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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD. OPERA EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO, POR FALTA DE PROMOCIÓN DEL INTERESADO DURANTE EL PLAZO DE 300 DÍAS NATURALES, AUN EXISTIENDO ACTUACIÓN JUDICIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2006-PL. · Registro digital (IUS): 20474
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Y EL SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIM
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 1738.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2006-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Y EL SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, fueron pronunciadas por tribunales especializados en materia administrativa, y en esta última se encuentra especializada esta Sala, razón por la cual el asunto es de su competencia originaria.

SEGUNDO. La presente denuncia proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en el dictado de uno de los fallos que se estima en contradicción.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la oposición de criterios denunciada y, en su caso resolverla, es preciso tener presentes las resoluciones sustentadas por los órganos colegiados que la motivaron, y que a continuación se transcriben.

En la ejecutoria pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el dos de junio de dos mil seis, al resolver el recurso de queja 28/2006-217, se determinó, en la parte que interesa al presente estudio, lo siguiente:

"Sexto. Previo al estudio de los agravios planteados por los recurrentes, es necesario señalar que si bien es cierto fundaron la procedencia del recurso de queja, en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, aun cuando de sus agravios se advierte que reclaman el acuerdo por el cual el juzgador de amparo declaró la caducidad por inactividad procesal del procedimiento tendente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual el propio artículo 95 de la Ley de Amparo, en su fracción X, establece la hipótesis concreta de procedencia, como se ve del siguiente texto: ‘Artículo 95. El recurso de queja es procedente: ... X. Contra las resoluciones que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo a que se refiere el artículo 105 de este ordenamiento, así como contra la determinación sobre la caducidad en el procedimiento tendiente al cumplimiento de las sentencias de amparo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113 ...’. Sin embargo, de conformidad con lo previsto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado debe corregir los errores que se adviertan en la cita de los preceptos legales que se estimen violados, como se lee a continuación: ‘Artículo 79. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.’. Sin que ello implique suplir la deficiencia de la queja, sino se trata de suplir un error numérico que no altera la litis realmente reclamada, pues esa corrección no puede influir en la decisión del juzgador al resolver el fondo del asunto; ya que la causa de pedir queda demostrada mediante los hechos expuestos y los agravios que hacen valer; y la corrección de la cita del precepto legal, más bien obedece al principio de congruencia que debe regir en las sentencias de amparo. Además, debe tenerse presente que basta con que el recurrente exprese claramente la causa de pedir en sus agravios, para que este Tribunal Colegiado pueda revisarlos, sin que resulte un obstáculo la existencia de un error en los fundamentos del recurso. Séptimo. Por tanto, y atendiendo a la causa de pedir, se procede a analizar los agravios hechos valer por los recurrentes, los cuales conducen a determinar lo siguiente: SCI de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Servicios Especializados TAZ, Sociedad Anónima de Capital Variable, y otras, promovieron juicio de amparo indirecto, del que tocó conocer al Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa en el Distrito Federal (antes Juzgado Quinto de Distrito ‘B’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal), mismo que por sentencia de tres de diciembre de dos mil dos, autorizada el veintiséis de marzo de dos mil tres, resolvió concederles el amparo, en contra de la aplicación de la Regla 3.28.3 de la Vigésima Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, para que no les fuera exigible su observancia; asimismo indicó que en caso de que existiera en su favor alguna cantidad de dinero derivada de la aplicación de la citada regla, la misma debía serles reintegrada. Inconforme con la sentencia antes referida, la autoridad responsable, secretario de Hacienda y Crédito Público, interpuso recurso de revisión, que fue del conocimiento de este Tribunal Colegiado, el que por resolución de siete de julio de dos mil tres, resolvió confirmar la sentencia recurrida y amparar a las quejosas. Por ello, el Juez de Distrito requirió, en diversas ocasiones, a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha obre constancia del mismo. No obstante lo anterior, de autos tampoco se advierte que, con posterioridad al veinte de diciembre de dos mil cuatro, las ahora recurrentes SCI de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Servicios Especializados TAZ, Sociedad Anónima de Capital Variable, hicieran alguna promoción tendente al cumplimiento de la ejecutoria que les concedió el amparo; pues la última es la que obra a fojas mil doscientos noventa y siete y mil doscientos noventa y ocho del expediente principal, presentada por la primera de las nombradas ante el Juzgado de Distrito el veinte de diciembre de dos mil cuatro, y acordada por ese juzgador el veintidós de ese mes y año. En consecuencia, la Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, decretó que en el juicio de amparo indirecto 504/2002 se había actualizado la figura jurídica de la caducidad, en la ejecución de la sentencia, por inactividad procesal; pues había transcurrido en exceso el plazo de trescientos días naturales a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Amparo; los cuales corrieron del veintiuno de diciembre de dos mil cuatro, día posterior al en que presentó el último escrito a la quejosa, al dieciséis de octubre de dos mil cinco. En un primer aspecto, se analiza la parte de los agravios en que los recurrentes señalan que el acuerdo recurrido denota un claro desconocimiento, por parte del juzgador, de los artículos 107, fracción XVI, constitucional; 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110 de la Ley de Amparo; y de la jurisprudencia formada por el Poder Judicial de la Federación en materia de ejecución de las sentencias, que le dan facultades al órgano jurisdiccional para hacerlas cumplir, con el propósito de que las sentencias de amparo se acaten debidamente; por lo cual adujo la aplicación de las tesis de rubros: ‘AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.’; ‘AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.’. Pues por ser de orden público el cumplimiento de las sentencias de amparo, el órgano jurisdiccional y las autoridades responsables, son las partes a quienes corresponde vigilar y cumplir a cabalidad y en breve término las ejecutorias de amparo; sobre todo cuando el cumplimiento versaba sobre la devolución de un cobro indebido. Son inoperantes los agravios en estudio, porque aun cuando es cierto que, como lo señalan las recurrentes, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y que cuando se otorga la protección constitucional se debe restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada; que cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal el efecto de la sentencia será que esa disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan las cantidades que hayan pagado, como se advierte del contenido de la jurisprudencia de rubro: ‘AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.’; así como la obligación de las autoridades que intervengan para realizar el acatamiento de la ejecutoria, como se aprecia de la tesis de rubro: ‘AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.’; ambas citadas por los recurrentes. Sin embargo, aun tratándose del cumplimiento de una ejecutoria, es factible que se actualice la figura de la caducidad; pues así lo prevé el artículo 113 de la Ley de Amparo que señala: ‘Artículo 113. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. El Ministerio Público cuidará del cumplimiento de esta disposición. Los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluidos los inhábiles. En estos casos el Juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre la caducidad y ordenará que la resolución que la declare se notifique a las partes. Sólo los actos y promociones que revelen un interés del recurrente por la prosecución del procedimiento interrumpen el término de caducidad.’. Por tanto, aun cuando sea de orden público el cumplimiento que den las autoridades, a la ejecutoria que dicte un órgano jurisdiccional; no exime a las partes interesadas de hacer las promociones relativas, pues el interés que tiene la sociedad en que las sentencias de amparo sean acatadas, encuentra legitimación en el interés que tenga el quejoso de obtener su cabal cumplimiento, pues sólo a él benefician los actos del fallo protector. Así que ante el notorio desinterés de la parte beneficiada, el artículo antes transcrito prevé como sanción la caducidad en el procedimiento que se siga a la cumplimentación, buscando que éstas no queden indefinidamente pendientes por cumplir, con la consecuencia de que los órganos de justicia continúen demandando a los responsables por su cumplimiento y manteniendo la falta de definición del derecho, ante la falta de interés de la parte que se vio favorecida con la concesión del amparo otorgado. Entonces, fue correcta la determinación del a quo al decretar la caducidad que ahora recurren; pues de las constancias del expediente de amparo 504/2002, se advierte que, cómo lo resolvió el Juez de amparo, transcurrieron los trescientos días naturales que refiere el artículo 113 de la Ley de Amparo; ya que después del veinte de diciembre de dos mil cuatro, las recurrentes no hicieron alguna promoción con el fin de que las autoridades cumplieran con la ejecutoria que les concedió el amparo, corriendo tal término del veintiuno de diciembre de dos mil cuatro al dieciséis de octubre de dos mil cinco. Ahora, por lo que hace al dicho de los recurrentes de que: a) No fue correcto que el Juez dijera que no habían efectuado algún acto procesal tendente a dar impulso al procedimiento de ejecución de la sentencia; y por ello no tenían interés en que se les restituyera en el goce de sus prerrogativas transgredidas. b) El a quo, reconoció expresamente que no existió inactividad procesal, dado que el órgano jurisdiccional y las autoridades responsables actuaron en el periodo de trescientos días naturales que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. c) El acuerdo recurrido es contrario al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, ya que precisamente lo que dicho precepto legal busca, es que ningún juicio de amparo se archive mientras no quede cumplida la sentencia. Son inoperantes tales argumentos, pues aun cuando el Juez de Distrito haya dicho que en el caso no existió inactividad procesal, porque tanto él como las autoridades responsables actuaron en el periodo de trescientos días naturales que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo; no pasa inadvertido que también dijo que las partes no mostraron interés en el cumplimiento de la sentencia que les concedió el amparo, pues al respecto no hicieron alguna promoción en un plazo de trescientos días naturales, lo cual fue correcto, en razón de que como se dijo en párrafos anteriores, las recurrentes, después del veinte de diciembre de dos mil cuatro, no promovieron para que las autoridades dieran cumplimiento a la ejecutoria que les concedió el amparo. Con lo anterior, se actualizó el supuesto previsto en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, que señala que caducan los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo, ya sea por inactividad procesal, o por falta de promoción de la parte interesada en el término de trescientos días, es decir uno de los supuestos para que se configurara la caducidad. Así es, ya que incluso del contenido de la tesis que citan las recurrentes, de rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO).’, se aprecia que la caducidad en el procedimiento sobre cumplimiento de una ejecutoria de amparo, puede ser por inactividad procesal o por la falta de promoción de la parte interesada, en el término de trescientos días incluidos los inhábiles, esto es, prevé alternativas, pues se puede dar uno u otro supuesto, y en el caso el que se actualizó fue el de falta de promoción de la parte interesada en el término de trescientos días naturales. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis VII.2o.A.T.20 K, que contiene el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, y que este Tribunal Colegiado comparte, consultable en la página novecientos cinco del Tomo XVIII, correspondiente a octubre de dos mil tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO).’ (se transcribe). Ahora, en relación con la afirmación que hacen los recurrentes de que el a quo, no apreció en forma integral el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo; pues la falta de promoción de parte interesada, que menciona ese numeral, no es aplicable a la etapa procesal que tramita, son infundados, pues la figura de la caducidad prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se refiere al procedimiento tendente a la cumplimentación de las sentencias de amparo, con el fin, de que éstas no queden pendientes de modo indefinido ante el desinterés de la parte que se benefició con la concesión del amparo; esto es, sí resultaba aplicable al caso concreto y el Juez de Distrito actuó en forma correcta al decretar la caducidad. En consecuencia, al resultar inoperantes e infundados los agravios en estudio, debe declararse infundado el recurso de queja."

CUARTO. En la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, el catorce de agosto del año dos mil tres, al resolver la queja 16/2003, se determinó, en lo conducente:

"QUINTO. Los agravios esgrimidos son fundados. Para una mejor comprensión del asunto, es importante destacar que de las constancias remitidas por la a quo, derivadas del juicio de amparo indirecto al que este toca se contrae, se advierte la existencia del incidente de inejecución de sentencia número 17/91 (fojas doscientos sesenta y dos a la trescientos ocho), del cual se desprende lo siguiente: a) Al quejoso José Sánchez Balbuena se le concedió la protección de la Justicia Federal por haberse incluido indebidamente el predio de su propiedad, con una superficie aproximada de sesenta hectáreas, en la resolución presidencial de fecha veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y nueve, que concedió ampliación de ejidos al poblado de Sabanetas, Municipio de Chacaltianguis, Veracruz. b) El veintiuno de enero de mil novecientos noventa y uno, el entonces Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, remitió los autos relativos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hasta esa fecha las autoridades responsables no habían dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. c) Por proveído de seis de febrero del mismo año, el presidente del citado Máximo Tribunal del país, ordenó formar y registrar el expediente relativo al incidente de inejecución de sentencia, bajo el número 17/91, antes indicado. d) Mediante escrito presentado ante el citado Juez el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, Juvencio Sánchez Sánchez exhibió constancias para acreditar que había sido nombrado albacea en el juicio sucesorio a bienes del aludido quejoso, que se tramitaba bajo el número de expediente 264/93, en el Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, apersonándose en el juicio de amparo con tal carácter. e) Por proveído de seis de mayo de dos mil dos, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, acordó informar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 1) Que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil uno, requirió a la parte quejosa para que a la brevedad posible presentara ante la Secretaría de la Reforma Agraria, la documentación solicitada por ésta, a efecto de que se le pagara el importe contenido en el dictamen valuatorio G-32020-A-MEX, como cumplimiento sustituto de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 1101/76; 2) Que mediante oficio recibido el veinticuatro de octubre de dos mil uno, suscrito por el director general jurídico de la Secretaría de la Reforma Agraria, informó sobre las gestiones realizadas para el cumplimiento del fallo protector; 3) Que por auto de veintiséis de marzo de dos mil dos, se había requerido al secretario de la Reforma Agraria, para que informara lo relativo al multicitado pago, y se acordó requerir al secretario de la Reforma Agraria para que a la brevedad posible informara sobre las gestiones realizadas para pagar al quejoso la cantidad especificada en el dictamen valuatorio G-32020-A-MEX, advertido de que en el caso de no hacerlo, se le requeriría por conducto del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. f) En su oportunidad (doce de marzo de dos mil tres), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien correspondió conocer del asunto, resolvió el incidente planteado, el cual lo declaró sin materia, y dispuso de oficio el cumplimiento sustituto de la sentencia dictada en el aludido juicio de amparo indirecto número 1101/76. En el primer agravio, la parte recurrente argumenta, en esencia, que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece con toda claridad que los juicios de garantías caducarán cuando se actualice cualquiera de los dos supuestos contemplados en el mismo, es decir, inactividad procesal o falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluidos los inhábiles, o bien, cuando se actualicen ambos, ya que la disyuntiva ‘o’ implica que los eventos pueden sucederse de una u otra manera, contrariamente al sufijo ‘y’ (copulativa) que significaría que ambas hipótesis debieran configurarse a la vez, sin que se encuentre condicionado para decretarse que operó la caducidad que se den necesariamente esos dos supuestos, y si bien es cierto que en el caso ‘no se configuró la caducidad por inactividad procesal, sí se está en la hipótesis de la caducidad por falta de promoción de la parte quejosa por más de trescientos días’, soslayando la juzgadora federal que el espíritu del legislador que motivó las reformas del precepto legal en mención, de cuya exposición de motivos se advierte claramente que su intención fue que los juicios de amparo en los que no existiera interés de la parte quejosa en su prosecución no quedaran indefinidamente sin resolver, fijándose un plazo idéntico al previsto por el artículo 74, fracción V, de la ley invocada, para que se decretara, incluso de oficio dicha caducidad; por ende, el solo hecho de que la parte quejosa no realizara promoción alguna tendente a la prosecución del juicio de garantías, es suficiente para decretar su caducidad, sin ser óbice a lo anterior el que se hayan realizado los requerimientos de oficio para el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, y en el caso la propia juzgadora reconoce que la última promoción de la parte quejosa tuvo lugar el ocho de febrero de dos mil uno, motivo por el cual, si la reforma que prevé la figura jurídica de la caducidad en mención, entró en vigor el diecisiete de mayo de ese año, se tiene que del diecinueve siguiente, al treinta de octubre de dos mil dos en que se solicitó la caducidad, transcurrieron quinientos treinta y un días, es decir, un plazo mayor al previsto para que operara la misma, e invoca la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA SI EL JUEZ DE DISTRITO INFORMA QUE DECRETÓ LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL.’, agregando que tal criterio fue confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito al resolver el recurso de queja número 74/2002, y que se encuentra robustecido por el criterio sustentado por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, al ordenar el archivo de los juicios de amparo indirecto números 119/91 y 354/94, como concluidos, así como por el criterio del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, en el juicio de amparo indirecto número 1560/90, en el que decretó la caducidad. En el segundo agravio se arguye, básicamente, que la a quo vulneró en perjuicio de la recurrente lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque al resolver como lo hizo, no fundó ni motivó debidamente su determinación, invocando la tesis de rubro: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’, con sus datos de localización. Los anteriores motivos de agravio son fundados, pues es cierto lo alegado consistente en que la juzgadora federal procedió de manera incorrecta al estimar que en el caso aun cuando la última promoción de Juvencio Sánchez Sánchez, albacea de la sucesión a bienes del quejoso José Sánchez Balbuena, fue presentada el ocho de febrero de dos mil uno, por el hecho de que el juicio de amparo indirecto relativo ha tenido actividad procesal con posterioridad a esa fecha, derivada de los requerimientos realizados de oficio por dicha juzgadora, con la finalidad de que informaran las autoridades responsables si dicho albacea había comparecido o no a la Secretaría de Reforma Agraria, a proporcionar la documentación requerida por la misma, para que le fuera entregado el importe relativo a la cantidad de dinero especificada en el dictamen valuatorio G-32020, emitido por la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, de todo lo cual concluyó que si la última actuación judicial existente en el juicio aludido corresponde al auto pronunciado el veintiuno de enero de dos mil tres, y la anterior a dicho proveído, es el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil dos, en la especie no se actualizó la hipótesis normativa prevista por el artículo 113, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al no darse el supuesto de inactividad procesal. Este órgano colegiado estima incorrecta la conclusión de la a quo, en virtud de que el artículo 113 de la Ley de Amparo, al que se le adicionaron los párrafos segundo y tercero, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de mayo de dos mil uno, dispone: ‘Artículo 113.’ (se transcribe). Asimismo, de las consideraciones tomadas en cuenta para las reformas de mérito, de acuerdo con los dictámenes y discusión de las Cámaras de Origen y Revisora del Congreso de la Unión, es importante destacar las que a continuación se indican: Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos-Primera, de la Cámara de Senadores: ‘... estas comisiones unidas estiman pertinente incorporar la adición, al respecto, de dos párrafos más al artículo 113 de la Ley de Amparo para reglamentar, en el primero de ellos, la figura de la caducidad de los procedimientos tendientes al cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, y en el párrafo final, la determinación de que los actos o las promociones que interrumpan el término de tal caducidad sólo serán aquellos que revelan un interés del recurrente por la prosecución del procedimiento. La razón de incorporar estas modificaciones en el precepto de referencia, se sustenta en la ubicación del mismo capítulo XII, del título primero del ordenamiento jurídico en cita, que establece prevenciones relacionadas con la ejecución de sentencias. Por otra parte, las comisiones unidas consideran aceptable la procedencia de la caducidad, en la especie, por el mismo término de trescientos días a que se refiere la fracción V del artículo 74 de la propia ley, cuando se trata de amparos en revisión, por inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente ... (el subrayado es nuestro). Senador David Jiménez González: «... Estas reformas que vienen a complementar la de 1994, representa (sic) y da respuesta a situaciones concretas que impedían a dar cumplimiento a las sentencias de amparo. Sentencias de amparo que se dictaban y que afectaban, sin lugar a dudas, al gobernado, que había acudido a pedir la protección y el amparo de la justicia federal. Pero como aquí se ha dicho, muchas de esas sentencias eran materialmente imposibles de cumplir. Por ello, esta figura de la sustitución de las sentencias, no deja lugar a dudas que viene a ser un acierto, porque se logra lo que en todo juicio se persigue: El obtener una sentencia y que ésta se cumpla. Pero pensamos que ante esta figura, para hacerla efectiva, ya que pudiera darse el caso que la misma subsistiera por tiempo indefinido, lo que vendría a desvirtuarla y no alcanzar el objetivo propuesto, es decir, el propio cumplimiento. Por eso, los integrantes de las comisiones unidas, consideramos que era pertinente e importante que estableciéramos un periodo razonable; que estuviera de acuerdo con las disposiciones que al respecto considera la legislación de la materia; tanto para dar el impulso procesal, como para dar y acatar el incumplimiento de la sentencia ...». Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados: «... Los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, primera, de nuestra colegisladora mediante un estudio minucioso, estimaron fundadas las reformas y adiciones propuestas por el titular del Ejecutivo Federal que respetan al pie de la letra los requisitos de procedencia que el Constituyente Permanente consignó en el texto constitucional en la reforma a que se ha hecho referencia. Sin embargo, precisaron señalar, que la reforma constitucional del 31 de agosto de 1994, no sólo estableció la figura del cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo en los términos en que se advierte en el párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, por las razones ya expuestas en los apartados que anteceden, sino también la figura de la caducidad de los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de referencia, por la inactividad procesal o la falta de promoción de la parte interesada ... Los integrantes de esta comisión de justicia y derechos humanos que dictamina coincidimos en que el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo debe entenderse como un mecanismo excepcional, ya que su inejecución representa una grave violación al principio de plena ejecución de las sentencias establecido en el tercer párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna, lo que redunda en perjuicio del estado de derecho y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de la impartición de justicia, por ello consideramos adecuadas y procedentes las reformas a la Ley de Amparo en los términos propuestos ya que el estado de derecho debe tener, como principal función, garantizar la justicia y el respeto a las personas ...». Diputada Rosa Delia Cota Montaño: ... Además, el dictamen propone establecer la figura de la caducidad por inactividad procesal o falta de promoción de parte interesada durante el término de 300 días. Este plazo de tiempo es más que suficiente para que los quejosos promuevan el cumplimiento de las sentencias, ya que esta conducta demuestra el desinterés del quejoso y que se exterioriza en no hacer ninguna promoción en el plazo señalado en el artículo anterior, y con el propósito de salvaguardar el derecho de los quejosos, se establece la procedencia del recurso de queja en contra de las resoluciones que decreten la caducidad señalada, para que se otorgue a las partes las posibilidades de que sean revisadas ... (el subrayado es nuestro). Diputado Germán Pellegrín Pérez: ... Por otro lado, resulta pertinente la propuesta de reforma por

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20474-4b26139f/caducidad-opera-en-los-procedimientos-para-lograr-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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