregularidades son dos cuestiones totalmente distintas, tratándose de mercancías de difícil identificación. En el acta de muestreo únicamente deben asentarse las circunstancias relativas a su desahogo, previstas en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Aduanera, haciendo constar, verbigracia, que las muestras se tomaron por triplicado, cuando ello sea posible por naturaleza o volumen de la mercancía; de qué manera se resguardan las muestras; los datos de identificación y registro de aquéllas; entre otros. Mientras que el acta de irregularidades sólo podrá levantarse hasta en tanto se haya practicado el análisis por la autoridad aduanera correspondiente. Por lo tanto, tratándose de mercancías de difícil identificación, resulta materialmente imposible que el acta de irregularidades tenga verificativo en el preciso instante del primer o segundo reconocimiento aduanero, si la mercancía aún no ha sido analizada, y por ende, se ignora si existe alguna inconsistencia. Sostener un criterio en contrario, en el sentido que el acta de irregularidades debe levantarse indefectiblemente el mismo día en que se realiza el primer o segundo reconocimiento aduanero, sería tanto como aceptar que si la autoridad aduanera no está en aptitud de corroborar la veracidad de los datos asentados en el pedimento de importación ya que las mercancías amparadas son de difícil identificación, el servidor público tendría la obligación de remitir aquélla (en ocasiones de una entidad federativa al Distrito Federal) al laboratorio en cuestión de segundos, y con esa rapidez, realizarse las pruebas científicas o de clasificación respectivas y devolver los resultados de inmediato, lo cual resulta materialmente imposible. De igual manera, tal interpretación haría nugatorio el contenido del artículo 45, párrafo primero, segunda parte, en el sentido de que «En todo caso se podrán tomar las muestras al momento del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento aduanero en los términos que establezca el reglamento»; así como las disposiciones contenidas en los numerales 60 a 66 del Reglamento de la Ley Aduanera que prevén el procedimiento a que hace alusión el ordenamiento aduanero invocado; esto es, se ignoraría que tratándose de mercancías de difícil identificación, con antelación a dar inicio al procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, tiene que levantarse un acta de muestreo, para estar en aptitud de enviar un ejemplar de las muestras a la autoridad competente para su análisis. En conclusión, cuando en el primer o segundo reconocimiento aduanero se presente mercancía de difícil identificación, la autoridad administrativa tiene la obligación de llevar a cabo el acta de muestreo en ese momento, atendiendo al principio de inmediatez; mientras que el oficio o acta de irregularidades tendrá verificativo hasta que se hayan realizado los análisis correspondientes por la autoridad competente. ... Como se dijo con anterioridad, los razonamientos que se han expuesto a lo largo del presente considerando son totalmente compatibles con el criterio jurisprudencial transcrito, ya que tratándose de mercancías de difícil identificación, el plazo previsto por el artículo 152 de la Ley Aduanera, vigente hasta el dos de febrero de dos mil seis, transcurrirá a partir del momento en que se notifique el acta de irregularidades, una vez realizados los estudios respectivos, y no a partir de que se recabaron las muestras en el reconocimiento aduanero. Debe destacarse que la determinación adoptada en el presente asunto, no implica que la autoridad aduanera esté en aptitud de iniciar el procedimiento aduanero sin sujeción temporal alguna, ya que, en todo caso, deberá observar las reglas de caducidad de sus facultades de comprobación. Aseveración que es acorde a lo previsto por el artículo 43, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, al disponer que «El reconocimiento aduanero y el segundo reconocimiento no limitan las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras, respecto de las mercancías importadas o exportadas, no siendo aplicable en estos casos el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Si las autoridades omiten, al momento del despacho objetar el valor de las mercancías o los documentos o informaciones que sirvan de base para determinarlo, no se entenderá que el valor declarado ha sido aceptado o que existe resolución favorable al particular.». Dicho de otra manera, la circunstancia de que en la diligencia de primer o segundo reconocimiento aduanero no se hayan advertido irregularidades, sino tan sólo recabado muestras de la mercancía, ello no impide a la autoridad aduanera a realizar los análisis técnicos o científicos relativos para, en caso de advertir alguna irregularidad, iniciar el procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera ...’. Ciertamente, en principio, debe destacarse, tal y como refiere la ejecutoria de mérito, que el principio de inmediatez sólo está referido a que el acta de muestreo debe levantarse en el momento en que es realizado el reconocimiento aduanero y se toman las muestras correspondientes; también es cierto que de la lectura integral de la jurisprudencia en comento, no se advierte que el principio de inmediatez aludido deba regir para el efecto de que la autoridad administrativa levante el acta correspondiente concomitante a la fecha en que se reciba el dictamen pericial, pues solamente dispone que tal acta tendrá verificativo ‘hasta que se hayan realizado los análisis correspondientes por la autoridad competente.’. Ahora bien, el anterior argumento no puede sostener como lo refiere la Sala responsable, que una vez que la autoridad fiscal tenga conocimiento del dictamen, requiera que en su caso notifique el acta de irregularidades a la contribuyente de manera inmediata, bajo el principio de inmediatez; pues contrario a ello, el Máximo Tribunal del país al determinar que debía regir la jurisprudencia antes transcrita, señaló: ‘sin que ello implique que el Estado pueda iniciar el procedimiento sin sujeción temporal alguna, ya que, en todo caso, deberá observar las reglas legales de caducidad de sus facultades de comprobación.’. En este sentido, se insiste, es fundado el argumento de la autoridad recurrente, ya que la autoridad fiscal no estaba obligada a levantar el acta en el momento en que recibió el dictamen, dado que en caso de que no se levante el acta correspondiente, cuando la autoridad se percate de la existencia de la infracción administrativa, con motivo de la recepción del dictamen, lo único que podría generar es la caducidad de las facultades de comprobación. En tal virtud, son inaplicables los demás criterios que cita la responsable. En tales condiciones, procede declarar fundado el recurso de revisión de que se trata y devolver los autos para que la Sala Fiscal se pronuncie en relación con el resto de los motivos de inconformidad. NOVENO. Por las razones sostenidas en el considerando precedente, son inoperantes los agravios que en forma adhesiva expresa el actor en el juicio principal. En efecto, en virtud de que en el presente recurso de revisión fiscal el tema a dilucidar se encuentra resuelto en el fondo por la jurisprudencia 102/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: ‘ACTA DE IRREGULARIDADES. LA LEVANTADA CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO, TRATÁNDOSE DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN, DEBE LLEVARSE A CABO HASTA EN TANTO SE REALICE EL ANÁLISIS RESPECTIVO.’; resultan inoperantes los agravios que, en vía de adhesión, aduce la opositora en el juicio natural. Además de que en el caso, conforme al artículo 63, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de adhesión sigue la suerte procesal del recurso de revisión. Al efecto, cobra aplicación exacta la jurisprudencia 1a./J. 14/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, abril de mil novecientos noventa y siete, página veintiuno, cuyo rubro y texto es: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.’ (se transcribe)."

QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el diecinueve de junio de dos mil ocho, la revisión fiscal 19/2008, sostuvo en lo conducente:

"SEXTO. Resultan sustancialmente fundados los agravios transcritos con anterioridad. En principio debe decirse que resultan infundados los argumentos en los que la autoridad recurrente señala que se violó el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, porque del análisis de la sentencia recurrida se aprecia que la Sala resolutora apegó su actuar a la legalidad, al resolver atendiendo al principio de mayor beneficio y en apego a lo ordenado en el segundo párrafo del citado ordenamiento, en tanto que procedió al estudio de la pretensión del actor deducida de su demanda, en relación con la resolución impugnada, específicamente del segundo concepto de anulación, toda vez que tal como lo ordena el precepto aludido, su estudio es preferente cuando lleve a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio, como ocurrió en la especie. Luego, la Sala no se encontraba obligada a estudiar los argumentos de defensa propuestos por las demandadas, pues el precepto legal en cita no lo establece, y por el contrario la obliga a abordar el estudio preferentemente de aquellos conceptos de nulidad que traigan como consecuencia la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en esa vía; aunado a que no existe algún otro precepto en la ley de la materia, que la obligue a actuar de la forma que pretenden las ahora recurrentes. Por otra parte, son fundados los agravios de la autoridad recurrente en los que aduce: Que es ilegal la determinación de la Sala Regional al decretar la nulidad lisa y llana del fallo recurrido, por el hecho de que la autoridad aduanera, según su apreciación, estaba obligada a levantar y notificar el escrito de hechos y omisiones desde el día en que la aduana tuvo conocimiento del resultado del dictamen de laboratorio sobre la naturaleza de la mercancía declarada al momento de llevar el despacho aduanero; que dicho criterio es inexacto porque la jurisprudencia invocada por la Sala Regional de rubro: ‘ACTA DE IRREGULARIDADES. LA LEVANTADA CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO. TRATÁNDOSE DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. DEBE LLEVARSE A CABO HASTA EN TANTO SE REALICE EL ANÁLISIS RESPECTIVO.’, no es aplicable al caso concreto, pues de la propia ejecutoria se advierte que el principio de inmediatez que se debe respetar para elaborar el acta de hechos y/o irregularidades se exige tratándose de las facultades de comprobación de la autoridad relativas al primer y segundo reconocimiento aduanero en los que se detecten en ese mismo momento las irregularidades cometidas por los importadores o los agentes aduanales, pero en este caso ello no ocurrió, pues se solicitó el análisis de la correcta naturaleza, composición, descripción y clasificación arancelaria de las mercancías, para lo cual el plazo para que la autoridad aduanera emitiera el acta de hechos o irregularidades, se sujeta a las reglas genéricas de caducidad. Resulta fundado el argumento sintetizado en el párrafo anterior, toda vez que como lo aducen las inconformes, la autoridad administrativa correspondiente no estaba obligada a levantar el acta de irregularidades en el momento en que recibió el dictamen pericial, dado que el supuesto jurídico que se analiza en la especie, se refiere a las mercancías de difícil identificación, en el cual, el principio de inmediatez rige para el levantamiento del acta de muestreo en el momento en que es realizado el reconocimiento aduanero y se toman las muestras correspondientes, pero no aplica para el efecto de que la autoridad administrativa levante el acta correspondiente en la fecha en que se reciba el dictamen pericial, ya que tal acta debe levantarse hasta que se hayan realizado los análisis correspondientes por la autoridad competente, pero antes de que opere la caducidad de sus facultades de comprobación. En ese mismo sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que bajo el número o clave 2a./J. 102/2007, puede ser consultada en la página 213, Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz reza: ‘ACTA DE IRREGULARIDADES. LA LEVANTADA CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO, TRATÁNDOSE DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN, DEBE LLEVARSE A CABO HASTA EN TANTO SE REALICE EL ANÁLISIS RESPECTIVO.’ (se transcribe). En la ejecutoria que deriva en la jurisprudencia invocada se establecieron las consideraciones que enseguida se transcriben, a efecto de dejar en claro el sentido inequívoco de la directriz: (se transcribe ejecutoria). En tal virtud, resulta que la Sala Regional le dio un alcance de aplicación que no le corresponde a la jurisprudencia señalada, pues concluyó indebidamente que el acta de hechos o irregularidades debe emitirse y notificarse el mismo día en que la autoridad aduanera recibe el resultado del análisis de las mercancías en aras de salvaguardar el principio de inmediatez; sin embargo, el principio de inmediatez opera en este caso para la elaboración del acta d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21327-6c951fd7/acta-de-irregularidades-de-mercancias-de-dificil-identificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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