CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES IMPROCEDENTE CUANDO UNO DE LOS CRITERIOS CONSTITUYE ÚNICAMENTE LA APLICACIÓN DE UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-
CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: FERNANDO SILVA GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues se formuló por la Magistrada presidenta del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Cuestión preliminar.
La denunciante parece sostener que sigue existiendo una contradicción de criterios entre la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal, en lo que atañe al tema relativo a la exigibilidad de las fianzas penales ante la revocación de la libertad provisional bajo caución, por causa de los siguientes criterios:
Primera Sala
"FIANZA PENAL. CUANDO SE REVOCA LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN PORQUE EL INDICIADO INCUMPLIÓ SUS OBLIGACIONES PROCESALES, PROCEDE HACERLA EFECTIVA ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON ESE CONCEPTO. De lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que todo inculpado tiene derecho, durante la averiguación previa y en el proceso judicial, a ser puesto en libertad provisional bajo caución inmediatamente que lo solicite y siempre que se satisfagan diversos requisitos legales, entre otros: que se garantice el monto de la reparación del daño; el de las sanciones pecuniarias que puedan imponérsele, y la caución relativa al cumplimiento de las obligaciones procesales. Ahora bien, cuando se revoca la libertad provisional por el incumplimiento de las obligaciones a que se sujetó el procesado, la caución que se otorgó para gozar de tal beneficio deberá hacerse efectiva únicamente respecto del monto relativo al cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso. Ello es así, toda vez que por elemental lógica jurídica, el incumplimiento de una obligación derivada de la causa propicia la reaprehensión y hace efectiva la garantía exhibida, pero sólo por ese aspecto, y no respecto a conceptos diversos, tales como la reparación del daño y la multa, las cuales constituyen sanciones que se imponen hasta que se dicta sentencia, y se elucida que se llevó a cabo una conducta que constituye un delito por parte del procesado." (Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, junio de 2004, tesis 1a./J. 24/2004, página 98).
Segunda Sala
"FIANZAS PENALES. PARA GARANTIZAR LA SANCIÓN PECUNIARIA, NO ES NECESARIO ACOMPAÑAR AL REQUERIMIENTO DE PAGO COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA QUE LA IMPONE COMO PENA. Si se toma en consideración que conforme a lo dispuesto en los artículos 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 556 y 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, todo inculpado tiene derecho, durante la averiguación previa y en el proceso judicial, a ser puesto en libertad provisional bajo caución, inmediatamente que lo solicite y se satisfagan diversos requisitos legales, entre otros, el que se garantice el monto de la reparación del daño, el de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele y la caución relativa al cumplimiento de las obligaciones procesales, y que cuando se revoque la libertad caucional, tal determinación tendrá como consecuencia el mandar reaprehender al procesado y hacer exigibles las garantías relativas a la reparación del daño, ésta a favor de la víctima o del ofendido por el delito y las que versen sobre las sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso, que se harán exigibles a favor del Estado, basta con la actualización de dicha condición, esto es, la revocación de la libertad provisional, así como acompañar al requerimiento de pago respectivo la copia certificada de la resolución por virtud de la cual se decreta la revocación de referencia, la reaprehensión del indiciado y se ordena hacer efectiva la garantía. Ello es así, puesto que la exigibilidad de las fianzas penales, entre ellas la que garantiza la sanción pecuniaria, se da como consecuencia de la inobservancia a las obligaciones procesales contraídas, de manera que es incorrecto exigir que con el requerimiento de pago respectivo se exhiba copia certificada de la sentencia ejecutoriada en la que, como pena, se imponga dicha sanción." (No. Registro IUS: 188,222. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, diciembre de 2001, tesis 2a./J. 66/2001, página 246).
La denunciante afirma que los criterios antes transcritos han propiciado, a su vez, la contradicción de tesis denunciada, entre los dos Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al considerar que:
"... Se estima que la contradicción de mérito tiene su origen en la aplicación que se realiza de dos tesis jurisprudenciales emitidas, respectivamente, por las Salas de ese Alto Tribunal que conduce a conclusiones distintas en temas similares ..." (foja 3 del expediente, escrito de denuncia).
Esta Segunda Sala encuentra que las referidas tesis de ambas Salas de este Alto Tribunal fueron materia de la contradicción de tesis 39/2005-PL, que fue resuelta en el sentido de declarar la inexistencia de la contradicción de criterios denunciada.
En la mencionada contradicción de tesis 39/2005-PL, suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta el veintinueve de marzo de dos mil siete, el Pleno interpretó que la Segunda Sala de este Alto Tribunal en ningún momento ha hecho suya la idea en el sentido de que la revocación de la libertad provisional del procesado hace posible exigir la fianza por lo que hace a los conceptos de reparación del daño y sanciones pecuniarias a favor de la víctima o del ofendido por el delito.
Al respecto, el Pleno estimó que:
"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el tema relativo al monto y/o rubros exigibles de la fianza penal cuando se revoca la libertad provisional por el incumplimiento de las obligaciones del procesado.
"En cambio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el tema relativo a los documentos que deben presentarse para hacer exigible la fianza penal cuando se revoca la libertad provisional por el incumplimiento de las obligaciones del procesado.
"... Es verdad que del criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera entenderse que ésta abordó también el tema analizado por la Primera Sala de este Alto Tribunal, concretamente, el relativo al monto y/o rubros exigibles de la fianza penal cuando se revoca la libertad provisional por el incumplimiento de las obligaciones del procesado.
"...
"Esto es así, porque en una parte de la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aduce que: ‘... cuando se revoque la libertad caucional, tal determinación tendrá como consecuencia el mandar reaprehender al procesado y hacer exigibles las garantías relativas a la reparación del daño, ésta a favor de la víctima o del ofendido por el delito y las que versen sobre las sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso, que se harán exigibles a favor del Estado ...’
"No obstante, dicha consideración no constituye propiamente la posición de la Segunda Sala con respecto al tema relativo al monto y/o rubros exigibles de la fianza penal cuando se revoca la libertad provisional por el incumplimiento de las obligaciones del procesado, máxime que dicho problema no fue planteado en el asunto de su conocimiento.
"Dicha consideración es únicamente una descripción de lo que señalan los artículos 556 y 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por lo que no debe entenderse como una especie de aquiescencia del contenido o validez de dichos numerales, tomando en cuenta que en el asunto respectivo no hubo planteamiento de inconstitucionalidad en tal sentido.
"Es por ello que la referida consideración constituye un aspecto accidental en la redacción de la posición interpretativa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no puede resultar suficiente para dar lugar a una verdadera oposición de criterios con respecto a la posición establecida por la Primera Sala de ese Alto Tribunal, si se considera que, como ya quedó apuntado, ambas se pronunciaron sobre temas distintos."
En consecuencia, debe descartarse la afirmación de la denunciante en el sentido de que las tesis de la Primera y Segunda Salas del Alto Tribunal han propiciado la presente contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados.
Basta la lectura de la decisión recaída a la mencionada contradicción de tesis 39/2005-PL para confirmar que la Segunda Sala del Alto Tribunal no se ha pronunciado, hasta el momento, sobre el tema relativo al monto y/o rubros exigibles de la fianza penal cuando se revoca la libertad provisional por el incumplimiento de las obligaciones del procesado, ya que sólo ha resuelto el diverso tema relativo a los documentos que deben presentarse para hacer exigible la fianza penal en ese supuesto.
Toca examinar si, en el presente caso, en realidad existe la contradicción de tesis denunciada entre los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis.
Este Alto Tribunal ha determinado que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.(1)
En la especie, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentra que sí existe la contradicción de tesis denunciada.
Ambos Tribunales Colegiados resolvieron una serie de amparos directos contra sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los que se trataba de determinar la legalidad o no de los requerimientos de pago de fianzas penales ante la revocación de la libertad provisional de los procesados.
Este Alto Tribunal observa de la lectura de las sentencias de los Tribunales Colegiados contendientes, que éstos se pronunciaron sobre temas y aspectos jurídicos idénticos:
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se pronunció sobre dos temas: a) el relativo a la documentación necesaria para justificar el requerimiento de pago de una fianza penal que garantiza la sanción pecuniaria ante la revocación de la libertad provisional de los procesados, así como b) el relativo al monto y/o rubros exigibles de la fianza penal cuando se revoca la libertad provisional por el incumplimiento de las obligaciones del procesado.
Dicho tribunal resolvió los amparos directos aplicando la tesis de la Primera Sala, de rubro: "FIANZA PENAL. CUANDO SE REVOCA LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN PORQUE EL INDICIADO INCUMPLIÓ SUS OBLIGACIONES PROCESALES, PROCEDE HACERLA EFECTIVA ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON ESE CONCEPTO." (Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, tesis 1a./J. 24/2004, página 98).
De tal manera que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que:
a) Dentro de la documentación necesaria para justificar el requerimiento de pago de una fianza penal que garantiza la sanción pecuniaria ante la revocación de la libertad provisional de los procesados debe estimarse comprendida la copia certificada de la sentencia que imponga como pena tal sanción pecuniaria.
b) Lo anterior, considerando que cuando se revoca la libertad provisional bajo caución, en razón a que el indiciado haya incumplido sus obligaciones procesales, procede hacer efectiva la fianza únicamente en relación con ese concepto (y no así en relación con los rubros que garantizan la reparación del daño y la sanción pecuniaria).
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió expresamente uno de los temas antes mencionados, particularmente el marcado en el inciso a), es decir, el relativo a los documentos que deben presentarse para hacer exigible la fianza penal cuando se revoca la libertad provisional por el incumplimiento de las obligaciones del procesado.
Dicho tribunal resolvió los amparos directos aplicando la tesis de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "FIANZAS PENALES. PARA GARANTIZAR LA SANCIÓN PECUNIARIA, NO ES NECESARIO ACOMPAÑAR AL REQUERIMIENTO DE PAGO COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA QUE LA IMPONE COMO PENA." (No. Registro IUS: 188,222. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, tesis 2a./J. 66/2001, página 246).
De manera que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el tema mencionado de la siguiente manera:
a) Dentro de la documentación necesaria para justificar el requerimiento de pago de una fianza penal que garantiza la sanción pecuniaria ante la revocación de la libertad provisional de los procesados no necesariamente debe estimarse comprendida la copia certificada de la sentencia que imponga como pena tal sanción pecuniaria.
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentra que sí existe la contradicción de tesis denunciada en relación con el tema resumido en el inciso a) antes expuesto, relativo a la documentación necesaria para justificar el requerimiento de pago de una fianza penal que garantiza la sanción pecuniaria ante la revocación de la libertad provisional de los procesados.
Mientras que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que tratándose del requerimiento de pago de una fianza penal que garantiza la sanción pecuniaria es indispensable acompañar copia certificada de la sentencia ejecutoria que la impone como pena; en cambio, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que tratándose del requerimiento de pago de una fianza penal que garantiza la sanción pecuniaria no es necesario acompañar copia certificada de la sentencia ejecutoria que la impone como pena.
Por tanto, sí existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito han emitido pronunciamientos opuestos en relación con un mismo tema.
QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentra que el punto de contradicción consiste en determinar si tratándose del requerimiento de pago de una fianza penal que garantiza la sanción pecuniaria es o no indispensable acompañar copia certificada de la sentencia ejecutoria que la impone como pena.
Es improcedente la contradicción de tesis denunciada, por las siguientes razones:
En primer término, no estamos en presencia de una verdadera denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, sino que en realidad la oposición se genera entre la posición interpretativa del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mientras que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que tratándose del requerimiento de pago de una fianza penal que garantiza la sanción pecuniaria es indispensable acompañar copia certificada de la sentencia ejecutoria que la impone como pena; en cambio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se ha visto, ha estimado jurisprudencialmente (2a./J. 66/2001) que tratándose del requerimiento de pago de una fianza penal que garantiza la sanción pecuniaria no es necesario acompañar copia certificada de la sentencia ejecutoria que la impone como pena.
Desde esa óptica, la denuncia de la contradicción de tesis no tiene cabida, porque pretende confrontar un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con uno diverso de un Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con la tesis siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES IMPROCEDENTE CUANDO UNO DE LOS CRITERIOS CONSTITUYE ÚNICAMENTE LA APLICACIÓN DE UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, uno de los requisitos de procedencia de la contradicción de tesis es que los criterios divergentes sean sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito; sin embargo, cuando uno de esos órganos jurisdiccionales se limita a aplicar una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que con ésta se resuelven los argumentos esgrimidos por la parte interesada, sin agregar mayores razonamientos, no puede afirmarse que exista un criterio contradictorio con el de otro Tribunal Colegiado que sostiene otra opinión. En tales condiciones, al plantearse en realidad la oposición entre la tesis de un Tribunal Colegiado de Circuito y una jurisprudencia de la Suprema Corte, debe declararse improcedente la denuncia relativa." (No. Registro: 171,213. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, octubre de 2007, tesis 2a. CXXXV/2007, página 445).
En segundo término, y considerando lo antes expuesto, la contradicción de tesis es improcedente, porque versa sobre un punto que ya estaba definido jurisprudencialmente (2a./J. 66/2001) al momento en que se presentó el escrito de denuncia.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, más que formular una denuncia de contradicción de tesis, debió acatar la jurisprudencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en todo caso, elevar una solicitud de modificación de dicha tesis jurisprudencial.
Sirve de apoyo la tesis siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. RESULTA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA SI EL PUNTO JURÍDICO SOBRE EL QUE VERSA YA FUE RESUELTO EN JURISPRUDENCIA DEFINIDA. Si se plantea un conflicto de contradicción de tesis sustentadas entre Tribunales Colegiados de Circuito y se advierte que sobre el punto jurídico a debate ya existe una jurisprudencia definida, la denuncia debe declararse improcedente toda vez que no ha lugar a fijar el criterio que debe prevalecer, pues el mismo ya está determinado." (No. Registro: 191,347. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, tesis 1a./J. 7/2000, página 175).
En tercer término, la contradicción de tesis es improcedente porque la denuncia es idéntica a otra respecto de la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inexistente el punto de contradicción.
En la especie, del escrito de denuncia respectivo se desprende la intención de la denunciante en el sentido de reiterar su interpretación en el sentido de que sigue existiendo una contradicción entre los criterios sostenidos por la Primera y Segunda Salas del Alto Tribunal, a los que ya se ha hecho alusión, pese a que dicho asunto ya fue resuelto por el Pleno del Alto Tribunal, a través de la C.T. 39/2005-PL, resuelta el veintinueve de marzo de dos mil siete.
Es aplicable la tesis siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DENUNCIA IDÉNTICA A OTRA RESPECTO DE LA CUAL LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARÓ INEXISTENTE EL PUNTO DE CONTRADICCIÓN.-Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito formula una denuncia de contradicción de tesis idéntica a otra respecto de la cual este Alto Tribunal declaró inexistente el punto de contradicción, es decir, relativa a las mismas resoluciones y entre los mismos órganos jurisdiccionales, aquélla resulta notoriamente improcedente, toda vez que el tema propuesto ya ha sido dilucidado." (No. Registro: 185,421. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, tesis 1a. LXXXVIII/2002, página 224).
Esta Segunda Sala reitera que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, más que formular una denuncia de contradicción de tesis, debió acatar la jurisprudencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en todo caso, elevar una solicitud de modificación de dicha tesis jurisprudencial.
No obstante lo anterior, es oportuno subrayar que los Ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación valorarán la posible realización de una solicitud de modificación de la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "FIANZAS PENALES. PARA GARANTIZAR LA SANCIÓN PECUNIARIA, NO ES NECESARIO ACOMPAÑAR AL REQUERIMIENTO DE PAGO COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA QUE LA IMPONE COMO PENA." (No. Registro IUS 188,222. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, tesis 2a./J. 66/2001, página 246).
Esto es así, por advertir que la interpretación que los tribunales han realizado del contenido de dicha jurisprudencia ha generado confusiones, que han llegado al extremo de llevar a resolver indebidamente los asuntos respectivos de una manera contraria a la diversa jurisprudencia, de rubro: "FIANZA PENAL. CUANDO SE REVOCA LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN PORQUE EL INDICIADO INCUMPLIÓ SUS OBLIGACIONES PROCESALES, PROCEDE HACERLA EFECTIVA ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON ESE CONCEPTO." (Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, tesis 1a./J. 24/2004, página 98).
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Es improcedente la contradicción de tesis denunciada.
Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes y a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y presidente José Fernando Franco González Salas.
En términos de lo previsto en los artículos 3, 20 y 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
_______________
1. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22144-1e1e6b4e/contradiccion-de-tesis-entre-tribunales-colegiados-de-circuito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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