SOBRESEIMIENTO POR INACTIVIDAD PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA DETERMINARLO EMPIEZA A CONTAR A PARTIR DE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADMITE LA DEMANDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios que se denuncian como contradictorios provienen de tribunales en materia de trabajo, especialización de esta Sala, y porque además, dado que el criterio que se emitirá que no tiene afectación en el orden jurídico, se estima innecesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
SEGUNDO. La presente contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis propuesta y, en su caso resolverla, resulta indispensable tener presentes las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito.
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; al resolver el siete de noviembre de dos mil siete, la reclamación 8/2007, determinó en la parte que interesa:
"... CUARTO. Son infundados los agravios que se hacen valer. Esencialmente afirma el aquí tercero perjudicado, hoy recurrente, que la presidencia de este Tribunal Colegiado erró al tener por admitida la demanda de garantías de que se trata, pues no tomó en consideración que en términos de la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, procedía sobreseer en este juicio de garantías, ya que desde la fecha en que el Instituto Mexicano del Seguro Social, promovió el escrito inicial de demanda, transcurrieron los trescientos días de inactividad procesal a que se refiere el numeral antes invocado, apoyando sus consideraciones en el diverso criterio de rubro: ‘JUICIO DE AMPARO. CUÁNDO SE INICIA.’. Resultan infundados los argumentos antes relacionados, pues contrario a lo que aduce la trabajadora tercero perjudicada, ahora recurrente, el término que motiva el sobreseimiento del juicio de amparo con apoyo en el primer párrafo de la fracción V del artículo 74 de la ley de la materia, se refiere al hecho en que se promueva la demanda de garantías ante la autoridad jurisdiccional de amparo, excluyendo aquellas diligencias que en el caso del amparo directo realizan las autoridades para integrar el expediente, en términos de los artículos 44, 163, 164 y 167 de la referida Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciertamente, los artículos 107, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 74, fracción V, de la Ley de Amparo, prevén la figura de la caducidad de la instancia en los siguientes términos: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIV. Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la fracción II de este artículo, se decretará el sobreseimiento del amparo o la caducidad de la instancia por inactividad del quejoso o del recurrente, respectivamente, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, en los casos y términos que señala la ley reglamentaria. La caducidad de la instancia dejará firme la sentencia recurrida.’. Ley de Amparo. ‘Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso. En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado, producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida. En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los términos antes señalados, cuando el quejoso o recurrente, según el caso, sea el patrón.’. Como se ve, el sobreseimiento por inactividad procesal, procede cuando en los amparos indirectos que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso. Para que sea sobreseído un juicio de garantías en términos del primer y tercer párrafos de la fracción V del artículo 74 de la ley de la materia, se establecen los siguientes requisitos: a) No se realice acto procesal tendiente al impulso del procedimiento, sea de la parte recurrente o del propio órgano jurisdiccional, durante el periodo de trescientos días naturales. b) Que el juicio de amparo se encuentre en trámite ante la autoridad de amparo. c) Se trate de un asunto de orden civil o administrativo, o bien, de naturaleza laboral cuando el quejoso o recurrente sea el patrón. d) No se haya listado el asunto para su resolución. Se precisa, que la conclusión del inciso b), se sustenta en la interpretación gramatical del primer párrafo de la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, pues si el sobreseimiento por inactividad procesal, procede cuando en los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, debe entenderse que en tratándose de los juicios de amparo directo, la causal de sobreseimiento se actualizará cuando el juicio se encuentre en trámite ante el Tribunal Colegiado, o en términos generales que el proceso de amparo, se esté tramitando por la autoridad de amparo. La interpretación gramatical establecida en párrafos anteriores, se fortalece con el análisis histórico del primer párrafo de la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, mismo que fue introducido mediante la reforma de dieciocho de diciembre de mil novecientos treinta y nueve. Efectivamente, en la exposición de motivos se sostuvo lo siguiente: ‘Por el digno conducto de ustedes y con apoyo en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Federal, tengo el honor de iniciar la reforma a la vigente Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la propia Constitución, a efecto de aligerar el despacho de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de Amparos Civiles, ya que apoyándose los particulares en la amplitud que la Carta Magna concede, promueven frecuentemente juicios de garantías, más como un recurso en el procedimiento, que para plantear cuestiones propiamente constitucionales. Versándose en los juicios de amparo de carácter civil intereses meramente patrimoniales, por regla general se presenta con frecuencia el caso de que dejan de tener interés económico las controversias que en ellos se ventilan, antes de que se dicte sentencia ejecutoria, bien porque los litigantes celebren convenios que dejan sin materia tales juicios de amparo, bien por alguna otra circunstancia que vuelve ociosa la decisión final de tales asuntos. Dada la abrumadora cantidad de expedientes que constantemente llegan al conocimiento de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, parece indebido que tenga que ocuparse de estudiar y resolver juicios de amparo que han perdido su interés por las razones precedentemente apuntadas, y con perjuicio de la atención que debe prestar a aquellos negocios en que está vivo el interés de las partes; es por esto que se hace indispensable autenticar en autos la circunstancia apuntada, a fin de que, aligerándose en términos adecuados y convenientes la tarea de la referida Tercera Sala, se encuentre ésta en posibilidad de llenar eficazmente el servicio social que le está encomendado. En mérito de lo anterior, el Ejecutivo de (sic) mi cargo propone que se adicione el artículo 74 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, con una fracción V, al tenor de los siguientes términos: Proyecto de Decreto. Artículo único. Se adiciona la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en los siguientes términos: ‘Artículo 74 ... V. En los amparos promovidos en materia civil, en que se versen sólo intereses de particulares, y de que conozca la Suprema Corte de Justicia directamente, cuando transcurran cuatro meses sin que los quejosos gestionen por escrito ante la misma Suprema Corte la continuación de la tramitación o la resolución del juicio.’. Posteriormente, en diversas reformas de diecinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta, nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, se amplió el término de cuatro meses a ciento ochenta días, para sobreseer por inactividad procesal; igualmente, se amplía al sobreseimiento por inactividad procesal a la manera administrativa y; finalmente, se incrementó a trescientos días el término para caducar el juicio de amparo. Cabe destacar, que en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional de diecinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta, se reconoce que el problema más grave que ha surgido en el campo de la Justicia Federal, ha sido suscitado por el rezago de juicios de amparo que existe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacándose que el fenómeno adquirió tan graves proporciones, que entrañó una situación de verdadera denegación de justicia; para solucionarlo, se propuso y aprobó la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, entre otras medidas. Asimismo, el legislador, en esa ocasión, estableció que no obstante la eficiente actuación de los Tribunales Colegiados de Circuito, el problema de rezago de los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia no había podido ser superado, pues la distribución de competencias entre ambos órganos no satisface ni las finalidades políticas y jurídicas del juicio de amparo, ni las exigencias que presenta la complejidad de la vida social, lo que justificó el establecimiento del sobreseimiento por inactividad procesal, entre otras medidas. En reforma publicada el veintidós de julio de mil novecientos setenta y seis, se modificó el precepto en estudio para quedar como sigue: ‘Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso.’. Finalmente, no es sino hasta la reforma de dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, en que se incluyó a la materia de trabajo, para sobreseer el juicio de garantías por inactividad procesal, aunque estableció que esta causa de sobreseimiento sólo procede para juicios de amparo seguidos por el patrón. De la evolución del texto normativo, se aprecia, que el legislador estableció el sobreseimiento del juicio de amparo, por inactividad procesal, con el objeto de acabar con el rezago de los juicios de amparo que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, privilegiando el conocimiento de aquellos asuntos y cuyo interés de las partes, sea manifiesto, respecto de otros juicios donde las partes han dejado de tener interés económico, bien porque los litigantes celebren convenios que dejan sin materia tales juicios de amparo, bien por alguna otra circunstancia que vuelve ociosa la decisión final de tales asuntos. Igualmente, de las diversas reformas que confeccionan hasta nuestros días al sobreseimiento por inactividad procesal, se advierte la constante de que procede en los amparos indirectos que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, cualquiera que sea el estado del juicio. Por otro lado, cabe señalar que la caducidad de la instancia es una institución procesal en virtud de la cual se extingue la relación procesal sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo; se produce por la inactividad de los sujetos procesales y del propio órgano jurisdiccional en el periodo de tiempo señalado en la ley. El fundamento de la institución de la caducidad de la instancia se apoya principalmente en dos motivos distintos: el primero de orden subjetivo,
ue se traduce en la intención de las partes de abandonar el proceso que se refleja en el desinterés de las mismas en continuar y culminar con el mismo; y el segundo, de orden objetivo, que descansa en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, lo que traería una falta de seguridad jurídica. Este criterio objetivo, tiene también su fundamento en el interés del propio Estado de liberar a sus propios órganos de la necesidad de impulsar procesos y emitir la resolución correspondiente sustituyendo las cargas y obligaciones procesales de las partes, cuando éstas evidentemente abandonan su causa. A efecto de establecer los alcances de sobreseimiento por inactividad procesal, se analiza la evolución histórica de los artículos 44, 163, 164 y 167 de la Ley de Amparo, que establecen el mecanismo procesal conforme al cual se tramita el amparo directo, también llamado amparo de legalidad. Efectivamente, el texto original de los artículos 44, 163, 164 y 167 de la Ley de Amparo vigente a partir del diez de enero de mil novecientos treinta y seis, establecían lo que a continuación se transcribe: ‘Artículo 44. Las Salas respectivas de la Suprema Corte de Justicia son competentes para conocer, en única instancia, de los juicios de amparo que se promuevan en contra de las sentencias definitivas dictadas en los juicios civiles o penales, así como de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje.’. ‘Artículo 163. La Suprema Corte de Justicia podrá suplir la deficiencia de la queja en los juicios de amparo que se promuevan contra sentencias definitivas dictadas en asuntos del orden penal, cuando encontrare que hubo violación manifiesta del procedimiento en contra del quejoso, que lo ha dejado sin defensa, y que sólo por torpeza no fue combatida oportunamente la violación; o que fue juzgado por una ley que no era exactamente aplicable al caso.’. ‘Artículo 164. Para ocurrir en demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, en única instancia, el agraviado solicitará previamente de la autoridad responsable, copia certificada de la sentencia o laudo de que se trate y de las constancias que estime necesarias, la que se adicionará con las que señale la parte contraria y con las que dicha autoridad estime procedentes. La autoridad responsable deberá expedir, con toda oportunidad, la copia certificada a que se refiere el párrafo anterior, para que el agraviado pueda acompañarla a su demanda, dentro del término de ley. Si la copia no estuviere concluida oportunamente, por morosidad de la autoridad responsable, o por cualquiera otra causa no imputable al agraviado, éste podrá presentar la demanda sin aquélla, y la Suprema Corte señalará a la propia autoridad un término prudente, que no podrá exceder de diez días, para que la remita. Si la demora no estuviere justificada, la Suprema Corte impondrá a la autoridad responsable una multa de veinticinco a trescientos pesos.’. ‘Artículo 167. El amparo contra sentencias definitivas en materia civil o penal o contra los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, deberá interponerse presentando la demanda con las copias certificadas a que se refiere el artículo 164, directamente ante la Suprema Corte, o remitiéndosela por conducto de la autoridad responsable o del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio jurisdiccional se encuentre dicha autoridad responsable. Cuando se presentare ante ésta la demanda, tendrá la obligación de hacer constar al pie del escrito de la misma, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y la de la presentación del escrito. En los demás casos, la Suprema Corte está facultada para cerciorarse de los datos de que se trata.’. Del contenido de los artículos 44, 163, 164 y 167 de la Ley de Amparo, aparece que en principio correspondía al agraviado preparar la documentación necesaria para la promoción del juicio de garantías por vía directa, pues debía preparar la promoción del juicio de garantías, al establecer que debía tramitar las copias certificadas del acto reclamado, antes de presentarla directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus Salas, los Tribunales Colegiados de Circuito o incluso ante la propia autoridad responsable. Posteriormente, el legislador consideró que por economía procesal, que (sic) la demanda de garantías se presentara ante la autoridad responsable, emisora de la sentencia definitiva que se impugnaba, hecho que se corrobora con la exposición de motivos de la reforma de mil novecientos ochenta y cuatro, que estableció: ‘... se proponen las modificaciones que se estiman de mayor urgencia, orientadas de acuerdo con los resultados de la consulta, hacia una justicia eficaz, pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Federal. Se expresan a continuación los lineamientos esenciales de las reformas y adiciones contenidas en el proyecto. I. En primer lugar, debe destacarse que una de las cuestiones señaladas de manera insistente en la referida consulta nacional se refiere a aspectos relativos al amparo contra leyes, para lo cual se sugieren modificaciones que tiendan a una mayor flexibilidad y eficacia de este importante sector, particularmente cuando existe jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia. a) La primera de tales medidas consiste en modificar el artículo 156 para extender al amparo contra leyes el procedimiento de mayor celeridad que actualmente se aplica sólo a los casos previstos en el artículo 37, y en introducir un artículo 182 bis para hacer más breves los plazos de tramitación en los supuestos en los cuales se alegue en el amparo de una sola instancia que la ley aplicada en la sentencia o laudo combatido ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. b) Se adiciona la fracción IV del artículo 166 para establecer que cuando se impugna una sentencia definitiva o laudo por estimarse inconstitucional la ley aplicada, ello será únicamente materia del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, y además, que la calificación de ésta por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia. Todo ello tiene por objeto evitar las diversas interpretaciones que se han realizado por los tribunales de amparo sobre la forma de tramitar y resolver estas cuestiones de inconstitucionalidad, llegándose en algunas ocasiones a establecer el criterio inadmisible de que en estos casos la demanda debe dividirse para que el Juez de Distrito conozca de la cuestión de inconstitucionalidad de la ley, y la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito respectivo de los demás aspectos planteados. Una segunda categoría de disposiciones está relacionada con la revisión de los preceptos relativos a la jurisprudencia de los tribunales federales. Al respecto se corrige el texto de los actuales artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, para evitar repeticiones innecesarias, y se propone la elaboración del nuevo texto del artículo 192 que regula conjuntamente la jurisprudencia del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia. III. Uno de los problemas en los cuales se advirtió mayor insistencia en la consulta nacional fue el relativo a la necesidad de suprimir tecnicismos y anacronismos, así como lograr celeridad en el procedimiento de nuestro juicio de amparo. a) Con este propósito se formulan varias proposiciones, la primera de las cuales se hace consistir en la modificación del actual artículo 167 para suprimir la alternativa que permite la presentación de la demanda de amparo contra la sentencia definitiva o laudo, directamente ante la Suprema Corte de Justicia o ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para establecer la obligación de que sólo se presente por conducto de la autoridad responsable, en virtud de que ésta debe decidir sobre la suspensión del acto reclamado, emplazar a juicios a las partes, consignar la fecha de notificación de la resolución reclamada y remitir el expediente al órgano competente para conocer del juicio de amparo. Con esta medida, además de lograr una mayor celeridad en la tramitación, se evita la maniobra frecuente de los litigantes de presentar directamente la demanda con el propósito de retrasar la resolución del asunto. La evolución, concebida por el legislador en la reforma de dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, quedó en los siguientes términos: ‘Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley.’. ‘Artículo 163. La demanda de amparo contra sentencias definitivas, dictadas por tribunales judiciales o administrativos, o contra laudos de tribunales del trabajo, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable. Ésta tendrá la obligación de hacer constar al pie del escrito de la misma la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada, y la de presentación del escrito.’. ‘Artículo 164. Si no consta en autos la fecha de notificación a que se refiere el artículo anterior, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 169 de esta ley, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al tribunal al que haya remitido la demanda.’. ‘Artículo 167. Con la demanda de amparo deberá exhibirse una copia de ella para el expediente y una para cada una de las partes en el juicio constitucional; copias que la autoridad responsable mandará entregar a éstas, emplazándolas, dentro de un término máximo de diez días, para que comparezcan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, según el caso, a defender sus derechos.’. Como se ve de la evolución histórica de los artículos 44, 163 y 167 de la Ley de Amparo, se aprecia que el legislador relevó al trabajador de la carga que tenía de preparar su amparo por vía directa, estableciendo a la autoridad responsable la obligación de recibir la demanda de garantías, certificando al pie del escrito de la misma, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y la de presentación del escrito, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; asimismo en virtud de que ésta debe decidir sobre la suspensión del acto reclamado, emplazar a juicios a las partes, consignar la fecha de notificación de la resolución reclamada y remitir el expediente al órgano competente para conocer del juicio de amparo, se resalta que la medida, además de lograr una mayor celeridad en la tramitación, se evita la maniobra frecuente de los litigantes de presentar directamente la demanda con el propósito de retrasar la resolución del asunto. Con apoyo en lo antes relacionado, es inconcuso que la propia evolución histórica de los artículos 44, 163, 164 y 167 de la Ley de Amparo, sugiere que las diligencias que realizan las autoridades responsables en la sustanciación del juicio de amparo directo, se consideran como actuaciones del juicio de garantías en estricto sentido, por ser diligencias que auxilian a la autoridad federal, en la sustanciación del juicio. Sin embargo, para efectos de la fracción V del artículo 74 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que la actualización de la hipótesis de sobreseimiento por inactividad procesal, requiere necesariamente que el juicio de amparo se tramite ante la autoridad de amparo, como anteriormente se estableció. De no entenderse, así llevaría a generar en detrimento del recurrente una verdadera denegación de justicia contraviniendo los principios constitucionales sobre administración de justicia que establece el artículo 17 de la Carta Magna, al imponerle injustamente una obligación procesal, de la que fue relevado por el legislador. Por tanto, se arriba al convencimiento de que si la demanda de amparo directo, se presenta ante la autoridad responsable, ello se debe a que el legislador para relevar al quejoso de ciertas cargas procesales que le imponía la preparación del juicio de garantías, razón por la cual impuso a la autoridad responsable la preparación del juicio a efecto de agilizar el trámite con fundamento en el artículo 17 constitucional, por tanto el término de los trescientos días a que se refiere el primer párrafo de la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, comienza a correr cuando el juicio de garantías sea recibido por el tribunal colegiado. Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un primer momento, el Tribunal Pleno de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, interpretó el último párrafo de la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el sentido de que una vez listado el asunto para resolverse en Sala o en el Pleno, con independencia del sentido del proyecto, no podía jurídicamente declararse la caducidad de la instancia. Este criterio quedó contenido en la tesis XVIII/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, página dieciséis, cuyo rubro y texto dicen: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LISTADO EL ASUNTO NO PUEDE DECRETARSE.’ (se transcribe). Posteriormente, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal, realizó una nueva interpretación, al considerar que el último párrafo de la fracción V del artículo 74, en forma categórica y sin distinción alguna, ordena que celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto para audiencia no procederá el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, por lo que si un asunto es listado para resolverse en Pleno o en la Sala respectiva de la Suprema Corte o en un Tribunal Colegiado, con independencia del sentido del proyecto, no puede producirse la citada caducidad. Este criterio se encuentra contenido en las tesis VI/96 y CXXXI/96, que respectivamente dicen: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA, UNA VEZ LISTADO UN ASUNTO POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, AUNQUE SÓLO DECLARE SU INCOMPETENCIA.’ (se transcribe). (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, página ciento sesenta y cuatro). ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA, SI YA SE LISTÓ EL ASUNTO POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, BIEN SEA PARA RESOLVER UNA CUESTIÓN COMPETENCIAL, UNA CONSULTA A TRÁMITE DEL RECURSO, O EL FONDO DEL MISMO.’ (se transcribe). (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de mil novecientos noventa y seis, página ciento veinticuatro). Como se ve, el criterio contenido en las anteriores tesis del Tribunal Pleno, han resuelto sobre la aplicación del sobreseimiento por inactividad procesal, cuando el juicio de amparo, se tramita ante la autoridad de amparo, destacándose que paulatinamente se han ido restringiendo las hipótesis de aplicación de la referida causal de sobreseimiento. No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que el promovente tiene la carga procesal del impulso del proceso y que ante su ausencia en el lapso de trescientos días produce la caducidad de la instancia conforme a los dispositivos señalados; sin embargo, este supuesto no se produce cuando en tratándose de diligencias preparatorias al juicio de amparo por vía directa, pues en el caso, la Junta señalada como autoridad responsable, no tiene el carácter de órgano jurisdiccional de control constitucional. Considerar lo contrario, conduciría a sancionar al quejoso promovente de una demanda de amparo por vía directa, con sobreseer el juicio de garantías por inactividad procesal, por la omisión de la autoridad responsable de cumplimentar lo establecido en los artículos 44, 163, 164 y 167 de la Ley de Amparo, lo cual, desde luego es incorrecto, pues el quejoso no tiene la obligación de preparar y presentar ante la autoridad de amparo la demanda de garantías, pues el legislador mediante los preceptos antes invocados, lo relevó de esa obligación procesal, arrojándole esta carga a la autoridad responsable. Así las cosas, se precisa, que si bien es cierto, que como indica el criterio en que se apoya la trabajadora ahora recurrente, este recurso de revisión, en lo referente a que el juicio de garantías comienza con la presentación del escrito inicial de demanda ante el órgano judicial, dicho criterio no es aplicable para el caso del sobreseimiento del juicio de garantías con apoyo en la fracción V del artículo 74 de la ley de la materia, en tratándose del juicio de amparo por vía directa, pues en este caso no es autoridad jurisdiccional de amparo quien recibe la demanda de garantías, sino la autoridad responsable en auxilio de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20928-8a179137/sobreseimiento-por-inactividad-procesal-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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