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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. SU FUNDAMENTO ES EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 129/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20369
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 1060.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 129/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, pues se trata de la materia administrativa, respecto de la cual esta Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el autorizado de los quejosos en los cuatro asuntos que participan en la denuncia, y que de conformidad con lo establecido en el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, lo faculta para ello, según se aprecia del texto de tal norma, que señala:

"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es preciso tener presentes las ejecutorias emitidas por los órganos colegiados, haciendo la aclaración de que sólo se reproducirá una de las pronunciadas por cada tribunal, pues dada la igualdad de criterios sustentados, resulta innecesaria la transcripción de la otra resolución.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el dieciséis de junio de dos mil seis, el amparo en revisión 411/2006, promovido por Antonio Francisco Nieves, determinó en la parte que interesa:

"QUINTO. Son esencialmente fundados los anteriores conceptos de violación. Gloria Leal García demandó del gerente estatal en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la nulidad de la resolución administrativa número BOO.915E.55.1.VI-4281, del trece de julio de dos mil cuatro, mediante la cual se le impusieron dos sanciones económicas que en su conjunto arrojan la suma de cuatro mil treinta pesos, por violación al artículo 119, fracciones XV y XVIII, de la Ley de Aguas Nacionales; en su oportunidad, la dependencia del Ejecutivo Federal demandada, produjo la contestación que a su interés convino y una vez sustanciado el juicio de nulidad, la Sala del conocimiento dictó sentencia el veintiuno de noviembre de dos mil cinco, resolviendo improcedente el juicio planteado y decretando su sobreseimiento, bajo la consideración de que la actora debió agotar de manera preliminar al juicio de nulidad, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales en vigor, para así colmar los extremos del artículo 202, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación. En sus conceptos de violación la quejosa argumenta que en materia de procedimientos y recursos administrativos, es la ley especial la que prevalece sobre la general y en el caso la aplicable es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y no la de Aguas Nacionales; que aquélla expresamente dispone la opción de los recursos en sede administrativa, en términos del artículo 83 que dice: ‘Los interesados afectados por los actos o resoluciones de la administración pública federal centralizada que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales correspondientes.’; en apoyo a lo anterior, citó la tesis aislada formada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, página 1999, bajo la voz: ‘RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.’. Que en el supuesto de que no resultara aplicable la invocada legislación, la Ley de Aguas Nacionales no establece como obligatorio el recurso de revisión a que se refiere el artículo 124 de dicho ordenamiento, pues de su interpretación literal se obtiene esa condición forzosa, en cuyo caso debe aplicarse en forma supletoria la mencionada Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 83 establece la opción de agotar los recursos administrativos o acudir directamente al juicio administrativo. Asiste razón a la quejosa, pues la Sala responsable consideró improcedente el juicio de nulidad con fundamento en el artículo 202, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación que establece como causal de improcedencia, entre otras, la omisión del interesado de hacer valer los recursos o medios de defensa que la ley de la que emana el acto de autoridad impugnado conceda, con excepción de aquellos cuya interposición sea opcional, así el señalado dispositivo y fracción refieren: ‘Artículo 202. Es improcedente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: ... VI. Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa.’. En la especie, la autoridad demandada fundó la multa impuesta a Gloria Leal García, en los artículos 119, fracciones XV y XVIII y 120, fracción I, de la Ley de Aguas Nacionales que, por su orden, dicen: ‘Artículo 119. «la comisión» sancionará, conforme a lo previsto por esta ley, las siguientes faltas: ... XV. No cumplir con las obligaciones consignadas en los títulos de concesión, asignación o permiso;... XVIII. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta ley y su reglamento, distinta de las anteriores.’. ‘Artículo 120. Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas administrativamente por «la comisión», con multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general vigente en el área geográfica y en el momento en que se cometa la infracción: I. 50 a 500, en el caso de violación a las fracciones VI, XI, XV y XVIII; II. 100 a 1000, en el caso de violaciones a las fracciones II, III, IV, VII, X, XVI y XVII; y III. 500 a 10,000, en el caso de violación a las fracciones I, V, VIII, IX, XII, XIII y XIV. En los casos previstos en la fracción IX del artículo anterior, los infractores perderán en favor de la nación las obras de alumbramiento y aprovechamiento de aguas y se retendrá o conservará en depósito o custodia la maquinaria y equipo de perforación, hasta que se cubran los daños ocasionados.’. La propia normatividad, en su actual redacción, en su artículo 124 refiere: (Reformado, D.O.F. 29 de abril de 2004) ‘Artículo 124. Contra los actos o resoluciones definitivas de «la autoridad del agua» que causen agravio a particulares, se podrá interponer el recurso de revisión dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.’. De manera preliminar, cabe destacar que en la especie se advierte un concurso de normas que obliga a dilucidar cual de ellas resulta aplicable, ello en virtud de que la resolución sancionadora emitida por el gerente estatal en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, contenida en oficio número BOO.915.E.55.1.N. 4281, del trece de julio de dos mil cuatro, que fue sometida a la potestad del tribunal de anulación, tuvo como sustento los artículos 119, fracciones XV y XVIII, así como el 120, fracción I, de la Ley de Aguas Nacionales, normatividad que concede un medio de defensa para el caso de agraviar al particular como es el recurso de revisión a que se contrae el dispositivo 124 antes transcrito. Sin embargo, el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que la quejosa invocó en su escrito de demanda de amparo, concede la posibilidad de impugnar resoluciones de autoridades administrativas, como la que impuso las multas a la quejosa, que pongan fin a un procedimiento de esa naturaleza, a una instancia o resuelvan un expediente, mediante el recurso de revisión, cuya denominación coincide con el medio de defensa a que se refiere el precepto anteriormente referido, pues de su lectura se pone de relieve que ambos preceptos lo identifican como recurso de revisión; en esa virtud, la interpretación que se haga respecto de la opción u obligación de promover el medio de impugnación, deberá hacerse en forma relacionada; dicho precepto establece: ‘Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.’. Del examen relacionado de ambos dispositivos, se llega al conocimiento de que el aplicable es el referido en último término, atendiendo el principio de especialidad de la ley que resuelve la aplicación de dos o más normas en las que se contemple el supuesto jurídico, en cuyo caso el conflicto derivado de la concurrencia de normas se decide por la observancia de la ley que resulte de aplicación particular y se desestima la de carácter general; en el presente caso, ambas legislaciones aluden a la posibilidad de impugnar una resolución de naturaleza administrativa, cuya esencia corresponde a la determinación combatida durante el juicio administrativo; por otra parte, el medio de defensa a que se contraen ambos dispositivos, debe resolverse en sede administrativa; luego entonces, ambas leyes, sin oponerse entre sí, regulan una misma situación jurídica, que debe ser resuelta atendiendo al principio jurídico que decide la aplicación de aquella norma que regule en forma más detallada el supuesto jurídico de que se trata; esta última característica atañe a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en tanto que la Ley de Aguas Nacionales resulta de aplicación más genérica; en consecuencia, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 83 de aquel ordenamiento legal. Ahora bien, del texto del precepto citado en último término, se pone de manifiesto que el particular inconforme con los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que decidan un procedimiento administrativo, pongan fin a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión, o bien, en los casos que proceda acudir en forma directa a la vía jurisdiccional. De lo anterior se sigue que el particular inconforme con la determinación de la autoridad administrativa tiene la posibilidad de impugnar ese acto ante la propia emisora para que en sede administrativa se reconsidere acerca de su pronunciamiento, o bien, acudir al juicio contencioso si así lo considera oportuno el afectado, ello es así en virtud de que la expresión ‘podrá’ entraña el ejercicio de una potestad y no el de una obligación, pues si en el caso resultara imperioso la promoción del recurso contemplado por la ley que rige el acto autoritario, el legislador no tendría obstáculo para establecer que ese medio de impugnación ‘deberá’ interponerse en forma previa a cualquier otro medio de defensa; empero, no ocurre así en el presente asunto, ya que el dispositivo que pone al alcance del particular el recurso de revisión, le confiere el derecho de someter nuevamente a la propia emitente del acto nuevos argumentos en defensa del interés propuesto; o bien, si considera que el criterio de la autoridad administrativa ha quedado claramente definido, puede promover el juicio de nulidad. De la redacción el precepto en examen se obtiene que al conceder la potestad al particular afectado de interponer el recurso de revisión, o cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional, en forma simultánea señala dos vías para impugnar el acto administrativo, la administrativa y la judicial; lo anterior es así de conformidad con la garantía de justicia pronta y expedita a que se contrae el artículo 17 de la Constitución General de la República, pues si el particular que resiente afectación a su esfera jurídica tuviera obligatoriamente que interponer un recurso, ello necesariamente retrasaría la resolución que decidiera el asunto de que se trate, lo que es contrario al espíritu del dispositivo constitucional en mención. Como ya quedó precisado, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; que resulta aplicable, como ya se dijo, tiene el carácter de opcional y no de obligatorio como lo consideró la autoridad responsable pues, se reitera, si su aplicación debiera tener naturaleza obligatoria, se habría plasmado en su texto ‘deberá agotarse previamente’, lo que no ocurre en el caso, sino que se dejó al arbitrio del interesado su interposición o promover directamente el juicio administrativo. Por otra parte, de la sentencia reclamada se obtiene que la Sala resolutora debió hacer una interpretación jurídica del artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales tanto en su antigua redacción como en la vigente y arribó a la conclusión de que el dispositivo derogado hacía alusión expresa a la opcionalidad del recurso, en tanto que el nuevo precepto destaca la obligatoriedad de la interposición del recurso, mediante la expresión ‘podrá’, que no se utilizó en el anterior artículo y, por ello consideró que la afectada debió agotar necesariamente ese medio de impugnación para tener acceso al juicio fiscal. Además, la interpretación del artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales que emprendió la Sala del conocimiento obedece a la mera modificación del artículo que concede el medio de impugnación, como ya quedó de relieve en líneas anteriores, que antes de su derogación hacía referencia expresa a la opcionalidad del recurso y en su nueva redacción se prefirió conceder un derecho potestativo al particular; empero, esa diferencia mas que aclarar el alcance de esa expresión, evidentemente generó duda en el criterio de la juzgadora que decidió inclinarse por un significado de índole obligatoria a la promoción del recurso de revisión; sin embargo, no debe perderse de vista que la protección del orden legal, para la conservación del Estado de derecho, está por encima de los tecnicismos legales que pueden resolver cuestiones ambiguas de procedencia, de ahí que al no existir un criterio claro y definido acerca de la obligatoriedad u opcionalidad del medio de defensa de que se trata, al efecto de no privar al interesado en un correcto proceso legal, la Sala debió admitir a trámite la demanda de nulidad con el fin de no crear inseguridad jurídica a la promovente por razones de oscuridad de la ley. Así las cosas, resulta inconcuso que en la especie no se actualizó la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad demandada en su escrito de contestación, fundada en la existencia de medios de impugnación que la actora estuvo en posibilidad de agotar, antes de promover el juicio de nulidad y que la Sala responsable ubicó en el supuesto contemplado por el artículo 202, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, puesto que, se insiste, el particular se encuentra en libertad de impugnar el acto de autoridad que resulte lesivo a su esfera jurídica, mediante la interposición de un recurso ordinario que decida la cuestión en sede administrativa, o bien, acudir directamente a la instancia jurisdiccional a promover el juicio administrativo en su contra. En ese orden de ideas, la posibilidad de escoger entre el recurso que concede la ley que rige el acto impugnado o el juicio fiscal, se encuentra consignada en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como ha quedado destacado y al no considerarlo así la Sala responsable vulnera derechos subjetivos públicos de la solicitante de garantías, por lo que en su debida reparación debe concedérsele el amparo que solicita para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que se acoja a las consideraciones rectoras de la presente ejecutoria, declare procedente el juicio administrativo planteado y resuelva como en derecho corresponda."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el siete de diciembre de dos mil seis, el amparo en revisión 610/2006, sostuvo en lo conducente:

"QUINTO. Son infundados los argumentos contenidos en los capítulos de ‘preceptos constitucionales violados’ y de ‘conceptos de violación’, mismos que serán analizados en secuencia diversa a la planteada, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo. La parte quejosa refiere que fue jurídicamente incorrecto el sobreseimiento del juicio de nulidad decretado por la Sala responsable, al estimar actualizada la causal de improcedencia establecida en la fracción VI del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, porque estimó que el actor, antes de promover el juicio de nulidad, no agotó el recurso de revisión previsto en el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales, pues con esa decisión ignora que en materia de procedimientos administrativos, la ley especial, o sea la ley que regula la materia, no es la Ley de Aguas Nacionales, sino la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que sobre el principio de que la ley posterior deroga a la anterior, prevalece el diverso de que la ley especial predomina sobre la ley general; que si la ley especial en materia de procedimientos administrativos federales es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que expresamente dispone la opcionalidad de los recursos en sede administrativa, es indudable que acorde con la misma, fue desacertado el proceder de la Sala responsable; que para demostrar que la ley especial en materia de procedimiento administrativo es la indicada, debe acudirse a los artículos 1o., y los transitorios primero, segundo y tercero de la misma, así como el diverso numeral 83 que regula los recursos administrativos. Refiere además el peticionario de garantías, que en el supuesto de que los procedimientos administrativos federales no se regulen primeramente por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aun así, la Ley de Aguas Nacionales no prevé que el recurso de revisión sea obligatorio, por lo que existe la necesidad de aplicar supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyo artículo 83 establece la opción de agotar los recursos administrativos; que de la interpretación literal del numeral 124 de la Ley de Aguas Nacionales, en el cual se apoyó la Sala Fiscal para sobreseer en el juicio de nulidad, no se advierte que establezca que dicho recurso sea de interposición obligatoria antes de acudir al juicio de nulidad; además, en relación con la interpretación de dicho precepto que es norma más favorable al particular, invoca la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, de rubro: ‘NORMA JURÍDICA FISCAL. SU INTERPRETACIÓN PUEDE SER DE ESTRICTA APLICACIÓN O NO, SEGÚN CONTEMPLE UNA CARGA O BENEFICIO PARA EL PARTICULAR CONTRIBUYENTE.’; y concluye señalando que la interpretación en el sentido de que se puede acudir directamente al juicio de nulidad en contra de los actos administrativos de la Comisión Nacional del Agua es más acorde con el artículo 17 de la Constitución Federal, que una interpretación en sentido contrario. Dichos argumentos son infundados. En principio, debe precisarse que contrario a lo señalado por el quejoso, la ley que rige el procedimiento del que derivó el acto impugnado en el juicio de nulidad y que consistió en la resolución administrativa número BOO.915.E.55.1.VI. 4030/04, de fecha dos de agosto de dos mil cuatro, dictada por el gerente estatal en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua (fojas 18 a 27 del juicio de nulidad), en la cual se le impusieron diversas sanciones económicas (multas), lo es la Ley de Aguas Nacionales, según se advierte de la referida resolución, que por lo ilustrativo para el caso, se transcriben los puntos resolutivos: ‘... DÉCIMO SEXTO. La presente resolución tiene carácter de definitiva y puede ser recurrida mediante el recurso administrativo de revisión a que aluden los artículos 124 de la Ley de Aguas Nacionales, 190, 191, 192 y 193 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, así como lo establecido en los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ...’. Como se advierte de la anterior transcripción, la autoridad emisora se apoyó básicamente en los artículos 9o., 25, 30, 119, 120, 121, 122, 123 de la Ley de Aguas Nacionales, así como en diversos preceptos del reglamento de la citada ley, entre otros ordenamientos, y para esta ejecutoria, destaca que en el resolutivo décimo sexto se estableció que esa resolución tenía el carácter de definitiva y podía ser recurrida mediante el recurso administrativo de revisión a que aluden los artículos 124 de la Ley de Aguas Nacionales, 190, 191, 192 y 193 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, así como lo establecido en los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior a efecto de establecer la posibilidad de agotar el recurso de revisión, antes de la promoción del juicio de nulidad, conforme a lo que establece la jurisprudencia 56/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 351 del Tomo XVI, julio de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.’ (se transcribe). Ahora bien, con la finalidad de ilustrar la decisión que se asume, es pertinente transcribir el contenido de los siguientes artículos de la Ley de Aguas Nacionales. ‘Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.’. (Reformado, D.O.F. 29 de abril de 2004) ‘Artículo 2o. Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente ley señala. Las disposiciones de esta ley son aplicables a las aguas de zonas marinas mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, sin menoscabo de la jurisdicción o concesión que las pudiere regir.’. (Reformado, D.O.F. 29 de abril de 2004) ‘Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por: ... XII. «Comisión Nacional del Agua»: órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere; XXXI. «la comisión»: La Comisión Nacional del Agua; XXXII. «la ley»: Ley de Aguas Nacionales; ...’. (Reformado, D.O.F. 29 de abril de 2004) ‘Artículo 124. Contra los actos o resoluciones definitivas de «la autoridad del agua» que causen agravio a particulares, se podrá interponer el recurso de revisión dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contendrán el acto reclamado, un capítulo de considerandos, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de resolución. Los reglamentos de la presente ley establecerán los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso. La interposición del recurso se hará por escrito dirigido al director general de «la comisión», en los casos establecidos en la fracción IX del artículo 9o. de la presente ley, o al director general del organismo de cuenca competente, en el que se deberán expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente. Si se recurre la imposición de una multa, se suspenderá el cobro de ésta hasta que se resuelva el recurso, siempre y cuando se garantice su pago en los términos previstos por las disposiciones fiscales. Los recursos contra actos o resoluciones que se emitan en materia fiscal conforme a la presente ley, serán resueltos en los términos del Código Fiscal de la Federación y de su reglamento.’. ‘Transitorios. D.O.F. 29 de abril de 2004. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. En tanto se expiden los reglamentos derivados de la presente ley, quedan vigentes las disposiciones del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, en todo lo que no contravenga lo dispuesto en el presente decreto y la ley que contiene. Tercero. En un plazo no mayor de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se expedirán los reglamentos referidos en el mismo. Cuarto. «la comisión» en sus niveles nacional y regional hidrológico-administrativo distribuirá sus recursos y se reorganizará orgánica y funcionalmente conforme a lo dispuesto en el presente decreto, para lo cual el director general expedirá el Manual de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de este órgano administrativo desconcentrado en un plazo no mayor de nueve meses, previa aprobación de su consejo técnico. ... . Décimo sexto. Los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor del presente decreto, se resolverán en los términos de la ley vigente con anterioridad al presente decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.’. Del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales: capítulo III. Recurso de revisión. ‘Artículo 190. La tramitación del recurso de revisión que establece el artículo 124 de la «ley», se sujetará a las disposiciones de este «reglamento» y, en lo no previsto, a las del Código Federal de Procedimientos Civiles. Si se interpone recurso de revocación o de nulidad de notificaciones contra actos y resoluciones que emita «la comisión» en materia fiscal, conforme a la presente «ley», los mismos serán resueltos por ésta en los términos del Código Fiscal de la Federación.’. ‘Artículo 193. El recurso deberá ser interpuesto dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada, o de la fecha en que se tenga conocimiento del acto que le cause agravios. El recurso podrá ser presentado directamente, por correo certificado o por mensajería, ante la autoridad que haya emitido el acto o resolución impugnadas, teniéndose como fecha de su presentación la que aparezca en el acuse de recibo respectivo o la del depósito en la oficina de correos o en mensajería.’. ‘Artículo 194. Una vez que obre el escrito de recurso en «la comisión», la misma analizará lo relativo a su procedencia, pudiendo determinar lo siguiente: I. Se desechará de plano cuando el recurso se presente fuera del término señalado por la «ley»; II. Se procederá de igual forma cuando el promovente no acredite su personalidad en términos de «ley», o su interés jurídico o impugne una resolución emitida en un recurso de revisión; y III. Se requerirá al promovente cuando no se cumpla con los requisitos señalados en las fracciones II y III del artículo 191 de este «reglamento», para que dentro de un término de tres días hábiles subsane tales omisiones, apercibiéndolo de que en caso de incumplimiento se tendrá por no interpuesto su recurso.’. ‘Artículo 195. Reunidos los requisitos señalados para el escrito de recurso y de no existir alguna causal de improcedencia, se procederá a su admisión y se tendrá por abierto un término de treinta días naturales para desahogar las pruebas ofrecidas por las partes, así como los estudios, inspecciones y demás diligencias, inclusive pruebas, que considere necesarias la encargada de sustanciar el recurso.’. ‘Artículo 196. Serán admisibles todo tipo de pruebas reconocidas por la «ley», con excepción de la confesional a cargo de las autoridades, siempre y cuando tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, sujetándose su ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración a las disposiciones que al respecto establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. Una vez concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas y de las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20369-97ce3130/recurso-de-revision-contra-actos-emitidos-por-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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