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Modo: Corpus Pro

CONVENIO DE USUFRUCTO DE TIERRAS EJIDALES. PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO FORZOSO Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, DEBE ANALIZARSE PREVIAMENTE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN INTENTADA EN EL JUICIO AGRARIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA DEMANDADA COMPAREZCA O NO A JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009. · Registro digital (IUS): 21777
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 1690.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, pues el asunto pertenece a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La presente contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló la autoridad señalada como responsable en los dos juicios de amparo cuyas ejecutorias se denuncian opuestas.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis propuesta y, en su caso, resolverla, resulta indispensable tener presentes las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el veintitrés de abril de dos mil nueve, el amparo directo ********** determinó en la parte que interesa:

"QUINTO. Los conceptos de violación son jurídicamente ineficaces. En efecto, el quejoso se duele de que en la sentencia combatida, que es la que dictó el cuatro de enero de dos mil ocho el Magistrado del Tribunal Agrario del Cuadragésimo Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el expediente número ********** dicha autoridad responsable desestimara sus acciones, consistentes la primera, en la condena a la demandada, ********** al cumplimiento del convenio conciliatorio de usufructo que celebraron el diecinueve de junio de dos mil siete, respecto de una fracción de una hectárea, de la parcela que le corresponde a la referida ********** como ejidataria con derechos legalmente reconocidos en el poblado ‘**********’, del Municipio de Texistepec, Veracruz, lo que acreditó con el ‘certificado de derechos parcelarios número ********** expedido por el Registro Agrario Nacional con fecha 2 de octubre de 1996, el cual ampara una superficie de ********** hectáreas’ y, la segunda, en la emisión de la orden al recién nombrado registro, para que inscribiera la resolución que en dicho juicio se dictara, a fin de que ‘cause todos sus efectos legales’, pues, aunque se tramitó y resolvió en rebeldía de la demandada, el mencionado titular del tribunal de que se trata dispuso absolverla de esas acciones, con apoyo, medularmente, en dos razones que, a su criterio, le hicieron concluir que el citado convenio ‘no cumple con los requisitos que señala la legalización (sic) agraria’, por lo que era inconducente ‘calificarlo de legal y elevarlo a la categoría de cosa juzgada’, las que se hizo consistir en que el monto de la contraprestación fijada por el usufructo, convenido por el término de treinta años, ascendió a la suma de $**********, lo que equivale a $6.72 diarios, suma que es ‘irrisoria para satisfacer las necesidades más elementales’ de la usufructuante, y permite concluir que ese contrato ‘viene a explotar la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de la parte demandada’, y en que el actor no exhibió en dicho juicio el proyecto productivo en que se apoyaría el referido acuerdo de voluntades, cuestiones que redundan en la violación de los preceptos de la Ley Agraria que regulan esa clase de actos, o sea, los artículos 45 y 79 de ese ordenamiento, los cuales disponen, por su orden, que ‘Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parcelas respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta años, prorrogables’, y que ‘el ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de (texto ilegible) o de cualquier autoridad. Asimismo podrá (texto ilegible) sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles.’. Ahora bien, precisado lo anterior, debe decirse que es infundado el primero de los motivos de reclamación hechos valer, en el sentido de que el tribunal responsable no valoró adecuadamente la prueba confesional que ofreció el hoy quejoso, a cargo de la demandada, dado que las posiciones que le artículo se calificaron de legales, y ante la contumacia de aquélla, se le tuvo por confesa de las mismas, máxime que dicha prueba, sigue diciendo el disconforme, debió adminicularse con la cláusula séptima del convenio, motivo del litigio, todo lo cual permitía justificar la procedencia de sus acciones, pues, en contra de lo que sin razón afirma, de los autos agrarios relativos resulta claro y patente, en primer lugar, que sólo se calificaron de legales las posiciones primera, tercera, cuarta, sexta y novena del pliego relativo, inherentes a que la demandada, hoy tercera perjudicada, es titular de la parcela número veintiséis del mencionado ejido, que las partes celebraron el mencionado convenio, cuyo objeto fue el usufructo de una fracción de una hectárea de aquélla, que la propia demandada recibió, como contraprestación del ahora quejoso, la suma de $**********, ‘por concepto de que ... usufructuara la tierra motivo de este juicio por treinta años prorrogables’, y que la fracción que estaba usufructuando es la misma que se precisa en el repetido acuerdo de voluntades, hechos que de todas maneras ya se encontraban probados en los autos naturales, por falta de impugnación de la referida parte contumaz y que, por supuesto, no fueron aptos para acreditar la procedencia de sus acciones, ni aun vinculados con el contenido de la aludida cláusula del convenio, en la cual se pactó ‘Que ********** da como contraprestación a la señora quien responde al nombre de ********** por la fracción de tierra antes mencionada, la cantidad de $********** ... a fin de que eleve la producción y la productividad de su parcela ...’, por referirse ésta a otro hecho también reconocido y que, por ende, en nada desvirtúa las razones del tribunal responsable para desestimar sus acciones, lo anterior, sin que se soslaye, de igual manera, que entre las posiciones que se calificaron de ilegales se encuentran las atinentes a si la absolvente sabía que el hoy quejoso tiene ‘un proyecto productivo de para (sic) ganado bovino’, y que la propia ********** resultaría beneficiada con dicho proyecto, lo que también, en contra de lo esgrimido por el hoy quejoso, en vez de aprovecharle, afectó sus intereses, pues, es claro que si aquéllas posiciones no se acogieron como legales, menos pudo tenerse a la demandada como confesa de ellas, de ahí que sea inexacto, como se dijo, que las pruebas a las que alude fueran aptas para justificar sus acciones. Igualmente, carece de sustento legal lo demás argumentado, tanto en la parte final del mencionado primer concepto de impugnación, como en la del segundo, en relación a que ‘el proyecto productivo que se pretende desarrollar en la fracción de tierra que se otorgó en usufructo es en beneficio de las partes que intervenimos en el sumario de referencia’, porque debido al usufructo que el hoy quejoso recibió de la señora ********** esta también participaría en el proyecto productivo que se consigna en el acuerdo, de manera que, al resolver como lo hizo, el repetido Tribunal Unitario ‘no solamente me causa agravio a mi, sino también al hoy tercero perjudicado’ (sic), pues la existencia de dicho proyecto y los eventuales beneficios que de éste derivarían para la usufructuante, es claro que no lograron justificarse, por no asentarse en el propio convenio o exhibirse en los autos agrarios relativos, en tanto que, por cuanto hace al resto del segundo concepto de violación, si bien es verdad el tribunal responsable no manifestó, expresamente, el fundamento legal que le permitió concluir que la falta de exhibición del proyecto productivo respectivo, era razón para no elevar a la categoría de cosa juzgada y hacer cumplir coercitivamente a la demandada el convenio multicitado, como se exigió en el libelo origen del juicio agrario relativo, no es menos cierto que ese fundamento es el propio numeral 45 de la ley de la materia, invocado en la sentencia, pues, si la litis se circunscribió al análisis de la obligatoriedad del convenio litigioso, en los términos en que fue celebrado, es obvio que el resolutor debía estudiar si estos últimos fueron acordes a la ley, por lo que si la misma previene que los contratos que tienen por objeto el uso de tierras ejidales por terceros, como el del caso, ‘tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente’, era menester contrastar el término de treinta años prorrogables, por el que fue perfeccionado el acuerdo del caso, contra el repetido proyecto productivo y sus particularidades, a fin de comprobar si el primero resultaba legal, siendo que este último elemento, necesario para el estudio de la cuestión debatida, no se ofreció como prueba del actor, a pesar de ser un acto en cuya formación intervino directamente y que por lo mismo, como documento propio, debió obrar en su poder y estuvo en condiciones de exhibirlo, sin que así lo hiciera, no obstante que se trataba de uno de los hechos base y presupuesto de su acción principal de cumplimiento de convenio, motivo por el que tampoco es de acogerse lo que aduce en la parte final de su cuarto concepto de violación, en torno a que el tribunal omitió ‘aplicar la suplencia de la queja en relación a la supuesta presentación del proyecto productivo’. De conformidad con lo razonado en el párrafo que antecede, también carece de sustento jurídico lo esgrimido por aquél en su tercer motivo de reclamación, acerca de que fue ilegal que el tribunal responsable considerara irrisoria y lesiva de los intereses de la demandada, la contraprestación pactada en el multicitado acuerdo de voluntades, misma que ascendió a la suma de $**********, ya que ésta sólo entregó ‘por el simple acto de firmar el convenio de usufructo’, pues, insiste, tanto de las aludidas posiciones de la prueba confesional, cuanto de la referida cláusula séptima del convenio, se deduce que el hoy tercero perjudicado ‘también formaría parte del proyecto productivo a fin de elevar la producción de su parcela’, a más de que ‘nadie en su sano juicio’ querría ‘tener un beneficio de $6 pesos con 72 centavos de utilidad al día’, lo que se afirma es infundado, en primer lugar, porque, como antes se razonó, no existe prueba en los autos relativos de que la usufructuante ‘formaría parte del proyecto productivo’ de que se trata u obtendría un beneficio personal y directo derivado del mismo o de a cuánto ascendería ese pretendido provecho ulterior y, en segundo, porque de ninguna de las partes del convenio de mérito o de las posiciones de la prueba confesional a que alude el quejoso, se advierte estipulación alguna acerca de que la suma en cuestión sólo implicaba el pago por la firma del convenio respectivo, como sin razón se aduce, sino que, por el contrario, de la simple lectura de su cláusula octava, se viene en conocimiento que la ahora tercera perjudicada aceptó esa cantidad, de conformidad, ‘por la tierra que otorga en usufructo a ********** por un tiempo de 30 años prorrogables ...’ (foja 9 del sumario), lo que supone que se trató de una contraprestación única a cambio del uso, goce y disfrute temporal de la mencionada fracción de su parcela, precisamente, por todo ese término, y de ahí que sea correcto que, también por esta causa, se desaprobara el convenio, negándose la declaración judicial de que la demandada deba cumplirlo y someterse a sus términos. Finalmente, si bien es verdad lo afirmado por el quejoso en la primera parte de su cuarto concepto de violación, en torno a que si el convenio objeto del litigio natural no supone la ‘pulverización’ del ejido, como sin razón estimó el tribunal responsable, dado que su objeto no fue traslativo de dominio, sino sólo del uso y goce, lo así considerado por este último es irrelevante, dado que, al margen de esta consideración, esa pretendida ilegalidad, sólo fue vertida como argumento ‘a mayor abundamiento’, pues como antes se explicó, las dos razones antes precisadas, es decir, la de que no se justificó la duración de aquél, por falta de exhibición del proyecto productivo con base en el cual se celebró y la de que, prácticamente se perfeccionó en forma gratuita, fueron bastantes para reputarlo ilegal, de ahí que devenga inoperante dicho motivo de reclamación."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el veintiuno de noviembre de dos mil ocho, el amparo directo ********** determinó en la parte que interesa:

"SEXTO. Los conceptos de violación hechos valer son fundados, suplidos en su deficiencia. Para una mejor comprensión del asunto es conveniente señalar que mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil cinco ante el tribunal responsable, ********** promovió juicio agrario en contra de ********** de quien demandó las siguientes prestaciones: A) Que mediante sentencia que dicte este Tribunal Unitario Agrario se condene al ahora demandado ********** al cumplimiento del convenio de fecha 3 de abril del año 2007 mismo que fue celebrado por el suscrito y el ahora demandado ante un representante de la Procuraduría Agraria, institución facultada para la celebración del citado acto jurídico. B) Se ordena al Registro Agrario Nacional la inscripción de la resolución que se dicte en el presente para que ésta cause todos sus efectos legales (foja uno del juicio agrario). El actor, aquí quejoso, basó su demanda en los siguientes hechos: ‘1. El que suscribe ********** mexicano, mayor de edad, con domicilio conocido en **********. 2. Resulta que en fecha 3 de abril de 2007 celebré un convenio conciliatorio ante un servidor público de la Procuraduría Agraria en donde intervino el que suscribe y el ahora demandado, el cual consistía en que al suscrito le otorgaba, respetaba y reconocía el usufructo, por un tiempo de 30 años prorrogables ya que en el mismo convenio manifestamos bajo protesta de decir verdad sería bajo el proyecto productivo que (sic) desarrollo sobre dicha superficie como de mi titularidad entre otras cuestiones, el señor ********** una superficie de tierra ejidal aproximadamente 5-00-00 has; la cual se ubica dentro de la parcela ejidal titularidad del antes citado y que se encuentra en el ejido denominado ********** fundamentando dicho acto en los artículos 44 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, 135 y 136, fracción III, de la ley sustantiva de la materia, siendo lo celebrado apegado a derecho y que en su momento resolvió la controversia que existía, pero actualmente esta persona no quiere respetar dicho acuerdo y dado que hemos invertido capital y trabajo en dicha superficie es que venimos a solicitar se condene a éste (sic) a cumplirlo ya que no existió dolo, mala fe o algún vicio que diera como consecuencia su nulidad y además este se encuentra apegado a derecho ...’ (fojas uno y dos ibídem). De lo transcrito se advierte que la acción ejercitada por el actor, aquí quejoso, fue la de cumplimiento e inscripción en el Registro Agrario Nacional del convenio de tres de abril de dos mil siete (fojas seis a nueve del juicio agrario), celebrado entre el actor y el demandado, mediante el cual se constituyó a favor del aquí quejoso el usufructo sobre una fracción de tierra ejidal de aproximadamente cinco hectáreas, pertenecientes a la parcela cuya titularidad corresponde a ********** demandado en el juicio agrario. El catorce de septiembre de dos mil siete se celebró la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, a la cual no compareció el demandado, por lo que se le tuvo por precluido su derecho a contestar la demanda y ofrecer pruebas, teniéndose por ciertos los hechos y prestaciones que se reclamaron en la demanda inicial; asimismo, se le tuvo por confeso de las posiciones relativas a prueba confesional ofrecida por el actor (fojas quince y dieciséis del juicio agrario). Ahora bien, la Sala, al dictar la sentencia estimó que de manera oficiosa debía estudiar la procedencia de la acción y llegó a la conclusión de que no se demostró tal extremo porque el contrato resultaba nulo por diversas causas que consideró actualizadas. Lo anterior se estima ilegal, en virtud de las razones que enseguida se expondrán. Las acciones ejercidas en el juicio agrario consisten en las pretensiones de las partes, es decir, las prestaciones que soliciten tanto en la demanda, como en la contestación o reconvención, en su caso, las cuales integrarán la litis en el juicio, es decir, los puntos sobre los que versará la controversia. En el caso, como se ha visto, la pretensión principal es el cumplimiento de un contrato mediante el cual se le otorgó al actor, aquí quejoso, el usufructo sobre una superficie de parcela cuya titularidad corresponde al demandado; dicho contrato encuentra su fundamento legal en los artículos 45 y 79 de la Ley Agraria, los cuales disponen: ‘Artículo 45. Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta años, prorrogables.’. ‘Artículo 79. El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles.’. De lo transcrito se colige, en lo que interesa, que los ejidatarios pueden conceder el usufructo de su parcela a otros ejidatarios o terceros sin necesidad de autorización de la asamblea, por lo que el demandado estaba facultado legalmente para la celebración del contrato en que el actor fundó su acción; en la inteligencia de que la prestación solicitada por el actor (y la única ejercida en el juicio, en virtud de que no compareció el demandado) fue el cumplimiento del referido contrato. Por lo tanto, fue ilegal que el tribunal responsable al analizar los elementos de la acción llegara al extremo de declarar la nulidad del contrato, cuando tal cuestión no formó parte de la litis. Además de lo anterior, la nulidad del contrato en cuestión debió ser solicitada por el demandado vía reconvención para que de esta manera pudiera formar parte de la litis y el actor estuviera en posibilidad de llevar a cabo su defensa, por lo que el tribunal responsable no tenía la posibilidad jurídica de estudiar de manera oficiosa tal extremo, pues ello implica la introducción de excepciones no hechas valer por el demandado. No es obstáculo a lo anterior, que de conformidad con lo establecido por el artículo 164 de la Ley Agraria, el tribunal responsable está facultado para suplir la deficiencia de las partes ‘... en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros ...’, pues lo cierto es que la facultad mencionada no implica analizar las pretensiones introduciendo cuestiones distintas a las planteadas por las partes en sus escritos respectivos, toda vez que su intervención debe ser con el debido respeto de las garantías individuales de quienes actúan en el juicio y de los principios elementales del derecho procesal agrario, lo que implica que dicha autoridad, al resolver en la forma como lo hizo, se apartó de la litis fijada en el caso y, por ende, con ello faltó al principio de congruencia que exige el artículo 189 de la Ley Agraria, lo que se traduce en una violación de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Tiene aplicación en el caso, la tesis jurisprudencial número VII.2o.A.T. J/2, sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página mil doscientos dieciocho del Tomo XIV, correspondiente a septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘LITIS, ALTERACIÓN DE LA. EN MATERIA AGRARIA. Si bien es verdad que de conformidad con lo establecido por el artículo 189 de la Ley Agraria, el Tribunal Agrario está facultado para dictar sus resoluciones a verdad sabida sin sujetarse a las reglas sobre estimación de las pruebas, pero fundando y motivando sus determinaciones, también lo es que esto no lo faculta para apartarse de los puntos controvertidos establecidos en la audiencia de derecho, a los que quedó circunscrita la litis, introduciendo cuestiones distintas a las planteadas por las partes en sus ocursos respectivos.’. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número VIII.2o. J/8, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, compartida por este Tribunal Colegiado, publicada en la página cuatrocientos noventa y siete, del Tomo IV, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y siete (sic), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘LITIS, FIJACIÓN DE LA. PROCEDIMIENTO AGRARIO. De lo preceptuado por el artículo 181 de la nueva Ley Agraria, se obtiene que el Tribunal Agrario prevendrá al accionante, al momento de la presentación de su demanda, para que subsane las irregularidades u omisiones que de ésta adolezca, brindándole oportunidad para corregirla dentro de los ocho días siguientes, de donde resulta que en la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la propia ley, deben precisarse todas las acciones y excepciones que las partes quisieren hacer valer, estableciéndose, precisamente en esta etapa, la litis a la cual deberá ceñirse la autoridad al dictar la resolución correspondiente, y si el magistrado responsable, al momento de resolver el conflicto puesto a su consideración introduce cuestiones que no se puntualizaron al fijarse la litis, haciendo valer en la sentencia oficiosamente acciones diversas a las planteadas por las partes en la audiencia referida, resulta evidente que con su actuación transgrede las garantías constitucionales de los demandados.’. Por otra parte, es fundado lo que aduce el quejoso en el sentido de que el tribunal responsable no valoró la confesional ofrecida en el juicio, en la que se declaró confeso al demandado, violando así lo dispuesto por los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria; lo anterior se afirma porque del análisis de la sentencia reclamada, se advierte que el responsable, no realizó pronunciamiento alguno respecto del resultado de la confesional ofrecida por el ahora quejoso a cargo del demandado, por lo que el proceder de la responsable infringió lo establecido en el artículo 16 de la Carta Magna, pues al no valorar el resultado de la prueba en comento, dejó en estado de indefensión al impetrante de garantías, ya que éste desconoce los motivos que tomó en consideración la autoridad responsable para desestimar el resultado de dicho medio de convicción. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas ciento sesenta y seis y ciento sesenta y siete, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete a dos mil, que dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’. También resulta aplicable al caso, la jurisprudencia XXIII J/7, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, publicada en la página seiscientos sesenta y siete, del Tomo V, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo criterio es compartido por este Tribunal Colegiado, cuyo rubro y texto son: ‘SENTENCIAS EN MATERIA AGRARIA. DEBEN RESOLVERSE A VERDAD SABIDA LAS CUESTIONES QUE SE PLANTEAN ANTE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, BASÁNDOSE EN LA EQUIDAD Y LA BUENA FE. De conformidad con el artículo 189 de la Ley Agraria en vigor, las sentencias de los Tribunales Agrarios se dictarán a verdad sabida, entendiéndose por ella la que conduce a resolver las controversias acorde con las constancias de los autos sin sujetarse necesariamente a las formalidades y reglas sobre estimación de las pruebas; inspirándose en la equidad y en la buena fe, cumpliendo con la exigencia de fundamentación y motivación que previene el artículo 16 constitucional.’. En tales condiciones, procede conceder al quejoso el amparo solicitado para el efecto de que el Tribunal Agrario responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y emita otra en la que siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, resuelva la controversia sujetándose a los términos en que se fijó la litis, y de manera fundada y motivada se pronuncie sobre las pruebas ofrecidas, en específico sobre la confesional a cargo del demandado. De acuerdo con lo anterior, se estima innecesario pronunciarse respecto de los restantes conceptos de violación que hace valer el quejoso, pues tales argumentos tienden a evidenciar la ilegalidad de la determinación del tribunal responsable de declarar nulo el contrato base de la acción, empero, en virtud de la concesión del amparo otorgada, el responsable deberá prescindir de ese análisis ya que no formó parte de la litis en el juicio agrario. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 170, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página noventa y nueve, del Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ‘CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción.’."

QUINTO. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República; 197 y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.

En la especie, se considera que existe la contradicción denunciada, pues los órganos colegiados analizaron el mismo problema jurídico y adoptaron criterios discrepantes.

Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación número XLVI/2009, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21777-07e5f724/convenio-de-usufructo-de-tierras-ejidales-para-ordenar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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