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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. SE ACREDITA CON EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2008-SS. · Registro digital (IUS): 20968
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y PRIMERO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 318.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y PRIMERO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, pues si bien en principio podría sostenerse que los criterios que se denuncian contrarios, pertenecen a la materia civil, lo cierto es que provienen de Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La presente contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló una de las partes en los dos asuntos que participan de la denuncia.

TERCERO. Para estar en aptitud de determinar si existe la contradicción que se plantea, es necesario conocer el contenido de las ejecutorias que se destacan en el resultando primero de esta resolución.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el treinta y uno de mayo de dos mil siete el amparo en revisión 147/2007, determinó en la parte que interesa:

"QUINTO. Los agravios hechos valer son jurídicamente ineficaces. Previamente se estima necesario hacer una reseña de los antecedentes del presente asunto. En escrito presentado el quince de enero de dos mil siete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Rubén Iván Mascote Escobedo por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, así como al actuario adscrito a dicha Junta, consistentes en el embargo ordenado y practicado con motivo de dos juicios laborales instaurados en contra de la empresa Ventilación y Extracción de Mazatlán, Sociedad Anónima de Capital Variable, mismo que recayó sobre la finca de su propiedad, ubicada en calle Benito Juárez sesenta y nueve, setenta y uno, y setenta y tres, de esta ciudad; asimismo como consecuencia directa e inmediata de lo anterior el remate y adjudicación, inminente orden de desposesión que se pudiera girar (fojas dos a doce del juicio de garantías). Mediante acuerdo de quince de enero de dos mil siete, el Juez Décimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de acordar sobre la admisión de la demanda promovida por Rubén Iván Mascote Escobedo, requirió al quejoso por el término de tres días a fin de que precisara por cuál de los dos actos que reclamaba que derivaban de los juicios laborales JE4-10-567/04 y JE4-12-749/05, tramitados ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, era su intención se tramitara el juicio de garantías (fojas cuarenta y uno y cuarenta y dos ídem). Por escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil siete, ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el quejoso Rubén Iván Mascote Escobedo, dio cumplimiento al requerimiento de quince de enero del presente año, en el que señaló como actos reclamados de las referidas autoridades ordenadora y ejecutora: los ilegales e improcedentes embargos ordenados y practicados respectivamente, con motivo del juicio laboral al que es totalmente extraño, siendo el establecido bajo el número de expediente JE4-10-567/04, donde las partes contendientes en el juicio en cita son, por la parte actora Francisco Alberto Gómez Hernández y por la parte demandada la empresa denominada Ventilación y Extracción de Mazatlán, Sociedad Anónima de Capital Variable, y que del expediente en cita se derivó un embargo que recayó sobre el bien inmueble que es propiedad exclusiva del quejoso, y que se encuentra identificado como finca urbana de terreno y construcción ubicada en calle Benito Juárez marcada con los números sesenta y nueve, setenta y uno y setenta y tres, de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa; asimismo como consecuencia directa e inmediata de lo anterior, el remate y adjudicación del citado bien inmueble; igualmente, como consecuencia del remate y adjudicación que se haya llevado a cabo, la inminente orden de desposesión que se pudiera girar (fojas cuarenta y siete a cincuenta y tres ídem). En acuerdo de veintitrés de enero de dos mil siete, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite la demanda y la radicó con el número 24/2007 (foja cincuenta y seis ídem). Posteriormente, dictó sentencia en audiencia constitucional de treinta de marzo de dos mil siete, terminada de engrosar el mismo día, en la que sobresee en el juicio de garantías (fojas quinientos ochenta y nueve a seiscientos ídem), al considerar, en esencia: A) Que si bien el contrato de compraventa era un documento privado proveniente de un tercero, y que conforme a lo dispuesto por el artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la sustanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, tenía valor probatorio, cierto era que tal documento no era de fecha cierta, pues para que ese tipo de contratos privados traslativos de dominio pudieran considerarse de fecha cierta, necesariamente debían llevarse a cabo ante un fedatario público o funcionario autorizado, siendo insuficiente, por tanto, que los contratantes comparezcan a ratificar el contrato de compraventa ante un notario público. B) Que el documento privado que contuviera un acto traslativo de dominio, era requisito indispensable para que surtiera efectos contra terceros: que constara en escritura expedida por fedatario público, que se encontrara inscrito en el Registro Público de la Propiedad del lugar de su ubicación o bien que hubiese fallecido alguno de los firmantes, lo que significaba, a contrario sensu, que el documento privado no registrado en la oficina pública citada sólo podría generar efectos entre las partes contratantes, mas no obligaba ni producía consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamasen algún derecho sobre el bien inmueble; que en el caso, dicho contrato de compraventa no podía surtir efectos contra terceros por no constar en escritura pública ni estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad, ya que lo que el fedatario hizo constar era que ante su presencia los contratantes firmaron el documento; y la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilitaba determinar si el embargo trabado respecto del inmueble de que se dolía el peticionario de garantías, fue un acto anterior o posterior a la adquisición del bien litigioso; y, ello era así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado que contuviera un acto traslativo de dominio no abarcaba la fecha en que apareciera realizada la enajenación cuando éste era de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos; invocó la jurisprudencia por contradicción de tesis 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.’. C) Que no obstaba a lo anterior, el hecho de que el referido contrato privado de compraventa lo hubieran ratificado sus otorgantes el quince de marzo de dos mil uno, ante notario público, así como que este último hubiera dado fe que ante él manifestaron los contratantes que firmaron el citado documento en la fecha indicada, reconociendo también como suyas las firmas que aparecían en el mismo, habida cuenta que esas circunstancias no demostraban que el multicitado contrato se hubiera otorgado ante el fedatario, toda vez que de lo único que hizo fe era que ante el notario público se presentó un contrato privado, pero no que ese acto hubiere sido autorizado por aquél, además, el documento privado que contuviera un acto traslativo de dominio era requisito indispensable para que surtiera efectos contra terceros, que constara en escritura expedida por fedatario público; citó las tesis emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo los rubros, respectivamente: ‘CONTRATO PRIVADO RATIFICADO ANTE NOTARIO POR SUS OTORGANTES, VALOR DEL.’ y ‘CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA. LA PROTOCOLIZACIÓN DE ÉSTE, A SOLICITUD DE LA COMPRADORA NO LE ATRIBUYE EL CARÁCTER DE OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).’. D) Y, que las documentales consistentes en la copia certificada de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a nombre de Rubén Iván Mascote Escobedo; así como la copia autorizada del certificado de gravamen ‘05303’, expedido por la Oficial del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el ocho de enero de dos mil siete; copias certificadas de nueve avisos-recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad; y copias certificadas de diez recibos de pago expedidos por Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, también a nombre del aquí quejoso, resultaban insuficientes para acreditar la propiedad y posesión del inmueble reclamado, ya que de los mismos se apreciaba que correspondían al domicilio ubicado en calle Benito Juárez dos mil doscientos siete, colonia Centro de esta ciudad (sic) Mazatlán, Sinaloa, esto es, se trataba de un domicilio distinto al inmueble motivo de la controversia, máxime que la causa generadora de su derecho de propiedad y posesión lo hacía derivar del contrato de compraventa antes analizado, el cual para los efectos del juicio de amparo carecía de valor probatorio pleno, por tratarse de un documento de fecha incierta; además de que no eran los medios idóneos para acreditar el acto traslativo de dominio. Citó la jurisprudencia por contradicción de tesis 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación intitulada: ‘POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.’, de igual forma, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito cuyo rubro dice: ‘POSESIÓN. ES REQUISITO INDISPENSABLE EXPRESAR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SU CAUSA GENERADORA, DE LO CONTRARIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.’, así como la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito cuyo título establece: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN JUICIO QUE VERSA SOBRE INMUEBLES.’. Por su parte, el recurrente como agravios expuso: a) Que el Juez de Distrito determinó como fundada la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 73, fracción V, de la ley de la materia; soportándose para ello en que el documento exhibido por Rubén Iván Mascote Escobedo, se trataba de un documento privado que carecía de fecha cierta; situación que para el ahora recurrente causaba perjuicio, ya que el documento privado que se presentó en el juicio de garantías respectivo, consistía en un contrato privado ante la fe del notario público licenciado Ramón Burgos Robles, de quince de marzo de dos mil uno, en el cual describía el bien inmueble que consistía en una finca urbana de terreno y construcción ubicada en calle Benito Juárez marcada con los números sesenta y nueve, sesenta y uno y setenta y tres, norte, en la manzana treinta y tres, cuartel segundo, de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa; pues era un contrato de compraventa celebrado ante notario público, por lo que sí podía advertirse que tenía fecha cierta, el cual dio fe del acto traslativo de dominio. b) Que el contrato de compraventa en el que fue ratificada la firma y su contenido ante la fe del notario público el documento multicitado sí contenía fecha cierta, por lo que sí poseía eficacia probatoria para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo respectivo, y como se desprendía de las constancias que obraban en el juicio de garantías, los actos de las autoridades responsables sí afectaban su patrimonio, por ende, por parte de dichas autoridades lesionaba sus derechos de propiedad y en consecuencia sus garantías individuales que se encuentran consagradas en la

Constitución. c) Que las tesis: ‘CONTRATO PRIVADO RATIFICADO ANTE NOTARIO POR SUS OTORGANTES, VALOR DEL.’ y ‘CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA. LA PROTOCOLIZACIÓN DE ÉSTE, A SOLICITUD DE LA COMPRADORA NO LE ATRIBUYE EL CARÁCTER DE OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).’, no eran de aplicación al caso, en virtud de que las mismas se referían a situaciones diferentes a las que en el juicio que resolvió el Juez Décimo de Distrito del Estado de Sinaloa. d) Que de conformidad con el artículo 120 de la Ley del Notariado para el Estado de Sinaloa, que establece que la ratificación de firmas de contenido y demás actuaciones, se harán constar en el documento o en hoja adherida a él, sin necesidad de levantar acta en el protocolo; por lo que la ratificación del contrato privado no necesitaba más protocolo que la misma ratificación que se haría constar en el mismo documento, situación que en el caso acontecía, por ello el A quo, al razonar que debió presentarse ante el Registro Público de la Propiedad en escritura para que surtiera efectos contra terceros, era preciso señalar que en el Registro Público de la Propiedad no generaba la situación jurídica que consistía en el contrato de compraventa, ya que su función era únicamente dar publicidad de dicho acto, esto es, no constituía el título del derecho inscrito, sino que se limitaba por regla general a declarar, a ser un reflejo de un derecho nacido extra registralmente mediante un acto jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes, lo que realmente se inscribía en dicha oficina era la consecuencia del acto jurídico celebrado, el que creaba un derecho sobre quienes lo realizaron, y con posterioridad a dicho acto se realizaba la anotación correspondiente con el objetivo de darlo a conocer a terceros, en ese tenor, el Juez al resolver sobre un juicio de amparo iba más allá de lo establecido en la ley, porque no podía exigirse lo que expresamente y en forma clara no preveía la ley. e) Que el solo hecho de que se presentara un documento privado ante la presencia de un notario público y que éste certificara las firmas que en el instrumento se plasmaron, era suficiente para que produjera certeza sobre la fecha en la que se realizó dicho acto, aunado a ello que, en la ratificación ante el notario público, como se podía observar de su contenido, se ratificaba el contenido del mismo instrumento; invocó la jurisprudencia 44/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2004, intitulada: ‘DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL.’. f) Y, que en el amparo presentado ante el Juez de Distrito se exhibieron las pruebas tanto privadas como públicas relativas al bien inmueble multicitado, las cuales consistían, entre otras, las relativas a recibos de pagos de luz, teléfono, copia de la cédula fiscal, el documento expedido por la Secretaría de Hacienda donde quedaba establecido el domicilio fiscal y por último se anexó el certificado de libertad de gravamen expedido por el Registro Público de la Propiedad; que el bien inmueble era el que se afectó con el embargo practicado por las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo, ello quedaba plenamente demostrado con las constancias que se presentaban; ya que se pretendía tomar como referencia lo expresado en una escritura pública en donde describía el bien inmueble sobre lotes, ese conjunto de lotes poseía el número en la actualidad y que resultaba de la numeración que el Municipio había otorgado a cada predio, máxime que se podía corroborar con el acto de embargo que la autoridad responsable realizó, ya que el domicilio era donde se practicó la diligencia de embargo y era el mismo domicilio que venía en el contrato de compraventa, nada más con la circunstancia de que eran números consignados desde el tiempo antes de ser modificados, pero con las constancias que obraban en el presente expediente se podía dilucidar de manera evidente que se trataba del mismo bien. Ahora bien, se procede a dar contestación a los agravios hechos valer, en orden diverso al planteado, en los siguientes términos. El último de los agravios hechos valer es inoperante, toda vez que no rebate el fundamento legal y consideración que se sustentó la sentencia impugnada respecto a la valoración de las documentales ofrecidas por la parte quejosa consistentes en la copia certificada de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a nombre de Rubén Iván Mascote Escobedo; así como la copia autorizada del certificado de gravamen ‘05303’, expedido por la Oficial del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el ocho de enero de dos mil siete; copias certificadas de nueve avisos-recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad; y copias certificadas de diez recibos de pago expedidos por Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, también a nombre del quejoso; a saber, que no eran los medios idóneos para acreditar el acto traslativo de dominio; pues si el citado fundamento no aparece combatido en forma directa, correcto o no, se mantiene vivo para continuar rigiéndola. En apoyo a la anterior conclusión, se cita la jurisprudencia 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo décimo sexto, diciembre de dos mil dos, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.’ (se transcribe). Así como la diversa jurisprudencia, con cuyo contenido comulga este Tribunal Colegiado, publicada en la página mil treinta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo duodécimo, agosto de dos mil, Novena Época, con la voz y rubro: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN.’ (se transcribe). Por otra parte, los restantes agravios los cuales se analizarán de manera conjunta por argumentar de manera similar, esencialmente, el tópico de que con el contrato privado de compraventa que ofreció como prueba, acreditó el interés jurídico porque dicho contrato es de fecha cierta, son fundados en cuanto a que, efectivamente, tal documento es de fecha cierta, pero son infundados en relación a que sea suficiente para acreditar su interés jurídico aunque por diversas razones que las expuestas por el Juez de Distrito, porque dicho documento privado carece de las formalidades de ley y, por ende, es insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en el amparo, por las razones siguientes: Se estima necesario señalar que el artículo 2202, del Código Civil para el Estado de Sinaloa, y el diverso numeral 106 de la Ley del Notariado disponen, respectivamente: ‘Artículo 2202.’ (se transcribe). ‘Artículo 106.’ (se transcribe). Del análisis armónico de los preceptos transcritos se desprende que cuando el valor exceda de trescientas cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Estado, su venta se otorgará en escritura pública; y cuando la ley exija a los documentos privados formalidades de instrumento público como la antes citada, el notario se abstendrá de ratificar, certificar o protocolizar los mismos. Luego, si el salario mínimo general vigente en el Estado en el año dos mil uno -fecha en la que se celebró la certificación del contrato privado de compraventa con el cual pretende el quejoso acreditar su interés jurídico- era de treinta y cinco pesos con ochenta y cinco centavos que multiplicados por las trescientas veces el mismo, equivale a doce mil quinientos cuarenta y siete pesos con cincuenta centavos; y, si el valor del inmueble objeto del contrato es de doscientos cincuenta mil pesos, según la cláusula segunda del mismo, es evidente que excede de las trescientas cincuenta veces el salario mínimo señaladas por lo que esa venta se debió otorgar en escritura pública y, por ende, el notario público debió abstenerse de certificar dicho documento privado en el que se contenía el aludido contrato de compraventa, por lo que, se itera (sic), tal documento carece de eficacia jurídica al no haberse celebrado para su validez bajo la formalidad de la ley citada y, por ende, es insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en el juicio de amparo. Además, a mayor abundamiento, debe decirse que aun cuando el referido contrato de compraventa ofrecido por el quejoso, efectivamente, fuera de fecha cierta, ello sería inoperante por inatendible, porque ese documento por su propia naturaleza engendraría únicamente un indicio insuficiente para demostrar fehacientemente el interés jurídico, ello es así, porque los instrumentos privados, por su propia naturaleza, son sólo indicios no aptos para demostrar el interés jurídico en un juicio de garantías, pues se constituyen como expresiones de voluntad de los particulares que por sí mismos son insuficientes para demostrar el acontecimiento que se haya hecho constar en una documental y ante ello, para formar convicción, deben adminicularse con otros elementos de prueba, dado que de otro modo, no son aptos para demostrar el derecho sustantivo que en ellos se plasme, con entera independencia de que sean o no de fecha cierta pues, se insiste, la certeza de su suscripción es insuficiente para conferirles mayor eficacia demostrativa que la que en realidad les corresponda. Precisado lo anterior, debe señalarse que el contrato exhibido por el quejoso con la demanda de amparo, para acreditar su interés jurídico, es un documento privado; al respecto, los artículos 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: ‘Artículo 129.’ (se transcribe). ‘Artículo 133.’ (se transcribe). De los preceptos transcritos se advierte que para precisar la calidad de un documento privado es necesario, previamente, determinar si reúne las condiciones que la ley exige para los instrumentos públicos, dado que de no ocurrir esto, la documental será privada. Atendiendo a la regla anterior, para que un documento sea público, se requiere que converjan en su confección las siguientes condiciones primero, que su formulación esté encomendada por la ley a un funcionario revestido de fe pública en el ejercicio de sus funciones; y segundo, que se expida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones; hipótesis las anteriores que no se colman cuando ante la presencia de un notario público se exhibe un contrato privado de compraventa que no es inscrito en el protocolo. Con relación a la primera de las aludidas condiciones, el artículo 107 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, señala que el acta notarial es el instrumento original en el que el notario hace constar bajo su fe uno o varios hechos presenciados por él y que éste asienta en el protocolo a su cargo, a solicitud de parte interesada, y que autoriza mediante su firma y sello, por tanto, es claro que para que un notario público esté en la posibilidad de formar un documento público requiere, indefectiblemente, que lo asiente en el protocolo, pues, de otro modo, no se estaría en presencia de una documental que ese funcionario haya formado por encomienda de la ley, como lo prevé el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De igual forma, no puede sostenerse que un contrato de compraventa celebrado por dos particulares y ratificado por los contratantes, sea un instrumento que el notario público expide en el ejercicio de sus funciones, dado que no es éste quien ordena la formación de la documental, sino son los particulares quienes, ya elaborada, la llevan ante su presencia para que se cerciore de que se firmó ante él y, en esos términos, no se colma el segundo de los supuestos que el ordenamiento procesal en estudio prevé para la formación de un documento público, pues no es el notario quien expide la instrumental sino que son los particulares quienes intervienen en su elaboración. De manera que como el contrato de compraventa en examen no reúne las exigencias previstas en la ley para catalogarlo como público entonces, es de naturaleza privada, en mérito a que la sola ratificación de un contrato privado de compraventa, es insuficiente para estimar que se está en presencia de un instrumento de la referida naturaleza, dado que el fedatario no es quien lo forma y tampoco lo expide en el ejercicio de sus funciones. Se invoca, en lo substancial y por analogía la tesis con cuyo contenido comulga este órgano colegiado emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página quinientos del Tomo VIII, noviembre de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor literal: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. AUN RATIFICADOS, CONSERVAN SU PROPIA NATURALEZA, SIN QUE TAL HECHO LES IMPRIMA LA CALIDAD DE PÚBLICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe). Sobre el mismo tema, no pasa inadvertido lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley del Notariado del Estado, que prevé que la ratificación de firmas y de contenido y demás actuaciones a que se refiere el capítulo respectivo, se harán constar en el documento o en hoja adherida a él, sin necesidad de levantar acta en el protocolo; potestad regulada por la ley que es insuficiente para consignar como público el contrato en estudio, dado que para atribuirle esa calidad se requería que ese instrumento hubiera sido confeccionado por el aludido funcionario o que lo expidiera en el ejercicio de sus funciones y, como tal hecho no ocurrió, a lo más que puede aspirar ese documento es a que se considere de fecha cierta el momento en que sus signatarios se presentaron ante el notario a manifestarle su voluntad en celebrar el contrato, lo que es insuficiente para que se considere como un documento público, por las razones previamente expuestas. En consecuencia, como se anticipó, aun cuando el aludido contrato fuera considerado de fecha cierta, ello sería únicamente en cuanto al momento de su ratificación, pues sus signatarios lo presentaron ante el notario público treinta y uno en el Estado, con residencia en esta ciudad, el quince de marzo de dos mil uno, y como el aludido fedatario se cercioró de que los contratantes comparecieron ante él a ratificar su contenido, reconociendo como suyas las firmas que en él plasmaron, existe seguridad de que a partir de ese momento se externó la voluntad de enajenar el inmueble. En efecto, de una correcta interpretación de lo dispuesto en el aludido numeral 120 de la Ley del Notariado para el Estado, permite establecer que la certificación que asentó el notario público en el sentido de que en una fecha determinada los suscriptores de un contrato privado acudieron ante su presencia a ratificar el contenido y firmas del documento relativo, es apta para conferirle a tal documento la calidad de fecha cierta en cuanto al momento de presentación de sus signatarios; ello es así, porque tal forma de proceder está autorizada por la ley, y donde el legislador no distinguió, tampoco el juzgador debe distinguir. Se cita en apoyo a lo considerado la jurisprudencia 44/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página setenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo rubro y texto siguientes: ‘DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL.’ (se transcribe). Así pues, la ratificación del contrato privado de compraventa ante dicho funcionario, debe considerarse de fecha cierta, lo que es acorde con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley del Notariado, y la certeza de esa fecha sólo es apta para justificar ese específico acto. Por lo que si bien el aludido instrumento es de fecha cierta, pues el hecho de que se presente un documento privado ante un notario público y que éste certifique las firmas que en él se plasmaron, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo; sin embargo, ello es insuficiente para justificar su interés jurídico en el juicio de amparo. Al respecto debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia doscientos cincuenta y seis, página doscientos catorce, del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo rubro y texto dicen: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.’ (se transcribe). No obstante, el criterio contenido en esa jurisprudencia no es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20968-3c70e33d/interes-juridico-en-el-amparo-promovido-por-tercero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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