EXENCIONES O SUBSIDIOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES, RESPECTO DE GRAVÁMENES RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PUEDE ESTABLECERLOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa y en esta última se encuentra especializada esta Sala, razón por la cual el asunto es de su competencia originaria.
SEGUNDO. La presente contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló uno de los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en el dictado de las ejecutorias que se estiman opuestas.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron y que a continuación se transcriben.
En la ejecutoria pronunciada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veintinueve de marzo de dos mil seis, al resolver el amparo en revisión 137/2006 se determinó, en la parte que interesa al presente estudio, lo siguiente:
"SEXTO. En otro orden de ideas, enseguida se procederá a examinar la eficacia del argumento planteado con el inciso b) del segundo agravio, a través del cual el recurrente impugna el pronunciamiento emitido por el Juez de Distrito del conocimiento, en relación con la regularidad constitucional de los artículos 296, fracción VII, 300, 301, 305, 306, 308 y 309 del Código Financiero del Distrito Federal, conforme a su texto vigente durante el ejercicio de dos mil cinco. Con tal propósito, debe destacarse que en el identificado en la demanda de garantías como segundo concepto de violación, el solicitante del amparo describió cada una de las hipótesis normativas de los citados artículos y expuso los motivos por los que considera que se está en presencia de diversos beneficios fiscales (reducciones) del impuesto sobre adquisición de inmuebles, y al respecto señaló que esas prerrogativas infringen los principios de justicia fiscal, de legalidad y equidad, en virtud de que establecen un trato distintivo que carece de justificación objetiva, y porque se encuentran prohibidas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos, dado que éste no permite que se establezcan exenciones en los impuestos sobre propiedad inmobiliaria, habida cuenta que, dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó mediante jurisprudencia que las disposiciones de este precepto constitucional son aplicables a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Para dar respuesta al planteamiento relativo, es pertinente precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, ha sostenido que dicho principio consiste en que mediante un acto formal y materialmente legislativo se establezcan todos los elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por un lado, impida el comportamiento arbitrario de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y que, por otro, genere certidumbre al gobernado sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado, cómo se calculará la base del tributo, qué tasa o tarifa debe aplicarse, cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse. Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos precedentes que el principio de equidad tributaria radica, medularmente, en la igualdad ante la misma ley fiscal de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo quienes, en consecuencia, deben recibir un mismo trato, lo que implica que las normas tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa; en otros términos, que el principio de equidad obliga a que no exista distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que para ello haya una justificación objetiva y razonable, por lo que el valor superior que persigue consiste en evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares. En ese orden de ideas, es pertinente destacar que doctrinariamente el impuesto sobre adquisición de inmuebles ha sido clasificado como un gravamen indirecto, en virtud de que tiene como hecho imponible la adquisición de bienes real, debido a que grava valores económicos que tienen su origen en la relación jurídica que se establece entre una persona y un bien (adquisición de inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el Distrito Federal, así como los derechos relacionados con los mismos) y local ya que es el Municipio el orden de gobierno que se encarga de su recaudación y control. En relación con este último punto, debe señalarse que en el caso de la República Mexicana se estableció que fuera el Municipio el encargado de la recaudación, control y administración del impuesto sobre adquisición de inmuebles, de tal suerte que ese gravamen se constituye como una de las principales fuentes de ingreso de la hacienda pública municipal. Para corroborar el anterior aserto, se estima importante acudir a los antecedentes legislativos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de mil novecientos ochenta y tres, periodo en el cual el Poder Reformador introdujo algunas reformas al Pacto Federal, con el fin de consolidar la hacienda pública municipal. De esta manera, con motivo de dicha reforma se estableció, por una parte, que los Municipios administrarían libremente su hacienda municipal y, por la otra, que ésta se integraría con los bienes que les pertenezcan, así como con las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas Locales establezcan a su favor y, en todo caso, con los siguientes: 1. Las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora o las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 2. Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 3. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Cabe destacar que respecto a los conceptos compendiados con los numerales 1 y 3, esto es, los que derivan de las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria y los que provienen de la prestación de servicios públicos a su cargo, el propio artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, por una parte, que las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer esas contribuciones, ni concederán exenciones en relación con las mismas; y, por la otra, que las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto a dichas cuestiones a favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Ahora bien, por lo que se refiere al Distrito Federal se estima importante señalar que con motivo de la reforma que sufrió el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció en su fracción IV, inciso b), párrafo segundo, una disposición similar a la prevista en el citado artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional, consistente en que las leyes federales no limitarían la facultad de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal para establecer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles incluyendo tasas adicionales, ni sobre los servicios públicos a su cargo; además de que tampoco considerarían a personas como no sujetos de contribuciones ni establecerían exenciones, subsidios o regímenes fiscales especiales a favor de personas físicas y morales, ni de instituciones oficiales o privadas en relación con dichas contribuciones; habida cuenta que las leyes de esa entidad federativa no otorgarían exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones a favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir la parte conducente del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establecía lo siguiente: ‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 122. ... IV. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal tiene facultades para: ... b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos del Distrito Federal analizando primero las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrirlos ... Las leyes federales no limitarán la facultad del Distrito Federal para establecer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles incluyendo tasas adicionales, no sobre los servicios públicos a su cargo. Tampoco considerarán a personas como no sujetos de contribuciones ni establecerán exenciones, subsidios o regímenes fiscales especiales a favor de personas físicas o morales ni de instituciones oficiales o privadas en relación con dichas contribuciones. Las leyes del Distrito Federal no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones a favor de personas físicas o morales ni de instituciones oficiales o privadas.’. De lo expuesto, se pone de manifiesto que a la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal se le otorgó la facultad de establecer contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, incluyendo tasas adicionales. En concordancia con lo anterior, debe precisarse que para mil novecientos noventa y cuatro se presentó ante dicho cuerpo legislativo una iniciativa en la que se proponía la creación del Código Financiero que derogaba la Ley de la Hacienda del Departamento del Distrito Federal, con el único propósito de fortalecer las finanzas públicas de la Ciudad de México y responder a las legítimas demandas de sus ciudadanos; sin embargo, con motivo de las reformas que sufrió el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mil novecientos noventa y seis, nuevamente se modificó el contenido de dicho precepto jurídico para quedar redactado, en la parte que interesa, en los siguientes términos: ‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 122. ... C El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: Base Primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: V. La Asamblea Legislativa, en los términos del estatuto, tendrá las siguientes facultades: Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. ... Serán aplicables al Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución.’. De esta forma, se estableció que le serían aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no fuera incompatible con su naturaleza y régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, de modo tal que las leyes federales no pueden limitar su facultad para establecer contribuciones, incluyendo tasas adicionales, sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora o las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, ni sobre los ingresos que perciban con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo, ni tampoco conceder exenciones en relación con las mismas; so pena de mermar la facultad de esa entidad federativa de administrar libremente su hacienda. Empero, tal prohibición no puede considerarse extendida a las leyes que emita la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como sí lo prevé para las Legislaturas de los distintos Estados de la República Mexicana el citado artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional, pues este Tribunal Colegiado considera que dicha disposición no es compatible con la naturaleza y régimen de gobierno de esa entidad federativa, como enseguida se expondrá. Para poner de manifiesto la certeza de tal afirmación se estima pertinente realizar algunas precisiones en torno a la naturaleza jurídica del Distrito Federal, por lo que con tal propósito conviene atender a la exposición de motivos de la reforma constitucional del veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, en la que sobre el particular se señaló lo siguiente: ‘(se transcribe).’. De la exposición de motivos de la reforma de mil novecientos noventa y tres, se desprende que el Distrito Federal es de distinta naturaleza jurídica que los Estados de la República, pues tiene características propias que hacen a esa entidad federativa totalmente especial. En efecto, conforme al artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Distrito Federal es la sede de los Poderes de la Unión, los cuales, de acuerdo al diverso numeral 122 constitucional, conservan atribuciones precisas de gobierno en el Distrito Federal, a fin de garantizar la seguridad de dichos poderes; razón por la que no pueden existir Poderes Locales en la Ciudad de México, como sucede en el caso de los Estados de la República Mexicana, ya que los poderes mencionados en primer término deben actuar con libertad en el territorio donde se encuentran, sin que ningún Poder Federal disminuya o afecte las atribuciones y facultades que el pueblo les confirió, de ahí que tratándose del Distrito Federal se instituyan órganos de gobierno que ejerzan las tareas relativas en la urbe. Las características del Gobierno del Distrito Federal a partir de la citada reforma efectuada en mil novecientos noventa y tres, eran las siguientes: a) Está a cargo de los Poderes de la Unión, los cuales lo ejercen por sí y a través de los órganos de gobierno del Distrito Federal representativos y democráticos, que establece la Constitución Federal. b) Son autoridades locales del Distrito Federal la Asamblea de Representantes, el jefe del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, con las facultades que se señalan en el propio artículo 122 constitucional. c) También son autoridades en el Distrito Federal pero que provienen del ámbito federal, el Congreso de la Unión y el presidente de la República, con las facultades previstas en el mismo numeral. d) La estructura política del Distrito Federal está regulada por un Estatuto de Gobierno expedido por el Congreso de la Unión. En este orden de ideas, si bien en la reforma en comento se estableció una cierta autonomía para el Distrito Federal, en tanto se prevén autoridades de carácter local que ejercerían la tarea de gobierno en esa urbe, con un ámbito competencial delimitado, dicha entidad se encontraba bajo el control de los Poderes de la Unión; y, por ser la capital del país y sede territorial de los citados poderes tenía una administración y una forma de gobierno especial. Posteriormente, con la reforma publicada el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se realizaron las siguientes modificaciones: a) Se conserva para el Distrito Federal la estructura política de perfiles singulares ya referida, al establecer que su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local. b) Se establece que son autoridades locales del Distrito Federal la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. c) Se prevé una dualidad de competencias de las autoridades federales y locales perfectamente delimitadas, a partir del reparto de las facultades legislativas del Congreso de la Unión y de la Asamblea Legislativa, sin afectar la facultad reglamentaria del presidente de la República y del titular del Gobierno del Distrito Federal, con base en un Estatuto de Gobierno. Por su importancia al asunto, cabe significar que la finalidad de la concurrencia de los gobiernos federal y local en el Distrito Federal, pretende evitar la preeminencia de los órganos locales de esa entidad sobre los Poderes de la Unión, al ser la sede de éstos y capital de los Estados Unidos Mexicanos, constante que se reafirma con lo dispuesto en el apartado A, fracción IV, del artículo 122 constitucional que prevé como facultad del Congreso de la Unión dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión. d) La disposición relativa al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal respecto a la organización de la administración pública local en el Distrito Federal, establece los órganos político administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide esa entidad, los criterios para realizar dicha división territorial, la competencia de los citados órganos, su integración y funcionamiento y las relaciones de aquéllos con el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Así como que los titulares de los aludidos órganos político administrativos son elegidos en forma universal, libre, secreta y directa conforme a la ley. Con la finalidad de comprender la intención del Órgano Reformador o Revisor de la Constitución Federal para efectuar la reforma en comento, es necesario transcribir lo señalado en la exposición de motivos correspondiente: ‘(se transcribe)’. Conforme a lo señalado en la citada exposición de motivos se corrobora que el Distrito Federal es una entidad completamente singular al ser la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las funciones legislativa, ejecutiva y judicial en esa localidad corresponden a los Poderes Federales, con la concurrencia de las autoridades locales, que son fundamentalmente la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia. De lo anteriormente expuesto se tiene que en la reforma de mil novecientos noventa y tres al artículo 122 constitucional se previó un esquema para la transformación gradual de las instituciones políticas, representativas y de gobierno del Distrito Federal, que incluyó la atribución de facultades legislativas a la entonces Asamblea de Representantes, el establecimiento de un consejo de ciudadanos y un sistema de designación del titular del órgano ejecutivo por parte del Ejecutivo Federal, así como la ratificación de la citada asamblea. Asimismo, en la reforma de mil novecientos noventa y seis al citado precepto fundamental, se preservó la naturaleza jurídico política del Distrito Federal como sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos; se estableció con claridad y certeza la distribución de competencias entre los Poderes de la Federación y las autoridades locales; y se señaló que éstas son fundamentalmente la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. En esta última reforma también se previó que la administración pública local se organizará a partir de la distinción entre órganos centrales, desconcentrados y descentralizados; que en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se establecerán los órganos político administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales, cuyo titular sería electo en forma universal, libre, secreta y directa, así como la competencia de esos órganos, su funcionamiento y las relaciones de éstos con el jefe de Gobierno. De lo anterior se concluye que constitucionalmente se prevé que el Estatuto de Gobierno, en lo que se refiere a la organización de la administración pública local establecería los órganos político administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales y fijaría los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los citados órganos político administrativos y las relaciones de éstos con el jefe de Gobierno de esa entidad. Cabe destacar que de los artículos 7o., 8o., 11, 12, 42, 52, 72, 87, 104, 105, 107, 108, 112, 115 y 116 del mencionado Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se desprenden las siguientes premisas: 1. El Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local (artículo 7o.). 2. Las autoridades locales del Gobierno del Distrito Federal son la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia (artículo 8o.). 3. El Gobierno del Distrito Federal para su organización política y administrativa está determinado por la unidad geográfica y estructural de la Ciudad de México y su desarrollo integral en compatibilidad con las características de las demarcaciones territoriales que se establezcan para el mejor gobierno y atención de las necesidades públicas (artículo 11). 4. La organización política y administrativa del Distrito Federal atenderá al establecimiento en cada demarcación territorial de un órgano político administrativo, con autonomía funcional para ejercer las competencias que les otorga el Estatuto de Gobierno y las leyes (artículo 12). 5. La Asamblea Legislativa tiene, entre otras facultades, las relativas a: a) Remover a los jefes delegacionales por las causas graves que establece el Estatuto de Gobierno, con el voto de las dos terceras partes de los diputados que integren la legislatura; la solicitud de remoción podrá ser presentada por el jefe de Gobierno o por los diputados de la propia asamblea (artículo 42, fracción XXVII). b) Designar, a propuesta del jefe de Gobierno y por mayoría absoluta, a los sustitutos que concluyan el periodo del encargo en caso de ausencia definitiva de los jefes delegacionales (artículo 42, fracción XXVIII). c) Recibir y analizar el informe anual de gestión que le presenten, por conducto del jefe de Gobierno, los jefes delegacionales (artículo 42, fracción XXIX). 6. El jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene a su cargo el órgano ejecutivo de carácter local y la administración pública en la entidad recaerá en una sola persona (artículo 52). 7. En la coordinación metropolitana, por el Distrito Federal participarán los titulares de las dependencias o entidades paraestatales encargadas de las materias objeto del acuerdo y los titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales limítrofes, sujetándose a las disposiciones que dicte el jefe de Gobierno (artículo 72). 8. La administración pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y paraestatal y contará con órganos político administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, con las atribuciones que señalan el Estatuto de Gobierno y las leyes (artículo 87). 9. Los órganos político administrativos que existan en cada demarcación territorial se denominarán genéricamente delegaciones, y la Asamblea Legislativa establecerá en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal el número de delegaciones, su ámbito territorial y su identificación nominativa (artículo 104). 10. Cada delegación se integrará por un titular denominado jefe delegacional, que será electo en forma universal, libre, secreta y directa cada tres años, así como con los funcionarios que determinen la ley orgánica y el reglamento respectivos (artículo 105). 11. Las ausencias del jefe delegacional mayores a quince días y hasta por noventa días deben ser autorizadas por el jefe de Gobierno; en caso de que sean mayores a noventa días, la Asamblea Legislativa designará, a propuesta del jefe de Gobierno y por mayoría absoluta, al sustituto (artículo 107). 12. La Asamblea Legislativa, a propuesta del jefe de Gobierno o de los diputados, podrá remover a los jefes delegaciones. 13. En caso de remoción del jefe delegacional, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a propuesta del jefe de Gobierno y por mayoría absoluta, designará al sustituto para que termine el encargo (artículo 108). 14. Los jefes delegacionales deberán observar y hacer cumplir las resoluciones que emitan el jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia y las demás autoridades jurisdiccionales (artículo 108). 15. El jefe de Gobierno resolverá las controversias de carácter competencial que existan entre las delegaciones y los demás órganos y dependencias de la administración pública del Distrito Federal (artículo 108). 16. En la iniciativa de decreto de presupuesto de egresos, el Jefe de Gobierno deberá proponer a la Asamblea Legislativa asignaciones presupuestales para que las delegaciones cumplan con el ejercicio de las actividades a su cargo y las delegaciones deben informar al Ejecutivo Local del ejercicio de sus asignaciones para los efectos de la cuenta pública (artículo 112). 17. Las delegaciones ejercerán, con autonomía de gestión, sus presupuestos, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias, así como los acuerdos administrativos de carácter general de la administración pública central. 18. Las delegaciones tendrán competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones, sujetándose a las leyes y disposiciones aplicables en cada materia y respetando las asignaciones presupuestales. De lo expuesto, se desprende que la administración pública del Distrito Federal está integrada por órganos centralizados, desconcentrados y paraestatales, de entre los que se encuentran las delegaciones también denominadas órganos político administrativos de la administración pública desconcentrada, es decir, se está ante una estructura orgánica también sui generis (especial) derivada de la naturaleza jurídico política particular del Distrito Federal, al ser la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, a diferencia de las entidades federativas que integran la República Mexicana, cuya base de su división territorial y de su organización política y administrativa es el Municipio Libre; en tanto que para el Distrito Federal el artículo 122 de la Constitución Federal prevé una división territorial en la que se establecerán órganos político administrativos que se denominarán genéricamente delegaciones cuyo número, ámbito territorial e identificación nominativa se señalarán por la Asamblea Legislativa, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 104 del Estatuto de Gobierno de esa localidad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se confiere a las delegaciones una autonomía funcional, de gestión, en acciones de gobierno; el ejercicio de su presupuesto, teniendo solamente que informar sobre ello al jefe de Gobierno, para efectos de la cuenta pública; y competencia en sus respectivas jurisdicciones en materias de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva. Sobre tales premisas, debe puntualizarse que la prohibición establecida en el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo, de la Constitución Federal, consistente en que los Estados de la República Mexicana no pueden otorgar exenciones o subsidios a favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas, en las leyes que expidan para regular las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles incluyendo tasas adicionales, ni sobre los servicios públicos a su cargo; no es aplicable para el Distrito Federal, ya que no es compatible con su naturaleza jurídica y régimen de gobierno. Se expone tal aserto, en virtud de que la finalidad que inspiró al Poder Reformador para introducir dicha prohibición estriba en fortalecer la hacienda de los Municipios, dado que ésta se integra, entre otros recursos, con las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora o las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; pues los ingresos que se obtengan por tales conceptos fueron concebidos para ser administrados libremente por los Municipios, por lo que en el supuesto de que las entidades federativas otorguen algún tipo de exenci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19651-65caa71c/exenciones-o-subsidios-a-favor-de-contribuyentes-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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