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ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR HERENCIA. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 167/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19906
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, QUINTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 922.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 167/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, QUINTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa y en esta última se encuentra especializada esta Sala, razón por la cual el asunto es de su competencia originaria.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló uno de los quejosos en un juicio de donde derivó una de las ejecutorias que se estiman opuestas.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, y que a continuación se transcriben.

En la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el tres de marzo de dos mil seis, al resolver el amparo en revisión 64/2006 promovido por Adriana Morales Montalvo, se resolvió, en la parte que interesa al presente estudio, lo siguiente:

"OCTAVO. ... En este contexto, habiendo resultado fundados los agravios de la autoridad, y con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado deberá examinar los demás conceptos de violación hechos valer por la quejosa en contra de dicho precepto legal. Se advierte, por otra parte, que el Juez de Distrito omitió pronunciarse en relación con la constitucionalidad de los artículos 137, 142 y 147 del Código Financiero del Distrito Federal, que también tuvo como actos reclamados, lo cual constituye una omisión que debe ser reparada de oficio por este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 35 del Tomo IX, junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN.’ (se transcribe). De esta manera, en el presente considerando habrán de analizarse los conceptos de violación hechos valer por la quejosa contra los artículos 137, 142 y 147 del Código Financiero del Distrito Federal, así como uno diverso, concerniente al proceso legislativo que dio origen a esos artículos, así como al 138 de dicho ordenamiento legal, anteriormente referido. ... En otro de sus conceptos de violación, la quejosa aduce que el artículo 137, fracción I, párrafo tercero, del Código Financiero del Distrito Federal, vulnera la garantía de equidad tributaria, en tanto que injustificadamente exenta en el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, a las adquisiciones efectuadas por herencia, respecto de las cuales se pagará una tasa de 0% del impuesto, siempre que el valor del inmueble en cuestión no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces el salario mínimo general en esta ciudad. El precepto en cuestión dispone lo siguiente: ‘Artículo 137.’ (se transcribe). A juicio de este Tribunal Colegiado, los argumentos de la parte quejosa resultan infundados, pues contrariamente a lo que considera, el precepto citado no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, reiteradamente, que la equidad tributaria sólo obliga al legislador a establecer un trato idéntico a aquellos contribuyentes que se encuentren en la misma situación jurídica relevante para efectos fiscales, y en la especie este Tribunal Colegiado estima que los adquirentes en virtud de una herencia, para efectos del impuesto sobre adquisición de inmuebles, no se encuentran en la misma situación que el resto de los contribuyentes de ese impuesto, de manera que el diferente trato fiscal que reciben por parte del artículo 137, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, no puede reputarse inequitativo. En efecto, dicho trato diferenciado frente a los restantes adquirentes de inmuebles, se justifica si se toma en cuenta que el ingreso de ese tipo de bienes a un patrimonio determinado, ya sea por legado o herencia, no implica desembolso por parte del adquirente que denote su capacidad económica; además, tales adquisiciones derivan de un caso fortuito, como es la muerte del transmisor de los bienes, cuestión que no es previsible por el heredero o legatario; de ahí que la intención sea que quien experimente un incremento en su patrimonio por el motivo indicado, no resienta una carga tributaria que no tenía prevista. Aunado a lo anterior, es claro que los contribuyentes que adquieren un inmueble por virtud de una herencia, no se encuentran en la misma situación jurídica que el resto de las personas que realizan alguna operación de adquisición, en tanto que los primeros se encuentran sujetos para tales efectos a todo el régimen que en relación con las sucesiones establece el Código Civil para el Distrito Federal, que sin que sea el caso de explicarlo, evidentemente los distingue de cualquier otro. De acuerdo con lo anterior, este órgano colegiado estima que el artículo 137, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, en tanto excluye del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles a aquellas operaciones que deriven de una herencia, no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dicho beneficio se otorga en atención a categorías abstractas de sujetos ubicados en situaciones objetivamente distintas, desde un punto de vista jurídico, social y económico. Por otra parte, la distinción que se hace en el artículo reclamado entre las adquisiciones por herencia menores y mayores a doce mil setenta y tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, no es algo que pueda irrogar perjuicio alguno a la aquí quejosa, sino sólo a los adquirentes por herencia que superen esos montos, de manera que la peticionaria no podría, merced a esa distinción, considerarse agraviada por el artículo reclamado; de ahí lo infundado de sus conceptos de violación ..."

CUARTO. En la ejecutoria pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el treinta de junio de dos mil seis, al resolver el amparo en revisión 234/2006, promovido por José Antonio Morales Rodríguez y Ana Joaquina Montalvo Morales, se determinó, en la parte que interesa al presente estudio, lo siguiente:

"SEXTO. ... Por otra parte, el recurrente aduce que fue incorrecto que la Juez haya considerado que el artículo 137, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal resulta violatorio del principio de equidad tributaria, pues, en su concepto, el artículo citado sí respeta el principio aludido, ya que de su propia redacción se advierte que la finalidad social y económica que tiene el establecimiento de la tasa 0%, en el pago del impuesto cuando se trata de adquisición por herencia, radica en que el ingreso de este tipo de bienes a un patrimonio determinado, no implica desembolso por parte del adquirente que denote su capacidad económica, siendo que derivan de un caso fortuito como lo es la muerte del trasmisor de los bienes, cuestión que no es previsible por el heredero quien si bien recibe un incremento en su patrimonio no debe resentir una carga tributaria que no tenía prevista. Por lo que dicha excepción no atenta contra del principio de equidad tributaria, pues el asambleísta contempló diferencias en la causación derivadas de la situación objetiva de los obligados, a efecto de repartir la carga del impuesto equitativamente. En consecuencia, reitera que en la especie el artículo 137, fracción I, satisface el principio de equidad tributaría. El agravio es fundado. La equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo tributo deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, debiéndose tratar igual a iguales en condiciones de capacidad económica y, contrariamente, desigual a condiciones de capacidad económica disímiles. Así pues, la norma tributaria no será constitucionalmente legítima cuando imponga arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas objetivamente iguales; en cambio, cuando exista una justificación objetiva y razonable para el trato diferenciado, la ley estará apegada a la Carta Magna. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 41/97, publicada en la página cuarenta y tres, Tomo V, junio de 1997, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe). Para dar contestación a este concepto de violación, conviene citar el precepto cuya inequidad se denuncia, que a la letra dice: ‘Artículo 137. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición, la que derive de: I. Todo acto por el que se transmitirá la propiedad, una vez satisfechas las formalidades que establezca para tal efecto el Código Civil para el Distrito Federal, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges; en las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones. En el caso de adquisiciones por herencia, se pagará una tasa de 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, siempre que el valor del inmueble en cuestión no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. ...’. El artículo citado incluye como beneficio en favor de herederos adquirentes de inmuebles, el consistente en aplicar una tasa de 0% (cero por ciento), de la contribución reclamada, siempre que el valor de mercado del bien no exceda al equivalente de doce mil setenta y tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Empero, dicho trato diferenciado frente a los restantes adquirentes de inmuebles, en el caso de adquisición por usufructo vitalicio, se justifica si se toma en cuenta que el ingreso de ese tipo de bienes a un patrimonio determinado, ya sea por herencia, no implica desembolso por parte del adquirente, que denote su capacidad económica; además, tales adquisiciones derivan de un caso fortuito, como es la muerte del transmisor de los bienes, cuestión que no es previsible por el heredero, de ahí que la intención sea que quien experimente un incremento en su patrimonio por el motivo indicado, no resienta una carga tributaria que no tenía prevista, siempre y cuando el valor del inmueble no exceda del monto fijado en la ley. Las particularidades descritas ubican a los adquirentes de inmuebles por herencia en una situación distinta de los demás contribuyentes del impuesto reclamado, lo que justifica el trato diferenciado que la ley les otorga y hace concluir que la inequidad aducida por el quejoso no se actualiza por cuanto hace al artículo 137, fracción I, párrafo tercero, del Código Financiero del Distrito Federal. Sirve de apoyo a lo antes manifestado la tesis I.5o.A.39 A, emitida por este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, noviembre de 2005, página 822, bajo el rubro y texto: ‘ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, AL ESTABLECER UN TRATO DIFERENCIADO A LOS HEREDEROS O LEGATARIOS CAUSANTES DE ESE IMPUESTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE EQUIDAD.’ (se transcribe). La tesis citada es aplicable al caso, pues no obstante que en ella se analiza el texto del artículo 137, fracción I, párrafo tercero, del Código Financiero del Distrito Federal vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; y en la especie se estudia el mismo artículo, la fracción y párrafo señalados, reformado mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial el veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro, el cual entró en vigor a partir del primero de enero de dos mil cinco; lo cierto es que el texto de los artículos es el mismo, ya que ambos disponen que en las adquisiciones por herencia se pagará una tasa del 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles. También es aplicable la tesis I.15o.A.43 A, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1936, bajo el rubro y texto siguiente: ‘ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2005, AL ESTABLECER LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO RELATIVO TRATÁNDOSE DE ADQUISICIONES POR HERENCIA, RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). Igual criterio se sostuvo al resolverse los amparos en revisión RA. 299/2005 y RA. 303/2005, promovidos por el jefe del Gobierno del Distrito Federal, en las sesiones que tuvieron verificativo el veintiséis de agosto de dos mil cinco y doce de agosto de dos mil cinco, siendo ponentes el Magistrado Urbano Martínez Hernández y César Thomé González, respectivamente. Al ser fundado el agravio es innecesario el estudio de los restantes; resultando aplicable por analogía la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 175-180, Cuarta Parte, página 72, bajo el rubro y texto siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe). En las relatadas circunstancias, al resultar fundado el agravio examinado y al no existir más conceptos de violación que deban analizarse, procede revocar la sentencia recurrida, y negar el amparo solicitado."

No se transcribirá la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 303/2005 del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pues se basa, en esencia, en las mismas consideraciones que sustentaron la resolución antes reproducida.

QUINTO. En la sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el trece de septiembre de dos mil seis, al resolver el amparo en revisión 332/2006, promovido por Tatiana Sedeño Olvera, se determinó, en la parte que interesa al presente estudio, lo siguiente:

"CUARTO. ... En el agravio segundo, la parte recurrente afirma que es errónea la determinación adoptada por el juzgador federal, en relación a la constitucionalidad del artículo 137, fracción I, párrafo tercero, del Código Financiero del Distrito Federal, toda vez que el establecimiento de una tasa del 0% (cero por ciento) del impuesto sobre adquisición de inmuebles a los que obtengan por herencia un bien raíz, cuyo valor no exceda de doce mil setenta y tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, no encuentra causa objetiva y razonable para realizar tal distinción, atendiendo a los siguientes argumentos: a) La circunstancia de que el inmueble no implique un gasto por parte del heredero, éste pasa a formar parte de su patrimonio, lo cual implica un aumento del mismo. b) El hecho de que la adquisición de un bien inmueble por herencia pueda considerarse como un hecho fortuito, tal consideración no debería de eximir al heredero de enterar el tributo correspondiente, ya que éste puede, en su caso aceptar o repudiar la herencia o el legado que le corresponda. Los razonamientos recién expuestos son fundados. El principio de equidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en esencia, consiste en que se debe de otorgar el mismo trato a quienes se ubican en similares condiciones de hecho y, de manera diferente a quienes se encuentren en otras circunstancias; es decir, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Lo anterior implica que el legislador puede crear distintas categorías de contribuyentes, o en su defecto, otorgar a algunos determinados beneficios fiscales, siempre y cuando dicha distinción no sea artificiosa o injustificada, para que de esta manera, se cumpla cabalmente con el principio en estudio. Las consideraciones anteriores tienen sustento en las jurisprudencias 197 y 198 sustentadas por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, páginas 239 y 240, respectivamente, que se transcriben enseguida: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’ (se transcribe). ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe). Ahora bien, el artículo 137, fracción I, párrafo tercero, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil seis, es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 137. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición, la que derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges. En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones. En el caso de adquisiciones por causa de muerte, se aplicará una tasa de 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, siempre que el valor del inmueble a la fecha de la escritura de adjudicación no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.’. El precepto recién transcrito establece un beneficio fiscal a favor de ciertos adquirentes, ya que en el caso de adquisiciones por herencia, se pagará una tasa de 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, siempre que el valor del inmueble en cuestión no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (que durante el ejercicio fiscal de dos mil seis asciende a $587,592.91 [quinientos ochenta y siete mil quinientos noventa y dos pesos con noventa y un centavos en moneda nacional]), mientras que los restantes contribuyentes cuyos inmuebles sí superen dicha cantidad, tendrán que pagar el impuesto respectivo. En ese orden de ideas, resulta claro que el precepto analizado es violatorio del principio de equidad tributaria, en virtud de que da un trato desigual a los contribuyentes que se encuentran en las mismas circunstancias (adquirientes de bienes inmuebles), porque los contribuyentes que obtengan bienes raíces por herencia, pagarán una tasa del 0%, siempre que el valor del inmueble respectivo no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, mientras que los restantes adjudicatarios de inmuebles, que se encuentran en una misma situación de hecho, lo cubren en su totalidad, lo que es inequitativo, porque todos los adquirentes de inmuebles se ubican en una misma situación jurídica y de hecho, por lo que se deben aplicar las mismas disposiciones fiscales e idénticos impactos o beneficios fiscales. La conclusión anterior se robustece, tomando en consideración que no existe una causa justificable para establecer dicha distinción como consecuencia del valor del inmueble en cuestión, ni tampoco la forma de obtenerlo (por herencia o cualquiera de las otras formas de adquisición) para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Al respecto, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que durante el establecimiento de contribuciones, el legislador puede tomar en consideración fines de naturaleza no fiscal, que sirvan como instrumentos de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, relativos a actividades determinadas. En tal supuesto, el empleo de fines extrafiscales durante la creación de normas tributarias, únicamente tendrá como condicionante que el legislador haga patente su voluntad explícita o implícitamente, durante el proceso legislativo correspondiente, indicando en la propia norma, en la exposición de motivos o en la discusión de la misma, cuáles fueron las razones que a su juicio motivaron el establecimiento de cierto tributo o la imposición de un trato fiscal diferente para ciertos contribuyentes. Apoya a la conclusión anterior la jurisprudencia 1a./J. 46/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 157, que se transcribe enseguida: ‘FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES.’ (se transcribe). Asimismo, cobra aplicación, la tesis 2a. CLVII/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, foja 440, que es del siguiente rubro y texto: ‘EXENCIONES TRIBUTARIAS. LAS RAZONES PARA JUSTIFICARLAS DEBEN DESPRENDERSE CLARAMENTE DE LA LEY O EXPRESARSE EN EL PROCESO LEGISLATIVO EN QUE SE SUSTENTAN.’ (se transcribe). En ese sentido, si el Juez de Distrito justificó tal tratamiento desigual, pero ni del propio proceso legislativo de reformas enunciado ni del artículo en cita, se desprende tal diferenciación de trato, entonces es claro que se transgrede la garantía de equidad tributaria a que hace referencia el recurrente. Sobre este tópico, cabe señalar que en la exposición de motivos de las reformas al Código Financiero del Distrito Federal publicadas en la Gaceta Oficial de la capital de la República el veintidós de agosto de dos mil cinco (que dio origen a la redacción actual del artículo 137, fracción I, párrafo tercero, en estudio), únicamente se dijo, en relación al tributo tildado de inconstitucional: ‘Asimismo, se proponen reformas en relación con el impuesto sobre adquisición de inmuebles, para prever reglas precisas que permitan distinguir con claridad los supuestos y momentos de causación, formalización, exigibilidad para permitir una adecuada aplicación y recaudación de este impuesto, además de evitar interpretaciones ortodoxas que pongan en riesgo la certeza y seguridad jurídica del contribuyente, que a su vez, pueden provocar una afectación a la hacienda pública local.’, sin que lo anterior permita conocer los fines extrafiscales que el legislador tomó en consideración para que los contribuyentes que adquieran un inmueble ‘por causa de muerte’, cuyo valor no exceda de doce mil setenta y tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, enteren el impuesto relativo aplicando una tasa del cero por ciento, mientras que los demás sujetos activos del tributo, estén sujetos a las reglas generales de causación. Por tanto, se concluye que el artículo 137, fracción I, párrafo tercero, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil seis, viola el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 80 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa, para los siguientes efectos: a) Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la obligación de enterar el impuesto sobre adquisición de inmuebles. b) Como consecuencia de lo anterior, le sea devuelto a la agraviada la cantidad que haya enterado al Gobierno del Distrito Federal con motivo del impuesto sobre adquisición de inmuebles, respecto del bien relacionado en el juicio constitucional. Apoya a la anterior determinación la tesis 2a. LXXVII/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, a foja 308, que se transcribe a continuación: ‘LEYES TRIBUTARIAS. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA QUE PREVÉ UNA EXENCIÓN PARCIAL DEL TRIBUTO.’ (se transcribe). Similar criterio sostuvo este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de nueve de mayo de dos mil seis, al resolver el amparo en revisión RA. 193/2006."

SEXTO. En principio, es pertinente tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.

Ahora bien, la existencia de la contradicción de tesis precisa de la reunión de los siguientes supuestos:

a) Dos o más ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos jurídicos, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros asuntos.

b) Que de tal examen arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

c) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Sirven de apoyo a la anterior determinación, las jurisprudencias 26/2001 y 27/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecen publicadas en las páginas 76 y 77 del Tomo XIII, abril de 2001 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que son del siguiente tenor:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo 'tesis' que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

En el caso, el examen de las ejecutorias transcritas pone de relieve que los órganos colegiados sustentaron criterios discrepantes, por lo que existe la contradicción de tesis denunciada, si se toma en cuenta que cada uno de los Tribunales Colegiados resolvieron un amparo en revisión en el que examinaron los mismos elementos jurídicos, a saber, si el artículo 137, fracción I, último párrafo, del Código Financiero del Distrito Federal, que establece una tasa del 0% en el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles en el caso de adquisiciones por herencia, siempre que el valor del inmueble no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19906-b0b8a790/adquisicion-de-inmuebles-por-herencia-el-articulo-137 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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