RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 122/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: FERNANDO SILVA GARCÍA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Este Alto Tribunal encuentra que sí existe la contradicción de criterios, en atención a lo siguiente:
La existencia de un conflicto de criterios requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan de los mismos elementos.
Lo anterior, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial número P./J. 26/2001, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, cuyo rubro es:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."
De las posiciones interpretativas acogidas por los Tribunales Colegiados de Circuito resulta posible observar que en el caso se cumplen los supuestos para estimar que existe contradicción de tesis.
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostiene que la suspensión que se dicte en amparo, del acto de registro de una sanción de inhabilitación temporal aplicada en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no viola disposiciones de orden público e interés social, toda vez que dicha sanción sólo tiene por objeto prevenir al gobernado a fin de que no realice los actos reprochados por dicho ordenamiento legal y, porque, de no otorgarse la medida, se afectaría de modo irreparable la imagen del promovente.
En cambio, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estima que contra los actos de registro de una sanción de inhabilitación temporal aplicada en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no procede conceder la medida cautelar, dado que se violarían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, ya que el sancionado podría ejercer inmediatamente otro cargo público, al no poder verificarse en los registros la existencia de la sanción de inhabilitación que le ha sido impuesta.
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación observa que los Tribunales Colegiados analizaron una cuestión jurídica esencialmente igual, a saber: si se cumple el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión tratándose del acto de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal, impuesta en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Asimismo, este Alto Tribunal encuentra que ambos tribunales arribaron a conclusiones diversas, según la síntesis expuesta líneas arriba, partiendo de los mismos elementos: la interpretación del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 53, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que prevé la sanción de inhabilitación temporal.
La existencia de dichos elementos coincidentes es suficiente para estimar que sí existe la contradicción de criterios denunciada.
CUARTO. El tema central del presente asunto radica en determinar si se cumple el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, consistente en que "no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público", para el otorgamiento de la suspensión, tratándose del acto de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal, impuesta en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La interpretación de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo debe realizarse dentro del contexto constitucional en el que se encuentra dicho numeral, particularmente en relación con la base constitucional de las medidas cautelares en los procesos de protección de derechos constitucionales.
I. Medidas cautelares y derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 17 constitucional).
Es común que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional dependa, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso.
El peligro derivado de la tardanza en la emanación de la sentencia y el consecuente riesgo de ineficacia de los derechos reconocidos en el sistema ha fundado la construcción paulatina de un régimen de medidas cautelares en distintos sectores del ordenamiento jurídico.
Especialmente en los procesos de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tiende a evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente violatorios de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso, afectando la esfera jurídica del particular de manera irreversible.
En otras palabras, las medidas cautelares cobran especial importancia en los procesos de protección de derechos y libertades, debido a que la falta de posibilidades para evitar la consumación de los actos que se estiman violatorios de tales derechos puede ocasionar que el propio proceso instituido para su defensa termine por resultar inútil a esos efectos.
Este Alto Tribunal encuentra, así, que el transcurso del tiempo -sin la posibilidad de evitar la consumación de los actos de autoridad combatidos- puede llegar a violar la esfera jurídica de un individuo de modo irreversible, lo cual presenta una relevancia constitucional, principalmente, en el ámbito del derecho a una justicia efectiva y completa.
En efecto, el artículo 17 constitucional prevé:
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
"Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
"Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil."
De la prohibición prevista en el primer párrafo del artículo 17 constitucional, en el sentido de que "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y del derecho de toda persona a una administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un proceso adecuado para la protección de los derechos fundamentales, lo que conlleva deberes a cargo del legislador, de las autoridades y de los Jueces y tribunales, de: 1) de promoción; 2) de previsión de mecanismos adecuados para su defensa y, 3) de no interferencia, de tales derechos.
El derecho a la vida, a la libertad, los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso, un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa de los intereses jurídicos en juego, tomando en cuenta que la tardanza del procedimiento jurisdiccional para obtener su salvaguarda no es un factor que justifique su lesión irreversible.
Porque la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional, especialmente la de los sistemas de protección de derechos humanos, depende, en gran medida, de medidas cautelares idóneas a fin de mantener viva la materia del proceso, la posibilidad de dictar ese tipo de medidas encuentra un lugar en el artículo 17 constitucional.
Del derecho a la tutela judicial efectiva, así, dimana el derecho a medidas cautelares aptas a fin de que la administración de justicia a través del proceso no resulte inútil para la protección de los derechos fundamentales de los gobernados.
De ahí que, por ejemplo, el artículo 123 de la Ley de Amparo disponga:
"Artículo 123. Procede la suspensión de oficio:
"I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;
"II. Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegere (sic) a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.
"III. (Derogada, D.O.F. 29 de junio de 1976)
"La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el Juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.
(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 1988) (Republicado, D.O.F. 11 de enero de 1988 y D.O.F. 1o. de febrero de 1988)
"Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el Juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados."
En suma, de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a una administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la tardanza en la emanación de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impide, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos, considerando, además, la indispensable existencia, en todo tribunal, de la jurisdicción necesaria para que la justicia pueda ser hecha.
Con esa relevancia constitucional será interpretado el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo, en la resolución del presente asunto de contradicción de tesis.
II. Sistema de medidas cautelares de la Ley de Amparo.
La interpretación armónica de los artículos 122 a 130 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X del artículo 107 constitucional, permite arribar a la conclusión de que, fuera de los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo anteriormente transcrito, la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos que en seguida se precisan:
a) Solicitud de parte agraviada (artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo).
b) Certeza de los actos reclamados.
c) Que los actos reclamados sean susceptibles de ser paralizados.
d) Que se reúnan las condiciones previstas en las fracciones II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo.
e) (Requisito de efectividad) Que el quejoso exhiba la garantía correspondiente, cuando el otorgamiento de la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, con el objeto de repararlos, en su caso.
Asimismo, de la interpretación de dichos requisitos legales, y del deber constitucional de examinar la naturaleza de la violación alegada, previsto en la fracción X del artículo 107 constitucional, la jurisprudencia ha determinado que, junto con dichos requisitos, debe examinarse la apariencia del buen derecho, y el peligro en la demora (urgencia), lo cual ha sido establecido en los criterios jurisprudenciales, de rubro:
"Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, abril de 1996. Tesis P./J. 16/96. Página 36. SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO."
"Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, abril de 1996. Tesis P./J. 15/96. Página 16. SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO."
Ahora bien, el carácter urgente de una medida cautelar debe apreciarse en relación con la necesidad de un pronunciamiento provisional a fin de evitar que se ocasione a la parte que solicita la medida provisional un perjuicio grave e irreparable, en el sentido de que el daño es de tal naturaleza que privaría de objeto la sentencia definitiva o de que, a falta de medidas provisionales, esta sentencia se dictaría en vano.
Además del examen de urgencia de la medida cautelar en relación con los intereses que representa el promovente, deben valorarse otras circunstancias que rodean el problema jurídico en estudio, entre las cuales se encuentra la urgencia de que el acto recurrido sea implementado o ejecutado.
Este Alto Tribunal observa, así, que el principio del peligro en la demora presenta un doble aspecto, considerando que el juzgador debe tomar en cuenta tanto el peligro en la demora de que se ejecute el acto reclamado como de que no se ejecute.
Ese doble aspecto del peligro en la demora origina que adquiera especial relevancia el análisis de la apariencia del buen derecho, así como el aspecto relativo al equilibrio de intereses en juego (fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo), tomando en cuenta que debe examinarse detenidamente sobre cuál de las dos partes debe pesar la duración que ha impuesto la ley del proceso principal.
En el caso que nos ocupa, precisamente, la discrepancia de interpretaciones está generada, de manera central, por las distintas apreciaciones que han tenido los Tribunales Colegiados en la realización del equilibrio de intereses en conflicto, en el caso de su conocimiento.
III. Equilibrio de los intereses en conflicto (fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo).
Como ya quedó apuntado, los Tribunales Colegiados analizaron una cuestión jurídica esencialmente igual, a saber: si se cumple el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión tratándose del acto de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal, impuesta en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
(Reformado, D.O.F. 30 de noviembre de 1982)
"Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares."
Como ha quedado apuntado, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostiene que la suspensión del registro de la sanción de inhabilitación temporal no viola disposiciones de orden público e interés social, toda vez que dicha sanción sólo tiene por objeto prevenir al gobernado a fin de que no realice actos reprochados por el ordenamiento jurídico y, porque, de no otorgarse la medida, se afectaría de modo irreparable la imagen del promovente; mientras que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estima que no procede conceder la medida cautelar, dado que se violarían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, ya que el sancionado podría ejercer inmediatamente otro cargo público, al no poder verificarse en los registros la existencia de la sanción de inhabilitación que le ha sido impuesta.
Ahora bien, este Alto Tribunal ha determinado que el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, consistente en: "Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público", es un concepto graduable, en función de la exigencia constitucional derivada del derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un proceso adecuado para la protección de los derechos fundamentales defendidos a través del juicio de amparo.
Es decir, pese a que la mayor parte de la actuación pública y de las leyes emitidas por el Congreso persiguen fines de carácter público y social, la eficacia de los derechos constitucionales defendidos frente a ese tipo de actos impone al Juez de amparo realizar un juicio de ponderación y de equilibrio de los intereses fundamentales en juego, al resolver los asuntos sobre medidas cautelares en dicho proceso.
De ahí la importancia, por parte de los juzgadores de amparo, de realizar una ponderación de todos los intereses en conflicto al resolver los asuntos sobre medidas cautelares, lo que ha sido destacado por esta Segunda Sala en la contradicción de tesis 115/2003-SS, resuelta por unanimidad de cinco votos en sesión de diecisiete de marzo de dos mil cuatro, de la siguiente forma:
"... Es decir, aun cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una ley de orden público, para decidir sobre la suspensión el juzgador debe examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debido a que no basta la sola circunstancia de que se pida la paralización de los efectos del acto fundamentado en un ordenamiento de orden público para negar la suspensión bajo el argumento del carácter de éste y de que responde al interés general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características, sino que resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación ..."
Esa línea de interpretación dio lugar, en dicho asunto, a la siguiente tesis:
"Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, abril de 2004. Tesis 2a. XVII/2004. Página 529.
"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONTRA LA SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DECRETADA COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES, POR CAUSA NO GRAVE.-Cuando se trata de la suspensión del servidor público como medida preventiva durante la sustanciación de un procedimiento administrativo de responsabilidades, es necesario que se pondere cada caso sobre la base de los hechos probados, de los que pueda desprenderse la naturaleza de las conductas atribuidas al servidor público, de manera que al estar demostrado que la conducta materia de la investigación no ameritará la destitución, o que la ley sólo establece la posibilidad de una sanción menor, es posible el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado; en cambio, cuando se investiga una conducta grave que es susceptible de trascender en la continuación de la prestación del servicio público y pueda evidenciarse un peligro para el interés público, no es procedente conceder la suspensión en el juicio de amparo, pues es necesario que en autos existan evidencias en cuanto a la existencia de esa conducta, de su gravedad y trascendencia, a efecto de poner de manifiesto la incompatibilidad de la continuación de la prestación del servicio, no la simple calificación que haga la autoridad."
Ahora bien, a ese respecto, este tribunal estima necesario apuntar que corresponde, en primer término, a los Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados realizar la ponderación de los intereses en conflicto en los casos relativos a medidas cautelares de su conocimiento, debido a que tienen acceso directo e inmediato al material probatorio del asunto concreto, lo que es acorde, además, a la requerida independencia judicial, reconocida en el artículo 17 del Texto Supremo.
No obstante, la discrepancia de criterios interpretativos debe resolverse por este tribunal, a fin de exista certeza y uniformidad en la aplicación del derecho, en la medida permitida por nuestro sistema jurídico.
El tema central del presente asunto radica en determinar si se cumple el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, consistente en que "no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público", para el otorgamiento de la suspensión, tratándose del acto de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal, impuesta en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto, en un tema similar, que no se afecta el interés público tratándose de la suspensión de los actos dirigidos a ejecutar una sanción de suspensión temporal, a través del siguiente criterio jurisprudencial:
"Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, abril de 2004. Tesis 2a./J. 34/2004. Página 444.
"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO.-La sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo."
En dicho asunto, esta Segunda Sala consideró de mayor peso el interés del gobernado, sustentado en el necesario respeto al derecho constitucional a la persona, que incluye el derecho a su propia imagen, que el interés consistente en prevenir al gobernado hallado responsable de realizar conductas iguales o similares a la que generó la sanción administrativa.
Dicho criterio jurisprudencial encontró sustento, de manera central, en el carácter temporal de la sanción de suspensión.
En el caso en estudio, se trata de examinar si el otorgamiento de la suspensión de los actos de registro de una sanción de inhabilitación ocasiona perjuicio al interés social o contraviene disposiciones de orden público.
Los actos de registro de una sanción no necesariamente revisten el carácter de temporales.
Es verdad, asimismo, que la suspensión del registro incide sobre la eficacia de la sanción, porque el sujeto respectivo podría ejercer otro cargo público sin ese obstáculo, al no poder verificarse en los expedientes administrativos la existencia del correctivo.
Sin embargo, el caso que nos ocupa se circunscribe a determinar lo relativo a la posibilidad de suspender el acto de registro de una sanción temporal.
En efecto, la sanción de inhabilitación es de carácter temporal, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece:
"Artículo 53. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:
"I. Apercibimiento privado o público;
(F. de E., D.O.F. 10 de marzo de 1983)
"II. Amonestación privada o pública
"III. Suspensión;
"IV. Destitución del puesto;
"V. Sanción económica; e
"VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
(Reformado, D.O.F. 21 de julio de 1992)
"Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.
(Adicionado, D.O.F. 21 de julio de 1992)
"Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la secretaría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.
(Adicionado, D.O.F. 21 de julio de 1992)
"La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado."
Siguiendo la línea argumentativa del criterio jurisprudencial de esta Segunda Sala, debe determinarse que los Jueces y tribunales de amparo no encuentran el obstáculo del interés público previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, tratándose de la suspensión de los actos de registro de sanciones administrativas como la inhabilitación temporal en el cargo del servidor público correspondiente.
La marca o registro en los expedientes de las autoridades administrativas, de la imposición de la sanción de inhabilitación temporal, afecta el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional.
Es, por tanto, de mayor peso el interés del gobernado, sustentado en el necesario respeto al derecho constitucional a la persona, que incluye el derecho a su propia imagen, que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos y preventivos, la sanción impuesta al gobernado, cuando ésta se halla cuestionada en su legalidad a través de la promoción de un juicio de garantías.
Como ha quedado apuntado, el transcurso del tiempo -sin la posibilidad de suspender los actos de autoridad combatidos- puede llegar a violar la esfera jurídica de un individuo de modo irreversible, lo cual presenta una relevancia constitucional, principalmente, en el ámbito del derecho a una justicia efectiva y completa.
En ese orden de ideas, no constituye obstáculo a esa conclusión el interés social en el registro de la imposición de sanciones como la inhabilitación temporal, que pudiera suponer la realización de conductas de mayor gravedad que las que originan una suspensión temporal, toda vez que, precisamente, el proceso instado por el afectado tiene por objeto examinar si tales actos sancionatorios se han aplicado conforme a derecho.
En tal virtud, debe apuntarse también que la inhabilitación temporal, y su registro, no tienen por objeto salvaguardar el servicio público de manera directa, dado que implican una sanción inscrita en los expedientes administrativos centralmente dirigida a conducir al sujeto a que no vuelva a repetir las conductas respectivas, inhabilitándolo a esos efectos por determinado periodo, de tal forma que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión del acto de registro, máxime que el registro correspondiente puede esperar, en su caso, a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva, y que, una vez cumplido el plazo de la sanción, el sujeto podrá reincorporarse a la función pública.
Con base en las consideraciones antes expuestas, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el siguiente:
-La posibilidad de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. En ese sentido, e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19131-bc2d0fb3/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-procede-conceder-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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